El gobierno puso las reglas y hoy le toca cumplirlas sin excepción.
Nos ha machacado una y otra vez “que al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie”. Que su misión es la transformación, que no
discrimina, que cuenta con una política exterior feminista y que como
nunca se protege a las mujeres.
Más allá de si se les cree o no, lo que le toca es cumplir con la
ley. Así, a secas. Cumplir con la ley que les mandata desde la
Constitución hasta las leyes generales, desde los acuerdos y tratados
internacionales hasta las leyes secundarias, a difundir, promover,
garantizar y proteger todos los Derechos Humanos, incluidos los de las
mujeres y niñas.
Y cumplir la ley es devolverle a las mujeres el dinero que les
corresponde. Cada peso que fue aprobado por la Cámara de Diputados para
los Derechos Humanos de las mujeres debe entregarse sin reservas.
Para ningún país es sencillo transitar la pandemia. Ninguna nación
está exenta de la crisis que significa, no solo el reto sanitario sino
la crisis económica, y eso lo entendemos, que para transitar esta
emergencia es necesario redefinir prioridades, reajustar el presupuesto.
¿Porqué en esta priorización las mujeres y sus derechos están excluidas?
En este ajuste presupuestal y en la instrucción del 23 de abril donde
se estipula el recorte de 75 por ciento del presupuesto de servicios
generales y suministros, también se exceptuaban 38 programas y áreas prioritarias, entre ellos la defensa de los Derechos Humanos.
Y desterrar la discriminación y construir la igualdad de las mujeres,
erradicar la violencia en su contra y garantizar la participación plena
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida son acciones que
corresponden a los Derechos Humanos, por lo tanto, tendrían que ser
intocables. Sin embargo, las acciones que han devenido tras el decreto
contradicen la ley.
En julio la titular de la Comisión de Atención a Víctimas hizo
público que el retiro del 75 por ciento implicaba paralizar
prácticamente la institución, la respuesta: su renuncia. En la CEAV hay
familias, victimas del feminicidio, niñas y niños en orfandad por la
violencia machista.
Ahora le tocó al Instituto Nacional de las Mujeres, pilar de la
política de igualdad entre mujeres y hombres, institución defensora de
Derechos Humanos que tendría que estar exenta de este recorte de acuerdo
con el decreto de austeridad.
La experiencia de años demostró que aquellas partidas
presupuestales ganadas para la construcción de la igualdad eran sujetas
de desvíos y recortes, por la falta de igualdad y el exceso de machismo
de los gobiernos.
Por ello las legisladoras feministas y el movimiento protegieron los
recursos y colocaron en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que “no se podrán realizar reducciones a los programas
presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.”
Por lo tanto, el recorte al presupuesto del Inmujeres vuelve a
violentar la Ley que le protege por doble vía por la presupuestal y la
de austeridad.
A esto se suman todos los recortes que se han hecho a los programas
de igualdad, a los que implican la aplicación de las Alertas de Género,
las casas de las Mujeres indígenas, Transversalidad de la perspectiva de
género.
Más allá de lo que crean las autoridades, tienen una obligación de hacer cumplir la Ley, por lo tanto, deben respetar cada peso y centavo que se ha destinado para los Derechos Humanos de las mujeres.
Si ellos creen que éstos pueden esperar o que la visión misógina de
que las mujeres estiran el gasto y hacen maravillas se aplica en la
política y al deber del Estado, se equivocan. Ellos pusieron la regla y
ahora les toca medirse con ella. Si los argumentos no les convencen, la
ley los mandata.
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