La cleptocracia y la circulación de las élites

Carlos Fazio

El problema de la corrupción debe ser abordado desde una perspectiva unitaria que coloque en el centro de la reflexión a la economía y la política como parte de una compleja estructura de incentivos perversos de tipo delincuencial, para instrumentalizar y saquear lo público por actores particulares privados.

Como señalábamos en nuestra entrega anterior (El clan Lozoya y la cleptocracia, La Jornada, 27/7/20), la forma de los mercados y el comportamiento de las empresas privadas son tan importantes como la circulación de las élites políticas y su lucha por el poder. En la fase neoliberal-tecnocrática del capitalismo, la cleptocracia, como principal mecanismo de la corrupción entre los aparatos y actores de la clase plutocrática, por un lado, y la política, por otro, dio paso a un neopatrimonialismo, que es la forma histórica del poder invisible en las sociedades contemporáneas.

En México, las redes colusivas –las cadenas que relacionan a corruptores y corruptos en transacciones ilegítimas de favores desde el poder del Estado para obtener los máximos beneficios privados posibles, presentes o futuros, personales o corporativos− exhiben una larga lista de ejemplos, de los cuales, en la coyuntura, el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, es el más escandaloso.

La trama involucra a Lozoya con los millonarios sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de Enrique Peña a cambio de contratos (el cohecho como impuesto extralegal para recibir un bien o servicio del Estado); las adquisiciones, por Pemex, de la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA); Grupo Fertinal SA de CV y subsidiarias, y de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, a lo que podría sumarse la desinversión de Pemex en Repsol.

Pero el affaire Lozoya exhibe otras aristas. Por ejemplo, la notoria relación simbiótica fundada en la complicidad entre el ex director de Pemex y el presidente Peña y su equipo cercano, exhibida en junio de 2019 por el defensor del imputado, Javier Coello Trejo, cuando afirmó que Lozoya no se mandó solo en las compras de Pemex y preparaba un documento con pruebas, pelos y señales para demostrar que fueron autorizadas por el consejo de administración de la paraestatal (integrado, entre otros, por los ex secretarios de Hacienda Luis Videgaray; de Energía Pedro Joaquín Codwell, y de Economía Ildefonso Guajardo), y recuperada ahora, tras romper la omertá (código de silencio mafioso), por Lozoya, cuando en las audiencias iniciales dijo que en la compra de Agronitrogenados fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado por un aparato organizado de poder, y que en los sobornos de Odebrecht altos mandos lo utilizaron para fraguar ese delito.

Si el problema central de la corrupción es el de la circulación de las élites económicas y políticas –entre ellas, la de muchos cachorros miembros de poderosos clanes famigliares−, el factor Lozoya ejemplifica, también, cómo se gestan las cúpulas colusivas. Concluida su gestión como secretario de Hacienda del régimen de Carlos Salinas, Pedro Aspe y su firma Protego (hoy, Evercore) se dedicaron a reinventar deudas públicas de gobiernos estatales priístas. Entre otras, las de Veracruz (Miguel Alemán Valdés), Oaxaca (Ulises Ruiz), Coahuila (Humberto Moreira), Tabasco (Andrés Granier) y Chihuahua (César Duarte); pero también la del gobernador del estado de México, Arturo Montiel. Para blanquear el embrollo de la cuenta pública mexiquense, Aspe envió a su aventajado estudiante del ITAM, Luis Videgaray. Entonces, el secretario de Administración de Montiel era Peña, quien, luego, como gobernador mexiquense, nombró secretario de Finanzas a Videgaray, y al llegar a la Presidencia de la República lo puso en Hacienda. A su vez, Videgaray y Aspe reclutaron al golden boy Emilio Lozoya Austin, también itamita, quien coordinó el área internacional de la campaña presidencial de Peña, quien luego lo colocó en Pemex. La firma Evercore elaboró una de las valuaciones para Grupo Fertinal, comprada a sobrecosto por Pemex, bajo la dirección de Lozoya con el aval de Peña.

A su vez, si la onerosa salida de Pemex de la española Repsol y la compra de los astilleros Barreras desenmascara la relación de favores non sanctos entre los ex presidentes Felipe Calderón −involucrado con Marcelo Odebrecht en el fraudulento Complejo Etileno XXI de Coatzacoalcos, Veracruz− y Peña, con el ex gobernante español Mariano Rajoy y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó −operaciones en las que participaron los ex secretarios de Hacienda José Meade y Luis Videgaray, así como los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Lozoya−, el caso Agronitrogenados exhibe la complicidad entre Lozoya y el acaudalado empresario Alonso Ancira Elizondo (AHMSA), otro coacusado preso en España y viejo amigo de Carlos Salinas. Asimismo, en la compra fraudulenta de Fertinal quedan atrapados Peña y funcionarios de su primer círculo de gobierno, como los citados Joaquín Coldwell, Videgaray y Lozoya, además del plutócrata Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Banco Azteca.

La red corruptora de empresas, jefes del Ejecutivo, secretarios de Estado y gobernadores, abarca −vía sobornos− a políticos, legisladores, magistrados y mandos militares y policiales.