Imagen cortesía de Fátima Gamboa Estrella
Ciudad de México. Los pueblos originarios nos han enseñado que las personas que ocupen los cargos donde se toman las decisiones deben representar a la comunidad, estar conectadas con las bases, promover agendas comunes y trabajar de abajo hacia arriba y así es como se debe elegir a la próxima presidenta del Consejo Nacional de Discriminación (Conapred).
“Esa es la forma en que las mujeres indígenas y los pueblos indígenas
nos organizamos para asegurar la representatividad”, afirmó la abogada
maya, Fátima Leonor Gamboa Estrella, una de las diez mujeres que han
sumado sus saberes para cambiar la dinámica de las designaciones
presidenciales y dar paso a su propia convocatoria y proceso de
selección, entre indígenas y sin intermediarios.
Decidieron aliarse después de que el 16 de junio el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa
que propondría a una mujer representante de los pueblos originarios para
dirigir el Conapred. Si el mandatario tendió una trampa esperando ver
quién caía y quienes se enfrentaban para competir por el cargo, las
indígenas respondieron, pero antepusieron sus principios.
Así como en 2018 la médica nahua, María de Jesús Patricio Martínez,
asumió el papel de vocera del Concejo Nacional Indígena para postularse a
la candidatura presidencial —aunque no consiguió que su nombre
apareciera en las boletas electorales al no alcanzar el número de firmas
necesarias—, Fátima Gamboa aceptó ser la vocera de la Red Nacional de
Abogadas Indígenas y de Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena en
este proceso para cambiar el rumbo de la institución.
Desde su papel como representante de una red y pieza de un movimiento
amplio y multicolor, Fátima hizo una contrapropuesta al Estado.
“Exigimos coherencia: si te importa una mujer indígena y un Estado
pluricultural, vamos a comenzar desde el principio y ese tiene que ser
la designación. Hazlo conforme nuestros procesos, respeta nuestros
proceso de organización”. En entrevista con Cimacnoticias expone sus
razones.
Engañosa “consulta amplia y abierta”
En el mes de junio la entonces presidenta del Conapred, Mónica
Maccise Duayhe, renunció al cargo después de que López Obrador declaró
desconocer la existencia de esta institución y señaló que la
desaparecería. Unos días después, integrantes de la Asamblea Consultiva
del organismo también renunciaron: Mauricio Merino, Katia D´Artigues y
Regina Tamés. En este contexto se le preguntó a Fátima Gamboa por qué
buscar dirigir una institución que ha sido abandonada.
Lo primero que responde es que no es una decisión personal, sino una
apuesta colectiva. “No es un tema particular, ni individual, ni un
visión de -en mi caso personal-“, aclaró la abogada, mujer indígena,
lesbiana, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y
experta en Derechos de los Pueblos Indígenas por la Universidad Carlos
III en Madrid, España, y actual coordinadora del Área Legal de la
organización Equis, Justicia para las Mujeres.
El movimiento surgió porque tras la declaración del presidente, la
Asamblea Consultiva del Conapred y la Secretaría de Gobernación
iniciaron el típico proceso que llaman “consulta amplia y abierta”, pero
que consiste en enviar correos y mensajes a personas de sus círculos
cercanos o que conocen a alguna interesada para preguntarles quién creen
que debería ser la próxima presidenta.
“Esta práctica de las instituciones, de búsqueda de perfiles, no
oficial, como una especie de reclutamiento es reprochable. Desde la Red
Nacional de Abogadas Indígenas tomamos la decisión de postularnos como
una red, es decir de hacer nuestra propia convocatoria y proceso de
selección, entre nosotras, para evitar que se convierta en un
reclutamiento que ignore las formas en cómo las mujeres indígenas y los
pueblos indígenas nos organizamos.
“(También) Para asegurar que quienes lleguen a los puestos de poder
en la función pública o comunitarios no sean personas en lo individual
sino que respondan a una serie de procesos de abajo hacia arriba;
procesos además de representación, consensuados, colectivizados, con
agendas comunes, que estén conectados con las bases y con las
organizaciones de mujeres indígenas.
“Se decidió que fuera la vocera y la candidata de la Red pero para
hacer un ejercicio donde podamos convocar a las demás redes de
indígenas, a las organizaciones y colectivas a hacer lo mismo: generar
nuestros procesos, consensos y sacar propuestas de mujeres con
diferentes perfiles para que también sean voceras.
“Al final nosotras nos juntamos, entre todas, para no generar
competencia ni división entre los diferentes movimientos o redes de
mujeres indígenas. Estas prácticas de Estado, de arriba hacia abajo,
generan competencia, división y falta de sororidad entre las mujeres.
Nosotras hacemos esta propuesta para que cada una de las redes tenga su
propia candidata y generar un movimiento con objetivos comunes y
mensajes claros”.
“Nos bordamos juntas”
El Conapred, desde su creación en 2003, ha tenido cinco titulares:
dos hombres y tres mujeres. Sin embargo, las redes no sólo quieren que
se cumpla la propuesta del presidente de posicionar a una mujer
indígena, ahora exigen que la persona que ocupe la dirección tenga
posibilidad de trabajar, que cuente con recursos humanos y financieros y
que su experiencia e ideas sean escuchadas.
Esa fue la razón para crear el Frente Plural de Mujeres Indígenas por
la titularidad del Conapred, una alianza de organizaciones constituida
el pasado 21 de junio para arropar a las que deseen participar con estos
ideales: hasta ahora diez mujeres. La Asamblea del organismo acogió
seis de las hojas de vida. Al final, quien tiene la decisión es López
Obrador, asesorado por la secretaria de Gobernación, la ministra en
retiro, Olga Sánchez Cordero.
“La contrapropuesta (también) es que una mujer indígena acompañada de
todo un Frente Plural de Mujeres Indígenas pueda proponer nuevas formas
de fortalecer una institución tan importante que atiende el problema de
racismo y discriminación. Este problema nos toca históricamente, nos
duele de manera particular a las mujeres indígenas, por eso nos bordamos
juntas aunque seamos de hilos de diferentes colores”.
Una vez que se organizaron para denunciar la selección arbitraria del
cuerpo de una mujer indígena para estar al frente de una institución
que se quiere desmantelar, también quieren protegerse de no vivir
violencia política y de ser acusadas, en el futuro, de desaparecer un
organismo que hoy parece desmoronarse.
En este gobierno que ha asumido la paridad como una bandera, Fátima
Gamboa dice: “No merecemos ocupar puestos de poder en la administración
pública, en instituciones que están siendo desmanteladas. No queremos
sobras, tenemos nuestras propias propuestas y posturas políticas de cómo
hacer las cosas”.
—Anayeli García Martínez (AGM): ¿Para qué llegar a dirigir el Conapred?
—Fátima Leonor Gamboa Estrella (FLGE): Decidimos
hacer propuestas para recuperar algo que hicimos la Red Nacional de
Abogadas Indígenas: un informe con el que logramos (en 2019) una
recomendación del Comité para la Eliminación Racial de la ONU (Comité
CERD) para fortalecer al Conapred.
“La competencia de Conapred es más amplia que la del Inmujeres o de
la CNDH, en tanto funciones, competencia y sujetos. La CNDH ve actos de
autoridad, Conapred ve actos de autoridad y particulares. Inmujeres ve
todo lo que tiene que ver con género, muy abocado a mujeres, en cambio
Conapred ve cuestiones de discriminación por género, condición racial,
por discapacidad, migración, diversidad sexual. Es mucho más amplia la
agenda de Conapred. Ve más sujetos y no tiene recursos.
“Tenemos como estandarte esta recomendación pero la primera forma de
comenzar a transformas las instituciones, como nosotras queremos, es
cambiando incluso la forma de designación de la titular.
“No queremos dobles discursos, que se diga -soy un gobierno
incluyente que le importa la agenda de los derechos de las mujeres
indignas-, pero al mismo tiempo el Estado tenga una política donde en el
presupuesto desaparezca los derechos (como ocurrió con los recursos
para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas o con las Casas de
la Mujer Indígena y Afrodescendiente).
“Conapred no es un tema nada más de indígenas, sino de múltiples
discriminaciones y desde ahí hacemos un llamado a las demás
organizaciones de Derechos Humanos para que se sumen a este frente,
enriquezcan y seamos un sistema de contrapeso y podamos incidir en la
toma de decisiones de la Secretaría de Gobernación y del presidente”.
Atender discriminación de Estado
—AGM: ¿Qué proponen hacer si el mandato de la
institución es tan amplio y si Conapred ha rechazado conocer casos de
discriminación, alegando que se trata de violaciones a Derechos Humanos o
faltas administrativas?
— FLGE: Me parece que hay que tejer o fortalecer
mucho más el trabajo de coordinación interinstitucional entre estas
dependencias. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(INPI), el Inmujeres y la CNDH tienen que estar muy coordinados para que
no haya una especie de sobre-exposición de competencias. Tendría que
analizarse caso por caso, pero el Conapred es el órgano especializado en
discriminación que puede fortalecer capacidades del INPI, la CNDH o el
Inmujeres para que atiendan de mejor manera.
“Hay que revisar competencias, protocolos, manuales de actuación para
evitar estas confusiones entre las dependencias, lo que provoca la
falta de atención y el peloteo en que está la ciudadanía. Cuando estas
competencias se tengan claras se deben dar los mensajes a la ciudadanía e
informar qué es Conapred y cómo se diferencia de otras instituciones.
—AGM: Si una de las aspirantes apoyadas por el
frente es designada, ¿han planeado una política para atender la
discriminación en el país en el actual contexto de pandemia y
austeridad?
— FLGE: Estamos más en el proceso organizativo, pero
hemos dialogado de las cosas que se necesitan hacer. Estamos ciertas en
poder tener una ruta de trabajo en donde podamos escuchar a diferentes
colectivas que han sufrido en carne propia la discriminación, revisar la
documentación que existe sobre discriminación y junto con otros actores
generar un diagnóstico para ver qué mejorar y eficientar.
“Básicamente lo que hay que hacer es política pública: ver qué hay,
qué no ha funcionado y qué no hay y sobre todo en qué temas. Revisar por
la situaciones en las que estamos, qué temas son más relevantes en
términos de urgencia. Por ejemplo: la violencia de género y los
feminicidios que se deben atender con otras dependencias como el
Inmujeres, y acciones que se tiene que bajar a la política pública con
los estados.
“Es ver temas prioritarios: la migración y militarización. Por
ejemplo, los reportes de la Encuesta Nacional de la Población Privada de
la Libertad (Enpol) de que 42 por ciento de las mujeres detenidas por
la Marina vivieron tortura sexual. Además, el decreto presidencial para
que las fuerzas amadas auxilien en labores de la función pública. Esos
son temas a atender, donde el Estado hace un uso agresivo del poder y en
este contexto genera discriminación. ¿Cómo le hacemos desde esta
institución para sentarnos con la Marina y la Guardia Nacional?
“En migración está pendiente el protocolo para evitar detenciones
arbitrarias por los rasgos físicos de las personas. El protocolo ya
está, pero no se está capacitando al personal y evaluando el impacto.
Hay muchos temas truncos y urgentes. Por eso se necesita tener ya a la
nueva titular del Conapred. No puede ser que se deje sin cabeza para que
se deje morir, por decirlo de alguna manera. Es urgente que se designe a
la nueva titular en el contexto que estamos viviendo de seria
discriminación y racismo, provocado, incluso, por el Estado”.
El Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial en México, realizado
por El Colegio de México indica que las personas de pueblos indígenas o
con un tono de piel oscuro viven más racismo y discriminación y la
Encuesta Nacional sobre Discriminación, del Inegi, lo confirma. Esta es
una de las razones para que Fátima Gamboa exponga que uno de los
principales problemas de México está allí.
“Nosotras observamos, miramos y hemos vivido que de estos problemas
se distribuyen ciertas cosas: el dinero en el país. Algunos cuerpos, en
algunos contextos, van a ser pobres y otros no; o algunos cuerpos van a
tener oportunidades de estudiar y otros no. Ahí hay una reproducción de
la desigualdad, de la pobreza, ahí se dan las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres. La discriminación niega autonomía y derechos a
las personas”.
“Si un gobierno quiere atacar la pobreza, atacar la violencia y
generar un desarrollo con igualdad, tiene que abordar el problema de la
discriminación, pero con mucha seriedad”.
Al final, la abogada dijo que las indígenas deben tener voz y voto en
esta designación, piden que se transparenten los criterios de selección
y que no sean discriminatorios, por ejemplo que les exijan tener
estudios universitarios, un requisito que está en la ley pero muchas
indígenas con experiencia y perspectiva de igualdad no tienen. La
Asamblea Consultiva tiene la tarea de acercar estas peticiones y no sólo
la lista de perfiles al presidente de la República.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario