Ciudad de México.- Diputadas federales se
comprometieron a presentar, en el próximo periodo ordinario de sesiones
que inicia en septiembre, una iniciativa para evitar que agresores de
mujeres, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia sean
candidatos a cargos de designación y de elección popular.
Así lo expusieron al participar en la presentación virtual de la
propuesta ciudadana #3de3vsViolencia, es decir, de una reforma a
diversas leyes para evitar que acosadores, deudores de pensión
alimenticia y agresores de mujeres, accedan a cargos públicos.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura
Angélica Rojas Hernández, manifestó su apoyo a la propuesta del
colectivo Las Constituyentes Feministas y aseguró que en las próximas
tres semanas se puede trabajar para presentar la iniciativa en la
primera sesión del próximo periodo ordinario.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala consideró que no es suficiente
que el Congreso reconociera en la ley la violencia política de género.
El 13 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma por la que se modificaron ocho leyes para definir y sancionar
los actos de violencia política contra las mujeres.
La legisladora expuso que la propuesta busca impedir que quienes son
agresores, violentadores o deudores de pensión alimenticia, tengan una
función pública o un cargo de representación popular. Las mujeres en
cargos públicos, dijo, no pueden seguir relacionándose laboralmente con
hombres que asumen su función desde la violencia.
La defensora de Derechos Humanos e integrante del colectivo Las
Constituyentes, Yndira Sandoval, explicó que la propuesta es evitar que
en la función pública, en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial,
lleguen personas que tengan antecedentes, denuncias o sentencias por
estos tres motivos: deber pensión alimenticia o haber cometido delitos
sexuales o de violencia en la familia.
La propuesta, impulsada desde 2017 por esta agrupación feminista, no
solo busca limitar la participación electoral de quienes cometen
violencia en la vida pública, como se legisló con la reforma publicada
en abril pasado; también pretende poner criterios de elegibilidad en los
cargos de designación o de concurso, por ejemplo, para ser jueces,
magistrados o ministros.
La diputada Laura Rojas precisó que ya hay estándares
internacionales, como los establecidos por la Organización de Estados
Americanos (OEA), que fijan la probidad como requisito para ser servidor
público y que consiste en ser una persona honesta y regirse bajo normas
éticas.
La diputada destacó que en la LXIV Legislatura se ha avanzado en los
temas de violencia política. Con la reforma en materia de violencia
política, por ejemplo, se estableció en la ley que quien ejerza
violencia de género no pueda ser postulado o reelecto; sin embargo,
consideró que es muy importante extender el criterio.
A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez, coincidió en que quienes
son violentadores, están en el servicio público y reciben un salario de
las y los contribuyentes no deben estar en la administración pública
federal, por ello apoyó la propuesta de diseñar una legislación en la
materia.
La diputada Ana Lilia Herrera dijo que es hora de pensar qué clase de
servidores públicos queremos y cómo garantizar que cumplan con los
requisitos de honorabilidad, probidad y buena reputación. La diputada
Verónica Juárez Piña expuso que este tema debe ser una prioridad de las
agendas parlamentarias de los partidos políticos para que pueda salir
avante en el próximo periodo de sesiones.
Las legisladoras coincidieron en que existe poca credibilidad en las y
los servidores públicos, por eso trabajarán en la redacción de una
reforma a la Constitución federal y a otras leyes para garantizar que a
los cargos lleguen sólo las mejores personas sin antecedentes de
violencia.
20/AGM
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