OSC advierten que Alerta perdió su esencia
En
2007 el movimiento feminista diseñó la Alerta de Violencia de Género
(AVG) como un mecanismo de emergencia para que los gobiernos que no
lograron prevenir la violencia feminicida y en consecuencia incrementó
la estadística de feminicidio a situaciones alarmantes, pudieran
implementar acciones en territorios determinados para enfrentarla y
erradicarla.
La AVG se describe en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia como última medida cuando no están funcionando
las medidas de prevención como las órdenes de protección o los refugios
para las víctimas y sus hijas e hijos.
A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cimacnoticias revisó los
30 procesos de AVG desarrollados en 28 entidades de México, observó que
las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia que
son demandadas a los gobiernos estatales son idénticas a pesar de las
especificidades de la violencia feminicida en cada municipio o estado; y
que su enfoque no se ajusta a acciones de emergencia.
Por ejemplo, el grupo de Trabajo que solicitó la AVG en Quintana Roo,
el 4 de diciembre 2015, encontró “índices considerables de violencia”
en el este y noreste de la ciudad de Cancún, y sugirió una medida muy
concreta: restringir la venta de bebidas alcohólicas en dichas zonas.
Sin embargo, esta sugerencia no se encuentra en la declaratoria de AVG,
publicada el 7 de julio, 2017 por la Secretaría de Gobernación (Segob).
El documento final repite muchas de las medidas que aparecen en las AVG
de otros estados, como publicar la naturaleza de las AVG, recuperar
espacios públicos, y crear agrupaciones de seguridad pública.
LAS MISMAS RECOMENDACIONES PARA TODOS
Expertas en el proceso de AVG consultadas por Cimacnoticias, como la
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),
María de la Luz Estrada, señaló que la mayoría de las organizaciones
civiles al pedir una AVG requieren intervenciones de las autoridades en
problemáticas y territorios específicos pero las medidas que determinan
los Grupos de Trabajo son de carácter general y a lo largo de los
procesos han visto que son “un copia y pega” en cada informe de AVG.
O bien, cuando un Grupo de Trabajo intenta hacer un análisis de la
situación demandada por las organizaciones y entrega medidas
congruentes, al final si la Segob emite la AVG termina por emitir
medidas generales.
En la revisión de las 30 solicitudes y 17 declaratorias que hay hasta
el 23 de noviembre de 2018, Cimacnoticias observó que la mayoría de las
medidas previstas no tienen un carácter de emergencia y que no son
focalizadas a la situación de cada entidad.
En las 17 declaratorias de AVG que ha hecho la Segob por medio de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim) se repiten las recomendaciones: capacitar a servidoras
y servidores públicos, fortalecer el Banco de Datos sobre violencia de
género, fomentar una cultura de no violencia en el sector educativo y
hacer campañas de comunicación.
Como medidas de justicia y reparación, compromisos frecuentes fueron
revisar casos archivados, fortalecer la Fiscalía o crear unidades
especializadas en la investigación del feminicidio, crear y monitorear
protocolos de investigación y atención a víctimas, sancionar a
servidoras y servidores públicos por actos de omisión, y la reparación
del daño para feminicidio.
En Puebla cuando el OCNF solicitó por segunda ocasión la AVG en 2017
lo hizo puntualmente por desapariciones de mujeres. Sin embargo, las
recomendaciones que entregó el Grupo de Trabajo al gobierno poblano solo
tuvieron una medida acorde a la petición: crear el Protocolo Alba
especializado en la localización de mujeres y niñas reportadas como
desaparecidas. El Observatorio tuvo que impulsar un proceso judicial
mediante un amparo para que se vuelva a investigar las desapariciones.
PROCESO COMPLICADO DE SOLICITUD
En parte, las fallas en las recomendaciones de las AVG tiene que ver
con una academia que no tienen la suficiente capacidad para hacer
estudios con recomendaciones precisas, acordes al contexto y con
indicadores claros de seguimiento, por tanto, para evaluar se basan en
suposiciones y no en evidencias, por lo que las acciones que recomiendan
no son políticas integrales que trasciendan, dijo la directora de
Equifonía, organización veracruzana que solicitó dos declaratorias de
Alerta, una por violencia feminicida y otra por violaciones a los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Araceli González
Saavedra.
A su vez, Andrea Medina Rosas, experta independiente en violencia de
género, agregó que el tiempo que un grupo de trabajo tiene para analizar
una solicitud - 30 días - es demasiado corto comparado con el tiempo
que los gobiernos tienen para responder que es de seis meses.
El análisis de 17 AVG muestra que el tiempo que transcurrió entre la
fecha en que se presentó la solicitud, y el día que finalmente se
declaró osciló entre 11 meses y 30 días (Guerrero), y 4 años, 7 meses y
23 días (Estado de México), aunque el promedio fue de 1 año 8 meses,
aproximadamente.
Las organizaciones no se aventuran a desacreditar del todo el proceso
de la AVG pero sí advierten que ha perdido su esencia, “El carácter de
urgencia se les ha dicho una y otra vez, estás tomando conciencia de lo
que estás haciendo mal y tienes que modificar. Es corregir lo que está
impidiendo que se investigue el feminicidio, se prevengan o atiendan los
casos de violencia familiar”, explicó Luz Estrada.
Para la coordinadora del OCNF las medidas que realmente atienden
situaciones de gravedad son revisar los expedientes de feminicidio,
volver a indagar los calificados como homicidio, formar policías
expertas en género, generar mesas de trabajo con las víctimas o hacer
modificaciones a los marcos legales. El alumbrado, patrullajes son
necesarios pero no resolverán la situación.
FALTA DE MONITOREO
Lo que falta a estas alturas, dicen las expertas, es un análisis
profundo sobre dónde las AVG han surtido efectos, y donde no porque si
bien la Conavim se encarga de declarar la activación de las alertas y
dar seguimiento a las medidas de urgencia, en los hechos no revisa que
las acciones se implementen y no hay metodologías de evaluación de
impacto.
Como en el Estado de México, donde la AVG está activa desde hace tres
años pero no hay un dictamen que indique qué hizo el gobierno, qué
pasó, por qué no se obtuvo un resultado favorable. Por el contrario,
dijo la peticionaria Luz Estrada, “seguimos teniendo casos de
feminicidio y se volvió a solicitar este año otra AVG por desapariciones
de niñas y mujeres en 8 de sus municipios”.
Si bien esto parece un fracaso del mecanismo de Alerta, la consultora
Andrea Medina Rosas opina que muchas veces, la solicitud de AVG se ha
convertido en una forma efectiva de exigir al Estado el cumplimiento de
sus obligaciones, ya inscritas en la ley.
“Si la única medida para evaluar la efectividad de las Alertas es la
disminución de los feminicidios, nos vamos a quedar muy cortos. Hay
muchos otros elementos”, dijo. Consideró un logro que se estén
declarando cada vez más AVG, a pesar de la resistencia de autoridades de
reconocer la violencia de género en su jurisdicción.
Araceli González Saavedra, por su parte, centró la reflexión en el
papel de la sociedad civil y señaló que las recomendaciones de las
Alertas son útiles cuando hay un equipo de organizaciones que conocen la
problemática y no tienen conflictos de interés para dar seguimiento y
exigir que las medidas se implementen.
Aunque desde el año pasado el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) vienen planeando una reforma al Reglamento de la AVG para
modificar los obstáculos o vacíos que tiene, hasta ahora no ha sucedido,
por lo que las expertas insisten que es necesaria para continuar con
el monitoreo y seguimiento de este mecanismo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, Sonja Gerth y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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