Editorial La Jornada
En apenas una semana, las
autoridades mexicanas lograron avances sustanciales en los esfuerzos
por hacer comparecer ante la justicia al ex director de Petróleos
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, al ex titular de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, y al ex gobernador de
Chihuahua César Duarte Jáquez.
Lozoya, quien fue también encargado de asuntos internacionales de la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, decidió abreviar
voluntariamente su trámite de extradición desde España para colaborar en
el esclarecimiento de los ilícitos con los que se le vincula. A Zerón
se le emitió una orden de captura internacional por posible violación a
los derechos humanos y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa;
ayer se confirmó que está en Canadá y que ya se preparan las denuncias
necesarias para lograr su arresto con fines de extradición. Por último,
Duarte fue detenido el miércoles pasado en Florida, bajo cargos de
corrupción, peculado y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos,
y ya se encuentra en marcha el proceso que debería culminar con su
envío a México, aunque la extradición podría tomar varios meses en
concretarse.
Lo primero que destaca en esta sucinta relación es el hecho de que
nunca en la historia nacional se había visto a tantos ex funcionarios de
ese nivel jerárquico localizados o capturados en tan poco tiempo con el
propósito de que rindan cuentas por los actos delictivos que cometieron
mientras se encontraban en el poder. La celeridad con que ha avanzado
la judicialización de éstos y otros integrantes de la clase política
habla de la efectividad y la coordinación existentes entre las distintas
instancias involucradas en la lucha contra la corrupción, en particular
la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
En conjunto, el desarrollo de los acontecimientos refleja el
compromiso de la actual administración federal con la que fue la
principal bandera de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador,
y que ha continuado como tema central de su agenda en los dos primeros
años de gobierno: el combate a la desenfrenada corrupción que
caracterizó al sexenio de su antecesor.
La podredumbre y la demolición del estado de derecho fueron tan
generalizadas durante la última presidencia priísta, que el
enjuiciamiento de Lozoya, Zerón y Duarte dista de representar la
restauración de la legalidad perdida. En cambio, cabe esperar que se
esclarezcan plenamente sus responsabilidades en los ilícitos que se les
imputan, y que estos casos marquen la tónica de una profunda
regeneración en el servicio público.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario