A diferencia de las capturas de Javier Duarte o de Emilio Lozoya Austin, nieto, por cierto, de otro ex gobernador chihuahuense, la de César Duarte es el resultado de un proceso iniciado ya hace casi siete años, en el que intervienen factores sociales y políticos, cada uno con su peso y su contribución específica e imprescindible.
La ciudadanía movilizada: el primero de ellos es el movimiento ciudadano que desde 2014 se generó a partir de la documentada denuncia del licenciado Jaime García Chávez por los hechos de corrupción de Duarte Jáquez con el banco Unión Progreso. Ese otoño se integró la Unión Ciudadana, en la que convergimos un amplio grupo de personas, con o sin militancia partidista, para apoyar dicha denuncia, invitar a presentar más y exigir justicia y castigo a los responsables. En ese movimiento ciudadano se expresó la indignación de miles de chihuahuenses hartos del saqueo de los recursos públicos y de la cínica ostentación del duartismo.
Los periodistas libres: fueron también muy importantes las denuncias de un puñado de periodistas valientes, comprometidos con la verdad, que supieron difundir las corruptelas de Duarte y su pandilla con datos duros y bien fundamentados: no sólo sobre Unión Progreso, sobre la Unión Ganadera División del Norte, sobre el tráfico con los medicamentos que, por cierto, formaba parte de un sistema de corrupción que abarcó varios estados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estas y estos periodistas sufrieron persecuciones, amenazas, les cortaron todo tipo de pagos, incluso los de publicidad ya contratada. Ellos le dieron pelos y señales, le pusieron carne al esqueleto de lo que era ya voz común en Chihuahua sobre el lucro político y económico del gobernador y su red de cómplices con la cosa pública. Ran sólo en este espacio, La Jornada nos publicó más de 20 artículos al respecto entre 2012 y 2016.
El gobierno del estado de Chihuahua: no se puede regatear la labor de equipo que formaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Consejería Jurídica, por instrucciones del gobernador Corral. Se dieron a la tarea de abrir y sustanciar varios expedientes, llamados los expedientes X
, presentar denuncias y proceder dentro del ámbito del fuero común contra 23 ex funcionarios de la administración de Duarte. Se han emitido 21 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador que involucran más de 6 mil millones de pesos. Con toda esta documentación, se presentó al gobierno federal, desde tiempos de Peña Nieto, la solicitud de extradición del ex funcionario.
El gobierno de la 4T: otro de los factores decisivos es el compromiso efectivo de la administración de López Obrador, mediante la Fiscalía General de la República y la cancillería, en lograr la captura con fines de extradición del ex gobernador. La importancia del papel del gobierno de la 4T se puede observar con toda claridad haciendo un contraste con lo hecho
por el de Peña Nieto. Mientras éste se mantuvo en el poder, ni la cancillería, ni la PGR –nos tocó incluso entrevistarnos con la procuradora Arely Gómez al respecto– hicieron nada por la justicia. Duarte se pudo fugar y vivir con toda tranquilidad en Estados Unidos entre 2016 y 2018. Desde su gira de agradecimiento por Chihuahua, en octubre de ese año, López Obrador se comprometió a hacer realidad la extradición de Duarte. Y el miércoles 8, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el cumplimiento de la promesa presidencial.
Para demeritar las cosas, algunos dicen que fue un regalo de Trump a López Obrador
por su visita. En buena lógica formal, podríamos decir que el viaje del Presidente de la República a Washington tal vez haya sido la ocasión que aprovechara el gobierno estadunidense para la captura de Duarte, para hacer un guiño a su par de México, pero de ninguna manera la causa eficiente de la misma. Ésta se llevó a cabo porque los expedientes que fundamentan la aprehensión con fines de extradición están bien integrados conforme al derecho internacional, eso hay que reconocerlo.
Todo el caso César Duarte nos muestra cómo la convergencia efectiva de sociedad civil organizada, medios de comunicación libres y compromiso de los gobiernos estatal y federal son decisivos en la lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad. Pero no es tiempo aún de lucir las medallas, porque hay dos tareas inmediatas que investigar y proceder contra toda la red de políticos y empresarios que se tejió a partir del ex gobernador no sólo en Chihuahua, sino a escala federal. Sólo así se pueden exorcizar los sombríos tiempos del saqueo de lo público, no sólo en el norte lejano, sino en todo nuestro México.
*Investigador-docente de la UACJ
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