Pedro Miguel
La Jornada
Tras la imposibilidad
de que ninguno de los candidatos incluidos en las ternas inicialmente
enviadas al Senado por el presidente López Obrador para ocupar cuatro
sillas en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el gobierno envió
unos días más tarde los mismos nombres ordenados de manera distinta, lo
que causó la furia de los opositores. Pero la ley dice lo que dice, el
Ejecutivo federal la ha respetado de manera escrupulosa y si en esta
segunda ronda los aspirantes a la CRE no logran la aprobación senatorial
por dos tercios de los votos, el mandatario estará en libertad de
designar a quienes ocupen los puestos vacantes en esa comisión.
El bloque opositor persiste en descalificar a las personas propuestas
con el argumento de que ninguna de ellas cumple con la preparación
académica y la experiencia profesional requeridas
para el perfil que esta soberanía pretende dar a la CRE. Y ciertamente, ninguno de los 12 se ajusta al perfil tecnocrático que resultaría deseable desde la perspectiva con la que fue diseñada esa instancia autónoma, que era dar continuidad a un proyecto de largo plazo de desmantelamiento del sector energético del Estado para transferir sus pedazos a la empresa privada. Por el contrario, los propuestos por López Obrador son personas alineadas con el proyecto de la Cuarta Transformación.
El neoliberalismo corrupto reconvirtió Pemex y la CFE en
empresas productivas del Estadoque debían competir con enorme desventaja ante las corporaciones nacionales y extranjeras que se fueron adueñando del sector. Con la creación de comisiones descentralizadas, la propia Secretaría de Energía fue despojada de la mayor parte de sus funciones regulatorias y fue quedando como una mera oficina administrativa para tramitar privatizaciones.
La CRE fue dotada por la reforma energética peñista de plena
autonomía técnica, operativa, de gestión y autrosuficiencia financiera y
convertida en el verdadero poder en materia de electricidad y petróleo;
un poder transexenal, y muy poco democrático, si se considera que sus
siete comisionados deben ser ratificados por el Senado para periodos de
siete años; esto implica que en 2020 habrá funcionarios que representen
la correlación de fuerzas políticas correspondiente a 2013.
En asuntos de hidrocarburos, el organismo pasó de tener 15
atribuciones a 61, en detrimento de la Sener y Pemex. El propio titular
de Energía del régimen anterior, Pedro Joaquín Coldwell, reconoció que
la CRE
tiene responsabilidades en prácticamente todas las actividades del sector de energía, desde la generación de electricidad, hasta el expendio al público de petróleo, gas natural, gas LP, petrolíferos, petroquímicos, e incluso bioenergéticos.
Esas enormes facultades han sido utilizadas para inducir o ahondar
boquetes financieros en la CFE y Pemex –de por sí enormes debido al
saqueo de directivos y líderes sindicales corruptos y sistemas de robo
como el huachioleo– y debilitar a esas empresas frente a las
privadas. Dos botones de muestra: si Pemex, como importador de
combustibles, consigue un margen de utilidad marginal por el enorme
volumen de sus compras en el mercado internacional, la CRE ordena que
ese margen sea deducido del precio al que la empresa vende los
hidrocarburos a los distribuidores, lo que casi nunca se traduce en una
reducción de los precios al consumidor sino, muy probablemente, en una
ganancia adicional para los expendios de gasolina. La CFE, que
supuestamente saldría
fortaleciday transformada en una compañía
competitivapor la reforma energética, está obligada a cobrar la energía de acuerdo con la regulación tarifaria impuesta por la CRE, e incluso a venderla por debajo de sus costos de producción, como lo señaló ayer Manuel Bartlett.
Así, literalmente descuartizadas en varias compañías independientes,
obligadas a competir bajo las reglas de un árbitro favorable a la
empresa privada y despojadas de presupuestos para inversión, la CFE y
Pemex iban directo a la quiebra.
Hoy, ante la imposibilidad objetiva de revertir la reforma
energética, triunfar en la disputa por el control de la CRE resulta
crucial para aplicar la política energética que aprobó la mayoría del
electorado en julio del año pasado: respeto a las entidades privadas y a
los contratos ya celebrados –siempre y cuando no hayan sido obtenidos
de manera irregular o corrupta– y fortalecimiento de las capacidades del
Estado para proveer energía que impulse un desarrollo con todos y desde
abajo.
Los argumentos tecnocráticos con los que la oligarquía neoliberal
pretende mantenerse atrincherada en los organismos reguladores autónomos
son, en realidad, pretextos para impedir la realización de una
estrategia energética popular acorde con la democratización general en
las instancias de gobierno y con una perspectiva de desarrollo
compatible con el bienestar social. Ese es el telón de fondo de la
disputa por la CRE.
Twitter: @Navegaciones
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