Sin precedente, la lucha contra la corrupción en México
Coca-Cola admite que no es sana para los niños
Poetas
Ha sido buena, en general, la
reacción de la prensa internacional a la decisión del gobierno mexicano
de no enterrar, sino llevarla a la justicia, la corrupción que campeó en
los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La reacción
tiene el valor de ser espontánea, no inducida ni pagada, la Presidencia
ha seguido la línea de no atender a la prensa extranjera, no obstante
que jugó un papel decisivo para evitar que Fox ejecutara el desafuero
del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. El diario británico Financial Times –ya una vez fue objeto de un reclamo del presidente López Obrador– escribió esto: El presidente mexicano ha pedido a dos de sus predecesores (Calderón y Peña) que testifiquen sobre supuesta corrupción durante sus administraciones después de que un testigo los vinculara a esquemas ilícitos. Los fiscales dicen que Emilio Lozoya, el ex jefe de la petrolera estatal Pemex, les confesó que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht pagó millones de dólares de sobornos para ayudar a la campaña electoral de 2012 del ex presidente Enrique Peña Nieto. Lozoya, quien fue extraditado de España para hacer frente a cargos de corrupción, también ha alegado corrupción en el marco del gobierno conservador de Felipe Calderón en 2006-2012. Testificó que vendía materia prima a una planta petroquímica con una gran pérdida en otro esquema ilegal que involucraba sobornos, dijo el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Agrega Financial Times:
En una medida sin precedente en un país con una larga historia de proteger a sus principales líderes de acusaciones, el señor López Obrador sostuvo que sus dos predecesores debían responder a las denuncias. El fiscal general ha revelado que ademas de los dos ex presidentes están involucrados en posibles actos de corrupción, servidores públicos y legisladores, dijo el presidente de izquierda en su conferencia de prensa matutina.
Así que lo que viene después es que deben ser llamados y el señor Lozoya debe presentar pruebas. No podía faltar, por supuesto, un puntillazo. Agrega el diario:
Los expertos dijeron que el momento de la extradición del señor Lozoya de España a México y los dramáticos informes de su testimonio, eran políticamente convenientes para un presidente que estaba luchando contra uno de los mayores números de muertes por coronavirus del mundo y una terrible recesión económica. Más allá de ese comentario, en el balance costo/beneficio, es importante que conozca el mundo la batalla contra la mugre política en uno de los países más corruptos del mundo.
Coca-Cola
El nuevo etiquetado ya está presente en algunas bebidas y
alimentos procesados para prevenir sobre el exceso de sustancias no
recomendables para la salud. Por ejemplo, Coca-Cola advierte que no es
recomendable para niños por el exceso de calorías y azúcares, además de
los edulcorantes y la cafeína que contiene. Con el objetivo de cumplir
con las modificaciones que el Congreso hizo a la Ley General de Salud, y
la NOM-051, Coca-Cola comenzó a mostrar en algunos de sus productos el
nuevo etiquetado que deberá entrar en vigor a partir del primero de
octubre. Hace unos días el Congreso de Oaxaca realizó una modificación a
la ley para prohibir la venta de alimentos altos en azúcares, grasa y
sodio a niños y adolescentes menores de 18 años.
¿Cuando menos que declaren EPN y FC?
Vericuetos judiciales
Contra un dirigente sindical
Funeral de Miranda Cardoso
A juicio del presidente de
México, cuando menos dos de sus antecesores (Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto) deberían ser llamados a declarar en el contexto del
aún gelatinoso proceso judicial que tiene a Emilio Lozoya Austin como
delator personaje principal.
El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de
procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del
propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto, es decir, que
la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos
responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha
abundado en detalles, pistas y adelantos respecto de lo que habría de
decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones
jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo para no conceder
ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso
judicial, pero se resiste a promover desde la silla presidencial
acciones contra ex presidentes de la República, derivando el tema hacia
una hipotética consulta popular en la que él abogaría por no hacer nada
contra Peña, Calderón y otros a los que, sin embargo, sí desea ver
sentados en el banquillo de los declarantes, aunque las diligencias
judiciales no pasen de ahí.
Los vericuetos, contradicciones y eventuales insuficiencias del
proceso escogido para hacer de Lozoya un colaborador de temporada
generan, sin embargo, una percepción ampliamente esperanzada en una
parte de los mexicanos que demandan acciones firmes contra los
principales responsables del desastre nacional que casi diariamente
menciona el actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal en sus
expandidas conferencias mañaneras de prensa.
En este caso, tan delicado y tan expuesto al rigor del análisis
público, la Fiscalía General de la República, autónoma solamente en
teoría, y la Presidencia de la República deben cuidar que los éxitos de
circunstancia y proscenio lleguen a tener correspondencia justiciera a
la hora de las sentencias formales. También deberían evitarse
declaraciones desafortunadas como las hechas ayer por el fiscal Gertz
respecto al trato dado a Rosario Robles Berlanga, endilgándole a la ex
secretaria peñista una especie de culpabilidad extralegal de estar en
prisión preventiva a causa de que no ha querido
colaborarrespecto a delitos de los que ella se declara inocente.
De pronto ha caído la guadaña judicial y hacendaria sobre un
dirigente sindical en México. No ha sido uno de los archiconocidos
gerentes delictivos de organizaciones de trabajadores, sino alguien poco
conocido, Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de
Trabajadores de México, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera
congeló sus cuentas bancarias, donde había constancia de transferencias
por miles de millones de pesos, y la fiscalía de justicia del estado de
México metió a la cárcel bajo acusaciones relacionadas con homicidios,
extorsiones, despojos y secuestros. Bello ha dicho que apoya al
presidente de la República y la llamada 4T. Por otra parte, mantuvo
diferencias con Pedro Haces y su Confederación Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (Catem), que aspira a ser una de las dos
organizaciones sindicales favoritas de este sexenio.
Astillas
Ayer fue inhumado en Toluca el cuerpo de Luis Miranda
Cardoso, padre de Luis Miranda Nava, político de marcada cercanía con
Enrique Peña Nieto, quien no asistió al funeral ni el gobernador Alfredo
del Mazo. Salvo el hallazgo de una camioneta relacionada con los hechos
criminales, hasta anoche no había más información oficial sobre ese
asesinato que ha generado especulaciones... Hoy, a las 8 pm, el autor de
estos teclazos moderará una conversación entre tres ex guerrilleros que
pertenecieron a la Liga Comunista 23 de septiembre, en el contexto de
la nominación al Ariel de Oblatos, el vuelo que surcó la noche,
documental dirigido por Acelo Ruiz. La conversación podrá verse en
facebook.com/elccc y, la película, gratis durante unos días, en
FilminLatino https://bit.ly/2PLicxx … ¡Hasta mañana!
Lozoya, ¿Valachi autóctono?
Famiglias mexicanas, fúricas
Seis décadas atrás la mafia se
cimbró tras las confesiones y pruebas que uno de sus integrantes, Joe
Valachi, rindió y presentó ante las autoridades legislativa y judicial
estadunidense, con lo que, a cambio de protección, rompió la tradicional
omertà y reveló nombres y apellidos de los cinco integrantes de la
comisión, el máximo órgano colegiado de las cinco famiglias neoyorquinas. Tras ese episodio, el crimen organizado no fue el mismo, pues urgentemente debió cambiar prácticas, códigos, tácticas y estrategias para intentar mantener intocados sus vastos negocios ilegales, así como sus muy productivas relaciones con la clase política de aquel país.
Sirva de paralelismo, pues de la mafia mexicana (al menos de la
surgida del salinismo) Emilio Lozoya Austin resulta ser el primero en
romper abiertamente la omertà autóctona y detallar el modus operandi de las selectasfamiglias
político-empresariales de México y de qué forma hacían negocios,
componendas, enjuagues, compraventa de favores y demás gracias que a sus
integrantes les permitió amasar fortunas de cuento de hadas, incluida
la del propio ex director de Pemex.
Cierto es que muchas de las tranzas eran más que conocidas, pero la famiglia
autóctona se sintió tan confiada, tan suelta, tan impune, que de plano
se descaró y los casos de Agronitrogenados y Fertinal apenas son un par
de botones del vestuario completo. Este conglomerado
político-empresarial desvalijó al país, siempre en connivencia con el
aparato de
procuración de justicia, y, como diría Javier Jiménez Espriú, a lo largo de al menos cuatro décadas no dejó piedra sin labrar. Total, la factura siempre la pagaban los mexicanos.
A Joe Valachi la
comisiónneoyorquina puso precio a su cabeza, aunque no logró acabar con él, e intentos sobraron. En el caso de Lozoya quién sabe si ha sucedido lo mismo, pero lo cierto es que la famiglia mexicana está fúrica, porque sabe que puede complicársele el panorama, en especial cuando la cabeza del gobierno federal no pertenece a su pocilga.
En vía de mientras, para condimentar la sopa el ex director de Pemex
involucró a dos ex inquilinos de Los Pinos: Enrique Peña Nieto y Felipe
Calderón; documentó la inyección de dinero sucio en la campaña electoral
del divo de Atlacomulco; involucró a ex legisladores en la compraventa
de votos para la expedita aprobación de las
reformasdel peñanietismo (en primer lugar la energética, por ser la más jugosa para hacer negocios a costillas de la nación); corrupción en Etileno Siglo XXI, en tiempos del comandante Borolas, y mucho más.
A pesar de ello, López Obrador insiste en no enjuiciar a los ex
presidentes, salvo que la decisión surja de una consulta ciudadana y que
se tomen en cuenta
cuando menos a los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y que la gente decida, porque no fue un sexenio nada más, sino un periodo de saqueo, de destrucción del país, y las eventuales denuncias serían atendidas por la FGR.
Eso sí, el mandatario dijo que con base en el testimonio de Lozoya, tendrán que ser llamados a declarar
Calderón y Peña Nieto, el diputado, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray. Todos (incluidos Salinas, Zedillo y Fox). Es por procedimiento, pero al mismo tiempo no puedo convertirme en encubridor o en cómplice.
Por cierto, en los corrillos políticos se dice que, tras las
revelaciones de Lozoya, los 353 ex diputados y 95 ex senadores
(priístas, panistas, verdes y aliancistas, allá por diciembre de 2013,
que votaron velozmente a favor de la
reformaenergética y estiraron la mano) hicieron compras de pánico y al por mayor adquirieron medicamentos anticagalera. Se trata de los mismos ex legisladores que, muchos de ellos, con una sonrisa aceptaron la coima, pero hoy gritan que el ex director de Pemex
es un delincuente.
Las rebanadas del pastel
Cuestionar la vacuna Sputnik-V tiene tufo rusofóbico y parece un resabio de la guerra fría. ¿Será porque el salvaje de la Casa Blanca hizo berrinche y Putin le ganó la partida?
A Morena, un manipulador manipulado
Escribir sobre Morena es como
calcar una historia de fracasos repetidos que no se quiere entender por
más que el PRD –antecedente de Morena– esté hundido, y por más que los
remedios se pongan al alcance del quehacer político de una militancia
amorfa, así como de ciertos liderazgos empeñados en hacer de la
organización un cártel familiar o una dudosa maquinaria de servicio para
los cuates.
Empecemos por la Ciudad de México: resulta que aquí, en la capital,
considerada por muchos el bastión de Morena, la experiencia nos dice que
no se han hallado las dirigencias que encaminen al organismo al
fortalecimiento de sus cuadros políticos.
Ahora envuelto en una trayectoria oscura que apenas busca disiparse,
pero marcado por su reciente fracaso en la Central de Abasto, es decir,
salido de la nada, Héctor García Nieto será –no tiene oposición– el
nuevo dirigente local del partido en la Presidencia de la República.
Lo malo del señor García Nieto es que antes de la elección ya promete
a ciertos diputados y alcaldes una relección aterciopelada siempre que
sea él quien la maneje, o manipule –esto último se le da más–, según nos
cuentan.
El inútil instituto electoral de esta capital ya dio el banderazo de
salida a las campañas políticas, y luego de una buena propaganda, como
el resucitador, no son pocos los que han buscado a García Nieto para que
su poderoso dedo los mantenga en el nirvana, sobre todo por aquello de
la rencarnación, pero tampoco hay que menospreciar a los que quieren
llegar que se han convertido en sus fans.
Pero hay quien asegura que el trabajo para el que lo solicitan es
para impedir que ciertos brazos políticos de algunos personajes que se
han extendido hasta la ciudad crezcan; es más, el cometido sería
cercenarlas para imponer nuevas candidaturas alejadas de la influencia,
por ejemplo de algunos senadores y hasta de Marcelo Ebrard, de quien,
dicen, ya no está en el camino, pero la querencia nadie se la quita.
Lo que en todo Morena ahora se comenta es: ¿De dónde salió Héctor
García Nieto? ¿Cuáles son sus merecimientos para gobernar la parte más
poderosa de Morena? ¿Quién tomará las decisiones de fondo en el partido?
Total, la mejor explicación fue: es un manipulador manipulado. ¿Verdad
que huele a amarillo?
En lo nacional, de lo que nos encargaremos muy pronto, hay mucha
confusión porque algunos líderes que no quieren encuestas abiertas por
puro temor de perder a la buena, andan buscando ayuda a futuro para
obtener los beneficios que se dan a los negocios familiares. ¿Será?
De pasadita
Hay quienes aseguran que frente a los cambios que habrán
de realizarse en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador para finales
de año, algunas dependencias quedarán acéfalas y en una hay quienes
acomodan barajas en los huecos que propone el recambio.
Uno de esos huecos, tal vez el más anunciado, es el que propone la
supuesta candidatura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, a la gubernatura del estado de Sonora.
Y cuando los agoreros hacen cuentas descubren que hay muy pocos
personajes que puedan cubrir un área de tan alta responsabilidad, aunque
después alguno ha descubierto que Marcelo Ebrard podría echarse a
cuestas el muy, pero muy difícil y peligroso encargo.
En la cancillería, cuando alguien expresó tal posibilidad, los ojos
se abrieron y las caras se pusieron en modo de ¿what? Él, o la atrevida,
fueron casi acusados de traición. Una cosa así es no querer al
canciller, dijeron, pero la banderilla quedó clavada en lo más alto de
los horizontes políticos que tiene pensado el equipo del ex jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Lo malo del asunto es que las
decisiones de ese tipo no se toman en la Secretaría de Relaciones
Exteriores y las necesidades del país, ahora más que nunca, marcan
senderos. Así es.
Editorial
La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
anunció ayer que bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo,
líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, así como
las de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas al dirigente
gremial. De acuerdo con la oficina encargada de inhibir el uso del
sistema financiero para el manejo de recursos de procedencia ilícita,
Bello dispersaba las ganancias de sus actividades criminales a través de
instituciones legales, para lo cual recurría a prestanombres, empresas
fachada y una red de familiares y colaboradores.
Cárcel para todos los abusadores del poder
La acusación de corrupción de
Emilio Lozoya a Peña Nieto y Luis Videgaray, en boca de millones de
mexicanos, es una gran noticia que, al fin, podamos ver a todos esos
pillos en la cárcel o lo más importante, que regresen nuestro dinero
robado de manera inmoral.
El escenario político
latinoamericano se cimbró la semana pasada con el arresto domiciliario
de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, ordenado por la Corte
Suprema de ese país. En América Latina, las detenciones, los procesos
penales y la justicia no son necesariamente elementos concatenados que
reflejen la vigencia de un estado de derecho en nuestras jóvenes y
frágiles democracias.
Durante los últimos días de
marzo y los primeros de abril, la emergencia sanitaria irrumpió en
México y llevó a que las oficinas se vaciaran y el trabajo, junto con el
miedo y la incertidumbre, se mudaran a los domicilios de empleados y
patrones.
Trump ha conseguido algo muy
significativo: constituirse como eje ordenador de la política en América
Latina. Posicionarse en favor o en contra de su figura y sus ideas
supone hoy un nuevo criterio dominante para agrupar a los diferentes
grupos políticos y también a las preferencias ciudadanas.
Esta suerte de plebiscito ideológico sobre el presidente de Estados
Unidos tiene una particularidad: distribuye muy desigualmente a los que
están a un lado y al otro. La gran mayoría latinoamericana rechaza su
manera de hacer política.
En las últimas cuatro encuestas del Celag realizadas en los pasados dos meses en América Latina, para Chile, México, Bolivia y Ecuador, observamos que cómo mínimo, 70 por ciento de la ciudadanía en cada país tiene una imagen negativa de Trump. Estos porcentajes están en la línea con otro estudio del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, para Argentina (casi 70 por ciento) y Brasil (60 por ciento).
Dentro de cada país, sea cual fuere el criterio de desagregación que apliquemos, no hay apenas diferencia entre grupos sociales, salvo en contadas excepciones. Por ejemplo, en Chile, en la población que se autoidentifica de
Más allá de esas contadísimas salvedades, el antitrumpismo es un fenómeno transversal, es un nuevo sentido común de época que está impregnado en toda Latinoamérica. En poco tiempo ha logrado, incluso, desbancar otros ejes ordenadores que estuvieron muy presentes en años anteriores. Su postura injerencista, su carácter supremacista, su lenguaje belicista, sus políticas antimigratorias y su poca
Sin embargo, esta animadversión ciudadana está disociada de la relación estrecha que tienen algunos presidentes con Trump. Este es el caso de Jeanine Áñez (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo (Paraguay) o Iván Duque (Colombia). Nace así un dilema complejo que deben afrontar los gobiernos conservadores de la región: compatibilizar su alto grado de dependencia del presidente de Estados Unidos con lo que piensa mayoritariamente la gente.
En las últimas cuatro encuestas del Celag realizadas en los pasados dos meses en América Latina, para Chile, México, Bolivia y Ecuador, observamos que cómo mínimo, 70 por ciento de la ciudadanía en cada país tiene una imagen negativa de Trump. Estos porcentajes están en la línea con otro estudio del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, para Argentina (casi 70 por ciento) y Brasil (60 por ciento).
Dentro de cada país, sea cual fuere el criterio de desagregación que apliquemos, no hay apenas diferencia entre grupos sociales, salvo en contadas excepciones. Por ejemplo, en Chile, en la población que se autoidentifica de
derechay en la clase alta (autopercibida), el nivel de rechazo a Trump es más bajo (62-64 por ciento). En Bolivia, entre los votantes del ultraderechista Camacho, también hallamos que la imagen de Trump es valorada como menos negativa (50 por ciento). En Ecuador, en la clase alta, en la derecha y en el anticorreismo, crece la imagen positiva del magnate.
Más allá de esas contadísimas salvedades, el antitrumpismo es un fenómeno transversal, es un nuevo sentido común de época que está impregnado en toda Latinoamérica. En poco tiempo ha logrado, incluso, desbancar otros ejes ordenadores que estuvieron muy presentes en años anteriores. Su postura injerencista, su carácter supremacista, su lenguaje belicista, sus políticas antimigratorias y su poca
empatía(e incluso desprecio) hacia América Latina han provocado un rechazo muy amplio en la región.
Sin embargo, esta animadversión ciudadana está disociada de la relación estrecha que tienen algunos presidentes con Trump. Este es el caso de Jeanine Áñez (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo (Paraguay) o Iván Duque (Colombia). Nace así un dilema complejo que deben afrontar los gobiernos conservadores de la región: compatibilizar su alto grado de dependencia del presidente de Estados Unidos con lo que piensa mayoritariamente la gente.
Estamos ante un nuevo eje reordenador del campo político y, en
consecuencia, también del electoral. A su manera, Trump logra hacer
coincidir a un gran grupo de ciudadanos en América Latina que, por otra
razón, seguramente no hubieran llegado a acercar posturas. A veces, en
política –y en particular en el terreno electoral– se generan escenarios
en los que se crean mayorías
Esto no significa que el antitrumpismo tenga la fuerza suficiente como para constituirse como el significante articulador de cualquier proyecto político o electoral, como así lo fuera, por ejemplo, el antimacrismo en Argentina u, hoy, el creciente rechazo contra el modelo económico chileno. Es cierto que el antitrumpismo emergente en Latinoamérica no tiene esa capacidad, pero no debemos subestimarlo porque supone una pieza clave para diseñar un campo discursivo en favor del progresismo.
Trump no es sólo una figura controversial y excéntrica; también es símbolo de un modelo ineficiente de políticas públicas en contra de la gente; instituciones con muy bajo grado de gobernabilidad; un fracaso en términos de gestión del Covid-19; una matriz de valores reaccionarios. Es el máximo exponente de un proyecto económico, cultural y social, y ejerce gran influencia en el patrón de comportamiento de la clase política conservadora. ¿Qué harán los líderes políticos de la derecha latinoamericana? ¿Imitarán a Trump? ¿Querrán tomarse una foto con él? ¿O estarán dispuestos a alejarse, en línea de las preferencias de la ciudadanía en América Latina?
* Investigadores del Celag
por el rechazo a un enemigo común, en vez de estar
unidos por algo en positivo.
Esto no significa que el antitrumpismo tenga la fuerza suficiente como para constituirse como el significante articulador de cualquier proyecto político o electoral, como así lo fuera, por ejemplo, el antimacrismo en Argentina u, hoy, el creciente rechazo contra el modelo económico chileno. Es cierto que el antitrumpismo emergente en Latinoamérica no tiene esa capacidad, pero no debemos subestimarlo porque supone una pieza clave para diseñar un campo discursivo en favor del progresismo.
Trump no es sólo una figura controversial y excéntrica; también es símbolo de un modelo ineficiente de políticas públicas en contra de la gente; instituciones con muy bajo grado de gobernabilidad; un fracaso en términos de gestión del Covid-19; una matriz de valores reaccionarios. Es el máximo exponente de un proyecto económico, cultural y social, y ejerce gran influencia en el patrón de comportamiento de la clase política conservadora. ¿Qué harán los líderes políticos de la derecha latinoamericana? ¿Imitarán a Trump? ¿Querrán tomarse una foto con él? ¿O estarán dispuestos a alejarse, en línea de las preferencias de la ciudadanía en América Latina?
* Investigadores del Celag
La pandemia ha hecho
desaparecer del paisaje humano muchos aspectos comenzando por el rostro.
En México se hizo popular una figura que se sumó a otras fruto de la
publicidad: la botarga, ahora también descontada.
Sea en materia de catástrofe
bioclimática planetaria, de juicios por corrupción, de oposición del
cabildo petrolero a transparentar los registros de extracción de crudo,
gas o minerales, o en relación a Shell, de complicidad en sonados casos
de corrupción y masivas violaciones a los derechos humanos, las empresas
a las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) asignó los 19
contratos en la cuarta licitación petrolera ( La Jornada, 1/2/2018) ameritan nuestra atención.
¡Fuera Áñez! es la demanda que
se ha impuesto en la actual movilización popular de protesta en
Bolivia. Hace escasamente una semana la exigencia era: ¡Elecciones, ya!,
que se cumpliera con la convocatoria para la fecha del 6 de septiembre,
pactada en su momento por las organizaciones políticas y el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Rechazar la nueva posposición de los comicios
para el 18 de octubre adoptada por el TSE, la tercera, con la excusa de
proteger a la población contra el coronavirus, sin haber realizado
ninguna consulta a las fuerzas políticas y al movimiento popular. Como
ya relaté en este espacio ( La Jornada, 30 de julio, Opinión),
contra la posposición del acto electoral fue convocada una movilización y
cabildo abierto en la ciudad de El Alto por la Central Obrera Boliviana
(COB) y el Pacto de Unidad (reúne a los movimientos sociales campesinos
e indígenas), que dio un plazo de 72 horas al TSE para que repusiera la
elección el 6 de septiembre o de lo contrario se decretaría una huelga
general y bloqueos carreteros hasta que se accediera a su petición. El 3
de julio fueron aplicadas las medidas anunciadas por la COB y los
movimientos sociales, que pese a haberse reunido durante horas con el
órgano electoral no han logrado que éste adelante la fecha de las
elecciones. Y es que el presidente del TSE ha obedecido hasta ahora las
órdenes de Áñez. Las bases de la COB, del Pacto de Unidad y otras
fuerzas sociales se sienten ninguneadas por el gobierno de Áñez, que les
provoca el mayor hartazgo y rechazo por la evidente intención de la
autoproclamada de perpetuarse en el poder, haber desmantelado y saqueado
las empresas públicas, cerrado de manera arbitraria el curso escolar y
por su desastroso manejo de la pandemia desoyendo los consejos del
Colegio Médico, incluyendo una escasez de medicamentos básicos y
corrupción escandalosa en las compras sanitarias, como 500 ventiladores
que no se sabe dónde están.
Conviene recordar que Áñez se autoproclamó presidenta interina, en violación del texto constitucional, el 12 de noviembre de 2019, pero aceptó más adelante cumplir con una agenda pacificadora y convocar a elecciones el 5 de mayo de 2020. Recordemos, desde entonces ha habido tres posposiciones con el pretexto de la pandemia.
¿Cómo se fraguó el golpe de Estado que entronizó a Áñez? Estados Unidos y la derecha local realizaron una serie de acciones, previas y posteriores a las elecciones de octubre de 2019, para hacer creer a una parte de la población urbana, mediante una delirante campaña mediática nacional e internacional, que las elecciones serían fraudulentas y para alentar en las clases medias urbanas el racismo antindígena y, por consiguiente, demonizar la gestión de Evo Morales. Más adelante, promovieron un burdo montaje a cargo de Luis Almagro, secretario general de la OEA, para arrojar un velo de duda sobre la transparencia del proceso electoral y exigir que se realizaran nuevos comicios. Extremo aceptado por Evo, pese a saber que era una acción del imperio para derribar el proceso de cambios, pero en el intento de cortar la espiral de violencia salvaje que la derecha había lanzado contra funcionarios de su gobierno y sus familiares. Pero ya era indetenible el golpe de Estado, organizado por poderosos intereses económicos y geopolíticos locales y del imperio del norte ansiosos de acabar con una Bolivia independiente, próspera y de justicia social y de apoderarse de sus recursos naturales, entre ellos el litio. Contaron con el respaldo de la policía y muy especialmente del ejército, cuerpos cuyos jefes literalmente compraron con una millonada. Esto aseguró una violenta represión por los militares de la oposición indígena y campesina al golpe y condujo a las sangrientas matanzas en Senkata y Sacaba.
La situación actual es muy explosiva pues el régimen de Áñez está
sumamente debilitado por todo lo ya expuesto. Tanto, que la señora no ha
firmado hasta hoy el decreto que exige el comandante de las fuerzas
armadas para actuar contra las protestas. El miércoles se daba a conocer
que las fuerzas políticas, incluyendo el mayoritario MAS de Evo Morales
habían acordado aprobar en el Senado y Cámara de Diputados una ley
fijando las elecciones cuando más hasta el 18 de octubre, como fecha
única y definitiva, con participación de veedores de la ONU, la Unión
Europea, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones nacionales. Si
esto se aprobara faltaría saber la opinión de la COB y de las fuerzas
que están en los bloqueos, con los que habría que negociar esta salida,
pues hasta el momento muchos siguen pidiendo la renuncia de Áñez.
Aislada y deslegitimada, la señora no controla la situación. El problema
para Washington y la derecha boliviana es que, según las encuestas,
Luis Arce, candidato del MAS, ganaría las elecciones en primera vuelta, a
menos que lo invaliden para competir. Se abre un compás de espera donde
no está excluida la posibilidad de un autogolpe golpe cívico-militar,
como ha denunciado Evo Morales.
Pocos videos tan viralizados
como el de la golpiza recibida por el ladrón en la combi del Estado de
México. Su penetración social llega a que se le hagan poemas, canciones,
videojuegos, falsos documentales y más a los participantes.
En cuanto avanza la pandemia y
empiezan los indicios de rebrotes y la prolongación por meses o años de
la epidemia, la(s) vacuna(s) aparecen como el remedio definitivo. Hay
una carrera entre las farmacéuticas de todo el mundo para lanzar primero
una vacuna al mercado. La vacunación también se ha convertido en un
tema altamente politizado, como todo el debate sobre el Covid-19, hecho
que dificulta la comprensión de la pandemia. Sin embargo, hay dos
problemas específicos relacionados con las vacunas: el paradigma
explicativo de la epidemia y la ubicación de las vacunas en el terreno
mercantil de la poderosa industria farmacéutica.
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