19-s: desatención de gobiernos
De lo social a lo electoral
Bancarrota y medios fifís
Choque con Banco de México
A un año del segundo terremoto
histórico de Ciudad de México (ambos, en un 19 de septiembre), los
diferentes niveles gubernamentales y de organización social continúan
entrampados: la parte institucional (el gobierno federal y los estatales
involucrados) sin ofrecer soluciones de fondo, plena de muletillas y
simulaciones pero incapaz de atender de verdad los reclamos y
necesidades populares; la parte ciudadana, bien organizada o con
agrupaciones precarias, sin la capacidad de hacer valer sus demandas.
La desatención real del problema de los damnificados ha sido
particularmente manifiesta en la administración federal, encabezada por
Enrique Peña Nieto, y la de Ciudad de México, originalmente bajo el
mando de Miguel Ángel Mancera y, luego (ante el abandono de la
responsabilidad de éste, para brincar a una senaduría propuesta por
panistas chiapanecos), por el sustituto, José Ramón Amieva, mero
encargado de apagar la luz del desastroso sexenio mancerista.
El pleno conocimiento de que no contaban ni contarían con verdadero
apoyo de las estructuras gubernamentales llevó a buena parte de la
sociedad, particularmente a jóvenes hasta entonces bajo el infundado
estigma de indolentes, a convertirse en partícipes heroicos en las
tareas que se fueron requiriendo. Ese levantamiento cívico, ante la
tragedia del sismo, fue un antecedente del levantamiento electoral que
el pasado uno de julio significó un estremecimiento profundo del sistema
político tradicional. En ambos casos hubo un rechazo a políticos,
autoridades y gobiernos.
La esperanza participativa detonada el pasado 19 de septiembre fue
topándose lenta pero inexorablemente con la realidad aplastante del
burocratismo, la ineficacia e incluso la apropiación rapaz, por parte de
políticos y gobernantes, de los fondos recolectados para la ayuda a los
damnificados. La esperanza electoral volcada en urnas el pasado uno de
julio va topándose también con las trampas de la
macroeconomía, las
reglas del mercadoy los condicionamientos de los grandes capitales.
Mediante giros expresivos que no siempre han sido suficientemente
claros y precisos, López Obrador ha ido abriéndose paso entre esa maraña
de intereses. Algunas de sus expresiones han generado amplia polémica,
como la consideración de que, como otros, la impugnada secretaria
federal, Rosario Robles Berlanga, es un chivo expiatorio.
Aún no se apagaba el fuego de esa discusión y López Obrador ya había
producido otros dos momentos polémicos. En uno de ellos denunció que el
país está en bancarrota (aunque varios días atrás había declarado, en
consonancia con el dicho original de Peña Nieto, que México estaba en
condiciones aceptables:
hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina).
También habló de haber hecho
el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México, para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenómenos no es por culpa del Presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República.
La declaratoria de bancarrota, luego explicada en un contexto amplio,
que incluye lo social y judicial y no sólo lo económico, y el
señalamiento anticipado de una presunta culpabilidad del Banco de
México, han agudizado las prevenciones del sector empresarial y los
grandes capitales respecto de las políticas obradoristas. Ayer, López
Obrador volvió a tocar esos temas, insistiendo en la crítica a los
medios de comunicación fifís, que, señaló, guardaron silencio durante
décadas ante los abusos de los poderes económico y político:
La prensa fifí saca de contexto las cosas, sacando las podridas, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores.
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