Denuncias
de estudiantes, académicas y trabajadoras, así como paros en escuelas
para demandar justicia, revelan que la UNAM, el IPN y la ENAH carecen de
herramientas para prevenir hostigamiento sexual, acoso, violaciones y
hasta feminicidios en sus instalaciones. Ninguna institución dice con
claridad cuáles son los límites de la relación profesor-alumno, lo que
fomenta “amistades”, “noviazgos” y violencia sexual. En este primer
reportaje, el caso de la Universidad: en 3 años, identificados 499
agresores
Primera de tres partes.
De 950 denuncias por violencia de género que la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) recibió entre agosto de 2016 y agosto de 2019,
se identificaron a 499 agresores. La máxima casa de estudios del país
admite que, en muchos casos, éstos ejercieron más de un tipo de
violencia contra sus víctimas.
Por ello se establecieron las siguientes sanciones: 119 recisiones de
contrato; 17 expulsiones; nueve no renovaciones del contrato por
honorarios; 180 suspensiones; 104 amonestaciones; 18 exhortos; 16 firmas
de carta-compromiso; 20 acuerdos entre las partes; dos actas
administrativas.
Además, en esos 3 años, otros 22 casos fueron declarados
insubsistentes porque –antes de que se concluyeran los procedimientos–
los presuntos responsables murieron accidental o intencionalmente,
renunciaron, se jubilaron o los corrieron por otras causas.
Todos los casos sancionados fueron por agresiones consumadas, puesto
que la UNAM es una de las tres universidades públicas más importantes
del país que carece de herramientas preventivas para el hostigamiento,
acoso y demás formas de violencia sexual y de género en sus
instalaciones. Las otras dos son el Instituto Politécnico Nacional y la
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Aunque la máxima casa de estudios del país sí cuenta con un protocolo
contra la violencia de género y el IPN emplea uno de la Secretaría de
Educación Pública, ambos mecanismos son “ilusorios”, opinan expertas,
pues no han resuelto las problemáticas que se presentan en las aulas y
demás recintos universitarios.
En lo que respecta a la ENAH, alumnas denuncian la desaparición del
Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia de Género en la
actual administración de Julieta Valle Esquivel, directora de la
institución desde 2016, por lo que las mismas estudiantes, junto con
académicas y trabajadoras, elaboraron una propuesta de mecanismo para
atender a quienes fueron víctimas de tales delitos, pero ésta fue
rechazada.
El caso de la UNAM
El problema en la UNAM ya ha sido reconocido por las propias autoridades, al señalar que desde
2016 “impulsó un protocolo para la debida atención de estos casos.
Desde entonces, dicho instrumento ha sido modificado para actualizarlo y
dar una mayor visibilidad al problema. Sin embargo, es claro que hay
mucho por mejorar”; ello, en respuesta a los paros en noviembre en las
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y
Cuautitlán, en demanda de justicia para los casos de violencia sexual en
esas escuelas.
Datos de la abogada general de la Universidad, Mónica González
Contró, indican que en 3 años –desde su instrumentación, el 29 de agosto
de 2016, y hasta agosto de 2019– se registraron 950 denuncias en el
marco del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de
la UNAM; lo que significó un aumento de 1 mil por ciento, pues en más de
13 años –de enero de 2003 al 28 de agosto de 2016– se habían recibido
sólo 396 denuncias de este tipo.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el hostigamiento es “el ejercicio
del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente
al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar”. Y el acoso es el
ejercicio de poder “en una relación simétrica entre pares”, explica a Contralínea
Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género
de México. Ambos fenómenos se presentan en Preparatorias, Colegios de
Ciencias y Humanidades, Facultades, escuelas, Institutos y demás
espacios universitarios, como sus museos.
Además del temor a denunciar, el desconocimiento de los conceptos así
como de los instrumentos de acompañamiento y de denuncias es uno de los
principales problemas. Ello responde al lenguaje “técnico” con el que
están escritos los protocolos, apunta Yolitzin Sillas Rangel, abogada
por la Universidad de Aguascalientes.
Otro impedimento es que su difusión es escasa, señala Buggs Lomelí,
psicóloga clínica por la Universidad de las Américas. Agrega que esa
poca difusión de los mecanismos y la nula existencia de herramientas
preventivas es porque a ninguna institución académica “le conviene que
la sociedad sepa que dentro de sus instalaciones hay situaciones de
hostigamiento, acoso, violación y hasta feminicidios”.
La FCPS
Al lenguaje técnico y la escasa difusión se suman la falta de empatía
y sensibilidad y, lo peor, impunidad. Es por ello que 11 escuelas de la
Universidad se fueron a paro en demanda de una solución real. Las más
combativas han sido la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que
desde el 23 de octubre frenó actividades y aún no reanuda; la Facultad
de Filosofía y Letras, desde el 4 de noviembre; y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales.
En este último caso, por ejemplo, maestros señalados como
presuntamente hostigadores siguen impartiendo clases, explicaron alumnas
del plantel en una de las manifestaciones que han estado realizando en
este 2019 y que mantuvo un paro de 10 días –del 5 al 15 de noviembre–
para visibilizar que el problema es grave.
El tema es de fondo y no de forma: las autoridades de la Facultad
sólo atienden denuncias formales y no anónimas, como las hechas a través
de los llamados tendederos (pancartas que exhiben los nombres
de los presuntos agresores, así como los actos de los que se les avisa,
que se pegan en lugares públicos de la propia escuela, como la
cafetería) y las redes sociales (por ejemplo, del movimiento #MeToo).
Ello no sólo implica que siempre sea la palabra de la estudiante
frente a la del maestro, sino también que no haya un mecanismo
preventivo: todos los actos que se investigan son consumados. Y a esto
se suma que las autoridades privilegian la presunción de inocencia del
acusado y el “debido proceso”, que implica la presentación de pruebas y
testigos en una relación asimétrica y de poder.
Para la abogada Yolitzin Sillas, el respeto de igualdad entre las
partes es de suma importancia porque en la violencia de género nunca se
estará en igualdad de condiciones, por el poder ejercido contra la
víctima.
El 8 de noviembre de 2019, la Facultad admitió que la administración
de la doctora Angélica Cuéllar ha rescindido “contratos a profesores,
trabajadores y administrativos que fueron denunciados ante la Unidad
Jurídica”, en el marco del Protocolo, sin precisar cuántos. Ello
evidencia que se comprobaron los hechos de violencia de género que
durante años han señalado las estudiantes de esa institución.
Mas aún, en la máxima casa de estudios del país, los directores de
las facultades y escuelas no pueden rescindir el contrato de trabajo a
los docentes si no hay denuncias formales y una investigación judicial,
explica a este semanario Octavio Solís, consejero universitario del
Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Por ello, los presuntos
hostigadores “vuelven a impartir clases”.
Ante la ausencia de dicho procedimiento, las autoridades “hacen como
que no les quieren dar grupos” y no les renuevan contratos, para no
tener problemas políticos y limpiar la imagen institucional, agrega.
Según el área jurídica de Ciencias Políticas, la Oficina de la
Abogada General de la UNAM es la primera instancia a donde puede acudir
una presunta víctima de violencia sexual. En el caso de proseguir con
una queja, la probable víctima llena un formato para registrar sus
datos.
De acuerdo con el abogado Alfonso Lozano Rebollo, miembro del
Jurídico de esa Facultad: “se investiga hasta dar con el agresor, porque
regularmente son hombres”. Incluso, de ser necesario, los casos son
llevados a audiencia en el Tribunal Universitario (última instancia a la
que se llega en la Universidad). En la audiencia se reúnen el o la
decano de la escuela, los consejeros de la facultad, el tribunal y los
implicados (el acusado para defenderse).
No obstante, estudiantes miembros de la colectiva feminista de la
NO-FCPyS acusaron, en un comunicado, a la administración de la doctora
Angélica Cuéllar de no “erradicar la violencia de género” en la
Facultad.
Las estudiantes señalaron el trato de los abogados como
“revictimizante”, además de que “hacen más lentos los procesos de
denuncia y entorpecen la impartición de justicia”: buscan “convencer” a
las víctimas de desistir del proceso y notifican primero al denunciado
sobre los resultados del caso.
Protocolo de la UNAM, burocrático y revictimizante
La abogada Yolitzin Sillas observa que el origen del problema es el
propio Protocolo para la atención de casos de violencia de género de la
UNAM, porque carece de claridad: su lenguaje es muy “técnico”; además de
ser “un proceso burocrático y revictimizante”.
La tecnicidad del lenguaje se debe a que tales documentos están
dirigidos a quienes los ejercerán: especialistas en derecho, en el
estudio de la violencia de género o instituciones encargadas de llevar
los casos. El documento debería ser “más digerible para las víctimas”,
opina Sillas Rangel.
Los flujogramas que explican los procesos de interposición de quejas y
los tiempos en los que se llevará a cabo la investigación son “confusos
y extensos; las líneas no llevan a ningún lado”, observa la abogada.
La máxima casa de estudios establece dos posibles procedimientos
para interponer una queja: el formal y el alternativo con enfoque
restaurativo. La diferencia estriba en que el alternativo descansa en
los principios de equidad centrándose “en las necesidades de las
personas afectadas”.
La revictimización “podría” vislumbrarse en las “medidas urgentes de
protección” brindadas a quien presenta la queja, pues repercuten en el
actuar de la víctima y no en el probable agresor, señala Yolitzin
Sillas, abogada con especialidad en estudios del género por la UAM.
Tales medidas radican en cambiar de turno, grupo o plantel a quien
interpone la queja; establecer medidas de comunicación mediante terceras
personas o medios electrónicos; que la evaluación no sea realizada por
el presunto agresor o bien serán aplicadas “las medidas pertinentes en
cada caso”, refiere el punto 48 del Protocolo.
Tampoco son señalados los derechos de las víctimas y esto provoca que
las personas afectadas den un paso atrás para decidir denunciar, pues
se sienten violentadas por segunda vez, incluso más que por quien las
violentó, explica Alejandra Buggs.
Además de contar con el Protocolo, la Universidad Nacional Autónoma
de México dispone de los Lineamientos Generales para la Igualdad de
Género. Al analizarlo, la abogada Sillas Rangel observa que las
definiciones que expone son “incorrectas”.
La acepción de los términos “acoso laboral” y “hostigamiento”,
advierte, “es la misma”. En el artículo 2 de los Lineamientos “se
entiende” a ambas palabras como: “tipo de violencia de género que se
caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación
de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la
sexualidad de connotación lasciva”.
En ambas “se alude a la subordinación. Es peligroso, porque en
realidad cuando se trata de determinar la jerarquía que hay entre el
agresor y la víctima se trata de hostigamiento; en el acoso se da entre
iguales, en una relación lineal”, reitera.
La abogacía general universitaria reconoce, en el mismo Protocolo,
que este puede ser perfectible. Tal perfectibilidad debe ser tomada de
inmediato, considera la abogada Yolitzin Sillas: el Protocolo debería
revisarse cada 2 o 3 años, opina.
Leonardo Olivos Santoyo, miembro del Comité de Ética del Subsistema
de Humanidades, indica que el Consejo Universitario aprobó la creación
del Protocolo sólo porque fue iniciativa del rector Enrique Graue. “Votó
por la disciplina asquerosamente priísta de la Universidad,
pero creo que en el fondo de su corazón estaban verdaderamente molestos,
indignados de que hubiera un Protocolo de atención a la violencia. Les
parece irracional”.
Sin medidas preventivas
La mejor universidad de América Latina, según rankings
internacionales, no cuenta con medidas preventivas para el acoso, el
hostigamiento y la violencia sexual, como podría ser un código de ética.
“No hay nada explícito”, como la existencia de un documento donde se
reglamenten las relaciones docentes-alumnos, asegura Amparo Ruiz del
Castillo, doctora en sociología con especialidad en docencia por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
De acuerdo con el Informe sobre la implementación del Protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la UNAM 2019,
fueron presentadas 436 quejas por violencia de género, en su mayoría
por jóvenes universitarias de entre 18 y 24 años, desde junio de 2018 y
hasta junio de 2019.
En ese periodo fueron encontrados 385 presuntos agresores, miembros
de la comunidad unamita, en su mayoría docentes de facultades e
institutos ubicados en Ciudad Universitaria: el 94.5 por ciento fueron
hombres; en su mayoría, académicos, con el 44. 5 por ciento, detalla el
mismo informe
Tan sólo de enero a junio de 2019 fueron presentadas 109 quejas por
acoso y hostigamiento sexual, admite la UNAM en la respuesta a la
solicitud de información F64400000158719, hecha por Contralínea.
Por más de 5 meses, esta revista gestionó una entrevista con la
abogada general de la Universidad, Mónica González Contró, para hablar
del tema. Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social no dio
respuesta.
Al término del conversatorio “La justicia restaurativa para la
atención a casos de violencia de género” –llevado a cabo el 28 de agosto
pasado– se le consultó sobre la falta de herramientas para prevenir la
violencia sexual y los resultados reales de la aplicación del Protocolo.
Se le cuestionó sobre el proceso de denuncia, así como de las sanciones
hacia los profesores hostigadores.
Visiblemente molesta, la doctora en derechos fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid sólo respondió:
—No puedo contestar, no soy experta. Vine a un evento meramente
académico. Déjame contestar las preguntas que tienen que ver con
justicia restaurativa.
La abogada general da cobertura legal a una comunidad de 356 mil 530
alumnos y 41 mil 318 académicos, investigadores y ayudantes, de los
cuales 12 mil 368 son de tiempo completo.
Esa población se distribuye en educación superior –15 facultades,
cinco unidades multidisciplinarias y nueve escuelas
nacionales–,bachillerato –nueve planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades– e
investigación –34 institutos, 14 centros y 12 programas universitarios.
El poder gremial del STUNAM y la AAPAUNAM
La esencia de cualquier sindicato es la de “defender al trabajador
afiliado” porque es como un “abogado de oficio”; por ello, el Sindicato
de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) defiende a cualquier afiliado
acusado por hostigamiento o acoso sexual. No obstante, ambos delitos
transgreden “el actuar con probidad y honradez de los trabajadores”,
señala en entrevista Octavio Solís, consejero técnico del Sindicato.
A pesar de su naturaleza de defender al trabajador, en el Sindicato
“no estamos a favor de la violencia contra las mujeres. Al contrario,
creemos que hay que fomentar campañas de combate hacia la cultura
machista”, asegura el consejero.
Agrega que hasta ahora, al Sindicato no ha llegado denuncia alguna
por violación de la cláusula en el Contrato Colectivo de Trabajo que
hace referencia a la falta de probidad y honradez.
Sin embargo, Octavio Solís explica que si el STUNAM llegara a recibir
alguna contra sus afiliados, se apegaría al protocolo de atención a
víctimas de la UNAM y, de acuerdo con el resolutivo del Tribunal
Universitario, la falta de probidad y honradez “se aplica y se rescinde
el contrato”. Entonces el trabajador tendría que llevar su caso
externamente, ante una Junta de Conciliación y Arbitraje.
“La organización estudiantil es legítima y loable, pero ha faltado
impulsar la cultura de la denuncia en las universidades. Estoy de
acuerdo que se tienen que combatir esta clase de actos, pero deben
hacerse bajo procedimientos eficaces, opina el consejero.
Por su parte, Álvaro Pulido Aranda, vocero del Sindicato, dice a Contralínea
que si no se utilizan las estructuras jurídicas, las denuncias no
pueden elevarse en calidad. Por ello considera que el Protocolo de
género fue un avance en la Universidad, porque acompaña a las mujeres
que han sufrido este tipo de violencia sin revictimizarlas.
Además del Sindicato, en la máxima casa de estudios existen otras
organizaciones gremiales, de las cuales la más relevante es la
Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM). Su postura ante
“el aumento de denuncias interpuestas por algunos alumnos contra
docentes” es pública: responsabilizar a los quejosos por “afectar las
relaciones laborales” de sus agremiados, “violentando el Contrato
Colectivo de Trabajo”, según un comunicado emitido el 7 de junio de
2018, que aún circula.
En ese posicionamiento oficial, la AAPAUNAM acusó a estudiantes de
“planear y premeditar” delitos “prefabricados por ellos”, ya que los
estudiantes encontraron “la forma incorrecta y anti universitaria de
obtener beneficios de sus profesores”.
Por ello, la Asociación exhortó a los docentes a “estar alerta” y “no
establecer una relación más allá que la de profesor-alumno”, evitar
hablar de forma aislada con el alumno, no asistir a festejos y
celebraciones con el alumnado fuera del horario de clase, así como
evitar dar asesorías extraclase.
Jordana González / Nancy Flores
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD]
