El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es investigado por un presunto daño patrimonial cometido durante su gestión, por casi 3 mil millones de pesos. El monto multimillonario se habría asignado “fuera de presupuesto” para campañas de publicidad de Sedesol, Sedatu, SEP, Consejo Promoción Turística, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Migración
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) dictaminará en los próximos días la responsabilidad del
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un presunto
daño patrimonial cercano a los 3 mil millones de pesos que fueron
asignados “fuera de presupuesto” a varias entidades públicas para la
promoción y publicidad de diversos programas de gobierno.
En la amplia investigación de ese órgano
fiscalizador del Congreso se revisa también la actuación de los
titulares y sus áreas de comunicación social de las secretarías
Desarrollo Social (Sedesol); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) –estas dos dependencias a cargo de la exfuncionaria actualmente
presa Rosario Robles Berlanga– y de Educación Pública, con Aurelio
Nuño. Y es que éste dispuso de 2 mil millones de pesos como ampliación
presupuestal para la llamada reforma educativa”.
Los otros exfuncionarios del primer
equipo de gobierno de Enrique Peña que están relacionados con la
autorización de todas esas ampliaciones presupuestales en materia
política de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad en el
sexenio de Peña Nieto son los tres exsecretarios de Hacienda: Luis
Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes en
los seis años asignaron partidas adicionales sin estar autorizadas por
el Congreso por cerca de 30 mil millones de pesos para diversos medios
de comunicación en los seis años de gobierno.
En el expediente se explica que del
gasto de 2.7 mil millones de pesos fuera de presupuesto, 1 mil 100
millones corresponden al desaparecido Consejo de Promoción Turístico, y
el resto, 1 mil 700 millones, fue canalizado al Instituto Nacional de
Migración, Lotería Nacional, Sedesol y Sedatu, entre otras entidades
públicas.
Al respecto, el vocero del exsecretario
de Gobernación, Roberto Femat, señaló que “de la auditoría forense de la
ASF, sus conclusiones serán dadas a conocer en unos pocos días. Las
observaciones a las que se llegó fueron atendidas en tiempo y forma para
que eventualmente sean solventadas”.
En uno de los procesos de revisión del
pliego de observaciones (2017-0-04100-12-1697-06-001) de la auditoría
forense 2017-No. 1697-GB, que ejecuta el auditor especial de
seguimiento, informes e investigación, Isaac Rojkind Orleansky, se
espera para los próximos días el resultado sobre el probable daño o
perjuicio a la Hacienda Pública Federal por casi 3 mil millones de pesos
y los supuestos responsables, entre quienes destaca el exsecretario
Osorio Chong.
El exdirector general de Comunicación
Social de la Secretaría de Gobernación, Héctor Gandini (actual jefe de
prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social), remitió la respuesta
de esta dependencia a la ASF mediante el oficio UAF/DGPyP/1466/2019, con
fecha 15 de abril pasado, por lo que los plazos de respuesta de la
Auditoría están agotados para concluir su análisis de la investigación
correspondiente a 2017.
En el análisis de los auditores se
revisa que varios de los organismos señalados como beneficiarios de los
recursos para promoción y publicidad, como son el Consejo de Promoción
Turística, el Instituto Nacional de Migración y la Lotería Nacional,
entre otros, recibían parte del dinero recaudado por la Secretaría de
Hacienda que provenía del pago por derechos que hacen los extranjeros
para entrar y salir del país, por lo cual no se trata de dinero que por
su naturaleza estuviera dentro del presupuesto de Comunicación Social y
tampoco era autorizado por la Cámara de Diputados.
El auditor especial de la ASF, Isaac
Rojkind Orleansky, también revisa las funciones que desempeñaban los
ejecutores del gasto en las distintas áreas de Comunicación Social de
las secretarías de Estado involucradas y los órganos descentralizados y
autónomos que también participaron en la distribución de recursos a
diversos medios de comunicación por publicidad y promoción, pues como es
sabido la funciones de Gobernación son sólo normativas y no de
ejecución del gasto publicitario del gobierno federal.
Extrañamente, alguien que no aparece en
estas indagatorias y auditorías especiales de la ASF es el excoordinador
general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la
República, el abogado Eduardo Sánchez Hernández, quien como se sabe era
el responsable de palomear y disponer los montos de dinero público que
debía asignarse a las empresas y dueños de medios de comunicación, así
como a periodistas –la mayoría columnistas– de manera directa.
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