Contraviene criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El organismo de transparencia cuestiona los artículos 9, sobre reserva de información, y 31, que anula
régimen de cooperación
No reporta beneficios directos a los particulares ni al personal militar
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai) interpusieron ayer sendas
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Luego de varios días de especulaciones y dudas sobre el momento en
que ambos organismos autónomos ejercerían esa facultad, este viernes los
representantes jurídicos de los dos entes acudieron a la sede del
máximo tribunal del país para entregar sus respectivas argumentaciones
contra la mencionada norma.
Los primeros en llegar a la SCJN fueron los abogados del Inai,
quienes asistieron a la Oficialía de Partes alrededor de las 11 de la
mañana, sin medios de comunicación presentes, y se retiraron de
inmediato, luego de entregar sus documentos.
Aunque el organismo de transparencia no emitió ayer ningún
posicionamiento sobre el tema, en su sesión pública del pasado martes
los comisionados ya habían anunciado que presentarían dicha acción de
inconstitucionalidad contra los artículos 9 y 31 de la LSI.
La razón de ello, expusieron en aquel momento, es que el artículo 9
impone una reserva de información prácticamente automática a todas las
acciones de las fuerzas armadas, tan sólo con afirmar que son de
seguridad nacional.
De igual forma, los comisionados del Inai alertaron que la norma
omite la necesidad de que el Ejército o la Marina presenten una prueba
de daño, mediante la cual demuestren que la divulgación de la
información de sus operativos es un riesgo verdadero para la seguridad
del país.
En el caso del artículo 31 estimaron que contraviene el artículo 16
de la Carta Magna, pues invade competencias del Inai y otros organismos
autónomos, al anular el
régimen de cooperaciónmediante el cual –junto con otras instituciones– buscan evitar abusos en el ejercicio del poder público.
Al indicar que los organismos autónomos están obligados a entregar
toda la información que soliciten las fuerzas armadas, señalaron, se
interfiere en sus atribuciones y ni siquiera se dice con claridad qué
clase de datos pueden pedir ni los mecanismos para su tratamiento.
Se suman observaciones
Por la tarde, los representantes de la CNDH también
acudieron a la SCJN para presentar una acción de inconstitucionalidad en
contra de diversos artículos de la LSI, por considerar que ponen en
riesgo las libertades y garantías básicas de la población.
Pasadas las 18:30 horas acudió el coordinador general de seguimiento
de recomendaciones y de asuntos jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco
Pérez Sánchez, quien hizo entrega del expediente, en el cual el
organismo público expone sus argumentos en contra de la mencionada ley.
Aunque el personal de la CNDH se retiró de la Corte sin dar
entrevistas a los medios, entregó un comunicado en el cual expuso que su
acción de inconstitucionalidad está basada en el hecho de que la LSI
contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de violar el artículo 21 constitucional, donde se establecen los organismos encargados de la seguridad pública.
La LSI, advirtió la CNDH, posibilita que
de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de derechos y libertades de las personas, por causas que van más allá del combate a la inseguridad.
Asimismo, destacó que en sus términos actuales la polémica norma
no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas.
Las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y el Inai se suman a
las presentadas por legisladores de oposición de ambas Cámaras del
Congreso de la Unión.
Previamente, el municipio de San Pedro Cholula, en el estado de
Puebla, ya había interpuesto una controversia constitucional contra la
LSI, aprobada en diciembre pasado.
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
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Pardo Rebolledo, a cargo de recurso presentado por diputados
Senadores también impugnaron la norma de seguridad interior
Senadores de PAN, PT, Morena y PRD acudieron ayer a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad
contra la Ley de Seguridad Interior
Senadores que integran las bancadas de los
partidos del Trabajo (PT), Morena, Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD) solicitaron a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional todo el contenido de la
Ley de Seguridad Interior (LSI).
En tanto, la SCJN admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad
que el jueves interpu
sieron 188 diputados federales en contra de dicha
norma. Corresponderá al ministro Jorge Pardo Rebolledo elaborar un
proyecto de resolución respecto de este recurso en el que se pide que se
analicen a fondo todos los artículos de la LSI.
Ayer, durante una breve conferencia de prensa llevada a cabo luego de
la entrega del documento ante la Oficialía de Partes, el líder del
bloque PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett, confió que
la justicia sea expedita y que esta ley, absolutamente inconstitucional, absolutamente contraria a los intereses nacionales y que militariza el país, sea desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser claramente inconstitucional.
Asimismo, el panista Ernesto Ruffo señaló que los legisladores del PAN y de otras bancadas están
muy preocupados porque consideramos que hay excesos del Poder Ejecutivo que deben ser corregidos con los resolutivos que ordene la Corte. Veremos si hay República.
Diversos argumentos
Luis Sánchez, coordinador perredista, informó que según
el análisis realizado por estos grupos parlamentarios con la LSI se
están violentando 11 artículos de la Constitución y ocho de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, dijo,
estamos argumentando primero que no se tienen facultades en el Congreso para legislar en materia de seguridad interior, pero también estamos señalando la violación en materia de derechos humanos y la violación en materia de transparencia, entre otras.
La senadora Angélica de la Peña hizo un llamado a las bancadas del
Partido Revolucionario Institucional y otras fuerzas políticas que han
apoyado las propuestas del tricolor a que durante el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe una ley de seguridad pública.
Foto María Luisa Severiano, Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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