Consulta y soberanía

Abraham Nuncio

El poder económico y político del soberano unipersonal tenía que haber pasado, con el nuevo régimen republicano, al soberano colectivo. No fue así. El rey administraba los bienes del reino como si fueran propios y era, además, uno de los propietarios más grandes, si no es que el más grande de todos. El poder económico, al desaparecer esa figura o al quedar limitada en su doble poder en las monarquías constitucionales, quedó en manos no del nuevo soberano, sino de la parte más pequeña imposible de identificar con el pueblo: los antiguos y nuevos propietarios de los cuales el monarca y su familia fueron parte.

El traslado del poder al nuevo soberano se redujo a una minoría que doblega, en la práctica, la fuerza de la mayoría, cuya parte activa es la ciudadanía. Ese cuerpo minoritario se erigió en uno de los dos hemisferios del Estado: aquel al que se ha denominado sector privado, el poder en la sombra, según Noreena Hertz. La economía, así, se tornó política. Cuando no se cumplen los deseos de lucro de esa minoría opulenta amenaza con actos, y aun llega a perpetrarlos, en contra de la mayoría. Si algún dirigente del Estado público llega a tomar medidas que se aparten de tales deseos la toma contra él.

Es esto lo que ocurrió con la consulta ciudadana en torno al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM). En su ejercicio se puede leer el intento de que le sea devuelto al soberano colectivo algo de lo que le ha sido escamoteado por demasiado tiempo. Los opositores de la consulta –sobre todo los grandes capitalistas, sus organismos, sus medios y condotieros intelectuales–, que son los que no comulgan con el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, promotor y partidario de la consulta, calificaron a ésta de ilegal, farsa perversa, iniciativa carente de información técnica.

Como se sabe, Nuevo León fue el único estado donde la mayoría votó por la opción Texcoco del NAIM. Llamó la atención que el Tecnológico de Monterrey saliera a votar masivamente en esta ocasión. Es probable que la mayoría haya votado por la sede de Texcoco. Como esto haya sido, no es una aberración pensar que los miembros de esa institución consideraron en serio la consulta. Y votaron, con ánimo ciudadano, como lo creyeron conveniente. Supongo que cierto número lo hizo por razones de identificación con todo aquello que supone empresa e inversión, pero también por razones prácticas: ellos son usuarios del transporte aéreo y el proyecto Texcoco aparecía con un menú de bienes y servicios atractivos.

Supongo también que otra porción de los electores que respondieron a la convocatoria, poco o nada tenía que ver con aeropuertos. Tanto en el caso Nuevo León como en el de los electores –la gran mayoría– que eligieron la opción de Santa Lucía-Toluca-pistas adicionales al actual aeropuerto internacional pudieron obrar sólo por razones prácticas y/o políticas.

Con todo, las razones técnicas de muy numerosos geólogos, constructores, ingenieros, ambientalistas, economistas y vecinos conocedores del entorno texcocano no pueden ser menospreciadas. Se contraponían al argumento que difundieron con vehemencia los defensores de la opción Texcoco: la respuesta adversa de los mercados en caso de que se cancelara tal opción. Los mercados: el antifaz onomástico para no decir los dueños de las mercancías, de la banca, de las calificadoras internacionales, de los grandes medios y las grandes empresas, que no han perdido una desde el pacto Reagan-Thatcher para que ellos ganaran más dinero (a costa, claro, de las familias de menores ingresos). La minoría opulenta no sólo sería subsidiada por nosotros, sino que las ganancias del NAIM serían para ella con un alto costo económico para el erario, el medio ambiente y el agua de la región: su falta la han padecido por estos días los capitalinos y saben de qué se trata.

La consulta sobre el NAIM pudo no haber sido perfecta. Es la primera en su género. ¿Lo han sido, lo son aquellas consideradas legales? Monterrey ha vivido una crisis de representación política porque unos jueces electorales anularon las elecciones municipales. La elección de autoridades es una consulta con poder mandante. El piso institucional de ese mandato ciudadano fue echado por la borda. Se trata, simple y llanamente, de un atropello a la legalidad. La capital de Nuevo León quedó acéfala casi una semana y los parches políticos que le han sido puestos no le devolverán la legitimidad perdida. Una legitimidad que sí tuvo la consulta en torno al NAIM. Y cuya legalidad sólo puede ser cuestionada por ignorancia o mala fe.

Por supuesto, esa consulta obligará al gobierno presidido por López Obrador a efectuar consultas similares en relación con las llamadas reformas estructurales decididas durante la gestión de Peña Nieto mediante un colosal soborno a la mayoría de los parlamentarios, que no tuvieron el menor empacho en aceptarlo para aprobarlas.