El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador y toda la administración pública federal cometen un grave error
al reducir sin un análisis serio y objetivo, porque evidentemente no lo
hay, de los recursos destinados a atender la emergencia de la violencia
contra las mujeres, una emergencia previa al COVID-19.
Convencida de que no puede haber defensa férrea a un presupuesto si
no es con el mismo interés por su uso racional, transparente, eficaz y
eficiente, no haré una defensa a ciegas ni por otorgar un “cheque en
blanco” como he sostenido en diversas intervenciones y espacios de
opinión con actores y actoras de la agenda de Derechos Humanos de las
mujeres, lo hago desde la exigencia de que se acabe también la
simulación de la inversión, que realmente ha tenido un uso clientelar y
proselitista, en muchas ocasiones.
La respuesta no es cancelar los fondos destinados a atender las
Alertas de Violencia de Género en las entidades, o destinar fondos al
Inmujeres, o seguir recortando a los fondos de Proequidad y
Transversalidad, o los que en género se destinaban a través de Indesol,
que son una obligación del Estado a partir del artículo 2 y 39 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que
forman parte de las obligaciones de la Convención de Belem do Pará, como
señala el Mecanismo de Seguimiento a través de su Sistema de
Indicadores y da oportunidad a cumplir con las recomendaciones del
Comité de Expertas de la CEDAW.
Quienes trabajamos y conocemos y estuvimos en la defensa de los
fondos desde muchos años atrás, y sabemos lo que costó que se
destinaran; no vengan a decirnos que les nació darlos, fueron resultado
del trabajo y exigencia de muchas mujeres que nos antecedieron desde la
sociedad civil organizada y destacadas y comprometidas feministas que
pelearon a principios de la década del 2000 para que la Cámara de
Diputados sostuviera los presupuestos con perspectiva de género. Aquí es
claro nunca hubo ni habrá concesiones.
Hay que admitir que hubo errores. Pero para nada justifican que se
reduzca hasta casi la extinción de esos fondos. Por el contrario,
necesitamos todas, feministas y mujeres en los partidos políticos, hacer
una revisión objetiva y mediada exclusivamente por el interés de la
vida y la dignidad de las mujeres y las niñas, partir de reconocer que
si algo ha faltado son resultados, uso eficiente y eficaz de los fondos,
no es posible justificar tanto dinero y por el contrario la violencia
siguió creciendo y aumentando en forma sostenida. Es claro que falta un
análisis congruente e integral acerca de cómo lograr resultados de
impacto y no solo cuantificar números de acciones y presupuestos
ejercidos.
No, no podemos ser cómplices ni complacientes en ningún sentido y con
ninguna otra causa que no sea la vida y la dignidad de las mujeres, no
con los contratos ni las licitaciones, ni las figuras de consultoras y
asociaciones creadas ex profeso en algunas entidades y ligadas a
funcionarios, para obtener contratos de los fondos destinados a la
prevención de la violencia sin ninguna experiencia ni con el ácido
rechazo a todo lo que tenga el sello de género, ni con la pasión y el
furor de las convicciones institucionales.
No, solo con la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres
mexicanas que fueron y son asesinadas diariamente producto de la
indiferencia y la complicidad asesina que alentó con la violencia
estructural y sistémica, la violencia feminicida.
Urge, es vital y solo podemos partir del diálogo y el acuerdo a
partir de mantener y sostener la inversión pública -obligada al Estado
mexicano- para la prevención y atención de la violencia pero también es
que se haga una inversión real en el gobierno federal y las entidades
federativas y los municipios.
No hay vuelta de hoja, no hay diálogo posible, ni acuerdo ni podemos
sentarnos a hablar si no es partiendo de que los montos destinados a la
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es
una emergencia anterior al COVID y en consecuencia debe mantenerse en
paralelo a esta condición extraordinaria.
Puede y debe recortarse de todos lados posibles menos de la violencia
contra las mujeres y la búsqueda de la igualdad para revertir la
desigualdad histórica.
Y también es necesario partir de que, si vamos a luchar porque se
mantengan los fondos, es igual urgente e innegociable que se comprometa
el uso eficiente, racional y sin desvíos ni usos clientelares de los
recursos de prevención y atención de la violencia en las entidades
federativas. En contra de los recortes, a favor de la verdadera
inversión.
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