Pedro Hernández Morales*
La Jornada
La iniciativa que envió el
presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de diciembre de 2018 al
Congreso fue modificada en el proyecto de decreto aprobado por las
comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales el 27 de
marzo de 2019, como producto de la negociación con los partidos del
pacto reditado (PRI, PAN, PRD, MC) para alcanzar los votos necesarios
para su aprobación; así, una minoría le impone su visión e intereses a
una supuesta mayoría legislativa (Morena). La intención es devolverle a
los que perdieron las elecciones el primero de julio de 2018 un
nuevo acuerdo educativoque significa que la reforma educativa neoliberal de 2013 es reditada, maquillada y con pilón. Esta reforma da continuidad al proyecto educativo neoliberal de la derecha reforzado nuevamente por la intervención de los empresarios y sus organismos (Mexicanos Primero) y la excelente relación del titular de la SEP con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El proyecto de decreto con la que se pretende reformar los artículos,
tercero, 31 y 73 constitucionales, no resuelve la abrogación de la
reforma educativa vigente, mantiene en esencia la contrarreforma de Peña
Nieto, aun cuando sustituye el concepto de calidad por el de
excelencia, sigue en la lógica empresarial del
máximo logro de aprendizaje de los educandos.
En el dictamen, se elimina el objetivo central de la iniciativa de
AMLO: el bienestar de las personas, además de omitir que la educación
busca el pleno desarrollo de sus potencialidades. Se desdibuja la
proclamada gratuidad pues no obliga al Estado a distribuir los recursos
de manera equitativa, es decir aportando más donde se requiere. Tampoco
señala la necesidad de destinar 12 por ciento del PIB a educación como
recomienda la Unesco.
Significa una pérdida, una regresión sustancial en los derechos de
los maestros y jóvenes. El derecho a la educación superior se reduce
porque queda sujeto a que se cumpla con los requisitos dispuestos por
las instituciones, es decir continuará el examen de selección como
requisito para el ingreso.
Si bien apunta que
el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normalesno define las políticas de financiamiento y autonomía necesarios para su fortalecimiento, a sus egresados les sigue imponiendo un examen de selección para el ingreso a la docencia; el Estado forma a sus maestros, pero no los contrata.
Aunque AMLO manifestó en campaña que la reforma de 2013 era en
realidad laboral, ahora se insiste en colocar en un régimen laboral de
excepción a los docentes, anotando en el 16 transitorio que
los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional apartado Bpero, que
la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de Maestros, dejando abierta la puerta para que en una ley secundaria se decidan temas que vayan contra los derechos laborales básicos.
A los docentes se les reconoce sólo como
agentes fundamentales del proceso educativoy no como profesionales de la educación con plenos derechos y se acentúan los procesos administrativos para la admisión, promoción y su reconocimiento. Con el argumento del interés superior de los niños y jóvenes, en el acceso y permanencia en los servicios educativos se vulneran los derechos de los trabajadores de la educación.
Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo sustituye un nuevo
organismo público, descentralizado, con autonomía técnicaque retoma toda su estructura, mantiene la idea de un espacio privado al que se otorgan funciones estratégicas como la de emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje, la mejora de las escuelas y establecer los criterios para avalar qué instancias privadas entran al negocio de la certificación; cuando esas funciones y responsabilidades son facultades de la SEP.
El tercero constitucional debe ser un artículo esencialmente
filosófico, educativo y pedagógico, que constituye el proyecto educativo
de una nación que aspira a una plena independencia. Por tanto, el
artículo tercero a reformar no debe significar un régimen de excepción
laboral como lo plantea al definir el Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros.
Para abrogar verdaderamente la reforma educativa es necesario derogar
en su totalidad las modificaciones al tercero y 73 constitucional que
los partidos del Pacto por México aprobaron en 2013, así como cancelar
sus programas, modelos, acciones, presupuestos, normas, instituciones y
prácticas vigentes en el Sistema Educativo Nacional.
En lo inmediato, como señaló el 2 de febrero de 2019, la CNTE en su
posicionamiento ante la iniciativa, deben “resarcir todos los daños
ocasionados por la implementación de la reforma educativa: abrogación…
reinstalación de los docentes cesados, suspensión inmediata de los
procesos de evaluación punitiva, se garantice la plaza automática a los
egresados de las escuelas normales, sea detenida la aplicación del nuevo
modelo educativo, por una educación con pertinencia cultural y
verdadera participación de los trabajadores de la educación en su
construcción, dar solución a las demandas económicas y salariales no
resueltas, además de la libertad de todos los presos políticos,
cancelación de todo proceso jurídico, penal, laboral y administrativo
derivado de la implementación de las reformas estructurales”.
*Profesor normalista Sección 9 CNTE
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