Jesusa Cervantes
A partir de las copias del
expediente Odebrecht, incluidos testimonios, el contrato íntegro de
Etileno XXI y anexos y documentos internos de Idesa y Pemex, Proceso
reconstruye cómo se armó la trama de la trasnacional brasileña que ha
desangrado la hacienda mexicana, quiénes la diseñaron y desde cuáles
dependencias federales en los dos sexenios anteriores. Y todo apunta a
Felipe Calderón.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Primero como secretario de Energía, en
2003, y luego como presidente, en 2007, Felipe Calderón ideó el contrato
Etileno XXI para favorecer a Marcelo Odebrecht,
con lo que sangró al Estado con miles de millones de pesos, permitió al
empresario establecer una plataforma fraudulenta para mover millones de
dólares a diversos países y le endosó a Enrique Peña Nieto la tarea de
facilitarle al brasileño la ingeniería financiera… Un contrato de
alcance transexenal.
Esto se desprende de documentos en poder de la Fiscalía General de la
República (FGR) y que forman parte del expediente abierto desde 2017
por la trama de sobornos de Odebrecht que involucra al exdirector
general de Pemex Emilio Lozoya Austin.
En los papeles en poder de la FGR, entre éstos declaraciones de
testigos, documentos internos de Pemex e incluso de Idesa –la empresa
asociada con Braskem, filial de Odebrecht que tiene el contrato de
Etileno XXI–, se establece que fueron directamente la presidencia de Felipe Calderón y Martin Werner, subsecretario de Hacienda del sexenio de Ernesto Zedillo, los
que afinaron la fórmula del etano y modificaron el contrato para que la
trasnacional brasileña tuviera ganancias de 30% por un plazo de 20
años.
“Presidencia, Sener, SHCP y Pemex se reunieron para proponer el
descuento máximo aceptable para el gobierno federal. Esta reunión fue de
carácter oficial”, se indica en la página 14 de uno de los documentos
de Idesa.
Además Arturo Arreguí García, uno de los firmantes del contrato de
Etileno XXI por parte de Pemex, testificó ante la FGR: “A solicitud de
la Oficina de la Presidencia se llevaban a cabo reuniones para informar
del avance del proceso subasta… La Oficina de la Presidencia invitaba a
Pemex, Sener, a los representantes de Hacienda, a los asesores
financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del
proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas
reuniones.
“La necesidad de celebrar este contrato surge aproximadamente
en el año 2008, en la Presidencia de la República durante el sexenio
del presidente Felipe Calderón”, declaró a su vez Ricardo
Arenas Briones, otro de los firmantes del contrato por la petrolera,
cuyo testimonio publicó el pasado jueves 6 la periodista María Idalia
Gómez en el diario Eje Central.
El expediente sobre los sobornos de Odebrecht, en la parte
mexicana, cuenta con todos los documentos relativos al contrato Etileno
XXI. También incluye movimientos bancarios realizados por la
empresa brasileña desde México a 18 países, aún antes de entrar en
operación; éstos fueron entregados por la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto y podrían sumar un cuarto
delito a dicha trama: defraudación fiscal.
Calderón en la mira
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se formuló, modificó y aprobó el contrato de venta de etano a la brasileña Braskem, la redituable filial de Odebrecht.
En el proceso contra Emilio Lozoya Austin hasta ahora se ha abordado
la venta de Agronitrogenados y los presuntos sobornos que el
exfuncionario habría recibido por esa operación y por haber facilitado a
Odebrecht contratos en la petrolera. Etileno XXI aún no se ha
ventilado, al menos no públicamente.
Sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a
eso en su mensaje del pasado domingo 2 en las redes sociales. Fue él
quien señaló a Calderón Hinojosa en dicho entramado: “En el caso del
señor Lozoya, va a informar cómo se entregaron sobornos para comprar la
planta de fertilizantes a Altos Hornos de México… Este señor Lozoya
también tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht. Esto se
dio en el gobierno de Felipe Calderón.
“Les entregaron contratos muy buenos, contratos jugosos para
Odebrecht, contratos leoninos donde el particular saca provecho y pierde
la hacienda pública, pierde la nación. En este caso se construyó una
planta de etileno en Coatzacoalcos y les dieron permisos. No sólo eso,
le vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor. Además, si Pemex no
entrega el gas puntualmente tiene que pagarles multas”, detalló el
mandatario.
No se detuvo ahí: “En el caso de esta planta de Odebrecht se da este
subsidio, pero no sólo eso: se le permite que reciba créditos de la
banca de desarrollo. Nafin y Bancomext, que son bancos públicos, le
entregan créditos a Odebrecht. A cambio, los de Odebrecht entregan
sobornos a funcionarios… Llegaron a hacer una reunión del Consejo de
Administración de Odebrecht en Los Pinos, con la presencia de Felipe
Calderón… Esto está ahora ventilándose porque uno de los actores
principales, el señor Lozoya… está dispuesto a hablar.”
Etileno XXI resultó de la asociación de la mexicana Idesa y Braskem, filial de Odebrecht,
para concursar en la “subasta” que realizó Pemex para abastecer de 66
mil barriles diarios de etano a cambio de que la ganadora construyera
una planta de etileno, la cual elaboraría el propileno, materia prima
base con la que se elaboran plásticos, resinas y un sinfín de artículos
de uso cotidiano.
El contrato se firmó el 19 de febrero de 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica e Idesa y Braskem.
En uno de los documentos internos de Idesa, ésta es prolija en datos
que apuntan directamente a Felipe Calderón como promotor, impulsor y
principal interesado en que se realizara ese contrato de venta de gas
etano.
Por ejemplo, Idesa establece, en la página ocho de su documento, que en 2003-2004 hubo una “activa promoción del Proyecto Fénix con el presidente Felipe Calderón, entonces secretario de Energía/2003-2004”. Pero no se concretó.
En el documento se indica que en 2007 Idesa siguió promoviendo la industria. Agrega que al año siguiente “Pemex Gas y Petroquímica Básica invitan a Idesa a participar en un proceso internacional de subasta: ‘contrato suministro de etano febrero 2008’”.
Y en un documento interno de Pemex se establece que en diciembre de
2007, ya con Calderón en la Presidencia, se realizó la “presentación del
proyecto petroquímico al gabinete económico de la Presidencia”. Para el
8 de enero de 2008 “Calderón anuncia el proyecto petroquímico y se
informa que será asignado a través de una subasta sin la participación
de Pemex como socio (como fue el caso del fallido proyecto Fénix)”.
Hasta ahí, ni Odebrecht ni Braskem entraban en escena. Había por lo
menos 30 empresas interesadas, con las cuales el gobierno sostuvo
reuniones en Houston, Texas, para discutir el tema.
Cuando Calderón anunció el proyecto, en Pemex Gas y Petroquímica
Básica se establecieron las condiciones bajo las cuales se entregaría el
etano, un contrato que nada tiene que ver con el que se otorgó
finalmente a Odebrecht en 2010.
Diseñado para el saqueo
Fechado el 8 de febrero de 2008, el documento informativo en poder de la FGR
establece que el contrato tendrá 15 años de vigencia, con la
posibilidad de extenderlo cinco años y por una sola ocasión: en suma, podrían ser 20 años de venta de etano, del cual se entregarían 33 mil barriles diarios.
La fórmula para fijar el precio de venta de ese hidrocarburo es
sencilla y no incluye descuentos para Pemex porque la propia petrolera
alegó que en México éste es 29% más barato que en otros países.
Luego del fracaso del proyecto Fénix, la Presidencia de la República
decidió que un agente financiero elaborara un nuevo contrato, que sí
consideró un descuento. El agente encargado fue la correduría Goldman
Sachs, encabezada por Martín Werner, quien fue subsecretario de Hacienda
en el gobierno de Ernesto Zedillo.
El contrato se modificó en julio de 2008. Se
extendió su vigencia a 20 años con tres periodos más de cinco años (es
decir, un total de 35 años), se dobló la venta de 33 mil a 66 mil
barriles diarios de etano y, en especial, se modificó la fórmula para
obtener el precio del etano. En el documento sólo aparece la letra “y”,
que significa descuento, pero no se establece de cuánto es.
Proceso cuenta con copia del contrato y sus 10 anexos. En el IV se establece que el valor de “y” es de 30, esto es, que se le vendía a Odebrecht etano con 30% de descuento, a lo que López Obrador se refirió en su mensaje del pasado domingo 2.
En 2008, cuando se modificó el contrato y se otorgó el descuento, se
dieron interesantes encuentros. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht conoció
el 8 de abril, en Río de Janeiro, a Emilio Lozoya Austin, quien acudió
al Foro Económico Mundial a fin de promover los mejores negocios para
América Latina y contactar a políticos y empresarios. Así lo estableció
el propio empresario en su declaración ante el Ministerio de Justicia de
Brasil –en agosto de 2017, a pedido de la entonces Procuraduría General
de la República–, que le pregunta sobre su participación de negocios en
México:
“Emilio Lozoya. Yo lo conocí cuando él trabajaba en el Foro
Económico. Tuve la oportunidad de conocerlo más de cerca porque hubo un
evento del Foro en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, hace unos
siete u ocho años atrás… Creé una relación con él; tanto así que yo
tuve, cuando él participó del apoyo a la campaña del actual presidente,
Enrique Peña Nieto, tuve la oportunidad de presentarlo en aquella época a
mis directores allá… él visitó conmigo ese proyecto de Braskem.”
Luego de ese encuentro, para octubre siguiente Braskem ya aspiraba a quedarse con la subasta de etano.
Los documentos internos de Pemex establecen que en octubre de 2008 y marzo de 2009 la Presidencia de la República intervino para hacer cambios a la convocatoria de la subasta.
Primero ajustó los tiempos de presentación de propuestas y para dar el
fallo final, lo que ocurrió luego de que todos los aspirantes fueron
declinando. Al final sólo quedaron Idesa y Braskem, que se unieron y firmaron el contrato de venta de etano por 20 años, el cual se amplió 15 más en febrero de 2010.
Las condiciones que impuso Odebrecht quedaron plasmadas en el
contrato. Pidió, por ejemplo, que el gobierno mexicano incrementara las
tarifas de importación de polietileno hasta alcanzar unas “similares a
las de Estados Unidos, actualmente de 6.5%”, como se indica en la página
4.
Aunque el contrato se firmó en febrero de 2010, fue en marzo de 2016 cuando empezó a funcionar la planta de Etileno XXI para cumplirlo.
El primer día de ese año el entonces presidente Peña Nieto había
firmado un decreto para fijar un impuesto de 5% a las importaciones de
polietileno.
Antes, en julio de 2008, la administración de Calderón
le ofreció a Odebrecht dos créditos para construir la planta de
etileno; uno por 280 millones de dólares, de Nafin, y otro por 120
millones de dólares, de Bancomext. Al tipo del cambio de entonces (13 pesos por dólar), ambos préstamos sumaron 5 mil 200 millones de pesos.
Lo extraño –por lo que la UIF entregó los movimientos financieros de Braskem y Etileno XXI a la FGR– es que la
planta empezó a operar en marzo de 2016 pero desde 2013 realizó
movimientos millonarios en pesos y dólares a por lo menos 19 países.
Entre julio de 2013 y noviembre de 2017, por ejemplo, movió 599
millones 113 mil 535 dólares y 350 millones 923 mil 435 pesos. Los
países receptores fueron: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia,
Japón, México, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido y Suiza.
El 19 de febrero de 2010 se firmó el acuerdo Etileno XXI y Pemex; el 2
de octubre de 2011 se puso la primera piedra y el 22 de junio de 2016
se inauguró.
Tres semanas después de ponerse la primera piedra del complejo
Etileno XXI, y con el seguimiento puntual de la Oficina de la
Presidencia al contrato, Calderón abrió las puertas de Los Pinos
a Marcelo Odebrecht para que su empresa celebrara allí su sesión de
consejo el 24 de octubre de 2011.
Nada se dijo entonces de las millonarias pérdidas que dejaría al país
ese contrato, que los dos primeros años fueron de 2 mil millones de
pesos, según estableció la Auditoría Superior de la Federación. Si ahora
se decidiera romper el trato, el costo para la hacienda pública sería
de 27 mil 90 millones de pesos, más el pago de todas las deudas de
Braskem.
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