Silvia Ribeiro *
La Jornada
La propuesta de una nueva
ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera
ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar
el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el
sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para
convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas
trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias
privadas sin dejar nada al país.
Los que más airadamente opinan en este debate mediático son quienes han construido y defienden ese statu quo, un sistema de ciencia y tecnología drenado por el huachicoleo científico
legalizado, con líneas de trabajo que favorecen a las élites y que no
responden a las necesidades de la mayoría de la población.
No sólo se han entregado enormes cantidades de dinero a grandes
empresas sin casi ninguna contraprestación. El sistema también cobijó el
desarrollo de actividades nocivas y contaminantes de esas compañías en
varios rubros industriales.
Un ejemplo de ese sistema perverso lo vemos con los subsidios del
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt y las acciones
complementarias de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)
Como reporté anteriormente, de 2009 a 2017 el PEI entregó a las
mayores trasnacionales globales de transgénicos, Monsanto, PHI México
(propiedad de DuPont), Dow y Bayer, cerca de 50 millones de pesos para
sus investigaciones sobre maíz y agrotóxicos (https://tinyurl.com/y5653jn4).
Al mismo tiempo, la Cibiogem, con Sol Ortiz como secretaria ejecutiva,
autorizó a las mismas empresas decenas de experimentos de campo con maíz
transgénico en varios estados del país, así como cientos de miles de
hectáreas de plantación de algodón y soya transgénica, con graves
impactos ambientales y sociales. Todo ello contra las opiniones
mayoritarias vertidas en consultas públicas y pese a que en muchos casos
hubo dictámenes negativos de otras instituciones oficiales (Conabio,
Conanp, Inecc). Paralelamente, el PEI entregó más de un millón de pesos a
Dow para
evaluar sus primeros eventos biotecnológicos, costo que las empresas deben asumir como parte de los requerimientos legales de bioseguridad. En todo el mundo es problema que sean las propias empresas interesadas las que evalúan los cultivos transgénicos que solicitan liberar. A este cuestionamiento reponden argumentando que así la evaluación no se paga con fondos públicos. Salvo en México, donde se les entrega dinero público para eso mismo mediante otro brazo del sector de ciencia y tecnología.
La modificación de las leyes y normativas en ciencia y tecnología en
los tres sexenios pasados ha estado mayoritariamente centrada en
favorecer a las empresas, por lo que, aunque muchas de esas acciones
sean legales, de ninguna manera son legítimas. Estos cambios se han
acompañado además de la proliferación de nuevas instituciones y oficinas
sobre ciencia y tecnología adjuntas a la Presidencia y estados, que
duplicaron innecesariamente las tareas asignadas al Conacyt pero han
sido canales para lograr aún más influencia de proyectos e intereses
particulares. Por ello, la iniciativa de ley plantea terminar con
algunas de estas instancias.
Otro aspecto clave ha sido el simulacro de consulta sobre estas
modificaciones y políticas. La participación plural y efectiva de toda
la comunidad científica se sustituyó por la integración al sistema de la
asociación civil Foro Consultivo de Científico y Tecnológico (FCCyT).
Aunque esta organización nominalmente agrupa a la dirección de
importantes instituciones de investigación y educación nacionales –no
así a toda la comunidad de esas instituciones–, también integran su
directiva cuatro grandes asociaciones industriales: la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en las
cuales son miembros las empresas beneficiadas por el sistema de apoyos y
subsidios en ciencia y tecnología. Como resultado, el FCCyT ha sido el
principal órgano de cabildeo de los intereses empresariales y de
investigación elitista en las políticas públicas. La iniciativa de ley
plantea abrir las consultas a más sectores científicos y sociales que
antes no podían expresarse.
En efecto, el mecanismo actual no sólo sustituyó la participación
real de gran parte de la comunidad científica, sino también obvió que el
resto de la población del país tiene derecho a participar en la
definición de políticas públicas sobre ciencia y tecnología y su
orientación, especialmente las comunidades que serán potencialmente
afectadas. Por todo ello es fundamental que sean éstos quienes ahora
conozcan y participen en la discusión de una nueva ley de ciencia y
tecnología que ciertamente tiene aspectos a debatir (http://comisiones.senado.gob.mx/ cienciaytecnologia/docs/ini/5.pdf). No son los que crearon y se han beneficiado del sistema perverso los que propondrán su cambio.
* Investigadora del Grupo ETC
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