CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. La decisión que este miércoles
tomará la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), sobre el amparo en revisión 636/2019, podría ser un histórico
avance para garantizar el derecho de las veracruzanas a interrumpir un
embarazo no deseado hasta las doce semanas de gestación.
En conferencia de prensa virtual, las organizaciones Católicas por el
Derecho a Decidir; Justicia, Derechos Humanos y Género; y Academia,
Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, organizaciones que
alegaron que el Congreso local fue omiso al no reformar su legislación a
favor del aborto, expresaron su apoyo al proyecto del ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá.
Representantes de estas organizaciones expusieron que la Primera Sala
sentaría un precedente para el resto de los Congresos del país si
determina que los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz,
que definen el aborto y lo sancionan con tratamiento en libertad,
consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud, son
normas discriminatorias y constituyen violencia contra las mujeres.
La integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Maria de La Luz
Estrada, quien acompañó el proceso, expuso que la Primera Sala se
encamina a señalar que el Congreso de Veracruz debe reformar su Código
Penal en materia de aborto por ser una norma discriminatoria que
violenta los derechos de las mujeres.
La defensora llamó a las y los ministros de la Primera Sala: Juan
Luis González Alcántara Carrancá, quien realizó el proyecto de
resolución, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández a guiar su
decisión por principios y estándares de mayor protección para las
mujeres y no por prejuicios.
De acuerdo con la versión publica del proyecto de resolución, el
Congreso veracruzano cometió una omisión legislativa al no despenalizar
el aborto hasta las doce semanas de gestación, y tampoco cumplió con la
Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará),
instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.
Al hablar del proceso, Estrada dijo que a las organizaciones civiles
les tomó cuatro años lograr que la Suprema Corte analice cuál es el
papel del Congreso local para garantizar los derechos reproductivos de
las mujeres. Este proceso se remonta al 5 de abril de 2016, cuando las
organizaciones solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, por agravio comparado, es decir, por no
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. La
declaratoria de Alerta se hizo el 13 de diciembre de 2017.
Entre los argumentos para solicitar la Alerta, las organizaciones
expusieron que hasta 2016 se reunía un registro de al menos 400 niñas
desde 9 años de edad que fueron violadas y no tuvieron acceso a
interrupción legal del embarazo en Veracruz, ya que a pesar de que en el
estado se puede pedir el aborto por violación, sólo se puede hacer
durante los primeros 90 días de gestación; mientras que en el resto del
país no hay un limite temporal.
Una de las recomendaciones emanadas de esta Alerta fue despenalizar
el aborto hasta las doce semanas del embarazo. Sin embargo, el
Legislativo no hizo la modificación a su Código Penal para modificar el
delito de aborto. Es por esta razón que las agrupaciones presentaron un
amparo alegando omisión legislativa, un recurso que les fue otorgado por
un Juez de Distrito, pero que fue impugnado por el Congreso. Ahora, la
revisión del amparo fue atraída por la Suprema Corte.
Patricia Bedolla, integrante de la organización Academia, Litigio
Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDHAC), expuso que el
Legislativo no fundamentó sus razones para no modificar una norma
discriminatoria para las veracruzanas. No expuso sus motivos pese a que
aceptó las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género
y a que se presentó una iniciativa y se hizo un dictamen para realizar
la reforma.
Bedolla aseguró que es importante y necesario precisar que la materia
del amparo es la omisión legislativa de las y los diputados locales y
ahí se debe centrar la resolución. Agregó que en el proceso para llegar a
este amparo también debe quedar claro que se comparó la norma de
Veracruz, que no reconoce el derecho al aborto, con la de otro
territorio mexicano donde se maximiza este derecho: la Ciudad de México.
A su vez, la abogada de la organización Mexfam, Esmeralda Lecxiur
Ferreira, señaló que el proyecto de resolución hace un análisis de tres
tema relevantes: la Alerta, como un mecanismo que auxilia a las
autoridades y ayuda a visibilizar los Derechos Humanos de las mujeres;
el enfoque psicológico y social en el ámbito salud y los roles de las
mujeres; y la importancia de los instrumentos internacionales.
A esto se suma, expuso el abogado de Justicia, Derechos Humanos y
Género, Rodolfo Domínguez, que la propuesta resolución da una respuesta
clara al amparo que interpusieron las mujeres. Señaló que si bien para
las organizaciones hay una debilidad del proyecto que no considera
vinculante la Alerta de violencia de Género, en este punto se hace
referencia a que no es vinculante para acreditar la omisión legislativa
del Congreso.
El litigante expuso que habrá oportunidad de analizar a profundidad
el mecanismo de Alerta de Violencia de Género. Por ejemplo, hace unos
días la ministra Ana Margarita Ríos Farjat manifestó su intención de
atraer el amparo en revisión 483/2019 para analizar la naturaleza y
objeto de la Alerta de Violencia de Género, en particular la
declaratoria de este mecanismo en la Ciudad de México, en noviembre de
2019.
En su oportunidad, Jaqueline Estrada, integrante del colectivo
Aquelarre, recordó que en el estado, desde 2016, se impuso una visión
moral y religiosa, alejada de la laicidad cuando el Congreso aprobó una
reforma constitucional para “proteger la vida desde la concepción”. Esa
fue otra de las razones que orilló a las agrupaciones a apoyar el amparo
y el derecho de las mujeres.
Las organizaciones coincidieron en que en el estado no es equitativo
el derecho a la salud, por eso destacaron que la Suprema Corte tiene la
oportunidad de sentar precedentes para generar un cambio para que las
autoridades de salud atiendan a mujeres y niñas; pero la decisión, que
debe ser aprobada por tres de los cinco ministros, abre la puerta para
poner sobre la mesa la obligación de los Congresos de despenalizar el
aborto en todos los estados del país.
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