En la primera mitad de
diciembre de 2012, a escasos días de iniciar el gobierno de Enrique Peña
Nieto, el Inegi informó por primera vez sobre el crudo panorama de la
informalidad en México, un lacerante problema sociolaboral presente de
tiempo atrás, pero acicateado por las dos administraciones panistas (Fox
y Calderón) y el sector privado.
En aquel entonces, las cifras del Inegi documentaban que 29 millones
271 mil mexicanos en edad y condición de laborar sobrevivían en la
informalidad, lo que representaba 60.1 por ciento de la población
económicamente activa.
Casi seis años después (agosto de 2018), la misma fuente revela que
la tasa de informalidad laboral se redujo a 56.6 por ciento (apenas 3.5
puntos porcentuales menos que en diciembre de 2012, cerca de 0.6 puntos
por año), pero el universo afectado resulta mayor, pues en ese periodo
la PEA se incrementó y no tuvo cupo en la economía formal.
Así, a estas alturas alrededor de 32 millones de mexicanos sobreviven
en tan precaria situación, sin prestaciones de ninguna naturaleza y con
remuneraciones entre 35 y 40 por ciento inferiores a las pagadas en la
formalidad, donde el panorama tampoco es grato, porque si bien el
gobierno peñanietista presume que concluirá el sexenio con la generación
de casi 4 millones de plazas formales, aunque los salarios ofrecidos
resultan cada día menores.
En este sentido, la numeralia del IDIC deja en claro las cosas: al
concluir 2017, menos de 480 mil personas ocupadas tuvieron ingresos que
superaron 10 salarios mínimos, contra 22.1 millones que cuando mucho
recibieron dos salarios mínimos.
Solamente dos estados, Baja California y Chihuahua, contabilizan a
más de 2 por ciento de su población ocupada ganando por lo menos 10
salarios mínimos. Morelos y Tlaxcala son el extremo de la precariedad:
únicamente contabilizan a 0.2 por ciento de sus ocupados con
percepciones mayores a 10 salarios mínimos. Se deben considerar a los
3.4 millones de mexicanos ocupados que no reciben ingreso.
Si se asume que una familia tiene 4 integrantes, en promedio, se
puede apreciar la implicación negativa directa: los beneficios de un
buen ingreso llegan a pocas personas, particularmente en un entorno
laboral donde se reduce el número de plazas laborales que paga más de
tres salarios mínimos.
Entre el último trimestre de 2012 y el correspondiente a 2017 la
ocupación y empleo que paga entre tres y cinco salarios mínimos
disminuyó en 713 mil plazas. En el mismo periodo la ocupación y empleo
que paga más de cinco salarios mínimos se contrajo en 1.49 millones. En
conjunto, ambas cifras muestran que si se considera el número de jóvenes
que se sumó al mercado laboral, más mexicanos se disputan menos
oportunidades.
La brecha entre el número de personas que ganan más de 10 salarios
mínimos (solamente 0.9 por ciento de la población ocupada en el país)
respecto a las que reciben hasta dos salarios mínimos (42 por ciento de
la población ocupada) es el verdadero muro contra la equidad. Hay un
hecho insoslayable: la disminución en la tasa oficial de desocupación se
ha logrado al mismo tiempo que se reduce la ocupación mejor remunerada.
Sólo el sector industrial ha logrado mantener generación de empleo con
salarios de entre tres y cuatro veces el mínimo.
En consecuencia, se debe plantear que el verdadero problema de
inequidad y pobreza es atribuible a la precariedad del ingreso laboral,
que a su vez es resultado del entorno adverso que enfrenta la mayor
parte de las empresas en México: inseguridad, corrupción, altos costos
de energéticos y combustibles, falta de financiamiento e importación
ilegal de productos, entre otros.
Las rebanadas del pastel
Excelente noticia: Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada,
ha sido propuesto para ser galardonado con la medalla Belisario
Domínguez. Más que merecida. Enhorabuena. Besos y apapachos para el
tocayo y nuestra casa editorial. ¡Salud!
Twitter: @cafevega
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