La primera sesión ordinaria del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la más reciente sesión del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) hubo una gran discusión sobre los formatos
de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que tiene
un trasfondo de interés público porque entraña transparencia y
rendición de cuentas, además de ser una herramienta de lucha contra la
corrupción. Veamos.
Primero. EL SNA introdujo un cambio al formato tradicional para ese
tipo de declaraciones: de 200 espacios aumentó a más de 500. El primer
tema es que, en aras de la transparencia, en el nuevo se incluyó
información confidencial y datos considerados irrelevantes. En este
sentido hubo consenso en que se hicieran los ajustes necesarios para
evitar que los formatos de la declaración conduzcan a error.
Ciertamente, es siempre preferible tener información de interés público
puntual y clara que dar pie a percepciones equívocas en el imaginario
colectivo por un diseño inadecuado del formato de referencia.
Segundo. El otro tema es el relativo a la segmentación; es decir, el
formato no puede ser el mismo para quienes formen parte de los mandos
superiores de la administración pública y manejen recursos que para los
jefes de departamentos de estudios e informes, que no tienen a su
alcance ninguna atribución en materia económica. José Octavio López
Presa, ahora en funciones de presidente del Comité de Participación
Ciudadana del SNA, es un gran aliado de la democracia en México; fue el
creador del SISI del IFAI, el antecedente de la caricatura en que con el
INAI se convirtió la Plataforma Nacional para supuestamente facilitar
las solicitudes de información. López Presa me informa que la
segmentación debe realizarse de manera clara y sencilla y, opina, ésta
no tendría por qué llevar largo tiempo para su puesta en marcha. López
Presa forma parte ahora de ese comité que –espera y esperamos todos–
haga los ajustes necesarios a la brevedad posible.
Tercero. El gran problema es el de la interoperabilidad que
permitiría agregarle a la base de datos que hizo la compañía Oracle una
plataforma digital con diversas funcionalidades para cruzar información y
aprovechar los datos almacenados. Ha habido cierta molestia con la
titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,
porque no ha sido partícipe de que las cosas se hagan de forma gradual,
sino que se presente el proyecto completo. Por cierto, la secretaria
anterior no logró mayores avances en la materia, según confirma López
Presa. Sandoval llegó con tiempos fatales y sin nada –o casi nada–
avanzado, por lo que técnicamente era imposible o casi imposible hacer
en tres meses lo que no se hizo en más de un año. Conozco y reconozco el
trabajo de la nueva funcionaria y su rigor intelectual, razón por la
cual considero que su intervención en este proceso hará seguramente la
diferencia.
Cuarto. En lo que corresponde al gobierno de la Ciudad de México,
éste ha logrado grandes avances en la materia, es decir en el área de la
Agencia de Operación e Innovación Digital, que dirige el especialista
José Merino. López Presa comenta que deben realizarse todavía algunas
pruebas de seguridad a la plataforma de la capital del país, trabajo
que, considera, podría llevarse de tres a cinco meses. Optimista, confía
asimismo en que la plataforma de la Ciudad de México eventualmente
podría ser el referente nacional, incluyendo por supuesto la tarea de
llenar el vacío que dejó la administración anterior de la Secretaría de
la Función Pública.
Quinto. En el diseño original, el presupuesto destinado a cada uno de
los miembros del Comité de Participación Ciudadana equivale a 65 mil
pesos netos mensuales. López Presa, empresario exitoso, asegura que no
participa en esa instancia por pesos y centavos, pero revela que hasta
ahora la Secretaría de Hacienda no ha liberado esos recursos; legalmente
tampoco se ha informado o habido cambios enfocados a reducir o eliminar
ese pago.
Sexto. La interpretación de la ley establece la obligación de los
servidores públicos de presentar su declaración patrimonial siempre y
cuando se desempeñen como mandos medios, y excepcionalmente la
realización de operativos ante el riesgo de corrupción que pueda
presentarse. Una inquietud que se ha manifestado en pequeños círculos
académicos es que profesores e investigadores de tiempo completo de las
universidades públicas, que son –somos– en estricto sentido servidores
públicos, también deberán presentar su declaración patrimonial, aunque
no manejen recursos públicos. López Presa afirma que este rumor carece
de fundamento, por lo que el gremio académico universitario que no
coordine o maneje proyectos con recursos públicos no tendrá la
obligación de presentar la declaración; resulta claro que si ésta
llegara en verdad a imponerse de manera general, generaría una gran
resistencia en la amplísima comunidad académica del país. Es de esperar
que la obligatoriedad de las declaraciones bajo el argumento de la
dificultad de la interoperabilidad tarde en ponerse en marcha. La nueva
fecha límite es el último día de diciembre de este año, pero si resulta
procedente el proyecto de la capital del país, el plazo sería mucho más
corto.
ernestovillanueva@hushmail.com
Este análisis se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso
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