Javier Aranda Luna
Año con año el gobierno mexicano ha pagado un seguro para proteger nuestro patrimonio cultural.
En 2017 pagamos 165.9 millones de pesos por tal concepto, pero
después de los sismos de hace un año las aseguradoras quieren cobrar 2
mil 950 millones. Casi 18 veces más de lo que se había pagado. Es como
si su seguro de auto por el que pagó 10 mil pesos se lo quisieran
renovar por 180 mil , argumentando el incremento en los choques
automovilísticos.
Supongo que legalmente se puede revocar ese incremento tan
desproporcionado, pero tal vez nos convendría mejor contar con una
especie de Seguro de Estado.
Su funcionamiento es relativamente sencillo: el gobierno considera en
su presupuesto una cantidad para asegurar el patrimonio cultural. Si no
se utiliza, ese dinero no lo perdemos como ocurre con cualquier seguro y
podría servir para el año siguiente.
¿Se imaginan cuántas exposiciones de primer nivel podrían traerse con
este seguro que sólo se utilizaría en caso de siniestro? Los protocolos
de seguridad para transportar obras artísticas son tan estrictos que
difícilmente las obras transportadas sufren algún daño. El asunto es que
para traerlas requieren de un seguro pero ¿para qué pagarlo a una
empresa si se puede contar con un seguro gubernamental?
En siniestros causados por los sismos ocurriría algo semejante: si
los inmuebles no se dañan, no hay gasto. Y si en un año todo transcurre
sin emergencias ese seguro de estado permanecería intacto y tal vez
podría incrementarse el año siguiente con algún porcentaje.
¿Y no sería conveniente que en el caso de inmuebles se exija a
quienes los usan un adecuado mantenimiento? Las iglesias que cuentan con
templos deberían comprometerse a su cuidado pues un inmueble sin
mantenimiento es más vulnerable que el que lo tiene. Si no pueden
hacerlo podrían convertirse en bibliotecas o centros culturales.
Los seguros, por lo demás, no son tan seguros en materia de sismos:
65 por ciento de los casos de vivienda presentados contra las
aseguradoras por el 19S están sin solución. No es una locura imaginar
que con el patrimonio cultural asegurado existan esas anomalías.
Seguramente no tenemos un país quebrado, como aseguran algunos
empresarios, pero si quebradizo que termina siempre por afectar a lo más
vulnerable y a los más vulnerables.
Ignoro por qué nuestro patrimonio cultural, nuestra memoria, nuestra
memoria colectiva, el disco duro que nos explica y justifica como
sociedad, se le sigue considerando algo accesorio. Una sociedad sin
memoria es una sociedad sin rumbo. Desconoce de dónde viene y
difícilmente sabrá a dónde ir.
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