Editorial La Jornada
La puesta en marcha del Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi), hecha efectiva a partir del
primero de enero, dejó atrás el esquema de aseguramiento público en
materia de salud, denominado Seguro Popular, creado en el contexto del
Programa Nacional de Salud 2001-2006, cuyo grado de eficacia fue blanco
de controversias.
El nuevo organismo, al que serán transferidos los recursos humanos,
materiales y financieros de la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud, ha encontrado hasta ahora un eco favorable entre la mayoría de
los gobernadores de los estados; sin embargo, no ha sido unánime.
Los secretarios de Salud de ocho entidades federativas no se han
adherido a éste, en algunos casos como respaldo al seguro que en su
momento fue anunciado como la gran panacea por el panismo, entonces en
el gobierno, y en otros porque dicen no tener claras las reglas de
funcionamiento del instituto.
De hecho, en la propia capital del país algunos diputados del
Congreso local demandaron que las autoridades de Salud dieran
explicaciones sobre los alcances y las limitaciones del Insabi.
Preguntaron, por ejemplo, hasta qué punto serán realmente gratuitos los
servicios y en qué casos los pacientes deberán efectuar un
pago de recuperación. Sin embargo, funcionarios de la actual administración de gobierno atribuyeron las objeciones y los peros más a una intención política que a una legítima preocupación.
Las observaciones y precisiones que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, hizo a La Jornada resultan
en especial significativas, pues clarifican aspectos que no habían sido
explicados de manera adecuada sobre la nueva entidad de salud.
Acerca de la gratuidad de los servicios, el funcionario detalló que,
dado que ni los 23 institutos nacionales de salud existentes en
territorio nacional ni los hospitales de alta especialidad son
dependientes del Insabi, los usuarios de los mismos deberán seguir
pagando una cuota cuando reciban atención por determinados padecimientos
complejos.
En esta categoría, no obstante, 66 intervenciones se llevan a cabo
sin costo alguno para los pacientes; en tanto, unas 30 más también serán
gratuitos una vez actualizados los correspondientes protocolos de
atención clínica. Por otra parte, una mayor participación de las
secretarías estatales de Salud en el esquema irá acompañada de la
entrega de recursos físicos (equipo y personal médico y de enfermería),
lo que dará a los centros de atención mayor capacidad operativa propia.
Respecto de los convenios que en algunos casos el extinto Seguro
Popular había celebrado con hospitales privados, aquéllos se mantendrán,
pero el pago correspondiente a cada uno de ellos se hará en especies y
no en efectivo. No es éste el espacio para describir con detalle la
estructura y la mecánica de operación del Insabi, pero es muy saludable
que las autoridades encargadas de que el nuevo organismo alcance su
objetivo de eliminar las barreras de acceso a atención médica para todas
las personas tengan clara la ruta crítica del instituto, a fin de que
el mismo demuestre, con resultados, que es la solución efectiva para los
problemas de salud de México.
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