El instituto, en el abandono: Alcocer
En la conferencia matutina López Obrador lo
acusó de negarse por un contrato millonario
Empresa privada le vende
fármacos, material de curación y otros servicios, dijo López-Gatell
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
denunció que Miguel Ángel Celis, director del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, rechazó sumarse al
programa de atención y medicamentos gratuitos, el directivo afirmó horas
más tarde que ya se adhirió a ese mecanismo y rehusó haberse negado a
suscribirlo.
En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal convocó al funcionario a recapacitar, pues
tiene contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo.
López Obrador destacó que eso ya se termina.
Ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan todos, y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que todos cooperen para que salgamos adelante.
El señalamiento que se hizo en la conferencia matutina puso una vez
más en evidencia las irregularidades que desde hace varios meses han
denunciado trabajadores del instituto.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que el de
Neurología es el único de los 23 institutos de salud que no se ha
adherido al proyecto de gratuidad en los servicios y medicamentos,
porque tiene un contrato por 622 millones de pesos con la empresa
Phoenix, que le vende medicinas, material de curación y otros servicios.
Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que
no es nuevoque los servicios médicos y la formación de especialistas en el Instituto de Neurología están abandonados. Ha sido un problema progresivo al que
no se le ha puesto la atención en lo administrativo ni en el desarrollo de personal especializado para tratarlas enfermedades neurológicas.
Sostuvo que a la tarea de investigación le falta solidez. Sobre la atención médica,
los que se atienden en términos muy generales, se atienden bien, pero no se les da oportunidad a muchos. Reconoció, sin embargo, que es una deuda que también hay en otros hospitales.
Antes, en la presentación del reporte semanal El pulso de la salud,
López-Gatell dijo que Neurología quiere mantener el contrato con
particulares –concluye en noviembre próximo–, mientras el gobierno
federal insiste en el diálogo.
Queremos que todos se convenzan de que estamos haciendo un bien para la población.
Si un instituto no visualiza eso, pues habrá que identificar
claramente las prioridades; para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o los negocios, subrayó.
Desde hace varios meses trabajadores de Neurología denunciaron que
diversos contratos con empresas privadas han significado que los
pacientes paguen de 10 mil a 30 mil pesos o más por la renta de equipos
para cirugías, mientras los del instituto están guardados (La Jornada, 14/10/19; 21/11/19).
Además, los pocos enfermos que son admitidos reciben la indicación de
que compren las medicinas en la farmacia concesionada ubicada dentro
del hospital.
Por la tarde, personal del organismo afirmó que el abandono de los
servicios en el Instituto de Neurología se refleja en una ocupación
hospitalaria menor a 40 por ciento de su capacidad y en la carencia de
insumos básicos. De las irregularidades ya tiene conocimiento la
Secretaría de la Función Pública, aseguraron.
En tanto, en su comunicado dirigido a los neurólogos, Miguel Ángel Celis aseguró que
nunca se negó a firmar el convenio de gratuidad. El día que se envió la minuta (23 de enero) no se encontraba en el instituto, pues asistió como ponente a la 22 Reunión Nacional de Residentes,
por lo que no le fue posible firmarla, sin embargo, a su regreso firmo el documento(sic).
Expuso que
está en la mejor disposición de colaborar con el Plan de gratuidad, por lo que llevara (sic) a cabo todas las gestiones necesarias.
No obstante, el texto –cuya copia tiene La Jornada–
contradice la respuesta que días atrás dio a la Comisión Coordinadora de
los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,
en la cual señaló que el acuerdo carece de motivación y fundamentación
técnica y jurídica, por lo que no es viable.
López-Gatell explicó que la mitad de los institutos y hospitales de
tercer nivel tienen contratos con distintos proveedores. En algunos
casos se pueden cancelar.
Lo vamos a ver caso por caso.
Resaltó que los contratos de servicios integrales del pasado respondían a
la lógica del mercado de que los privados lo hacen mejor o que son más eficientes. Pero está demostrado que se fragmenta el esfuerzo, hay sobreprecios y es muy pobre capacidad del Estado para verificar la calidad del servicio.
Alma Muñoz, Alonso Urrutia y Angeles Cruz
Periódico La Jornada
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