Dominga González, 11 años encarcelada sin sentencia

Esperan justicia presos políticos de Tlanixco

Pide la ONU-DH reparar las violaciones al debido proceso

▲ Comuneros de San Pedro Tlanixco se manifestaron frente al Poder Judicial del estado de México para exigir la libertad de los presos políticos de esta comunidad.

Dominga González, presa política de Tanixco, Estado de México, lleva 11 años en el Cereso de Santiaguito, municipio de Almoloya, y aún no ha sido sentenciada. Es acusada de homicidio junto con otros cinco dirigentes de su pueblo que lucharon contra el despojo de sus manantiales en las faldas del Nevado de Toluca.

Su caso, junto con el de Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, se encuentra finalmente en etapa de apelación ante el tribunal de alzada, con 10 años de atraso.

Según el pronunciamiento del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jan Jarab, este procedimiento judicial constituye una oportunidad única para que el Poder Judicial repare las violaciones al derecho al debido proceso cometidas en contra de los procesados y de otros tres presos por la misma causa –Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles–, quienes fueron sentenciados a 50 años de cárcel.

Esta sentencia es calificada por el abogado defensor José Antonio Lara Duque como un castigo bárbaro e injusto, con un fuerte sesgo racista y la clara intención de castigar la lucha contra el despojo de un pueblo náhuatl.

Campaña en pro de los presos políticos

El 10 de octubre la senadora por Morena Nestora Salgado arrancó una campaña nacional para la liberación de los presos políticos de todo el país, precisamente con una visita a este colectivo de defensores del agua de Tlanixco, acompañada por otros que también sufrieron cárcel punitiva por sus actividades políticas, Alberto Patishtán y Erika Zamora.

Salgado, quien apenas hace dos años y medio también era presa política, aseguró durante esa reunión que un día antes de la visita habló con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la campaña para apoyar a los luchadores sociales confinados en prisiones. Él me dijo: si son presos políticos, los quiero a todos afuera. Encárgate.

Agrega Nestora: Quiero transmitirles la firmeza con la que me lo encomendó. Conozco lo que se vive dentro de una prisión cuando uno es inocente, y me voy a hacer cargo. Tenemos esta oportunidad histórica. Tenemos la experiencia de que cuando se lucha sí se logra la libertad.

Junto a la guerrerense participó en la visita penitenciaria el profesor Alberto Patishtán, chiapaneco, tzotzil, quien estuvo preso durante 13 años, también acusado falsamente de homicidio y liberado en octubre de 2013. Y Erika Zamora, hidalguense, presa durante un ataque del Ejército en el poblado de El Charco en 1998 y recluida durante cuatro años en Chilpancingo.

En defensa de su manantial

Dominga y los dirigentes indígenas son acusados de haber matado al líder de los floricultores de Villa Guerrero, Alejandro Issak Basso, el primero de abril de 2003. Ese día el hombre encabezó a una comitiva de 11 personas que incursionó a la zona de manantiales de Tlanixco para desalojar a los pobladores que lavan ahí su ropa. El directivo de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero había logrado, con el apoyo del gobernador, que la Conagua concesionara el caudal del río de Tlanixco para el riego de los campos e invernaderos de la vecina población que produce flor para exportación y consumo nacional y genera anualmente ganancias multimillonarias.

La procuraduría mexiquense alegó que Isaak Basso fue linchado. Los pobladores de Tlanixco sostienen que el empresario resbaló y cayó a un barranco. El expediente no aporta pruebas contra los acusados.

Teófilo Pérez González, sobre quien ya pesa una sentencia de 50 años, por ejemplo, contó con testigos que declararon ante el agente del Ministerio Público que a la hora de la tragedia él no estaba en el lugar de los hechos. Sus pruebas de descargo no fueron admitidas. Acababa de ser electo como presidente del Comité de Agua del ejido. Al comisionado saliente, Pedro Sánchez, también lo acusaron y sentenciaron a 52 años.

Los seis presos de Tlanixco no tuvieron una defensa legal consistente desde que fueron apresados hasta que hace tres años el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero que se encarga principalmente casos del estado de México, examinó el expediente y decidió litigar a su favor.

Lara explica las principales líneas de la defensa: Las acusaciones son inverosímiles. Los testigos señalaron a los imputados sin haberlos visto nunca y sin que les constara su participación en los hechos, al grado de que entre los nombres que dieron como posibles homicidas estaba un vecino ya difunto y otro, discapacitado, de quien se dice pateaba a la víctima.

El defensor apunta que durante la investigación uno de los que participaron en la incursión de Villa Guerrero a Tanixco fue el abogado de los floricultores, Adolfo Vázquez Carrasco, quien se retractó de sus acusaciones y declaró ante el agente del MP que todos los testigos aportados por la parte acusadora fueron aleccionados por personal del gobierno. En una reunión a la que él asistió se mostraron videos de las marchas y las mesas de negociaciones con los pobladores de Tlanixco para que pudieran identificar a los supuestos agresores. Ninguno de ellos participó en los hechos. Esto quedó demostrado durante los careos, pero los jueces no hicieron caso de esa pieza fundamental de la averiguación y los defensores de oficio no insistieron.

Pero para el abogado el argumento central de la defensa radica en demostrar la inocencia de Dominga González. Ella fue mencionada por los acusadores hasta cuatro años después, cuando como suplente del comisariado ejidal firmó documentos oficiales del litigio por el control del agua. Fue entonces cuando algunos testigos recordaron haber visto a una mujer morena, chaparrita, chapeada en la escena del falso linchamiento. Sin otra evidencia, esa misma noche, en un operativo donde participaron más de 80 elementos de la policía estatal y una docena de patrullas, Dominga fue sacada de su casa a la mitad de la noche, torturada y trasladada a Santiaguito.

Tres mujeres acudieron en su defensa y dieron fe que ese día Dominga estaba de guardia en la parroquia, limpiando, cuando oyeron las campanas y supusieron que algo grave había pasado. El juzgado desechó estas pruebas. Dominga lleva 11 años encarcelada sin sentencia.

Visitantes y reclusos intercambian experiencias de la vida carcelaria: el dolor de estar lejos en el momento de la muerte de una madre o un padre; los abusos de las autoridades, el cobro indebido por atención médica negligente y, sobre todo, el desconsuelo de no poder guiar a sus hijos en su infancia.

“Dígale a López Obrador que le tenemos confianza –concluye Pedro Sánchez–; que todos estos años, mientras más gritábamos nuestra inocencia, peor nos iba en los tribunales. Ahora sabemos que con él en la Presidencia sí nos van a escuchar”.

Foto Mvt

Blanche Petrich

 Periódico La Jornada