Editorial La Jornada
Desde hace prácticamente
un mes los gobiernos, las instituciones de salud, los medios y el
público en general –no sólo de México sino del mundo entero– tienen como
centro de atención la pandemia que a estas alturas abruma prácticamente
a todo el planeta. Con todo y la utilidad que ello tiene para la
población, también relativiza, especialmente en términos informativos,
otros indeseables fenómenos sociales que se siguen produciendo con
independencia del Covid-19. Tal es el caso de la violencia que desde
hace décadas mantiene su ominosa y constante presencia en varias
regiones de nuestro país, a las que las alteraciones que en estos días
sufre la vida cotidiana en todos sus órdenes no parecen afectar siquiera
mínimamente.
Al terminar el pasado marzo, resultó que a este mes le correspondió
el dudoso atributo de ser el más sangriento desde que se llevan
registros sobre el particular, lo que no es poco decir. Las luchas
desatadas entre los diversos cárteles, desprendimientos de los
mismos, corrientes internas, subgrupos y ramificaciones varias se
multiplican, mientras los cuerpos encargados de combatir al crimen
organizado deben distraer recursos en las tareas preventivas y de
atención que demanda el coronavirus.
El mes de abril no empezó mucho mejor que el anterior y tampoco tardó
en experimentar una repentina escalada de violencia. El enfrentamiento
entre grupos pertenecientes a los cárteles de Juárez y del
Pacífico, ocurrido la noche del viernes 3 en el municipio chihuahuense
de Madera, en el que participaron cerca de 60 hombres armados, fue el
más aparatoso no sólo por la cantidad de víctimas fatales, que dejó 19
hasta el momento, sino porque en él se utilizó un variado armamento que
incluyó desde fusiles de alto poder hasta granadas de fragmentación.
Pero los episodios ocurridos en otros puntos del estado norteño, que en
conjunto produjeron un saldo de 33 muertos, también aportaron a la
conformación de un cuadro de situación que debe sumarse a la variada
gama de problemas que aquejan a la República.
Los detalles de los distintos hechos violentos –obtenidos con
posterioridad al despliegue de los operativos que les siguieron por
parte de fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional– indican que el
grado de brutalidad y encono que alcanzan las pugnas del crimen
organizado no ha disminuido ni siquiera porque el escenario de los
enfrentamientos, y los propios protagonistas, se encuentren bajo la
amenaza de la pandemia. De hecho, durante el tiempo que la enfermedad
lleva extendiéndose por el país (tomando como punto de partida la
detección en México del primer caso positivo de Covid-19), la cifra de
personas asesinadas ronda las 2 mil, en lo que constituye un incremento
de los conflictos armados encuadrados en la actividad del narco.
Las autoridades federales prevén, este mes, reforzar su esquema de
seguridad, especialmente en las entidades donde la violencia cobra más
víctimas (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, seguidas de
cerca por varias más), adoptando a la vez medidas con el fin de prevenir
otros episodios violentos registrados en el marco de la contingencia
anticoronavirus. Tienen ante sí una tarea nada fácil, en la medida en
que la concentración de esfuerzos para controlar la pandemia concede a
los grupos delictivos organizados un mayor margen de acción que
aprovechan para solventar sus pleitos a costa de la paz pública.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario