CIMACFoto: Scarlett Arias
Ciudad de México.- En México 21 por ciento del total de la población
es indígena, es decir, alrededor de 25 millones de personas; si este
fuera un criterio para integrar la Cámara de Diputados, por lo menos 100
de las 500 diputaciones deberían ser de personas pertenecientes a estas
comunidades.
Sin embargo, actualmente sólo hay 13 curules ocupadas por indígenas y
tres de ellas por mujeres, lo que muestra la necesidad de una reforma
que garantice su participación política, así concluye una investigación
realizada por las consultoras Teresa Hevia Rocha, Carmen Alanís Figueroa
y Blanca Olivia Peña Molina, publicada recientemente por el Instituto
Nacional Electoral (INE).
La investigación “El impacto de las medidas afirmativas de género y
de personas indígenas en el registro de candidaturas. Proceso electoral
federal 2017-2018”, destaca que de estas 13 diputaciones, que concluyen
funciones en 2021, tres son de mujeres provenientes de pueblos
originarios.
En las elecciones de 2018, por primera vez en la historia, el INE y
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidieron a los
partidos políticos postular, con paridad, a personas adscritas como
indígenas en por lo menos 13 distritos con más 60 por ciento de
población indígena. Si bien el resultado fueron 13 hombres y tres
mujeres electas, el estudio indica que México quedó lejos de lograr una
representación justa.
Al hacer una revisión histórica de la participación política de las
mujeres indígenas en la Cámara baja, la investigación asegura que ellas
tienen mucho menos acceso a las curules en comparación con los hombres.
En 2006 apenas dos fueron legisladoras federales; tres en 2009; dos en
2012 y ninguna en 2015. Hoy en día son tres: Manuela del Carmen Obrador
Narváez, Clementina Marta Dekker Gómez e Irma Juan Carlos.
Las expertas recordaron que, generalmente, cuando se permite que los
partidos políticos elijan las posiciones para postular grupos
subrepresentados, han optado por proponer estas candidaturas en los
espacios con menores probabilidades de ganar. Tal es el caso de las
postulaciones de mujeres y de personas indígenas.
Otras reflexiones en la investigación son que en el Senado no existe
ninguna obligación de que las personas de los pueblos originarios ocupen
una senaduría; tampoco hay acciones afirmativas con perspectiva étnica
para las candidaturas de representación proporcional en ambas cámaras ni
en las diputaciones locales.
Esto sucede a pesar de que la inclusión política de los pueblos y
comunidades indígenas es una cuestión de Derechos Humanos necesaria para
enriquecer la toma de decisiones en un país multicultural. Por ello el
estudio llama la atención sobre la necesidad de considerar opciones más
rigurosas, como la reserva de escaños o la la delimitación de
circunscripciones plurinominales especiales para población indígena.
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