El presidente Andrés Manuel López Obrador y
los ministros de la SCJN, disputa por los salarios, entre la política y
la ley.
Foto: Twitter @SCJN
No parece que el asunto pueda convertirse en una crisis
constitucional, pero sí en un desgaste, en buena medida innecesario para
el Poder Judicial, cuyos miembros son poco hábiles en la comunicación
política, para la que, por su parte, López Obrador es experto.
En declaraciones a medios y discurso público, el titular del
Ejecutivo ha dicho que respetará las decisiones que se tomen en el Poder
Judicial, luego de que el fin de semana este suspendiera la ley de
remuneraciones que entró en vigor en noviembre pasado y que representa
el basamento del plan de austeridad que promueve el mandatario.
Sus expresiones suelen ser maniqueas, reduccionistas: “no puede haber
gobierno rico con pueblo pobre”, “vamos a cortar el copete de
privilegios”, “van a ganar menos los de arriba y ganarán más los de
abajo”, son las frases que suele repetir desde campaña, tocando una
fibra sensible en la sociedad.
Y es sensible porque las condiciones de exceso y lujo de
administraciones precedentes, señaladamente la peñanietista, es uno de
los aspectos que más pesaron en el ánimo de la población desde las
revelaciones relacionadas con la llamada “casa blanca de Peña Nieto”.
Nadie entonces, podría negarse a admitir que los salarios de la alta
burocracia federal son altos. Personalmente, me ocupé de la “austeridad
dorada”, en la edición 2099 del semanario Proceso, aquella vez que, prometiendo bajarse el sueldo se lo aumentaron.
Cierto es que uno de los abusos de la clase gobernante ha sido el de
los salarios y otros privilegios en el aparato gubernamental.
Particularmente, recuerdo que esa tendencia inició con Vicente Fox –hoy
tan activo en su defensa del Poder Judicial—cuando se promovía la idea
de que, ese tipo de salarios eran los que se pagaban en el sector
privado para personas con la capacidad y responsabilidad que se dejaba
en manos de los nuevos funcionarios.
Lo más fácil luego, es simpatizar con la medida, muy a pesar de que,
como tímidamente demostró el Poder Judicial, no sean 600 mil pesos
mensuales los que gane un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como dice López Obrador.
Pero con todo y lo insultante que resultan los 300 mil pesos que sí
ganan, el tema fundamental tiene que ver con la constitucionalidad de la
medida que afecta, no sólo a aquellos que se desempeñan en el aparato
de justicia, sino de distintos ámbitos de la administración pública
central que están presentando amparos por la reducción de sus
percepciones aplicada como medida retroactiva.
Son justamente los argumentos jurídicos los que han faltado a López
Obrador. Una clave es su argumento de hoy, cuando anunció que respetará
lo que se resuelva, pero anticipando la idea de ir renovando a los
juzgadores del “viejo régimen”.
El asunto se resolverá o crecerá el encono, en la Cámara de Diputados
cuando deba aprobarse el presupuesto, asunto este último que perfila
también cierto atropello por las advertencias morenistas de disminuir
los recursos para la nómina, amenaza en la que, una vez más, prevalece
la lógica política por encima de la ecuación jurídica.
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