Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación.
Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso.
El 27 de noviembre, apoyado centralmente en la “verdad histórica”, Peña Nieto presentó un plan para combatir la inseguridad, orientado a la creación del llamado mando único con el fin de eliminar las policías municipales, conformar una corporación de nivel estatal y crear una coordinación única nacional. Dicho plan nunca se pudo concretar a pesar de la insistencia del presidente.
El 6 de diciembre el EAAF confirmó que el fragmento de hueso hallado en una fosa común pertenecía a uno de los estudiantes. El 16 de enero del 2015 se anunció a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que auditaría las investigaciones de la PGR.
El 6 de septiembre de ese mismo año, el GIEI dio conocer su informe en el que rechazó la versión de la PGR y contundentemente afirmó: “…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014… Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida”.
Dicho informe también estableció una serie de recomendaciones (Proceso 2030) para continuar las investigaciones y desentrañar la verdad. Esto dio pie a que se concretara un nuevo acuerdo para que el grupo continuara su trabajo durante seis meses más; en víspera de que concluyera el plazo, el 1 de abril de 2016, la PGR dio a conocer un nuevo dictamen sobre el incendio del basurero, de otro experto, en un intento de descalificar el primero realizado por el GIEI. El grupo de expertos concluyó sus labores en México y el gobierno de Peña Nieto pretendió nuevamente cerrar el caso.
Pero el 4 de junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, “como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR”. En dicha comisión deberán participar las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. El 22 de junio, la PGR impugnó dicha sentencia y la semana pasada, el 21 de septiembre, el mencionado tribunal la confirmó, así que lo único que queda es cumplirla.
El 26 de septiembre, justo en la conmemoración del cuarto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, el juez primero de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la liberación de ocho integrantes de Guerreros Unidos acusados del asesinato y quema de los normalistas. El gobierno federal ha sido incapaz de resolver el caso y ha fracasado en sus intentos de imponer su “verdad histórica”.
En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que el caso Ayotzinapa “representa un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.
Días antes, el 2 de octubre de 2015, Rose-Marie Belle Antoine, entonces presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe preliminar de la visita que hicieron representantes del organismo para constatar cuál era la situación de los derechos humanos en México, señalaba: “Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47° aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.”
Tres años después aún predominan la impunidad y las violaciones a los derechos humanos; ningún avance se ha logrado en la resolución de los dos hechos a los que hacían referencia los dos altos funcionarios de derechos humanos de los organismos internacionales. Las heridas se mantienen abiertas y en ninguno de los dos se conoce todavía la verdad y, mucho menos, se ha logrado la justicia.
Aunque ambos casos son los más presentes en la memoria colectiva, son muchos más los que están exactamente en las mismas condiciones y es imperativo resolverlos para avanzar en la construcción de un México más justo, libre, pacífico y democrático.
Este análisis se publicó el 30 de septiembre de 2018 en al edición 2187 de la revista Proceso