Gabriela Rodríguez*
De acuerdo con las
Proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), actualmente
residen en el país 128 millones de personas, de las cuales 65 millones
son mujeres, 53 por ciento de ellas tiene entre 15 y 49 años de edad, es
decir, están en edad fértil. La tasa actual de crecimiento de la
población de México es cercana a la de remplazo: 1.1 por ciento anual,
se espera que ocurran 2 millones 151 mil 358 de nacimientos en este año;
de éstos, 373 mil 661 serán de adolescentes de 15 a 19 años.
La prevalencia de uso de anticonceptivos modernos en mujeres
sexualmente activas es de 72 por ciento, entre las menores de 19 años es
de 57 por ciento, en mujeres hablantes de lengua indígena es de 61 por
ciento (Enadid, 2018). Hay grandes diferencias regionales relacionadas
con las diferencias culturales, pero sobre todo, del nivel
socioeconómico, quienes menos recurren a los anticonceptivos son mujeres
que viven en las comunidades más pobres de Chiapas (63 por ciento),
Oaxaca (66) y Zacatecas (67 por ciento); las que más los utilizan son
las mujeres urbanas, de Ciudad de México (79 por ciento), Sonora (77) y
del estado de México (77 por ciento).
Un buen porcentaje de mujeres mexicanas vive embarazos no planeados,
38 por ciento de ellas declara que no planeó al último hijo/a, y en tal
situación está 50 por ciento de las adolescentes. Tales nacimientos se
han relacionado con el uso inconsistente de los métodos, dificultades de
acceso, su costo, la negativa de los compañeros a protegerse y, aunque
poco se ha indagado, son embarazos producto de prácticas sexuales bajo
los efectos de sustancias adictivas, principalmente bebidas alcohólicas.
En las menores de 15 años hay muchos casos de embarazos por actos con
violencia sexual, cuyos agresores suelen ser familiares, en todo el país
la ley autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en estos casos.
El porcentaje de mujeres sexualmente activas que no desean embarazarse y
que no usan anticonceptivos (Necesidades insatisfechas de
anticonceptivos –NIA–) se calcula en 11.1 por ciento; entre las
adolescentes es de 27.6 por ciento. La pauta cultural es continuar el
embarazo, aunque no haya sido planeado ni deseado, lo cual identifico
como una maternidad aceptada por inercia.
Entre los múltiples cambios de comportamiento que la emergencia
sanitaria por el Covid-19 ha ocasionado, se observa que las mujeres
acuden menos a solicitar servicios de salud sexual y reproductiva. Los
centros de salud están abiertos, tienen suficiente abasto y ofrecen sus
servicios, incluyendo los de salud sexual y reproductiva amigables para
adolescentes; pero es comprensible que las personas atienden las medidas
de confinamiento solicitadas y sienten temor de contagiarse si acuden a
los centros de salud.
Ante este panorama, el Conapo se ha dado a la tarea de estimar el
número de mujeres sexualmente activas que no están usando
anticonceptivos, aunque no desean embarazarse –NIA–. Como resultado de
este ejercicio se ha identificado que entre 2020 y 2021 habrá en
promedio, un millón 172 mil 152 más de mujeres con NIA, por lo que es
probable que se registren 145 mil 719 embarazos adicionales y no
deseados, respecto a los esperados sin la pandemia. Entre las menores de
19 años, desde un escenario conservador se esperaría un aumento de 20
por ciento de las necesidades insatisfechas, porcentaje que llevaría a
agregar 21 mil 575 embarazos no planeados, de madres adolescentes.
Con la finalidad de atender esta situación, el Conapo está
contribuyendo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva, de la Secretaría de Salud, para establecer acciones que
aseguren la provisión de métodos anticonceptivos, así como promover y
difundir que los servicios de salud sexual y reproductiva sí se están
otorgando en los centros de salud de las instituciones.
La política de población del gobierno de México se apega a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a las medidas
prioritarias del Consenso de Montevideo, está centrada en garantizar el
ejercicio de los derechos humanos de todos los grupos de población, con
una perspectiva de género e incluyendo a los más desfavorecidos: ¡Por el
bien de todos, primero los pobres!; se trata de un cambio cultural que
acompañe las transformaciones estructurales que hoy buscan terminar con
las desigualdades sociales.
Hoy se impulsa una nueva etapa de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo de Adolescentes (Enapea) que evite la deserción,
tercera causa de abandono escolar en el nivel medio superior, que
fortalezca la educación integral de la sexualidad de niñas, niños y
adolescentes, que complemente la formación de las y los beneficiarias/os
de las Becas Benito Juárez y de los programas sociales de gobierno y
que amplíe el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Las iniciativas estatales para censurar la educación sexual en las escuelas, conocidas como
Pin Parental, son una censura al derecho a la información y a la educación sexual de niñas, niños y adolescentes, niega su derecho a una vida libre de abuso, violencia sexual y de embarazos no deseado. Al Estado lo que corresponde es garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, sin discriminar a las personas por su edad.
*Secretaria general del Conapo
Gabrielarodr108
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