8/11/2018

Justicia ciega frente a diferencias, desigualdades y violencia

 Mujeres Cautivas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*

En la década de los 90, los movimientos de mujeres se esforzaron y lograron grandes avances en materia de legislación sobre la violencia contra las mujeres.

Para las Naciones Unidas la violencia "es un mecanismo para mantener la autoridad de los hombres, reforzando las normas patriarcales vigentes y, en consecuencia, para rastrear los factores que convergen con ella, hay que pensar en un contexto social amplio como el de las relaciones de poder".
El papel de la cultura es una de las principales causas de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Una de esas expresiones es el feminicidio, que puede ser enfrentado desde la cultura, entendida ésta como una red de procesos, relaciones de poder y discursos cambiantes.

VIOLENCIA: SUS MANIFESTACIONES

La violencia contra las mujeres puede manifestarse en diferentes y múltiples espacios. Uno de ellos es la familia, un ámbito en el que las personas deberíamos tener garantizada la vida, la integridad y la seguridad como Derechos Humanos básicos y en el que las situaciones de violencia suelen encarnarse en la vida de pareja, se le denomina violencia familiar o abuso conyugal.  Entre otros aspectos, aparece de la mano de actos sexuales, pero puede ser violencia psicológica, como situaciones de humillación y vergüenza, o violencia física, en las que son comunes hasta el uso de armas para provocar lesiones.
El feminicidio, en tanto, está presente en diversas partes del mundo. En algunos lugares, la comunidad entera es la que aparece como responsable, como en los casos más escalofriantes de Ciudad Juárez, México, donde los crímenes se hicieron mientras reinó la impunidad.
También los casos de violencia sexual atañen y apuntan contra toda una comunidad dado que son actos cometidos por un amigo, un conocido, un familiar o un vecino de las víctimas, aunque también puede hacerlo un extraño.
Otra de sus formas de manifestación es la trata de personas cuando implica la captación, transporte, traslado o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, el engaño, al abuso de poder o al abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, laboral, o tráfico de órganos. Y cuando hablamos del abuso de una situación de vulnerabilidad, nos referimos a la pobreza, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la ignorancia, la violencia y la violación previas a la trata con fines sexuales. 
La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son también manifestaciones de violencia contra las mujeres en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el uso y usufructo de los hombres.

En suma, en el sistema social patriarcal, basado en las diferencias de sexo, de clase, de etnia, de edad, de discapacidad, o de diversidad sexual, se hacen presentes en este tema, ya que existen sólo tres formas de colonizar los cuerpos de las mujeres: a través de la propiedad individual del cuerpo de la mujer-esposa, mujer-madre, mujer-hija, -el matrimonio-; a través de la propiedad colectiva de su cuerpo, -la prostitución-; y, finalmente, a través de la mujer vasija para quienes pueden comprar una hija o hijo.
La violencia provoca en las mujeres una mayor vulnerabilidad física y reproductiva, dado que las deja en condiciones de padecer trastornos del sistema nervioso, abusos de estupefacientes, estrés postraumático y hasta intentos de suicidio. Además de las consecuencias físicas, también les impide que participen activamente en el plano social y económico de la comunidad y tienen menos oportunidades de conseguir empleo, o de estar empleadas en un trabajo con una buena remuneración.
Todos los actos de violencia son expresiones que, de algún modo, el Estado parece tolerar o perdonar. Los efectos de cada una son múltiples y, en algunos casos, la onda expansiva de la impunidad alcanza a otros integrantes de la sociedad, como las niñas y niños.
La violencia hacia la mujer es un obstáculo que no solo afecta la vida de un gran porcentaje de mujeres, sino que también es una amenaza para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz.

EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Y cuando me refería al incremento de su grado de vulneración por raza, condición social, etnia, religión, edad, retos especiales u orientación sexual, entre otras, me refería a que estas diferencias repercuten en el derecho al acceso a la justicia, y por lo tanto, en las mujeres indígenas y rurales, ya que son ellas de entre los excluidos, las más excluidas, de entre los pobres, las más pobres, de entre los desposeídos, las más desposeídas y de entre los violentados, las más violentadas.
Es por eso que desde hace ya más de 29 años, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hizo hincapié en la necesidad de eliminar todas las prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas, independientemente de cuán profundamente estén arraigadas en la cultura.  Por eso, la CEDAW exhorta a los gobiernos a tratar de transformar no sólo el derecho, sino también la cultura, a fin de lograr la igualdad sustantiva entre los sexos y entre las personas. 
Quienes propugnamos por la igualdad entre los sexos debemos reconocer y cuestionar la aceptación social y la perpetuación de prácticas tradicionales perjudiciales en todas las culturas. 
Históricamente, las religiones y las culturas han demostrado tener extraordinarias posibilidades de adaptación; la mayoría de los sistemas de creencias han sido modificados a lo largo de la historia para dar lugar a nuevos conceptos y nuevos valores que surgen en la sociedad humana.  Estas prácticas tradicionales son las ruinas de un pasado insostenible.
Ahora por cuanto hace a las niñas, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades indígenas, las niñas continúan en una situación de peligro, en forma tan rutinaria que es virtualmente invisible. La discriminación está profundamente arraigada en la vida de las niñas indígenas desde su nacimiento, o incluso antes. 
Una amplia gama de prácticas violentas o discriminatorias comprometen la salud de las niñas indígenas y reducen sus oportunidades de desarrollo físico, social y productivo.  Estoy segura de que no se trata de una violencia aleatoria: el factor de riesgo es ser mujer y ser indígena, agravada por su edad lo que las coloca en una situación de mayor vulneración.
Las mujeres indígenas carecen del todo de reconocimiento y acceso a derechos y esto se debe a prácticas tradicionales profundamente discriminatorias que siguen vigentes en forma explícita en la vida de las mujeres indígenas, situación que además es avalada, en muchos casos, por la propia legislación vigente. Todas estas desigualdades son más dañinas aún si se considera que, mucho más que nunca antes, las mujeres soportan una responsabilidad desproporcionada en el apoyo y el mantenimiento de sus familias y sus hijas e hijos, situación que se ve agravada por la migración ilegal, la jefatura femenina en más del 50 por ciento de los hogares indígenas y rurales, sin oportunidades de vida y sobrevivencia.

ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODAS: NUESTRA ESPERANZA

Mientras no se erradique el sexismo, la misoginia, la xenofobia, la generalización y la sobre-generalización, el familismo, de los textos legales, de las prácticas jurídicas y de la interpretación y aplicación de la Ley que toman como parámetro de lo humano al hombre, sus necesidades y sus aspiraciones, las personas diferentes a ese parámetro, y sobre todo aquellas que afectan a las poblaciones en mayor grado de exclusión seguirán sin tener garantizado el derecho al acceso a la justicia. Tenemos que construir un mundo más justo y para eso, debe ser género-sensitivo y sensible a las diferentes necesidades y condiciones de vulneración de las y los diferentes.
Y decimos que es nuestra esperanza, porque entonces no se requerirá de la corroboración de la declaración de la víctima, ni se seguirá esgrimiendo como defensa sus antecedentes sexuales, ni recaerá en ellas la carga de la prueba, o casarse con la víctima de la violación se considerará reparación del daño y, luego entonces, como excluyente de responsabilidad, como todavía sucede en muchos de los Códigos Penales en México, o se otorgará mayor protección a los derechos de las víctimas sobre los derechos de los delincuentes.

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Para mantener la esperanza


   Zona de Reflexión
Lucía Lagunes Huerta




Sí, en medio de la persecución y del asesinato a periodistas, tenemos un respiro, una luz para mantener la esperanza de que en México el periodismo se pueda ejercer sin miedo y en libertad.

En este país en el que han asesinado a seis periodistas en siete meses; en el que el pasado proceso electoral 39 mujeres periodistas fueron agredidas por informar a la población, donde la impunidad sigue siendo la protagonista de la historia; que se sancione al Estado mexicano por la violencia y tortura cometida contra Lydia Cacho Ribeiro, es un día para celebrar.
Para celebrar su tenacidad por la verdad y la justicia, para ella y para todas las personas que en este país ejercen el periodismo y para las mujeres que viven y transitan por este país.
La sentencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitida el pasado 31 de julio resolvió que el Estado Mexicano debe investigar las violaciones a Derechos Humanos cometidos contra la periodista y escritora hace 13 años.
Además, señala que el Estado tiene 189 días para resarcir adecuadamente el daño cometido en contra de la periodista por la discriminación de género, la tortura, la detención arbitraria y el uso de la fuerza del Estado para la persecución de Lydia Cacho.
En un país donde ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de riesgo, la resolución confirma que el Estado Mexicano ha incumplido sus obligaciones para garantizar que las y los periodistas ejerzamos nuestro trabajo en condiciones de seguridad y libertad.
La sentencia para resarcir el daño adecuadamente, implica revisar todos los daños cometidos contra periodistas y resarcirles el daño que no es sólo material o económico.
La resolución abona a la justicia para las mujeres, pues reconoce que el sistema de justicia en México tiene una visión sexista que impide que ellas accedan a la justicia y ello debe cambiar.
En 2014 la jurista feminista Alda Facio, señaló en el informe de CIMAC “Impunidad, Violencia contra mujeres periodistas”, que la impunidad sólo se puede superar si se devela y difunde el papel que ha jugado el sistema judicial penal, policial, entre otros, en la discriminación y explotación de las mujeres.
La resolución del Comité, da luces sobre ello y mandata a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a corregir el rumbo, en el caso concreto de Lydia, lo cual deberá impactar en las 39 investigaciones que sobre atentados a la libertad de expresión de las periodistas están en manos de la Fiscalía.
La sentencia alimenta la esperanza porque abona a la justicia, especialmente a la justicia para las mujeres periodistas y con ello a la igualdad plena.
Recordemos que la persecución contra Lydia ocurrió en el año 2005 tras la publicación de su Libro “Los Demonios del Edén”, en el cual documenta las redes de pornografía infantil mexicanas que involucran a empresarios y políticos.
Uno de los empresarios involucrados es el textilero Kamel Nacif, quien acusó a Cacho de difamación y calumnia, delitos que aún persisten en varias entidades federativas y que siguen siendo usados para intimidar a periodistas. Por ello el Comité de la ONU le pidió al Estado mexicano despenalizar esto delitos en todas las entidades federativas.
La violencia contra Lydia Cacho retrata las colusiones que se dan en las agresiones contra periodistas, recordemos aquella llamada telefónica entre Nacif y el entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, quienes orquestaron las agresiones y tortura que vivió Cacho durante su traslado de Quintana Roo al estado de Puebla.
Nacif se encuentra en la cárcel siguiendo un proceso por asociación delictuosa y proporcionar información falsa a la autoridad.
Sin embargo el ex gobernador Mario Marín sigue libre, sin ningún proceso judicial ni sanción política, tan es así que en estas recientes elecciones, de acuerdo con el periódico Central, varios de sus familiares y allegados fueron operadores políticos en la conflictiva elección poblana.
Ahí estuvieron Blandina y Enrique Marín, hermanos del ex gobernador poblano; sus compadres, Valentín Meneses Rojas y Mario Montero Serrano; algunos ex diputados locales, ex presidentes municipales y ex delegados de las dependencias que encabezó el “gober precioso” de 2005 a 2011. Hasta ahí la justicia no ha llegado y es necesario que su mano alcance a todos.
La impunidad sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia mexicana. Tres presidentes de la República han pasado en estos 13 años de agravios contra Cacho: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y ninguno actuó.
El próximo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su mandato habrá libertad de expresión, el derecho lo tenemos ganado por el simple hecho de ser personas, lo que necesitamos son las condiciones que debe crear el Estado para ejercerla en dignidad.
Como bien dijo la periodista y escritora Lydia Cacho en la conferencia de prensa del pasado jueves, la noticia de la resolución de Comité de Derechos Humanos de la ONU hace que sea “un día para celebrar”.
Para celebrar a cabalidad esta luz de esperanza es necesario que se cierren los resquicios a la impunidad sin importar el cargo que ocupe el agresor.
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
Twitter: @lagunes28
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Parlamento argentino dice no al aborto legal, pero el debate sigue



Violeta García Cesare, la primera de la izquierda, junto a sus amigas de un colegio privado de Buenos Aires, durante la manifestación a favor de la legalización del aborto, mientras el Senado deliberaba. Decenas de miles de adolescentes y jóvenes mostraron sus pañuelos verdes como símbolo de su apoyo al derecho de la mujer a decidir. Crédito: Daniel Gutman/IPS
BUENOS AIRES, 9 ago 2018 (IPS) - Casi seis meses de extraordinaria movilización de la sociedad argentina desembocaron en un muy ajustado rechazo del parlamento a un proyecto de legalización del aborto. La decisión se concretó en el Senado la madrugada de este jueves 9, mientras decenas de miles de personas, la mayoría jóvenes, se manifestaban bajo la lluvia a favor y en contra de la iniciativa, con la convicción de que ya nada será igual en este debate.
El aborto ha sido un tema históricamente incluido en el Código Penal que data de hace casi un siglo y excluido de la agenda pública en este país sudamericano de mayoría católica. El 22 de febrero, sin embargo, irrumpió con la fuerza de un huracán, cuando el gobierno anunció sorpresivamente que habilitaría la discusión en el Congreso.
Fue tres días después de una manifestación en reclamo de la legalización que reunió a miles de mujeres en Buenos Aires, reflejo de un movimiento feminista que ha venido dando claros síntomas de crecimiento en los últimos años.
Entonces, el presidente centroderechista Mauricio Macri manifestó su oposición a la despenalización, aunque dio “libertad de conciencia” a sus legisladores. A partir de allí hubo un debate legislativo en el que expusieron más de 700 personas y una sociedad volcada a la calle como pocas veces.
El resultado fue la aprobación del proyecto el 14 de junio en la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 125, y su posterior rechazo en el Senado, el jueves 9, por 38 a 31.
“No sé si en el futuro voy a querer abortar. Pero estoy acá porque creo que la maternidad debe ser deseada y no una obligación”, dijo a IPS la adolescente Violeta García Cesare, de apenas 14 años y que cerca de las 11 de la noche del miércoles 8 aguardaba, a dos cuadras de la sede del legislativo Congreso Nacional, por el resultado de un debate que el Senado había comenzado 14 horas antes.
García había llegado junto a compañeras del Instituto Saint Exupery, un colegio privado de Caballito, típico barrio de clase media de Buenos Aires. “Todos estos meses han sido muy emocionantes. Estoy orgullosa de nuestra lucha”, agregó.
En una noche de invierno en la que el frío, el viento y la lluvia castigaron la capital argentina, decenas de miles de adolescentes y jóvenes como Violeta manifestaron con pañuelos verdes que identifican a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y cantaron con alegría por la “caída del patriarcado”.
Angel Almada, el segundo de la izquierda, fue a la Plaza del Congreso desde un suburbio de Buenos Aires junto a sus amigos de una iglesia evangélica, para reclamar el rechazo del Senado argentino de la legalización del aborto, como finalmente sucedió. Crédito: Daniel Gutman/IPS
Del otro lado de la plaza del Congreso, y separados por un importante operativo policial, estaban quienes manifestaban con pañuelos azul celeste favor de las dos vidas”. Esta concentración también fue masiva, aunque claramente menos numerosa que la favorable al aborto voluntario, como podía advertirse en los recorridos por la zona.
“Estoy acá porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre el bebé que va a nacer”, explicó a IPS el joven Angel Almada,  de 17 años, llegado con sus compañeros de la Iglesia de la Restauración, un templo evangélico de José C. Paz, uno de los municipios más pobres del Gran Buenos Aires.
Almada contó que en su colegio durante los últimos meses las autoridades habían prohibido a los alumnos que llevaran pañuelos verdes o celestes, para evitar peleas y discusiones sobre el aborto.
El papel de la Iglesia, justamente, fue muy activo en contra del proyecto de ley en el tramo final, una vez que la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Un rol activo jugó en esa pelea el argentino papa Francisco, quien simultáneamente con el debate en el Senado se fotografió en El Vaticano con un grupo de argentinos y la bandera celeste con la inscripción “Salvemos las dos vidas”.
Cuando era arzobispo de Buenos Aires, en 2010, el actual pontífice católico había luchado tenazmente contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, que Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar. “Es una pretensión destructiva del plan de Dios”, dijo el entonces cardenal Jorge Bergoglio.
De acuerdo a la Constitución argentina, el proyecto, al haber sido rechazado por el Congreso, no podrá volver a presentarse a un nuevo debate hasta el año que viene.
De todos modos, como la composición del parlamento será la misma, la iniciativa solo tendría oportunidad de prosperar a partir de 2020, cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Sectores conservadores condenaron al presidente argentino, Mauricio Macri, por su inesperada decisión, anunciada en febrero, de facilitar el debate legislativo sobre la legalización del aborto, a pesar de que él mismo se había manifestado en contra. Así lo refleja este afiche pegado en una calle de Buenos Aires. Crédito: Daniel Gutman/IPS
Sin embargo, antes de fin de mes ingresará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal con el cual el gobierno busca reemplazar al actual, vigente desde 1922.
El texto a ser debatido mantiene el aborto como un delito, pero solo pena al médico o a la persona que lo practique y excluye a la mujer que se someta a él.
Actualmente, el artículo 86 de ese Código Penal permite el aborto solo si hay riesgo para la vida o la salud de la mujer. Además, de acuerdo a la interpretación jurisprudencial que hizo la Corte Suprema de Justicia en 2012, tampoco es punible el aborto realizado a una mujer embarazada como resultado de una violación.
Sin esos eximentes, la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo puede ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.
“Hay algunos votos que han sido dirigidos desde un púlpito. Algunos senadores le tienen miedo a la Iglesia, pero estoy convencida de que nosotras ya ganamos. Es solo cuestión de tiempo”, dijo a IPS la socióloga y militante feminista Dora Barrancos, que es una de las directoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Barrancos agregó: “Hoy se impone exigirles a las provincias cuyos senadores votaron en contra de la despenalización del aborto que apliquen la ley vigente y faciliten los abortos en caso de violación o de riesgo para salud o la vida de la madre, ya que muchas ponen trabas”.
El tema también generó división hacia el interior del gobierno. Aunque el propio presidente Macri y algunos de sus principales funcionarios se manifestaron en contra de la legalización, uno de los que lo hizo a favor fue el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Rubinstein fue uno de los expositores en el Senado y allí dijo que, si bien es imposible saber cuántos abortos se practican hoy en la Argentina, porque las prácticas son clandestinas, el número no está tan lejos de los 500 mil por año que desde hace tiempo denuncian las organizaciones feministas.
El ministro dijo que, con los datos oficiales de 2016, de 47.000 ingresos en hospitales públicos por complicaciones de abortos, de las cuales 43 terminaron en la muerte de la mujer, se puede estimar que en el país se practican unos 350.000 abortos anuales.
“El debate va a continuar”, reconoció el mismo jueves 9 el propio Macri, quien prometió que el Estado reforzará la entrega gratuita de preservativos, fundamentalmente en el norte del país, la región de mayor pobreza y de índices más altos de embarazos adolescentes.

Edición: Estrella Gutiérrez

La trata: un pingüe negocio

El silencio alrededor de los crímenes contra la niñez evidencia complicidad institucional

Las macabras historias de los “hogares seguros” en donde van a parar niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad revelan hasta dónde son capaces de operar las organizaciones criminales y cómo la sociedad calla y tolera. Estas aberraciones suceden no solo en Guatemala, Argentina o Chile; también en países más desarrollados en donde los derechos de la niñez pasan por debajo de la vista pública y se violan sin control alguno. Las víctimas, al pertenecer a los sectores más débiles de la población –NNA pobres, abandonados y sometidos a la autoridad de otros- no poseen la menor credibilidad frente a los sistemas de justicia.
Esto fortalece a las redes de trata de personas en sus distintas modalidades en un sistema cuya principal característica es la discriminación contra los sectores más pobres, las mujeres y los menores de edad. Es decir, grupos poblacionales cuyos derechos no son ejercidos libremente, sino dependen de quienes ostentan el poder en un escenario de machismo y patriarcado. ¿Qué ha sucedido con las denuncias recurrentes de la periodista Mariela Castañón en Guatemala sobre las fuertes sospechas de la existencia de redes de trata en los hogares seguros de ese país? Nada. Los entes de investigación, callan. El gobierno sobre cuyos integrantes flotan sospechas de abuso sexual y violaciones, calla. Y la ciudadanía insiste en condenar a las víctimas con su actitud atávica de desprecio por su condición de marginadas, porque en su visión de las cosas nada es más despreciable que un ser humano débil e impotente.
Las acusaciones crueles e injustas contra las niñas violadas y quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hablan por sí solas. Se las etiquetó como prostitutas y delincuentes por el simple hecho de haber ido a caer en un sistema de abuso, tortura y muerte. Las razones por las cuales habían sido institucionalizadas no fueron analizadas ni comprendidas por una mayoría urbana siempre presta a condenar a sus semejantes a partir de rumores y apariencias, dando mayor crédito a los victimarios que a las víctimas.
Arriesgar la vida frente a organizaciones criminales tan poderosas es una apuesta valiente de los pocos periodistas que se han dado a la tarea de investigar. Los tentáculos de estas redes se fincan con fuerza no solo en entidades gubernamentales y cuerpos de seguridad particulares y oficiales, también se garantizan impunidad gracias al poder de sus clientes. Es decir, de no emprenderse una campaña de fondo para erradicarlas, lo natural será su consolidación porque el dinero que fluye del negocio de la trata constituye un instrumento poderoso para romper obstáculos en todos los frentes, incluido el sistema de justicia, por lo cual las denuncias quedan en legajos muertos acumulando polvo.
Uno de los síntomas más preocupantes del poder del negocio de la trata es la recurrencia de desapariciones de niñas, niños y adolescentes de todas las edades, especialmente en nuestro continente. Son miles de seres indefensos cuya ausencia detona alertas pero de quienes, a pesar de las denuncias, nunca se vuelve a saber. Sin embargo, innumerables prostíbulos que ofrecen servicios sexuales de menores gozan de la protección de la policía y otros funcionarios, quienes aprovechan ese recurso de enriquecimiento ilícito cerrando los ojos a una realidad aberrante. Es imperativo comprender en dónde reside el origen de esta monstruosa maquinaria y comenzar a construir sociedades cuya principal prioridad sea la protección de la niñez. La vida de estos seres vulnerables no es una moneda de intercambio sino la base de una sociedad funcional, justa e integradora. Una sociedad menos sentenciosa y más empática. 
Blog de a autora: www.carolinavasquezaraya.com

El pañuelazo y la CEDAW

Mujer Sonora

El miércoles 8 de agosto los senadores argentinos tienen una misión: dejar a las mujeres en un medio ejercicio de derechos, o elevarlas a un rango de ciudadanas en plenitud que pueden decidir en forma autónoma sobre sus vidas y cuerpos.
El color verde ha bañado las calles de las ciudades de Argentina, en donde las mujeres que por décadas han luchado por la despenalización del aborto, se mezclan con las “pibes”, jóvenes mujeres que se incorporaron con gran energía, todas con sus pañuelos verdes al cuello.
Las del pañuelo verde se dicen herederas de las madres de la plaza de mayo que les enseñaron a luchar codo a codo, éstas con pañuelos blancos.
Para sus pañuelos ellas escogieron el verde de la esperanza, pues así se encuentran, esperanzadas en que las y los legisladores en el Senado, así como lo hicieron diputadas y diputados, voten mayoritariamente a favor de la Ley de aborto, este 8 de agosto.
El movimiento de mujeres argentinas ha sido tan grande y compacto, que ha causado la simpatía de las demás mujeres del mundo, y sobre todo de Latinoamérica, quienes también tienen la esperanza de que si ellas obtienen ese reconocimiento de derechos, esto pueda extenderse a todo el continente.
La marea verde  se ha extendido hacia otros países, entre ellos México. Los pañuelos verdes en nuestro país se dejarán ver este miércoles 8 de agosto, mientras el Senado argentino debate la Ley de aborto.
Y esto tendrá visibilidad en el llamado Pañuelazo internacional en apoyo a las mujeres argentinas. Es un evento creado en Facebook para cohesionar todas las acciones de apoyo y hacerlas visibles.
Esto que parece solo una odisea de décadas de las mujeres argentinas, también es un tema de preocupación profunda del Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Dada la situación de la pésima operación de la legislación vigente sobre casos de aborto no punible, este año la CEDAW en sus recomendaciones emitidas al Estado mexicano le señala que de nuevo reitera las recomendaciones anteriores, es decir le señala su incumplimiento en el tema.
El 6 de julio pasado la CEDAW emitió 56 recomendaciones entre las cuales se encuentran señalamientos sobre Derechos Humanos, salud, trabajo, situación de defensoras y periodistas, pobreza, migración, matrimonio infantil, entre otros.
En el apartado de salud la CEDAW es insistente en reiterar sus preocupaciones anteriores, pues advierte que mientras la legislación avanza con la Ley de víctimas, y en la mejora a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, por otra parte, insiste en no aplicarlas.
Literalmente la CEDAW en su postulado 41 de recomendaciones dice que le preocupa que las disposiciones en la legislación penal a nivel estatal que restringen el acceso al aborto legal, siguen obligando a las mujeres y las niñas a recurrir al aborto inseguro con el riesgo de su salud y vida.
Le preocupan también las inconsistencias entre los diferentes Códigos Penales estatales que dificultan la implementación efectiva del Artículo 35 de la Ley General de Víctimas (LGV) y la NOM-046, que legaliza el aborto en caso de violación.
De igual forma le hace ver al Estado mexicano su preocupación por las recientes enmiendas a la Ley General de Salud, que prevén objeciones de conciencia por parte del personal de salud y pueden construir barreras para el acceso de las mujeres al aborto seguro y anticoncepción de emergencia, especialmente en áreas rurales y remotas.
Le recuerda las tasas desproporcionadas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas, así como informes de esterilización forzada de mujeres y niñas con acceso limitado a servicios de salud reproductiva.
En el mismo apartado de salud, la CEDAW expresa preocupación por los incidentes denunciados de violencia obstétrica por parte del personal de salud durante el parto.
En correlación a las preocupaciones, la CEDAW le hace las recomendaciones correspondientes. Le urge a que intensifique los esfuerzos para acelerar la armonización de leyes y protocolos federales y estatales sobre aborto, con miras a garantizar el acceso al aborto legal y garantizar los servicios de postaborto, independientemente de si el aborto ha sido legalizado.
Recomienda también que se armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la LGV y la NOM-046. Que informe y capacite adecuadamente al personal médico a fin de garantizar la atención especializada de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, incluidos los servicios de anticoncepción de emergencia y aborto.
Desarrollar los protocolos necesarios y hacer enmiendas a la Ley de salud, que permitan la objeción de conciencia, sin poner en riesgo la vida, y que garantice el acceso de las mujeres y niñas a un aborto legal.
Reducir la mortalidad materna y armonizar leyes en materia de violencia obstétrica, son otras de las recomendaciones.
Este año, la CEDAW se mostró realmente preocupada por la situación de México en materia de discriminación contra las mujeres.
Por ello el aviso de la próxima secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, de que se llevarán a debate los temas rezagados, es otra esperanza.
Los diez años que llevamos en Sonora desde la reforma constitucional para dar derechos de persona al embrión humano, solo ha logrado el incremento en la criminalización de las mujeres, ha estimulado el maltrato médico en casos de aborto, incluso si éste fue natural.
Sentencias de 25 años por reclasificación de aborto a homicidio agravado en razón de parentesco, dejan claro que la reforma no buscaba apoyar a las mujeres, sino criminalizarlas o dejarlas morir.
Por todo ello el pañuelazo internacional es mucho más que una acción de apoyo, es un grito de justicia, por todas las mujeres faltantes, por todas las que abortaron y murieron en el intento. Este 8 de agosto: ¡Que sea ley!
**Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
Imagen cortesía de Sol Atta integrante de la agrupación Las Rojas
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-

Candidatas electas y movimiento de mujeres construirán agenda de género

Inauguran “Primer Encuentro Nacional de Candidatas Electas y Movimiento Amplio de Mujeres”
 

La tarde de ayer inició en la Ciudad de México el “Primer Encuentro Nacional de Candidatas Electas y Movimiento Amplio de Mujeres” que reunirá del 8 al 12 de agosto a políticas, académicas y defensoras de Derechos Humanos para dialogar y construir la agenda feminista de la próxima administración gubernamental. 
En el Centro de Convenciones de los Trabajadores del Seguro Social se inauguró este primer encuentro que congrega a defensoras de los derechos de las mujeres, diputadas, sindicas, alcaldesas electas y candidatas que participaron en el proceso electoral 2018, para organizarse respecto a los temas pendientes que se necesitan tratar a favor de las mexicanas. 
Fincadas en la esperanza de que el cambio de régimen político ocurrido en la elecciones del 1 de julio, donde el candidato opositor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente, las feministas buscarán construir en los próximos cinco días una agenda de género que se cumpla a lo largo del próximo sexenio. 
En la inauguración, las mujeres también celebraron que por primera vez México tendrá un gabinete presidencial paritario; en el Congreso habrá el mayor número de legisladoras en la historia, la Cámara de Diputados tendrá 244 diputadas de 500 curules y en el Senado de los 128 escaños 66 serán para mujeres. Además, de los 27 congresos locales que se renovaron, las legisladores obtuvieron 273 lugares. 
Sobre este hecho histórico en la participaron política de las mujeres, Mónica Soto Elízaga una de las fundadoras del PRD y organizadora del Encuentro, recordó a las legisladoras electas que tienen una oportunidad única y que el lugar que ocupan es gracias a la lucha que ha dado el movimiento feminista por cerca de tres décadas: “quienes hoy van a estar en paridad tienen 30 años de lucha por este tipo de derecho político, por estar en los lugares de representación y queremos que sean conscientes que lograron estar ahí porque las estábamos en la calles, en las cámaras”, recalcó. 
En este sentido diversas políticas de las entidades de Chihuahua, Puebla, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Mexicali, Guanajuato, Chiapas, compartieron sus experiencias de la primera ocasión que participaron en el ámbito de la política. Narraron las resistencias que enfrentaron en este espacio ocupado por los hombres, su formación en organizaciones civiles, movimientos estudiantiles, sindicatos y partidos políticos, y cómo su habilidades políticas les han permitido hacer acuerdos para el avance de reformas en pro de los derechos de las mujeres y niñas. 
Por su parte, las defensoras de los derechos de las mujeres exhortaron a las legisladoras presentes que entrarán en funciones, a mantener su compromiso para impulsar políticas que garanticen la inclusión de las mujeres indígenas, el reconocimiento de la población afrodescendiente, el derecho a una vida libre de violencia, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas que se discutirán durante este encuentro. 
Además de los debates para la construcción de la agenda feminista, habrá talleres y ponencias de mujeres políticas como la electa Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la electa senadora Patricia Mercado Castro, la catedrática de Derechos Humanos por la UNESCO, Gloria Ramírez, entre otras. 
Por último, en un acto simbólico las mujeres amarraron lazos de color morado y se tomaron las manos para gritar la consigna “¡Nunca sin las mujeres!”. 
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

En Argentina, un juez decidirá en cada caso punibilidad del aborto

Macri propone reformar el código penal


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▲ En la imagen de la izquierda, manifestantes en contra de la despenalización del aborto celebran la decisión del Senado argentino. A la derecha, activistas en favor de la opción por decidir se enfrentan a la policía que rocía agua desde el otro lado de una barrera móvil instalada fuera del Congreso.


Tras el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, el gobierno del presidente Mauricio Macri indicó este jueves que evalúa incluir la despenalización de esta práctica en el nuevo Código Penal, aunque la iniciativa señala que la decisión final de cada caso quedará en manos de cada juez.
Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, indicó que el anteproyecto será presentado el 21 de agosto ante la cámara alta, y de confirmarse, los congresistas deberán de debatir sobre el aborto en cuestión de pocas semanas.
La iniciativa, elaborada por un panel de expertos a petición de Macri, propondrá que un magistrado pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto. No va a haber sanción a la mujer, porque por fuera de los casos de excepción, el juez podrá dejar en suspenso la punibilidad o eximirla de una sanción penal, profundizó Borinsky en declaraciones al canal Todo Noticias.
Aclaró que en el texto del anteproyecto se tomará en cuenta el fallo F.A.L de la Corte Suprema, que en 2012 precisó los alcances del aborto no punible en los casos de violación y garantiza un protocolo de asistencia médica para los embarazos interrumpidos por una agresión sexual o que expongan la vida de la mujer o el producto.
A ellos se agregaría una nueva causal: evitar un peligro para la salud mental de la mujer, aclaró el titular de la comisión.
La nueva iniciativa mantendrá la penalización a los médicos que practiquen las cirugías o emitan recetas con medicamentos o prácticas caseras. El Código Penal actual sentencia hasta con cuatro años de prisión a cualquiera de los practicantes.
(El aborto) seguirá siendo un delito. Seguirá penalizado tal como se venía haciendo, reiteró Borinsky.
Tras casi 17 horas de debate, el Senado rechazó la madrugada de este jueves con 38 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el proyecto que proponía legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio.
Hasta el amanecer de este jueves millones de mujeres ataviadas con pañuelos verdes –color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, además de la ampliación de sus derechos– se manifestaron frente al Senado pese a la incesante lluvia.
Algunas de ellas lanzaron piedras y quemaron basura, mientras la policía las reprimía con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los incidentes dejaron siete detenidos, según la policía.
La decisión fue recibida con júbilo por manifestantes con prendas color celeste, quienes se oponían a la norma, y cuyo número fue sensiblemente menor a las defensoras por el derecho a decidir.
¡Vamos todavía, vamos!, festejó la presidenta del recinto, Gabriela Michetti, tras emitir el veredicto de la jornada y segundos antes de apagar el micrófono de su lugar. Durante la maratónica sesión también interrumpió fuera de reglamento a varios senadores e intentó, con el argumento de una supuesta falta de garantía de seguridad, concluir el debate antes de las 10 de la noche.
Momentos antes, el senador Fernando Pino Solanas increpó a Michetti con un discurso en el que abordó los derechos de la mujer a gozar y a decidir sobre su cuerpo. Consideró que en todos los debates parlamentarios hubo un gran y lamentable ausente: la mujer.
Solanas también reclamó a Michetti por qué se negó el acceso a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien está en silla de ruedas y presenció el debate bajo la lluvia y en medio de las multitudinarias protestas, pese a que se le aprobó el acceso a la sesión.
La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora Cristina Fernández sostuvo que se puede estar de acuerdo o no, pero lo más grave de esta noche es que estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma, en alusión a los abortos clandestinos.
La bióloga Andrea Zamparini, del equipo de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, dijo que el Senado terminó siendo mucho más conservador de lo que pensábamos. Claramente, nosotras vamos a volver a presentar esto en marzo del 2020... Vamos a poner presión social.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que esta decisión no hace más que perpetuar el círculo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
La periodista Luciana Peker tuiteo: Ganó la presión de la Edad Media. No los votos. No escucharon a las mujeres en la calle.
Las iglesias católica y evangélicas felicitaron por separado a los senadores por honrar la dignidad de la vida del niño/a por nacer.
La tarde de este jueves, el presidente Mauricio Macri comentó en la Casa Rosada, tras una reunión de gabinete, que el aborto y otros temas como la educación sexual son debates que se van a seguir sucediendo, porque los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia.
El mandatario consideró importante trabajar en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual, la asesoría integral en las escuelas e introducir métodos anticonceptivos de larga duración.
La prioridad del gobierno será comenzar en las provincias del noreste y noroeste argentino y en la de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de embarazos adolescentes. El problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas, subrayó Macri.
En Argentina cada año se practican 354 mil 627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, aunque informes de organizaciones civiles indican que alcanzan hasta los 500 mil.
Las complicaciones en abortos generan un promedio de 49 mil hospitalizaciones anuales, mientras en los pasados 30 años más de 3 mil mujeres murieron a causa de abortos clandestinos. Rubinstein reconoció estar un poquito frustrado con el final del debate parlamentario, pero reconoció que los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración.

Foto Ap
Dpa, Ap y Afp
Periódico La Jornada
Viernes 10 de agosto de 2018, p. 30
Buenos Aires

Campañas promueven participación femenina en América Latina



La primera reunión de comunicadoras de Midía Nijnja, en la sede de la organización en el centro de Río de Janeiro. Al frente, Driáde Aguiar, coordinadora de la iniciativa para ayudar a las candidatas mujeres en sus campañas en las elecciones de octubre en Brasil. Crédito: Gonzalo Gaudenzi/IPS
BUENOS AIRES, 6 ago 2018 (IPS) - Una red alternativa en Brasil promueve la participación femenina en cargos de elección con apoyo mediático. Esta campaña, como otras en América Latina, intenta revertir un panorama político donde pese a ser mayoría, en promedio las mujeres ocupan apenas 29,8 por ciento de cargos legislativos.
Es la primera reunión en Río de Janeiro, y a la sede de Mídia Ninja comienzan a llegar periodistas, asesoras de prensa, activistas de redes sociales, diseñadoras, fotógrafas, videorealizadoras, todas interesadas en participar  de la Campaña Mujer convocada por esa red alternativa de comunicación.
“La idea general de la campaña es impulsar a las mujeres para que tengan reales posibilidades de elección”, explicó a IPS la coordinadora de Mídia Ninja, Driáde Aguiar.
Falta poco para los comicios de Brasil, donde el 7 de octubre se elegirá al presidente, gobernadores, diputados y senadores y no hay tiempo para muchos debates.
"Los obstáculos (para las mujeres) son múltiples y de distinta naturaleza y para quienes lo hacen o lo intentan, significa enfrentar un conjunto de prácticas discriminatorias, estereotipos, cultura del privilegio, patrones y modelos culturales que no ha sido, ni es fácil enfrentar”: Alejandra Valdés.

Aguiar y las comunicadoras se organizan sin muchos preámbulos. Ante una lista de las más de 100 candidatas registradas apenas lanzada la convocatoria, cotejan su disponibilidad de tiempo, distribuyen tareas, equipos, y establecen las directrices de las campañas.
Midia Ninja las convoca para que cada una en su saber y en su disponibilidad de tiempo, confeccione para las candidatas piezas de campaña como videos, afiches, comunicados de prensa, materiales para redes, y las entrene para comunicar sus ideas.
El objetivo es “demostrar que la política también es cosa de mujer”, insisten en la reunión.
Aunque la Ley Electoral brasileña establece que cada coalición partidista debe incluir un mínimo de 30 por ciento y un máximo de 70 por ciento de candidaturas de cada sexo, la regla no se aplica en profundidad.
“Los partidos ponen mujeres para cumplir la cuota de 30 por ciento pero no les dan las mismas garantías que a un hombre. No les aportan el equipo de comunicación, de planificación estratégica, no hay fondos para ellas, no les dan el mismo tiempo de televisión, o sea no les dan incentivos para que se elijan”, analizó Aguiar.
“En Brasil tenemos un cuadro  horrible que no ha cambiado mucho pese a que logramos el derecho al voto en 1932. Aunque somos 52 por ciento de la población, en el (bicameral) Congreso legislativo tenemos apenas 10 por ciento de mujeres y apenas tres negras, en un país con 51 por ciento de población negra”, detalló.
Además, hay 13  mujeres de 81 miembros del Senado y siete concejales hombres por cada mujer en las cámaras municipales.
Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil (2011-2016), fue destituida por un controversial juicio político en el Poder Legislativo, que los defensores de la exmandataria aducen que inluyó sesgos de discriminación de género.
Los requisitos para que las candidatas participen de la campaña es que tengan una plataforma electoral “progresista, democrática y feminista”, por ejemplo “cómo van a luchar para poner fin a la violencia contra la mujer o a luchar por la igualdad salarial”.
“Estamos buscando candidatas feministas que se tomen en serio a las mujeres en su programa”, sintetizó Aguiar.
Daniella Monteiro, candidata a diputada provincial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) consideró que la campaña, en la que está inscrita,  “promueve un debate necesario”.
En entrevista con IPS, recordó que las mujeres son responsables por el cuidado de sus hijos, tienen jornadas de trabajo más largas y mantienen su hogar y también en muchas ocasiones deben atender problemas en sus comunidades.
“Y eso sucede desde la mujer de clase media hasta las mujeres negras de las favelas (barrios `pobres y hacinados), que además hacen todo eso sin ayuda, sin estructura familiar y sin acceso a derechos adecuados como salud, educación, seguridad pública”, afirmó.
“Tener mujeres en espacios políticos es llevar esas pautas necesarias para la sociedad como un todo pero que en especial son necesarias para las mujeres. Es pensar en las mujeres en tanto seres políticos”, agregó la candidata que proviene de una favela y que fue la primera generación de su familia en acceder a una universidad, donde se graduó en Ciencias Sociales.
Monteiro recordó que  muchas mujeres “no llegaron a ser candidatas por casualidad” sino por los movimientos sociales que representan.
“Por ejemplo yo soy Dani Monteiro, del movimiento de juventudes negras, de una favela… pero fuera del espacio de  la campaña  soy una mujer negra que se enfrenta cotidianamente a un problema estructural” que se expresa en dificultades de todo tipo para participar en política, explicó.
Monteiro se pregunta si  aquellas mujeres que “mantienen una casa y que con un salario mínimo tienen que alimentar cuatro hijos” no entienden más de administración que un economista con doctorado.
“El mayor desafío es retomar esa práctica de la política cotidiana que nosotras ya hacemos y que no es vista como una actividad política”, reflexionó.
Pero para ella no basta con ser una candidata mujer. Por ejemplo, ilustró,  en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, hay concejalas que “lejos de defender la pauta de las mujeres”, como puede ser el debate de género en las escuelas, “deslegitiman ese discurso”.
Pese a situaciones como la de Brasil, no todo son dificultades en América Latina.
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), dijo a IPS desde Buenos Aires que “en general hubo avances en la participación política femenina especialmente en los cargos legislativos que se debieron a que se adoptaron leyes y mecanismos de discriminación positiva”.
También lo atribuyó a  campañas positivas como la !50/50 Paridad es ahora! lanzada en Bolivia en 2014 por Oxfam y otras organizaciones.
Esa campaña “logró que el Tribunal Electoral sacara un instructivo indicando como se debía aplicar el mecanismo de discriminación positiva en las elecciones de ese año”, explicó.
“Además, hicieron una agenda de la política de las mujeres con una serie de propuestas para que las candidatas usaran en sus campañas y luego en su acción legislativa”, recordó.
Como resultado, remarcó Bianco, “Bolivia es un ejemplo importante con esta campaña que movilizó no solo a las mujeres políticas sino también a aquellas de los movimientos sociales y que  logro se reconociera la Paridad”.
De hecho, según ONU Mujeres la nación andina es uno de los dos únicos países del mundo (después de Ruanda) donde la proporción de mujeres en los parlamentos supera 50 por ciento.
Bianco citó también el caso de Argentina donde el año pasado Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con sede en Buenos Aires,  realizaron la campaña por la paridad “La voz de una mujer tiene el mismo valor que la de un hombre“, con afiches de los principales legisladores varones con sus labios pintados.
“También hubo un fuerte  acompañamiento  de las mujeres de los grupos, oenegés y movimientos sociales con acciones en el parlamento y movilización en la calle”, recordó.
Alejandra Valdés, del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dijo a IPS “que si bien la presencia en puestos de toma de decisión de las mujeres ha crecido, aún no hay representación equilibrada”.
“Los obstáculos son múltiples y de distinta naturaleza y para quienes lo hacen o lo intentan, significa enfrentar un conjunto de prácticas discriminatorias, estereotipos, cultura del privilegio, patrones y modelos culturales que no ha sido, ni es fácil enfrentar”, planteó desde la sede del organismo en Santiago de Chile.
Además, dijo, “el menor acceso a recursos financieros y de tiempo también generan resistencias al cambio. La paridad implica cambios en los sistemas democráticos”.
Según Valdés, la presencia de mujeres en los parlamentos de América Latina hasta mayo de este año era de 29,8 por ciento, con un aumento mínimo de 0,78 por ciento, con relación al mismo mes del 2017.
Indicó que los países con presencia parlamentaria mayor a 40 por ciento son: Bolivia (53,8%), Cuba (53,22), Granada (46,67), Nicaragua (45,65) y Costa Rica (45,61).
Quince países, por el contrario,  están por debajo de 20 por ciento de representación de mujeres en sus parlamentos y Haití y Belice no alcanzan 10 por ciento.

Edición: Estrella Gutiérrez

Licencia pagada para víctimas de violencia doméstica en Nueva Zelanda


Una niña y un niño con sendos carteles, uno de los cuales reza: “si me quieres, no me lastimes, no me violes, no me mates, quiéreme”, durante una de las manifestaciones en Buenos Aires bajo la consigna “Ni una Menos”, que se suceden desde 2015 contra la violencia de género. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
NACIONES UNIDAS, 7 ago 2018 (IPS) - La violencia doméstica en Nueva Zelanda es de las más elevadas de los países en desarrollo, y por eso la nueva ley que da a las víctimas 10 días de licencia pagada, sin tener que presentar ninguna documentación probatoria, fue muy elogiada en el mundo.
La Ley de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, aprobada a finales de julio con 63 votos a favor y 57 en contra, fue presentada por una legisladora del partido Verde, Jan Logie.
“Nos alegró mucho la aprobación de la ley en Nueva Zelanda que da a las víctimas 10 días de licencia paga y flexibilidad horaria para dejar a sus parejas, encontrar un nuevo hogar y protegerse a sí misma y a sus hijos”, explicó Kristine Lizdas, directora de política legal del Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas, en diálogo con IPS.
Datos de ONU Mujeres revelan que 70 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física de una pareja íntima.
“Esa política puede contribuir y facilitar el ejercicio del derecho de las mujeres que sufrieron violencia doméstica en Nueva Zelanda a recibir apoyo, servicios sociales y protección para ellas y para sus hijos”, coincidió Juncal Plazaola, especialista en políticas contra la violencia de género de ONU Mujeres, al ser consultada por IPS.
En 2004, en Filipinas, también se aprobó la Ley para luchar contra la Violencia contra Mujeres y sus Hijos, que también ofrecía 10 días de licencia paga a las víctimas.
Tanto la sociedad civil como numerosos juristas analizaron los beneficios de la nueva política, considerando que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un bajo rendimiento laboral.
En Estados Unidos, las víctimas de violencia doméstica pierden alrededor de 10 días de trabajo remunerado al año y trabajan 10 por ciento menos de horas que quienes no sufren esa situación en el hogar.
“Las mujeres pueden llegar a sufrir un acoso constante en el trabajo, que las retenga alló o que les impidan ir a trabajar. Eso puede llevarlas a renunciar o a que las echen”, explicó Plazaola.
Teniendo en cuenta esas situaciones, es fundamental que sector empresarial contemple esa realidad.
“Las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un elevado grado de ausentismo al trabajo, y con ese tipo de medidas se las puede ayudar a conservar el empleo. La nueva política puede contribuir a lograr una mayor seguridad laboral, oportunidades económicas e independencia y mayores posibilidades de que las víctimas de abuso abandonen relaciones abusivas”, añadió.
El abogado laboral Mark I. Shickman, del estudio Freeland Cooper & Foreman LLP, también aplaudió la nueva legislación de Nueva Zelanda: “Los empleadores pueden dar días libres para hacer lo que sea necesario desde el punto de vista legal y médico sin temor a que haya consecuencias negativas en el trabajo o falta de confidencialidad”.
Pero tampoco idealizó el alcance de la nueva norma.
“La adaptación laboral no va a resolver cada problema, pero es una gran ayuda”, observó.
“Las sobrevivientes vulnerables no quieren arriesgar la situación laboral, que suele ser su ambiente más seguro, así que saber que no habrá represalias ni las van a echar mientras necesiten hablar con la policía, psicólogos o agencias de familia o infantil es una gran ayuda”, explicó Schickman.
Con respecto a los riesgos de la nueva norma, teniendo en cuenta que no requiere que la víctima justifique de ninguna manera el abuso, los especialistas parecen optimistas, pues el riesgo de que los empleados cometan fraude contra la compañía es bajo.
“Los beneficios de la ley superan ampliamente los riesgos. La prevalencia de falsos testimonios se ve históricamente hiperbolizada en muchos contextos”, observó Lizdas, de BWJP.
“Muy pocas personas engañarán diciendo que son víctimas de violencia doméstica solo para tener licencia paga”, apuntó.
La norma “probablemente contribuya a tener un personal más empoderado y satisfecho y con mayor productividad”, coincidió Plazaola. La cuestión, precisó, no es el fraude, pues muchos casos ni se denuncian. Menos de 40 por ciento de las mujeres que sufren abusos no buscan ayuda.
“Las razones de ello tienen que ver con la vergüenza, así como la culpa, con respecto a uno mismo y a los otros. No es de esperar que ese tipo de medidas lleven a un uso excesivo o abusivo de las mismas”, concluyó.
Por su parte, Lizdas, explicó: “Si la conciencia sobre la violencia de una pareja íntima se propaga por el sector privado y empresarial y entre los empleadores en general, y si se los incentiva a identificar y a asistir a trabajadoras víctimas de abuso, se estará contribuyendo a reducir el aislamiento de las víctimas”.

Y precisamente, el aislamiento, una relación abusiva y la falta de ayuda externa elevan el riesgo de violencia doméstica. Por lo menos la mitad de las víctimas de homicidio que hay al año, mueren a manos de una pareja íntima. El homicidio es la última etapa de una relación violenta.
“Una relación abusiva no empieza por el asesinato, sino que el abuso escala y sin una intervención y un apoyo oportuno, la mujer puede terminar asesinada”, puntualizó Plazaola.
Para terminar con el desenlace fatal, la especialista aseguró: “Necesitamos leyes y políticas contra el feminicidio, así como herramientas para investigar de forma adecuada y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas el feminicidio. Es fundamental terminar con la impunidad”, subrayó.
“Reducir el homicidio de una pareja íntima requiere compromiso de una amplia variedad de sectores sociales, legal, médico, salud pública, educación, servicios sociales, ejército, entre otros”, coincidió Lizdas.
En Estados Unidos, hay otro factor que explica el elevado número de feminicidios, y es el fácil acceso a las armas.
En 2015, 55 por ciento de los homicidios a manos de parejas íntimas en ese país, murieron de un disparo. “El primer gran tema es sacar las armas de las casas”, puntualizó Shickman.
“Las mujeres víctimas de abuso tienen cinco veces más probabilidades de morir asesinadas si el abusador tiene un arma”, añadió.
Plazaola considera que para disminuir y terminar con el número de víctimas fatales en los casos de feminicidio es necesario la participación de toda la sociedad.
“Comprender que el feminicidio es el último acto de una serie de actos de violencia contra las mujeres significa comprender que el sector de la salud, de servicios sociales, la policía y la justicia deben trabajar de forma conjunta”, explicó.
“Tener políticas que reconozcan el derecho a la protección de las mujeres víctimas de abuso, así como a otras medidas para ayudarlas a hacer frente a las consecuencias y al daño que significa la violencia, puede ayudarnos a todos a comprender sus realidades y contribuir a cuestionar el reproche y la vergüenza que a menudo se asocian a ella”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

“El Senado nos ignoró ¡pero hoy hicimos historia!”: movimiento feminista argentino

Tras rechazo para legalizar aborto argentinas no bajarán la guardia

Después de un debate de 17 horas,  el Senado de Argentina rechazó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con 38 votos negativos, 31 afirmativos y 2 abstenciones, con lo que ahora no podrá ser tratado hasta el 1 de marzo de 2019 en el ámbito legal, cuando empieza el nuevo curso legislativo y tendrá que empezar de cero.
Tras finalizar sus discursos los dos últimos senadores una en contra y otro a favor, Silvia E. de Pérez y Luis Naidenoff, la titular de la Cámara alta, Martha Gabriela Michetti sometió a votación el proyecto con la presencia de 71 senadores, cabe destacar que algunos que en un principio se habían manifestado en contra cambiaron su voto a favor, y otros más tardaron en presionar el botón debido a confusiones técnicas (no sabían qué color era a favor y en contra).
El proyecto se quedó a 7 votos de ser legalizado, la mayoría de los que se pronunciaron en contra fueron senadoras y senadores que representan provincias del norte del país como La Rioja, Salta, San Juan, y Santiago Estero, donde la presencia de la Iglesia católica es preponderante en las escuelas e instituciones.
Al término de la votación Martha Gabriela Michetti expresó: “Ah, ya está…el proyecto resulta rechazado, se harán las comunicaciones correspondientes y queda levantada la sesión por lo que veo”.
Fue así como la sociedad argentina y el movimiento de mujeres que estuvo pendiente de los debates en las cámaras lamentaron en redes sociales que el Senado les haya dado la espalda en esta lucha -que desde hace 13 años es promovida por el movimiento feminista- que hayan apoyado la continuidad del aborto en condiciones inseguras y que no se reconozca el derecho de las argentinas a “decidir sobre sus cuerpos”.
Cabe recordar que después de la media sanción obtenida en la Cámara de diputados las feministas sabían que el camino no terminaba ahí, porque la composición del Senado era “muy conservadora” y la presidenta ya había declarado estar en contra del proyecto. Pero ello no impidió que se organizaran nuevamente y salieran a exigir este derecho a las calles de todo el país, durante los martes y viernes de los meses de julio y parte de agosto.
Días previos a la votación el panorama ya se vislumbraba en contra del proyecto que contemplaba ampliar las causales del aborto, regular el uso de la objeción conciencia y reducir las sentencias de mujeres que interrumpan su embarazo fuera del tiempo establecido. Aún así las argentinas esperaban que se produjera un cambio como en la Cámara de diputados debido a la presión que lograron y a que, como sostuvieron, “los ojos del mundo estaban en Argentina”.
En entrevista reciente con Cimacnoticias, la integrante del colectivo argentino “Nos Quemaron por Brujas”, Laura Mangialavori explicó que el proyecto puede volver a presentarse en ambas Cámaras el siguiente año, pero como habrá un proceso electoral, puede que se retrase ya que también se renovará el congreso.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional de Argentina las elecciones presidenciales comenzarán en octubre de 2019 junto con las elecciones legislativas, donde las y los ciudadanos elegirán presidente, vicepresidente, 130 diputados, 24 senadores y 43 parlamentarios.
Ante ello, la integrante de la “Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Seguro, Legal y Gratuito” -principal organización que incitó la discusión sobre el aborto desde 2006- Victoria Tesoreiro publicó en su cuenta de twitter “Ahora tenemos que militar para tener un Senado que nos represente realmente a las mujeres. Vamos por la paridad en el recambio”.
Agregó que seguirán adelante, ya que el movimiento de mujeres va a trascender a cualquier Senado, “logramos un cambio enorme que traspasa frontera: perseverancia, convicción y madurez política”, dijo la también defensora.

TODAS A LA CALLE

Como parte de las acciones realizadas para el debate final en el Senado sobre la despenalización del aborto, casi 2 millones de mujeres argentinas llenaron la plaza del recinto y las calles aledañas a éste para manifestarse por su derecho a “decidir sobre sus cuerpos” y esperar todas juntas la votación final.
A pesar de que la Plaza del Senado fue dividida para los grupos a favor y en contra del proyecto, en el transcurso del día, el verde -como sucedió el 13 y 14 de julio en el Congreso- inundó las calles, en contraste con el celeste que portaban los grupos provida.
Entre pañuelos verdes, glitter, globos, pelucas, caras pintadas, libretas y  pancartas, las argentinas gritaron con fuerza “no nos vamos de las calles hasta que el último senador apreté el botoncito y se haga cargo de las consecuencias políticas”.
El verde se convirtió ya en el color que recordará la lucha histórica de las argentinas por el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito y el movimiento feminista argentino se consagró como el movimiento con mayor fuerza en el mundo.
“No sólo los pañuelos, son nuestras banderas”, postearon en su cuenta de twitter integrantes de la “Campaña Nacional” la cual se encargó de la instalación de los espacios -carpas y escenarios- donde artistas, bandas, periodistas y estudiantes realizaron talleres, batucadas, debates, charlas, entre otras actividades.
A pesar de la lluvia y el frío que se hizo presente desde tempranas horas de la tarde, el número de mujeres no disminuyó y para las siete de la noche las argentinas decidieron hacer un pañuelazo simultáneo entre todas las personas reunidas en las distintas carpas o escenarios para agitar sus pañuelos junto con sus cánticos: “asesinos, asesinos, asesinos son ustedes, en los abortos clandestinos las que mueren son mujeres” y “que levante la mano o e a, las que quieran legalizar”.
En redes sociales el activismo de jóvenes, mujeres feministas, sociedad civil y organizaciones argentinas de todo tipo hicieron tendencia con videos, fotos, audios y la cobertura minuto a minuto bajo los hashtag  #LaCalleYaVoto, #EstamosHaciendoHistoria, #8ASeráLey, entre otros.
Horas previas a la votación, en conferencia de prensa integrantes de la “Campaña Nacional” declararon que con  la respuesta hacia su protesta ellas consideraron haber ganado y advirtieron que de no aprobarse el proyecto las y los senadores se enfrentarán a “pagar el costo”.
Paradas, agrupadas en casas de acampar, sentadas en cartones, las argentinas siguieron en espera del resultado. “Vengo por todas las mujeres que han muerto, por las que pueden morir y por reconocer nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, así lo dijo Silvana Castro, mujer sufragista de 58 años cuando se le preguntó por qué vino a participar en la vigilia y agregó que en su juventud recurrían con “una abortera que terminaba haciendo cualquier cosa”.
Al testimonio de Silvana se sumó la activista de “Nos Quemaron por Brujas”, Celeste Parman, madres de familia como Agustina, Beatriz, Lucia Chetille y Milagros, la futbolista del “River” -equipo estudiantil argentino- Daniela Conbortondi y la estudiante Zoe Michelli, quienes coincidieron que el haber participado en la vigilia fue una forma de “crear sororidad” con aquellas que tienen la necesidad de interrumpir su embarazo.
En un video compartido por la organización “Mesa Acción por el Aborto” de Chile, se muestra la reacción de las argentinas quienes entre lágrimas comenzaron a protestar con abucheos y silbidos los resultados, sin embargo una militante de la “Campaña” les recordó que aunque el Senado las ignoró, “hoy habían hecho historia”.
“El senado no escuchó lo que la calle votó. La historia los juzgará. El aborto legal más temprano que tarde será ley porque estamos decididas a ser libres”, publicó en su cuenta de twitter, la integrante de la “Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir”, Gisela Stablun.
De acuerdo con medios argentinos durante el desalojo de las calles se registraron enfrentamientos entre militantes de la “marcha verde” e integrantes de la policía. Hasta el momento se estima que al menos siete personas han sido detenidas y una resultó herida.
Imagen cortesía de Laura Mangialavori del Colectivo Nos Quemaron por Brujas
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Por defender su vida pasó tres años en prisión



María Guadalupe Pereda estuvo encarcelada durante casi tres años en Ciudad Juárez por defender su vida cuando su pareja Carlos intentó asesinarla con un arma de fuego. Se le acusó de homicidio en riña en carácter de provocado.


La mujer, madre de dos niñas, enfrentaba violencia en su hogar y cuando pidió la separación a Carlos, él enfurecido la golpeó, la amenazó de muerte y la sometió para finalmente intentar asesinarla. En todo momento María Guadalupe solicitó ayuda sin éxito.

El 20 de julio pasado un tribunal decretó la nulidad de la sentencia condenatoria y acreditó que actuó en legítima defensa y ordenó su libertad.

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez presentó este caso ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) para exponer la criminalización que enfrentan las víctimas de violencia.

Señaló que la Fiscalía General de Chihuahua, a sabiendas que nunca quiso matar a su agresor, echó a andar su caudal persecutor, incluso evitando pruebas que podrían favorecerle a ella.

En el documento que presentó, expuso la urgencia de que existan unidades de investigación con enfoque de género para estos casos y defensorías especializadas en mujeres. Además, sentencias que no sólo mencionen sus derechos, sino que tengan perspectiva de género.

Indicó que en el país no existen datos sobre el número de mujeres víctimas de violencia criminalizadas por defender su vida.

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez informó a la Cedaw que el acceso a la justicia es fundamental y necesaria para las víctimas de la violencia y la discriminación en esta entidad.

Añade que desde 2012 hasta principios de 2018 se registraron en Ciudad Juárez 437 asesinatos contra mujeres.

Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Martes 7 de agosto de 2018, p. 8

Cholitas wrestling: empoderamiento femenino entre faldas luchadoras

Deporte popular en Bolivia
   

En Latinoamérica, la lucha libre profesional es un deporte muy popular tanto por la peculiaridad de sus trajes como por la teatralidad de algunas peleas.
En Bolivia, va un poco más allá en tanto simboliza, además, el paulatino pero certero empoderamiento femenino, especialmente de las mujeres de origen indígena o cholas.
Este sector social protagoniza las luchas de cholitas o cholitas wrestling, una variante de la lucha libre que hace subir al ring a mujeres de trenzas y faldas.
Combinando las prácticas de la lucha libre profesional y la lucha libre mexicana, estas cholitas pelean cada semana vistiendo sus atuendos tradicionales de la cultura aymara: sombreros hongo, exuberantes polleras y coloridos chales bordados.
Este fenómeno inició en el 2002, cuando por primera vez estas mujeres comenzaron a tomar el cuadrilátero.
Su participación fue ganando popularidad tanto en Bolivia como a nivel internacional, aspecto que consolidó la práctica de ese deporte por parte de las cholitas y las hizo afiliarse en asociaciones de lucha libre.
Con el paso del tiempo, el cholitas wrestling pasó de ser un entretenimiento popular a un atractivo turístico, y hoy es una de las principales razones por las que miles de visitantes foráneos frecuentan la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.
Igualmente, esta actividad devino una muestra de empoderamiento y orgullo, en el que las cholas buscan romper con la discriminación que padecieron esas comunidades históricamente.
También es una forma de revalorizar el término Chola (antiguamente fue utilizado como insulto a las mujeres indígenas) a la vez que ganan notoriedad y un poco de dinero.

CHOLITAS WRESTLINGS: UNA MIRADA DESDE EL EMPRENDIMIENTO

Con el auge de la lucha de cholitas, emprendedores bolivianos pensaron impulsar esta actividad y convertirla en una de las atracciones turísticas de la ciudad de El Alto.
La gerente general de la empresa Andean Secrets, Dennys Sanjinés, fue una de las personas que vio el potencial de este combate y decidió, en 2005, crear la marca Cholitas wrestling para promocionar este peculiar deporte.
Somos un conjunto de empresarios que trabajamos desde hace varios años para promover el turismo alternativo en esta ciudad, de ahí que hayamos comenzado a promocionar hace más de una década la lucha de cholitas como primer atractivo turístico de la urbe alteña, precisó Sanjinés.
De acuerdo con la empresaria, a esta iniciativa se sumaron los recorridos por los cholets, construcciones consideradas propias de la arquitectura aymara y que llenan de colores algunas localidades.
En este sentido, destaca el convenio con el recién inaugurado Havana, primer hotel cholet del país y que en sus instalaciones acogerá cada martes un espectáculo de cholitas wrestling.
En colaboración con el Cholet Havana, la academia de lucha Bolivian Wrestling Cholitas y la agencia de viajes Aventura, organizamos un fam trip (viajes de familiarización) para mostrar a los turistas estas expresiones culturales alteñas, que terminan con la versión de lujo de la lucha de cholitas, detalló.
No obstante, para Sanjinés el trabajo con este deporte va más allá de su potencial turístico.
Estamos resaltando la imagen de la cholita paceña, mostrándola como una mujer fuerte, luchadora, empoderada. Se han convertido en un ícono mundial de lo que es la fuerza de la mujer aymara en Bolivia, sentenció.

LA LUCHA DE CHOLITAS SEGÚN SUS PROTAGONISTAS

Dedicarse a este deporte implica para estas cholitas un gran sacrificio, pues la mayoría de estas luchadoras no se dedican exclusivamente al wrestling.
Muchas tienen sus negocios como comerciantes o costureras y deben hacer congeniar estas actividades con los entrenamientos y la vida doméstica en su papel de madres y esposas.
Para Mary Llanos, la clave de desarrollar con éxito todos sus quehaceres y responsabilidades es una buena organización.
Mary compite hace 19 años bajo el apodo de “Juanita la cariñosa”, y es la vigente campeona del Cholita de oro, competición de carácter anual en el que se enfrentan estas luchadoras.
Empecé con 16 años y me enamoré de este deporte que llevo a la par con mi actividad de comerciante, señaló.
Gracias a su participación en la lucha libre, conoce países como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos, lugares a los que han ido a presentarse y donde -añadió- tuvieron una excelente acogida por parte del público.
Son tres días de la semana que ocupan para el entrenamiento, y al menos dos en los que salen a pelear ya sea en el Coliseo de Villa Dolores, de El Alto, cada domingo, o en alguna presentación para visitantes que se programa cada martes.
No todo es un show- advirtió Mary- es lucha libre y como tal necesitamos entrenamiento y estar preparadas sicológicamente para cualquier golpe o trauma que podamos tener durante la pelea.
Mary afirma que lo que la atrapó del wrestling es la adrenalina del momento sobre el cuadrilátero, ese en el que son aplaudidas o abucheadas, pero del que constituyen las principales protagonistas.
Entre las cuerdas demostramos que estamos al pie de la lucha no solo del deporte sino de la vida, como mujeres emprendedoras y valerosas. Seguiremos defendiendo esta faceta de la chola boliviana hasta que tengamos fuerzas, concluyó.

*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: Viviana Días Frias*
Cimacnoticias/PL | Ciudad de México

Reta a la justicia

Mujer Sonora

Hoy 6 de agosto se cumplen 4 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora y Río Bacanuchi, en el estado de Sonora.
La defensora de Derechos Humanos ambientales, Rosa María O´leary, interpuso la primera denuncia ciudadana por este hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 28 de octubre de 2015.
El magno envenenamiento de aguas dulces fue perpetrado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, quien hasta la fecha no ha sido responsabilizado por autoridades judiciales por los daños ocasionados a las personas y al medio ambiente.
La única acción visible fue la configuración de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a las y los afectados.
Dicho beneficio consistió en la entrega de 15 mil pesos y un tinaco de marca Rotoplás, instalar plantas potabilizadoras con tecnología para separar los metales pesados, -pues los pozos de los que tomaban agua directamente resultaron afectados- y resarcir las afectaciones en la salud.
El fideicomiso se extinguió en febrero pasado, sin que se hayan instalado las plantas purificadoras de agua, ni se haya instalado un hospital de alta especialidad en la zona de los pueblos del Río Sonora, y la remediación del río como lo demandaban sus habitantes. Solo el dinero y el tinaco fueron entregados.
Ante la ausencia de respuesta, la denunciante contra la minera Buenavista del Cobre de Grupo México y autoridades que resulten responsables por complicidad ante su negligencia, acudió a dar seguimiento el 16 de agosto de 2017.
Sin embargo la recibieron con una serie de justificaciones, como son el cambio en el sistema de justicia del tradicional al oral.
La verdad es que las personas que atendieron su gestión, no estaban enteradas ni conocían la posibilidad de que una ciudadana, una persona en lo individual pudiera denunciar ante esa institución.
Rosa María O´leary atendió la invitación que hizo la PGR para que la ciudadanía aprovechara la modalidad de denuncia ciudadana formal, para lo cual instalaron una mesa de atención, citaron a los medios de comunicación y se dispusieron a recibir las denuncias. Fue O´leary la única persona que se presentó a formalizar una denuncia penal.
En octubre de 2015 argumentaba la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de tóxicos derramados en el cauce de los ríos Bacanuchi y Río Sonora, provenientes de la mina Buena Vista del Cobre, concesionada a Grupo México.
En la denuncia se especifica que dicho envenenamiento afectó a los municipios de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Sin embargo, arbitrariamente los municipios de Cananea, Bacoachi y Hermosillo, no se contemplaron oficialmente dentro de los afectados. 
De igual forma se denuncia que tanto Grupo México, como las autoridades involucradas se prestaron a la formación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos para resarcir los daños, instalar las plantas tratadoras de agua y el hospital de especialidades para las personas afectadas.
“La Secretaría de Economía, de Salud, del Trabajo, de Aguas Nacionales, Semarnat, Profepa, autoridades gubernamentales municipales y federales, hacen caso omiso de los daños ocasionados a nuestro pueblo y exigen pruebas costosísimas, que no correspondería a las víctimas asumir”, dice el documento.
La denuncia exige que se investigue y se finque las responsabilidades correspondientes pues el fideicomiso no cumplió a cabalidad lo prometido, tanto a la empresa como a las autoridades por omisión o comisión pues no cumplieron con garantizar un ambiente sano.
La ruta crítica seguida por esta ciudadana, deja mucho qué desear de las autoridades. La seriedad de las herramientas que la PGR y en general el sistema de justicia para que la ciudadanía pueda expresar sus denuncias y éstas tengan eco se ponen en duda, hasta parecería una broma.
Para muestra, están las acciones de seguimiento a las que nos permitió acompañarla. En primer lugar la denuncia ante la PGR se interpuso delante de los medios para que se publicara el mecanismo, y la foto de rigor en cumplimiento del anuncio el 28 de octubre de 2015.
En dos años, Rosa María O´leary no tuvo noticia de su denuncia, hasta que un día le notificaron que ya había resolución de la PGR en el sentido de que no había sanción. Nada decían de las razones de ésta, por lo que decidió apersonarse y dar seguimiento el 16 de agosto de 2017.
Con sorpresa, el personal le comentó que no sabía de ese mecanismo de denuncia. Como un favor llamaron a las oficinas de la CDMX para indagar, y les respondieron que ahí estaba el expediente y que dados los cambios en el sistema penal, estaba en trámite.
Posteriormente al acudir a dar seguimiento, la atendió otro personal mismo que también indagó en la Ciudad de México, vía telefónica, y la respuesta es que había “un relajo” porque después del sismo de 19 de septiembre de 2017, habían tenido que cambiarse de lugar, y tendrían qué ubicarlo.
Sin embargo, le recomendaron que fuera a defensoría de oficio de la PGR para que le ayudaran a responder jurídicamente, pero no estaban seguros del edificio en el que se encuentra.
Después de ubicarlo geográficamente con un recorrido de varias oficinas, en diversos domicilios, le respondieron que ahí no era la instancia adecuada.
Le recomendaron ir a la delegación Sonora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que le orientaran, pues por el caso tal vez tenía calidad de víctima.
En mayo de 2018 acudió a la CEAV en donde tampoco tenían claro si podían apoyarla. No obstante, le asistieron jurídicamente para interponer un recurso, mismo que ya fue contestado negando su calidad de víctima, por lo que no procedía tal recurso.
Finalmente el 2 de agosto de 2018, acudió a los juzgados federales a interponer un amparo, todo ello con la respectiva inversión de tiempo y dinero personales.
Esa es la ruta que las y los ciudadanos deben seguir, mientras a cuatro años del derrame de tóxicos en el río Sonora, por la mina Buenavista de Grupo México, ha tenido como respuesta la absolución, y la premiación con más concesiones mineras.
Pero ahí está Rosa María O´leary para dar seguimiento a su denuncia penal ciudadana. Ahí con su andar lento, pero seguro, para intentar obligar a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones. Y si no, esperarles en los tribunales internacionales.
**Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer| Rosa María O´leary entregando amparo
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-