La Jornada
De acuerdo con datos
aportados ayer en conferencia de prensa por organizaciones no
gubernamentales y colectivos de familiares de mujeres desaparecidas, 20
por ciento del total nacional de esas desapariciones tiene lugar en el
estado de México. Según cifras oficiales federales, esta entidad acumula
en la década reciente el mayor número de desapariciones femeninas (mil
790). Significativamente, las mujeres representan 25 por ciento del
total de desaparecidos en el país, pero en territorio mexiquense esa
proporción se eleva hasta 46 por ciento.
A decir de Alex Guzmán, de la organización IDHEAS (Litigio
Estratégico en Derechos Humanos), entre 2015 y 2017 ha habido un
incremento de 227 por ciento en las desapariciones de mujeres en los
municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y
Cuautitlán Izcalli, casi todos ubicados en la zona conurbada de Ciudad
de México; 59 por ciento de las desapariciones corresponde a menores de
edad, con un rango de concentración mayor entre las edades de 15 a 17
años (31 por ciento). Según IDHEAS, muchas de esas ausencias forzadas
son
consecuencia de la trata de personas, secuestro y privación ilegal de la libertad, llevados a cabo por grupos de la delincuencia organizada y, en algunos casos, servidores públicos podrían tener vinculación directa o indirecta. En la conferencia, madres de jóvenes desaparecidas coincidieron en señalar las fallas y maltratos de que fueron objeto por parte del Ministerio Público al denunciar los casos respectivos.
La desaparición forzada dista, con mucho, de ser el único peligro que
enfrentan las mujeres en el estado de México, entidad que desplazó a
Sinaloa y a Veracruz para situarse en primer lugar en número de
feminicidios. Tales números son indicativos de un brutal incremento de
la violencia de género, pero también de una catástrofe en materia de
seguridad pública, de una gravísima disfuncionalidad de las
corporaciones policiales y de la ausencia de voluntad política para
hacer frente a la criminalidad, a las prácticas de encubrimiento, a la
corrupción y a la consiguiente impunidad.
Una complicación adicional es la vecindad geográfica de varios
municipios mexiquenses con Ciudad de México y la falta de coordinación
entre las autoridades mexiquenses y capitalinas. Debe recordarse que
recientemente dos jóvenes universitarias (Nancy Lara, alumna de la UACM,
y Miranda Mendoza Flores, quien estudiaba en el CCH Oriente) fueron
asesinadas y sus cuerpos hallados en zonas conurbadas del Edomex.
Ayer, en entrevista otorgada a este diario, la jefa de Gobierno
electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó el propósito de
convertir a la urbe en una ciudad de derechos y segura, en tanto, el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes pasado
que la próxima gobernante capitalina
regresará la paz a la ciudad y vamos entre todos a lograr que haya paz en el país.
La consecución de tales propósitos requerirá de una estrecha
coordinación entre las autoridades federales y las capitalinas, pero
también de una activa colaboración entre ambas y las mexiquenses y,
desde luego, de un saneamiento radical de los cuerpos policiales en los
estados y en el ámbito nacional. Sin ello, difícilmente podrá
reconstruirse la seguridad en la mancha urbana del valle de México.
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