Autor:
Miguel Badillo * / @badillo_contra
Ha sido tan deficiente y encubridor el trabajo del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), que hasta la renuncia de su presidenta Ximena Puente
fue desechada por el Senado de la República por tener imperfecciones en
la redacción y en la forma del escrito.
Esta abogada colimense que asumió desde hace casi 4 años la
presidencia del Inai –responsabilidad que requiere además del
conocimiento de leyes, autonomía y honestidad para transparentar la
información gubernamental en beneficio de la sociedad–, presentó su
renuncia el mismo día que el partido en el poder –el Revolucionario
Institucional– la postuló como candidata plurinominal a la Cámara de
Diputados.
Ahora entendemos porque tantas resoluciones del Inai han impedido que
conozcamos casos de malos manejos presupuestales del gobierno federal, y
la nominación al Congreso de Puente no es más que el “pago de favores”
por parte del PRI-gobierno a la comisionada presidenta.
Otro dato que confirma la sospecha del conflicto de intereses de
Puente es la inmediata defensa que hizo el candidato presidencial del
partido en el gobierno, José Antonio Meade, sobre la todavía presidenta
del Inai, al señalar como hipócritas y condenables las críticas en
contra de Puente, al regatearle su independencia.
Uno de los muchos casos que hay sobre el encubrimiento del Inai a
servidores públicos involucrados en operaciones irregulares, fue cuando
el pleno de ese órgano de “transparencia” determinó a finales del año
pasado que no podía entregar información a un solicitante sobre el gasto
hecho por Petróleos Mexicanos de 275 millones de dólares para producir
urea en su planta de Agro Nitrogenados, bajo el ardid de que en dicha
operación financiera “no se había utilizado dinero público”.
Precisamente la responsable de esa aberración jurídica fue la
comisionada presidenta Ximena Puente, quien en su calidad de ponente
propuso al pleno desechar la petición ciudadana con el argumento de que
Pemex pasó de ser una paraestatal a una “empresa productiva del Estado”.
Ante tal determinación, las filiales de Pemex se convierten en
compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público y en
consecuencia se determinó que le es aplicable el secreto bancario,
comercial y fiscal, y por tanto son confidenciales los avalúos que se
hicieron a la planta de Agro Nitrogenados y la población no puede
conocerlos.
Ha sido precisamente el sector petrolero uno de los más protegidos por
el Inai para impedir que los mexicanos conozcamos qué se hace y cómo se
maneja esa deteriorada industria que, según el propio presidente de la
República, se terminó con la gallina de los huevos de oro, en clara referencia al declive de los yacimientos y de la producción petrolera.
Hace unos meses escribía en esta columna sobre un expediente penal
que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en supuestos actos
ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht, de cuyos directivos, unos
presos y otros bajo programa de protección de testigos en Brasil, habían
declarado ante la justicia de ese país suramericano haber otorgado
sobornos a integrantes del gobierno federal del gabinete de Enrique Peña
Nieto.
Mientras que en varios países como Brasil y Perú han habido renuncias
y detenciones como consecuencia por la colusión de funcionarios
públicos con Odebrecht en negocios corruptos, en México se sigue un
lento proceso que hace sospechar que estamos ante uno de los muchos
grandes casos de corrupción gubernamental, pues prácticamente todas las
empresas privadas que hacen negocios con Pemex son sometidas a un
esquema de pago de comisiones para que les otorguen millonarios
contratos, ante la complacencia de los órganos de control y vigilancia
del gobierno.
Es también esa misma línea de encubrimiento e impunidad que ha
seguido el Inai en torno a la industria petrolera para evitar que los
mexicanos conozcamos datos de operación de Pemex, ahora bajo el
argumento de que ya no es una empresa paraestatal, sino una “empresa
productiva del Estado”, por lo que según los consejeros de ese Instituto
ya no está sujeta al derecho público y en consecuencia tampoco está
obligada a proporcionar información sobre su operación.
Es decir, ahora resulta que los recursos de infraestructura y de
inversión que tiene Pemex son “fondos privados” y no están sujetos al
escrutinio público porque, según el propio Inai y la misma empresa
petrolera, ya no es una empresa paraestatal.
Fue con la entrada en vigor de la reforma energética que Pemex cambió
de estatus y ya no es una empresa del Estado, lo que le permite ejercer
con discrecionalidad recursos que son obtenidos del petróleo y el gas
que se obtiene del subsuelo mexicano.
El abuso del poder combinado con el cinismo ha llevado a la
corrupción a niveles inimaginables en el país, por lo que la tarea
principal del próximo presidente de la República será combatirla para
poder acabar con la impunidad.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
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