Gustavo Esteva
El presidente López Obrador mostró una vez más su deseo de liquidar
la era neoliberal a la que atribuye con razón buena parte de los males
que abruman al país. Su convicción es clara. Pero su definición personal
del enemigo pone en peligro sus intenciones.
López Obrador parece convencido de que bastará recuperar la rectoría
del Estado para salir del mundo neoliberal. Es cierto que renunciar a
funciones básicas del Estado para entregarlas a las corporaciones
privadas, en forma tan corrupta como incompetente, es uno de los errores
más graves de los gobiernos mexicanos desde 1982. Pero antes de
celebrar la recuperación necesitamos saber su sentido. Parece que cambia
todo… para que nada cambie. Se usa esa rectoría para entregar a las
propias corporaciones los programas públicos y adaptarse al rumbo que
ellas marcan.
Uno de los ejemplos más claros es el del Istmo de Tehuantepec. Se
pregona a los cuatro vientos que el nuevo plan se ocupa del interés
nacional y del bienestar de los pueblos de la región. Sin embargo, hasta
el análisis más superficial de su contenido muestra que es un
dispositivo que inserta más profundamente al país en una lógica que no
es la suya, sino la de los intereses privados. Constituye una amenaza
muy real para los pueblos de la región, pues pone en peligro sus modos
de vida, sus tradiciones, sus esperanzas…
Cuando Porfirio Díaz concibió por primera vez la idea parecía viable
que México usara estratégicamente el proyecto que despertó enorme
interés en los estadunidenses. En algún momento de tensión con Estados
Unidos, Díaz Ordaz descubrió que enormes porciones del Istmo estaban en
manos extranjeras y organizó un reparto masivo de tierras ejidales y
comunales como pretexto para la expropiación. Era demasiado riesgoso
para México que tales tierras no fueran nuestras.
Cuando López Portillo pensó que le tocaba administrar la abundancia
hizo preparar el proyecto para invertir en él las ganancias petroleras.
Estaba muy avanzado cuando descubrieron que se les había acabado el
dinero y que implicaba muchos riesgos. Hoy, bajo condiciones enteramente
distintas, se busca reordenar la actividad en el Istmo para enchufarla a
una operación que sólo podrán asumir las grandes corporaciones y
cancela un camino autónomo.
El protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a
los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec de los
estados de Oaxaca y Veracruz, respecto del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
es un documento que merece cuidadosa consideración. Es un caso ejemplar
de las formas del estado de excepción cuando se usa la ley para
violarla, para torcerla. Cita las disposiciones legales pertinentes y se
explaya en el valor jurídico de la buena fe, para en seguida describir
la manera en que se les traicionará tanto en espíritu como en la letra.
La consulta que se realiza precipitadamente y terminará el 31 de marzo no es siquiera
previa. El gobierno ya tomó la decisión de llevar a cabo el programa. Sus acciones no llegan aún a las comunidades involucradas, pero se han tomado ya decisiones que las afectarán. Todos los días se anuncian contratos y compromisos. Al gobierno le urge procesar la inversión de 5 mil millones de dólares que le prometió Trump para la zona.
Tampoco será una consulta
libre. Se realiza en los tiempos y condiciones definidos por las autoridades federales, no por los pueblos, cuyos
usos y costumbresse están ajustando rápidamente a las exigencias del proceso. No será un ejercicio
informado. La presentación tiene claro sello burocrático, con términos incomprensibles para la gente común y formatos propios de un folleto promocional. En las reuniones, las exposiciones se acompañan de sugerencias clientelistas para que se incorporen algunos de los proyectos que las comunidades han solicitado hace tiempo, lo que facilitará su respuesta positiva.
Lo más grave de esta consulta es que sólo
informadel programa del gobierno para que los pueblos lo tomen o lo dejen sin presentar opciones. Lo que sería la única manera de dar validez a la consulta es permitir que la gente escoja realmente lo que quiere.
Los operadores del mecanismo de participación ciudadana le rendirán buenas cuentas al Presidente al terminar el mes. Habría
ganadootra. Afirmarán con todo cinismo y desconocimiento que el programa se realiza con participación ciudadana y ajustado al principio de
mandar obedeciendo. El resultado se usará como
pruebade que los pueblos sólo quieren acceder a las formas del capitalismo que prevalecen en el norte, saliendo de su
atraso, como sostienen algunos de los intelectuales orgánicos del nuevo gobierno.
Viene ahora la respuesta de los pueblos. La anunciaron ya en
Guelatao, cuando los acarreados de AMLO hicieron a un lado a los locales
para honrar a Benito Juárez. No se hará esperar.
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