La Jornada
Las pensiones para adultos
mayores instauradas en Ciudad de México, cuando la gobernaba el ahora
presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentan una etapa caótica. La
federalización de esos recursos y el cambio de los instrumentos
bancarios para canalizarlos a sus beneficiarios se ha realizado de
manera improvisada y sin información adecuada, lo que ha derivado en el
atraso de los depósitos en la mayoría de las cuentas y en una situación
de incertidumbre para cientos de miles de personas de la tercera edad en
la capital de la República.
Por añadidura, a consecuencia de la fusión entre el antiguo programa
local con el federal, a fin de homologar ambos en todo el territorio
nacional, a muchos pensionados de Ciudad de México se les recortará su
ingreso en forma significativa.
Aunque se trata de sumas modestas, el retardo en su entrega tiene un
impacto sumamente negativo en muchos de los beneficiarios, en especial
los que dependen de ese único ingreso para la adquisición de medicinas y
alimentos.
La generalización de la pensión universal para adultos mayores a todo
el país es una decisión positiva y de elemental justicia, dado que en
el anterior modelo ese beneficio era del todo insuficiente y su entrega
se limitaba a los mayores en situación de pobreza.
Pero esas consideraciones no justifican que se haya colocado a
cientos de miles de pensionados en esta ciudad en situación de zozobra,
sea porque los recursos no están listos o porque no se realizaron a
tiempo los ajustes técnicos y administrativos para unificar las nóminas
federal y capitalina.
No deja de resultar paradójico que el programa social más reconocido y
meritorio de entre los instaurados por el antiguo jefe de Gobierno del
Distrito Federal sea hoy motivo de tropiezo gubernamental cuando el
político tabasqueño despacha en Palacio Nacional como Presidente de la
República.
Habría sido más pertinente que la autoridad capitalina continuara entregando las pensiones por medio de la
tarjeta rosa, en tanto no se concluyera el reparto de los nuevos plásticos a cargo de la Federación. Con ello se habría evitado poner en situación de vulnerabilidad y zozobra a los beneficiarios.
Pero el problema no reside únicamente en los retrasos en los
depósitos a las cuentas individuales, sino también en el vacío
informativo en el que se ha desarrollado la transición entre ambos
sistemas.
En un cambio de afiliación de tal magnitud habría debido resultar
obligada una campaña informativa dirigida a todos los integrantes del
padrón de pensionados a fin de que éstos contaran con datos claros y
sobre los procedimientos y ritmos de la entrada en vigor del nuevo
programa para que lo pudieran enfrentar con certidumbre y tranquilidad.
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