En 2008 se firmó la primera carta de acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, a través de la cual el Congreso de Estados Unidos habría de apoyar la lucha del Estado mexicano contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué ha pasado con esos cuantiosos apoyos? Veamos.
Primero. El primer propósito era “afectar la capacidad operativa del crimen organizado”. Para ello, el Congreso de Estados Unidos donó “cuatro aeronaves de vigilancia marítima CASA 235, valuados en 50 millones de dólares cada uno, fueron entregados a SEMAR y una aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21 millones de USD, fue entregada a la Policía Federal”, de acuerdo con el boletín oficial de la embajada de Estados Unidos en México.
Resulta que sobre la aeronave de vigilancia Dornier 32, de acuerdo con la solicitud de información con folio 0001300060317, “no se cuenta con registro de lo solicitado en las actas de entrega y recepción de los Comisionados Generales de esta Policía Federal, toda vez que de conformidad con el artículo sexto del Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados, los documentos e información que se agreguen al acta entrega recepción, deberán circunscribirse a los aspectos más relevantes de la entrega, debiendo presentarse en forma concentrada y global por los titulares de las dependencias y entidades, y en forma analítica por los servidores públicos obligados”. ¿En verdad una aeronave de vigilancia valuada en 21 millones de dólares estadunidenses no es relevante?
Segundo. Según la embajada de Estados Unidos “se estableció un sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades hermanas de Estados Unidos y México valuado en 13 millones de dólares. Este sistema proporciona a las fuerzas de seguridad pública en ambos lados de la frontera la capacidad de solicitar e intercambiar información referente a investigaciones criminales activas”.
¿Qué ha pasado con ese sistema? La PGR respondió: “Considerando que el contenido de su solicitud resulta genérico, no se desprende el tema, materia o asunto sobre el que versa su requerimiento, aunado a que no se logra advertir a qué documentos preexistentes quiere usted acceder. Por ende, y a efecto de que esta Procuraduría esté en aptitud de atender su solicitud, así como con el objeto de allegarse de mayores elementos, se le requiere que indique: El ‘Documento’ generado por esta Institución que requiere. O bien, proporcione mayores elementos que faciliten la búsqueda” (folio 0001700043715).
Y la Secretaría de Gobernación: “Las solicitudes de acceso deben contener la descripción clara y precisa de los documentos que se solicitan así como cualquier otro dato que propicie su localización, por lo que si los detalles proporcionados no bastan para localizar la documentación o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir que se indiquen otros elementos o se corrija la solicitud, con objeto de facilitar la búsqueda requerimos: identificar el documento que requiere o aportar otro elemento que permita realizar  una búsqueda más específica” (folio 1700100049117). Gobernación dio esta respuesta aun cuando se le proporcionó el dato respecto del acuerdo y el boletín de la embajada estadunidense. Si la dependencia aplicara un mínimo de sentido común, no podía haber duda.
Al inquirir respuestas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ésta dijo: “Al respecto, se informa que esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene competencia para tramitar su Solicitud de Información, por lo que sugiere dirigir la solicitud a la Secretaría de Gobernación o a la Procuraduría General de la República” (folio 0000900033115).
En suma, nadie vio, nadie supo qué pasó con ese sistema. Si no se “localizó”, menos aún es posible saber cuáles fueron sus resultados. Como hipótesis, no sería descabellado considerar la posibilidad de que el referido “sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro” haya quedado en manos de algún funcionario para fines de lucro mercantil, político o delincuencial.
Tercero. Conforme al Acuerdo firmado y el boletín oficial de la embajada estadunidense, se donaron al gobierno mexicano “nueve helicópteros UH-60M Blackhawk que fueron entregados, tres a la Marina mexicana (SEMAR) y seis a la Policía Federal. Estas aeronaves han sido una ayuda invaluable para confrontar a las organizaciones criminales que de otra forma habrían usado a su favor la poca accesibilidad del terreno para operar con impunidad”.
Y la misma interrogante: ¿dónde están esas carísimas aeronaves? Las destinadas a la Marina llegaron y están en funcionamiento. Pero al preguntar por las seis aeronaves a la Policía Federal, la respuesta fue en estos términos:
“Se hace de su conocimiento que a través del programa ‘Iniciativa Mérida’, fueron donados a esta Institución Policial, 06 helicópteros marca Sikorsky modelo UH-60M, tipo Black Hawk, por el Gobierno de los Estados Unidos de América mismos que se encuentran registrados en el inventario de bienes de este Órgano Administrativo Desconcentrado” (folio 0413100015315).
Esta solicitud fue hecha en 2015. Al hacerla de nuevo en 2017, la respuesta fue: “No se cuenta con registro de lo solicitado”. Visto así, resulta grave lo que pasa en México, pero no lo es menos que el Congreso de Estados Unidos no lleve seguimiento de lo que se hace con los impuestos de sus contribuyentes. ¿En verdad no les importa a los ciudadanos del país del norte contribuir involuntariamente a enriquecer, aún más, a funcionarios del gobierno mexicano? Es posible pensar que buena parte de esos donativos no fueron destinados a los objetivos esperados, sino a los negocios de algunos altos funcionarios. Seguiremos con el tema.
ernestovillanueva@hushmail.com
Este análisis se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.