Recuperan su derecho a tomar la palabra, a nombrarse
Bárbara
Italia, víctima de violencia sexual durante su declaración en la sala
de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH). Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 21/12/2018
Después
de dos días en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH), el balance de las once mexicanas que acudieron
a denunciar la tortura sexual por parte de policías municipales,
estatales y federales es positivo porque lograron evidenciar que la
verdad no se puede ocultar por siempre.
Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen
presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus
voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que
hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de
mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador
Atenco, en el Estado de México.
Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre
en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa
Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los
medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las
preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las
Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob).
Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”,
charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia
Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia
Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una
evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días
en la Corte Interamericana.
Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma
Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela
Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su
defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los
jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a
Derechos Humanos.
En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por
el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada
por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro
Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron
sus alegatos.
RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD
Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten
y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte
Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio
porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte
de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la
Agencia de Seguridad del Estado de México.
- Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”.
- María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos
que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y
no sé de dónde sacan eso.
- Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque
ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En
tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un
seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser
beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley.
- Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once
años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que
nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa
habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando
que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron
en la desgracia.
- Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta
instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los
representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada
preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado
decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo
mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo
mal.
“Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con
un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían
conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no
se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A
once años no han hecho absolutamente nada”.
- Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró
muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que
dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y
estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso
que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad.
“Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un
espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las
once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un
ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que
estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a
las mujeres”.
ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD”
Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la
dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las
calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les
sucedió.
Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el
Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública.
En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que
remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel
Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue
rechazada por las víctimas.
Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las
once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les
preguntó:
- AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia?
- C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den
prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue?
Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos
aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de
abogados y una Corte de las mejores, es la mejor.
- AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho.
- BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya
en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la
Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a
los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos
ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar
impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón.
Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en
que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación
que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede
solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no
aceptarán un monto económico a cambio de la justicia.
En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas
Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del
daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación
de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en
el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura
sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de
la reparación del daño es una investigación seria.
No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a
ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no
había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y
que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes
policiacos.
- AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de
reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el
operativo?
- BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el
informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba
buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que
un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando
meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con
la verdad.
El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay
medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son
las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e
irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes,
pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá
diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón.
- AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado
desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha
habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede
haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la
sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es
negociable ya.
ROMPIENDO EL SILENCIO
La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus
testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura
sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron
que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las
medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de
documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura
sexual.
Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones
mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han
conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro
que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus
familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos
Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad
ejercen la tortura sexual en todo el país.
- AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es
una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación?
- P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y
algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso
de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada
más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en
Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general.
- BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y
nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la
violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en
el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay
elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra
las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del
Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual.
“Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la
violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una
manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o
sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos
violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento
fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los
movimientos”.
Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina
junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma
Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco
Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura
sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para
que se deje de usar.
Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar
violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que
una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra
Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni,
Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una
sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable.
Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría
sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura
sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en
2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la
tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y
Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado
de Guerrero.
