El Congreso de la Unión ha
rehuido a legislar en materia de violencia política en razón de género,
unificar la definición de delitos que afectan a las mujeres o
despenalizar el aborto a nivel federal, pero ahora se prepara para
renombrar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, creada por legisladoras y feministas hace 12 años.
Este miércoles 15 de enero, el senador por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, presentó formalmente una propuesta de
reforma que anunció la semana pasada: modificar el artículo 5 de la Ley General
para nombrar esta norma como “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, en referencia a una
víctima de feminicidio.
Abril fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre
de 2019, día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. A ella le dispararon cuando se dirigía al
aeropuerto para tomar un avión de regreso a Nuevo León, donde vivía. El
día del crimen acudió a una audiencia por un juicio por la custodia de
sus hijos.
Mientras se presenta esta iniciativa en el Congreso para cambiar el
nombre a una ley; las y los legisladores han dejado pendiente reformas
como aquella para reconocer la violencia política contra las mujeres o
la propuesta para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de
gestación a nivel federal, entre otros temas.
Por ejemplo, el pasado 5 de diciembre,
la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos,
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.
Estas reformas fueron para definir la violencia política de género,
un tema que se ha discutido desde 2012 sin legisladoras y legisladores
tengan un acuerdo sobre si sólo se debe reconocer, si se debe tipificar o
cuáles son las sanciones que hay que imponer. Esta falta de consenso en
ambas Cámaras ha hecho que ninguna reforma entre en vigor. Hoy, el
tema está de nuevo en el Senado, donde se podría aprobar el paquete de
reformas, rechazarlo o modificarlo para que regrese, una vez más, a la
Cámara de Diputados.
Por otro lado, hace un año, en enero de 2019, la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a una
iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación
en el ámbito federal. La propuesta fue presentada el 8 de noviembre de
2018 por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Lorena Villavicencio, para reformar el Código Penal Federal y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
materia de aborto.
Esta iniciativa no fue aprobada y durante el año pasado se sumaron
otras propuestas en el mismo sentido. Hasta ahora el Congreso ha
rechazado legislar al respecto. Incluso otra propuesta que no pasó fue
la presentada el 23 de octubre de 2018 por el diputado de Morena y
entonces presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo para
modificar el Artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el
“derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía
reproductiva”, lo que abría la puerta a la despenalización del aborto.
Legislar para cambiar nombres a las leyes
En este contexto, un caso de feminicidio hizo que el senador y
fundador de Morena se interesara en modificar el nombre de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Batres
es el único integrante de la Comisión para la Igualdad de Género en el
Senado, posición que obtuvo después de que el pasado 15 de octubre pidió
ser integrado porque, dijo, “hasta ahora ese órgano ha estado integrado
sólo por mujeres, pero el tema de igualdad compete a mujeres y
hombres”.
La semana pasada, cuando Batres anunció su intención de cambiar el
nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres publicó
un documento en la plataforma change.org para solidarizarse con la
familia de la víctima y anunciar su rechazo a este cambio debido a que
el proceso de creación de esta ley, incluido el nombre, fue resultado de
una amplia investigación, encabezada por mujeres especialistas en el
tema.
“Quitar el nombre a la ley, sería invisibilizar el trabajo realizado por todas ellas”.
En 2007 esta norma fue producto del cabildeo de legisladoras y de la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos,
quien ocupó un escaño como diputada federal respaldada por el Partido
de la Revolución Democrática, que en ese momento tenía la tradición de
otorgar espacios de elección popular a ciudadanas feministas sin partido
político, a fin de empujar la agenda de derechos de las mujeres.
Marcela Lagarde llegó a la Cámara de Diputados con el
objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese
momento, pero coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia
Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran
asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
Esta investigación fue uno de los ejes que dio elementos al equipo de
investigadoras para crear la norma, una que hicieron “general” para
todo el país, donde colocaron el centro del problema “una vida libre de
violencia para las mujeres” y la obligación del Estado de garantizarles
el “acceso” a ese derecho.
En el escrito de las defensoras, ellas argumentaron que el proceso de
creación, metodología aplicada y resultado de esta ley fue
profundamente feminista. “El nombre está justificado por una razón
política, representa la lucha de miles de mujeres y explica claramente
la función de la misma, es decir busca que todas vivamos una vida libre
de violencia”.
Para quienes analizaron y fueron testigos del proceso para convencer
al Congreso de aprobar esta legislación, utilizar el nombre de las
víctimas solo es recordar que el estado ha fallado en garantizar la
seguridad de las mujeres y entonces debería llevar a un nombre largo e
interminable ya que todos los días asesinan mujeres por la ineficacia de
los gobiernos.
“Estamos conscientes de que las legislaciones deben ser modificadas y adaptadas a las nuevas necesidades para que no sean obsoletas, pero eso no justifica un cambio de nombre que parece ser a capricho e innecesario”.
De acuerdo con la iniciativa de Martí Batres, el objetivo de cambiar
el nombre de una ley que costó años de trabajo al movimiento feminista,
en un hecho simbólico es modificar el nombre de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que lleve el nombre
de Abril como “un modesto homenaje a esta mujer asesinada en la Ciudad
de México”.
Según el senador, el homenaje en esta ley es porque se trata
del ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la coordinación entre
los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
“Es por ello, que de hoy en adelante las mujeres deberán reivindicar la aplicación de la “Ley Abril” para exigir el cumplimiento de sus derechos”.
Otras iniciativa del senador Batres Gudarrrama han sido para cambiar
el lenguaje que se usa en la Ley Federal del Trabajo a fin de que fuera
incluyente; implementar la rotación por género en la presidencia de la
Mesa Directiva; sustituir la palabra “varón” por la de “hombre”; y
modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los
hombres, y no sólo las mujeres, accedan al derecho de guarderías, entre
otras.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.-
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