Este 15 de enero el colectivo Mujeres Organizadas de la FFyL, que
tomó las instalaciones desde el pasado 4 de noviembre para exigir
atención a los reiterados casos de violencia y acoso hacia las
estudiantes, se reunió con el director de la Facultad, Jorge Enrique
Linares Salgado, y con otras autoridades universitarias para dialogar
sobre las acciones para entregar la escuela y regresar a clases.
El encuentro, al que asistieron varias estudiantes, fue para poner
fin al paro más prolongado que haya tenido cualquier recinto
universitario en el país a causa de la violencia contra las estudiantes
al interior y exterior del centro de estudios. En los últimos tres años,
denuncian las alumnas, sus compañeras han sido víctimas de feminicidio,
desaparición, agresiones sexuales, amenazas y decenas de casos de acoso
sexual.
Pero en el diálogo de ayer, 72 días después de iniciado el paro, las
alumnas exhibieron incumplimientos por parte de las autoridades en cada
uno de los 11 puntos que constituyen sus demandas. Todas estas
exigencias se presentaron dese el pasado 20 de noviembre al director de
la Facultad, quien firmó y acordó que cumpliría.
Pero hasta ahora “siguen siendo solamente propuestas que no son
tangibles. Otra cosa que hemos identificado en sus respuestas es que
hablan todo el tiempo a futuro, y lo que nos interesa es que las
propuestas sean tangibles, que sean hechos”, dijo una de las integrantes
de Mujeres Organizadas al inicio del diálogo que se realizó afuera de
la FFyL, en Ciudad Universitaria.
En respuesta, las autoridades, representadas también por funcionarias
de Rectoría de la UNAM, admitieron rezagos o desacuerdos en sólo tres
de los 11 puntos y hablaron de avances en todos los restantes, pero no
lograron enunciar un sólo compromiso cumplido totalmente.
Entre los puntos más rezagados está la creación de una Comisión
Tripartita (conformada por autoridades, integrantes de Mujeres
Organizadas y un comité estudiantil) que tendrá varias funciones
centrales para el cumplimiento de otros puntos; entre ellas, revisar los
perfiles de quienes dan atención especializada a las víctimas,
participar en la propuesta de un plan de estudios con enfoque de género y
feminista, y organizar actividades de difusión. Esta Comisión no se ha
creado.
El punto en el que hubo mayor desacuerdo entre alumnas y autoridades
fue en la contratación de tres psicólogas para la atención de las
víctimas, ya que actualmente sólo hay una profesional para toda la
Facultad y, de acuerdo con las Mujeres Organizadas y algunas personas
del público que alzaron la voz durante el diálogo, ella no se da
abasto.
El director admitió que existe esa saturación en el servicio de
psicología, pero rechazó contratar a alguien más porque, argumentó, no
hay suficiente presupuesto para ello y aseguró que “no era necesario”.
En ese momento del diálogo, Linares Salgado, quien durante el encuentro
observó que el público reiteradamente celebraba las palabras de las
estudiantes, preguntó si a él no le iban a aplaudir.
En el caso de los avances, las alumnas revelaron que éstos han sido
inadecuados, insuficientes o impulsados por ellas y la presión política
que ha desatado su resistencia.
Por ejemplo, en el caso de los talleres con perspectiva de género y
feminista que se ofrecían desde antes del paro, las alumnas denunciaron
que las personas contratadas para impartirlos revictimizan y
responsabilizan a las mujeres de las violencias que viven, además
asesoraron a los maestros sobre cómo actuar en caso de ser denunciados
parta librar las acusaciones.
Las alumnas también dijeron que la plataforma web con la que la
Facultad garantizaría transparencia en el avance de las denuncias no
sirve y no es posible acceder a ella.
Otro ejemplo de avances escuetos o mal aplicados sucedió ayer,
durante el diálogo público, ya que para dar cumplimiento a la exigencia
de una disculpa pública para la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde
(alumna de Facultad desaparecida desde el 27 de abril de 2018), el
director aprovechó el momento y desde su silla, sin ningún protocolo,
ofreció una rápida disculpa a la madre de Mariela, que estaba presente.
Sin embargo, una disculpa pública consiste en un acto de
reconocimiento de responsabilidad al que asisten las más altas
autoridades para reconocer que fallaron en garantizar verdad y justicia a
las víctimas, y donde se comprometen a la no repetición de los hechos.
El director también rechazó la exigencia de reabrir las
investigaciones por violencia contras las estudiantes en las que no se
encontraron responsables, pero reveló que en la Universidad ya no
existe el candado de la prescripción; es decir, ahora ya es posible
presentar denuncias por violencias que ocurrieron hace más de un año.
Con esto, dijo, las víctimas pueden presentar nuevas denuncias.
Al cierre del diálogo, las autoridades firmaron un documento en el
que están las 11 demandas, todas ellas con puntos específicos que las
autoridades aún deben cumplir para que las Mujeres Organizadas entreguen
las instalaciones de la FFyL.
Aquí está la tabla
completa con las peticiones, los acuerdos, los avances y los límites
que deben cumplir las autoridades antes de un nuevo diálogo o audiencia
resolutiva.
Al encuentro también asistieron Laura Orozco Rodríguez, secretaria
ejecutiva de la Facultad; y tres representantes de la Rectoría, entre
las que está Maricela Morales Ángeles, de la Oficina de la Oficina
Abogacía; y Elsa M. Leyva, de la Secretaría General, Mireya Ímaz, de la
Secretaría de Seguridad y Prevención de la UNAM.
Ciudad de México.-
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