Ana María Aragonés
La caravana que está intentando
pasar por la frontera sur muestra claramente que las personas migran
por necesidad, ya sea violencia, inseguridad, pobreza, etcétera, y que
en su desesperación están dispuestas a lo que sea. Reforzar la frontera
para intentar bloquear la entrada de estas personas ha generado muy
lamentables enfrentamientos que no dejan para nada bien parado al
gobierno, y lo peor: no resuelve en absoluto el problema, todo lo
contrario. Si bien podría pensarse que es una forma de desincentivar
posibles flujos, la realidad es que las causas del fenómeno migratorio
ahí están y en la medida en que no haya ni visos de cambio, y los países
origen no se planteen la necesidad de cambiar sus políticas y las
flagrantes desigualdades en la población, los éxodos seguirán.
El gobierno mexicano se encuentra atrapado entre un vecino que
amenaza con aplicar aranceles de 5 por ciento a todas las mercancías del
país, si no detiene a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos,
y la presión de los migrantes centroamericanos y de otros países
extracontinentales que no quieren quedarse en México, sino documentos de
tránsito para alcanzar al vecino del norte. Y para colmo aceptó que
Estados Unidos regresara a todos aquellos que esperan sus audiencias
para continuar con el proceso de asilo, aunque algunos han aceptado
buscar asilo y refugio en México. El gobierno mexicano se ha visto
rebasado, no hay fondos suficientes para atender a aquellos que están a
la espera de pasar los trámites. Si bien hasta ahora los migrantes
apenas representan 0.5 por ciento del total de la población en México,
cuando hay países como Suecia con 10 por ciento de migrantes, o el
propio Estados Unidos, que alcanzan 14.5 por ciento.
Xenofobia y racismo se perciben en el país, por eso habría que
recordarles a estos mexicanos que México ha sido considerado uno de los
más importantes expulsores de migrantes en el mundo, y el flujo de
indocumentados hacia Estados Unidos a partir de la firma del TLCAN
alcanzó más de 6 millones de personas. Conocimos de viva voz las
penurias y dramas que vivieron estos trabajadores al tener que cambiar
un comportamiento circular, es decir, de ir y venir, cuando el vecino
del norte puso en marcha un conjunto de programas para reforzar la
frontera. La crisis de 2008 dio lugar a las gravísimas deportaciones de
mexicanos, por ser indocumentados, a pesar de que podían probar haber
trabajado y pagado impuestos ahí muchos años, pero nunca pudieron
obtener los papeles que los podían sacar del limbo jurídico. El retorno
no ha sido para nada terso para estos migrantes, prácticamente no hubo
programas para su reincorporación y enfrentan enormes dificultades para
encontrar trabajo. Otros se han mantenido en la frontera norte,
esperando poder reunirse con sus familias, y hay que decir que sus vidas
son verdaderamente dramáticas.
Por toda esta historia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
intentó cambiar las condiciones para los migrantes que llegan a la
frontera sur, dándoles el trato humanitario que se hubiera esperado
tuvieran los propios connacionales, enarbolando los derechos humanos
como eje de esa política. Pero las amenazas de Donald Trump obligaron a
cambiar la estrategia, y para colmo 25 mil efectivos de la Guardia
Nacional están al cuidado de las fronteras.
Resultado es que estas tragedias están beneficiando a Trump, en tanto que se está expandiendo la idea en el país vecino de que
gracias a él se acabó la migración masiva en la frontera sur, se ha evitado que lleguen poblaciones no deseadas, ha sido todo un éxito. Lo que se puede esperar entonces es que Estados Unidos no sólo mantenga sino profundice su política antinmigrante y para colmo se ha dado cuenta de que las amenazas funcionan en su favor; son efectivas para sus propósitos.
¿Cómo evitar que este fenómeno que es ya insostenible se convierta en una verdadera catástrofe?
Una posible solución pasa por llevar a cabo de manera urgente una
reunión de alto nivel en que se den cita los organismos internacionales
(ONU, ACNUR, OIM, OIDH, Cepal, entre otros), los países
centroamericanos, Estados Unidos y Canadá con una muy amplia
participación de ONG defensoras de migrantes, en la que se busquen
acuerdos que permitan transformar las condiciones de expulsión, se
alcance el ansiado desarrollo para toda la región y de esta forma hacer
realidad
el derecho a migrar y el derecho a no migrar.
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