UNAM: difícil inicio de año

Editorial 

Complicado panorama es el que se presenta para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el inicio del ciclo escolar correspondiente a este 2020. Y aunque de distinto tipo, en diferentes grados y bajo diferentes formas, las complicaciones afectan a todas las partes ligadas a la institución: autoridades, docentes, trabajadores, padres de familia y por supuesto alumnos. No se trata, como en anteriores ocasiones, de un conflicto que tenga un sólo origen y enfrente a dos sectores claramente definidos, sino de, por un lado, una conjunción de reclamos estudiantiles coincidentes en la disconformidad –pero con matices en sus reivindicaciones– y por otro un cuerpo de autoridades que no pa-recen tener una línea de acción homogénea para afrontar y dar solución a las demandas. No es esta última una cuestión menor, porque obstaculiza hasta la medida más elemental que cabría esperar de la directiva universitaria: adoptar una actitud que por lo menos sirva para sentar las bases de un diálogo productivo con los disconformes y no las típicas mesas de diálogo donde las partes mantienen cada cual su monólogo cerrado.

Esta situación se expresa en datos ciertamente preocupantes, y más aún para un principio de año escolar: nueve escuelas cerradas, paros temporales en varios planteles, más de 70 mil alumnos sin clases y un ambiente de intranquilidad que en la última semana se vio agravado por un par de amenazas de bomba (una en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y otra en la prepa 5 de Coapa). Todo ello combinado con sorpresivas protestas llevadas a cabo por grupos de jóvenes con los rostros cubiertos, discusiones y reyertas entre padres de familia y paristas, y entre alumnos dispuestos a continuar con los paros y partidarios de levantarlos, además de infructuosos llamamientos a reanudar activi-dades hechos por la Rectoría de la máxima casa de estudios y por las direcciones de algunos planteles.

Las demandas estudiantiles incluyen la adopción de medidas institucionales para combatir las agresiones y el acoso sexual, mejoras a los servicios médicos, medidas de capacitación para profesores y trabajadores universitarios sobre perspectiva de género, implantación de pautas de seguridad más efectivas, apertura de espacios jurídicos de denuncia por acoso, y otras disposiciones relacionadas con la necesidad de terminar en el ámbito educativo con la violencia contra la mujer.

Los reclamos sobre el tema no surgieron con el recién inaugurado ciclo escolar; de hecho, vienen arrastrándose desde bastante antes de que la UNAM diera a conocer su Protocolo contra la violencia de género –en octubre del año pasado–, días antes de que Enrique Graue Wiechers fuera relecto como rector de la institución. Pero con este inicio de año han cobrado fuerza, en especial porque a decir del alumnado que impulsa y apoya las protestas, la respuesta oficial no ha sido satisfactoria.

Lo cierto es que no se vislumbra una línea de acción por parte de las autoridades que le reste presión al conflicto que cimbra a la comunidad estudiantil y a toda la estructura universitaria. La decisión de que los alumnos de la prepa 9, una de las que se encuentra tomada, recibieran sus clases extramuros (es decir, en otro espacio en lugar de sus instalaciones) es un indicador de que, como mínimo, la Rectoría se halla frente a un problema a cuya solución no le encuentra la salida.