Mujer Sonora
Cual
si fuera un acuerdo entre jueces y feminicidas, Sonora se caracteriza
por la baja sentencia por el delito de feminicidio, a pesar de que la
Fiscalía General de Justicia del estado acreditó ese delito en casi la
mitad de los casos de asesinatos de mujeres.
En 2017, un total de 69 mujeres fueron privadas de la vida en Sonora,
casos de los cuales 32 fueron investigados y acreditados como
feminicidio por la fiscalía, con base en el Código Penal del estado de
Sonora.
No obstante, solo nueve sentencias condenatorias por feminicidio
fueron resueltas por jueces del poder judicial, y dos casos más fueron
reclasificados a homicidios dolosos durante 2017.
Pero la baja sentencia se viene arrastrando en los últimos años como
una tendencia generalizada al grado que en el sistema oral, en el año
2016, solo se produjo una sola sentencia condenatoria por feminicidio.
El problema es que si bien ha subido la cantidad de sentencias, esto
no es significativo, pues de seis en 2016, solo subió a nueve en 2017.
En cuanto al feminicidio en grado de tentativa sucede algo similar.
En 2017 se sentenció a tres personas en el sistema tradicional y diez en
el sistema oral, a través del procedimiento abreviado.
En ambos hubo reclasificaciones. Dos en el sistema tradicional a los
delitos de: homicidio simple doloso y a lesiones calificadas. En tanto
en el sistema oral se reclasificó uno al delito de “lesiones que ponen
en peligro la vida”.
En repetidas ocasiones hemos acudido al Poder judicial a pedir
audiencia con el presidente, sin éxito, pues en ninguna ocasión ha
querido recibir a las organizaciones de la sociedad civil.
Y si bien, hemos sido recibidas por otras personas relacionadas y de
cierta jerarquía, se nos ha negado, por parte del funcionario, el
derecho de audiencia como ciudadanas.
Y es que al menos en tres casos emblemáticos a los que hemos dado
seguimiento puntual, los jueces han dilatado su resolución e incluso han
puesto obstáculos para que los juicios finalicen con una sentencia que
favorezca a la víctima.
El caso de Jessica Rosario Vega Borbón se viene arrastrando desde la
administración anterior sin que la actual haya sido capaz de agilizar la
sentencia que por feminicidio pidió la fiscalía que ha acreditado el
delito cometido a principios de 2016.
Por otra parte, el caso de Diana Domínguez, asesinada y enterrada por
su jefe, es lamentable, pues el juez que resolvió decidió desestimar
las pruebas contundentes para condenar al responsable.
Y el último caso que es inexplicable se trata de un feminicidio en
grado de tentativa en el que el agresor infligió 17 puñaladas en cabeza,
cuello y cara de su pareja, perforándole la tráquea y para el cual la
fiscalía estatal a través de la Vicefiscalía de feminicidios y delitos
de género, pidió 20 años de prisión.
Sin embargo, el juez Francisco Jiménez Fox consideró que 20 años era
excesivo, así que rebajó la pena a diez años y seis meses de prisión
para el feminicida en potencia.
Todo esto hace pensar que el poder judicial no está preparado para
enfrentar el compromiso de juzgar con perspectiva de género, pues la
ligereza con que trata los casos y la dilación en sus resoluciones,
hacen pensar que tienen simpatía por los feminicidas.
La falta de sensibilidad y empatía con las víctimas queda de
manifiesto por la frialdad con que son tratadas las familias en las
audiencias.
Es entendible que los jueces deben ser y son libres para definir con
base en los elementos que tengan, las resoluciones sobre los casos, sin
que nadie los presione ni influya en éstas.
Sin embargo, es obligación del Estado tener una política pública en
relación al cumplimiento con los tratados internacionales firmados por
México, así como los postulados de las sentencias emitidas contra el
Estado mexicano por la Corte interamericana de Derechos Humanos.
Todo ello parecería no figurar en el panorama de los jueces en
Sonora, que han tenido la oportunidad de brindar justicia a las víctimas
de feminicidio.
La mayoría nunca toma en cuenta dichas obligaciones, mucho menos las
invocan. No tienen convicción de éstas por lo que no permean en sus
sentencias.
Antes era la Fiscalía la institución que no hacía suya la legislación
sobre feminicidio para investigar los casos y darles una resolución
acorde a la magnitud del daño ocasionado.
Poco a poco ha ido aumentando la experiencia en la aplicación del
Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de
género, lo que se traduce en más casos clasificados como feminicidio.
No obstante, es el poder judicial el que se encarga de bloquear un
cierre exitoso para las víctimas, como podría ser una sentencia
equiparable al daño y secuelas ocasionados a la propia víctima y a sus
familias.
El Poder judicial en Sonora está quedando a deber más y mejores
sentencias para los feminicidas. Si no avanza en resolver los casos de
acuerdo a los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos,
pronto empezaremos a ver a Sonora en los tribunales internacionales.
La aberración que constituye dilatar o rebajar las sentencias por la
más grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, el
feminicidio consumado o en grado de tentativa, es una de las omisiones
más grandes del poder judicial que se traduce en impunidad ¿Es eso lo
que quiere?
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-
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