Fueron 48 las ejecuciones extrajudiciales que hicieron de 2017 el año más violento para defensores de derechos humanos y periodistas desde que inició la militarización del país. La organización considera que son ejecuciones extrajudiciales, pues ocurren en relación con una participación política, perpetrados por acción, omisión o aquiescencia por agentes del estado.
Desde 2007, la tendencia de asesinatos que encuadran en un proceso represivo es alarmante. En 2007 hubo tres casos; seis en 2008, cuarto en 2009 y 11 en 2010. Para 2011 la cifra subió a 20 asesinatos; 21 en 2012, 20 un año después, 19 en 2014 y 18 en 2015. Pero en 2016, en el contexto de la implementación de las reformas estructurales, hubo 36 asesinatos, para llegar a 2017 con los 48 casos mencionados.
Sólo el año pasado, diez periodistas fueron asesinados, convirtiendo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el más golpeado. Sin duda, el asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, el 23 de marzo, dejó claro como pocas veces el uso político de la violencia y luego de la procuración de justicia.
Si todos los casos son relevantes, como en el de Miroslava, hay varios que sirven para ilustrar la profundidad de lo que está ocurriendo. Ya en otras ocasiones se ha referido en este espacio la constante agresión sobre la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, columna vertebral del movimiento social de Puebla, donde sus miembros han sido históricamente víctimas de acoso, golpizas, prisión y asesinato, pero nunca como en el sexenio de Rafael Moreno Valle –extendido en Antonio Gali–, cuando fueron encarcelados el dirigente Rubén Sarabia Sánchez y sus hijos Atl y Tonatiuh, además de someter a numerosos procesos a su esposa, Rita Amador.
Aunque los tres ya están en libertad por lo absurdo de los cargos, y Rita supera las acusaciones, ese fue el contexto del asesinato de Meztli, hija de Rubén, perpetrado el 29 de junio.
La represión histórica tiene otro ejemplo mortal con Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, en Guerrero. Viejo luchador social que eligió la vía política, pero criminalizado frecuentemente como presunto guerrillero, era miembro de la Organización Campesina de la Sierra Sur, a la que pertenecían las víctimas de Aguas Blancas. Participó en el Frente Democrático Nacional en 1987-88 y fue fundador del PRD. A él y a su familia los asesinaron el 14 de octubre.
Guerrero fue, con ocho casos, el estado con más ejecuciones de opositores en 2017. Y 2018 ya plantea el rumbo que seguirá para quienes se oponen a la implementación de reformas o los megaproyectos de confección gubernamental, origen mayoritario de la violencia.
El domingo 7 hubo cinco muertos y 38 detenidos, entre ellos Marco Antonio Suástegui, cabeza de la policía comunitaria de San Pedro Cachuatepec, zona rural de Acapulco, y opositor a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota. La policía de Héctor Astudillo, en operativo encabezado personalmente por el general Pedro Almazán, golpeó y despojó de equipo a siete reporteros, entre ellos a mi compañero, colaborador de Proceso, Bernardino Hernández, reconocido internacionalmente por la forma en que ha documentado la violencia.
El énfasis del informe del Comité Cerezo se puede resumir en que todo esto ocurrió en un contexto de violación sistemática de derechos humanos y aun sin haberse impuesto la nueva Ley de Seguridad Interior.