“Lo que tengo 100 por ciento comprobado es que Peña Nieto está coludido con el caso Ayotzinapa. No puedo asegurar que él sabía lo que estaba pasando, pero sí supo luego lo que había pasado y ayudó, apoyó que se dijeran mentiras, que se manipulara la indagatoria”, dijo Anabel Hernández García, autora de La verdadera noche de Iguala, durante una entrevista con Julio Astillero.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Será importante que Tomás Zerón de Lucio,
extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), vaya ante la
justicia por el caso Iguala, sin embargo, no es el único funcionario
involucrado, es una cadena que llega hasta Enrique Peña Nieto, expresidente de México, aseguró la periodista Anabel Hernández García durante una entrevista con Julio Astillero.
“Tomás Zerón es una pieza clave porque él podrá decir quién le
ordenó. Él no se mandaba solo. Alguien le tuvo que haber ordenado que
maquillara la verdad. Para maquillar la verdad debes conocer primero la
verdad. Lo de Tomás Zerón sería el comienzo, no el fin. No olvidemos a
los militares que participaron directamente, que estuvieron presentes en
diversas horas del ataque a los normalistas”, dijo la autora de La verdadera noche de Iguala.
“Lo que tengo 100 por ciento comprobado es que Peña Nieto está
coludido con el caso Ayotzinapa. No puedo asegurar que él sabía lo que
estaba pasando, pero sí supo luego lo que había pasado y ayudó, apoyó
que se dijeran mentiras, que se manipulara la indagatoria. Eso como
mandatario no solo tiene un costo político, sino judicial. Los
funcionarios públicos pueden ser juzgados por omisión o participación.
Fue omiso con la justicia, fue partícipe al desviar la investigación”,
señaló Anabel Hernández durante el programa de YouTube de Astillero.
“Tengo información del visitador de la PGR que descubrió la
manipulación, las torturas. Él entregó un informe a Arely Gómez, quien
le llevó a Peña Nieto con todos los detalles y soporte legal de qué se
tenía que hacer. Peña Nieto respondió: no. Ese informe de Chávez Flores
tenía que llegar en agosto de 2016 a padres de familia. Ese fue el
compromiso de Peña Nieto. Cuando Peña leyó el documento, hace cuatro
años, dijo que no, que ese informe no podía ser entregado a padres de
familia, que se tenían que quitar imputaciones a Zerón y otros
funcionarios públicos”, añadió la periodista.
Anabel Hernández García también dijo que hay otros funcionarios,
como Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México y quien tomó la Agencia de Investigación Criminal
luego de la salida de Zerón, que deberían ser llamados ante la justicia.
“Tendría que llamarse a Omar García Harfuch, quien era en ese momento
el Comisionado Estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese
momento recibía las fichas de información que se generaban desde la base
de la policía en Iguala. El señor Omar García Harfuch tendría que ser
llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de
verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en esos días”,
señaló Anabel Hernández.
“Después de pasar de la Coordinación Estatal de la Policías federal
en Igual y ser de alguna parte copartícipe de los hechos, es él el
sucesor se Tomas Zerón, y es él, Omar García Harfuch, quien de 2016 en
adelante, los dos últimos años de Enrique Peña Nieto, mantuvo la verdad
histórica, él protegió. Él como responsable de la Agencia de
Investigación Criminal, si hubiera sido un hombre recto, si hubiera sido
un héroe… Un héroe se hubiera levantado y dicho que Zerón había hecho
mal”, añadió.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó casi
50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre
ellas una en contra de Tomás Zerón, quien fuera ex director de la
Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la otrora Procuraduría General
de la República (PGR).
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó esta semana que
Zerón huyó del país por lo que al capturarlo se espera
la extradición correspondiente, a través de la ficha roja que la
Fiscalía pidió a la Interpol para su localización a nivel internacional.
Las ordenes de aprehensión las dictó un Juez de Distrito de Procesos
Penales Federales a 46 servidores públicos de diversos municipios del
estado de Guerrero.
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