El 25 de junio de 2020, el presidente de México expresó que “las
feministas quieren cambiar el rol de las mujeres” en cuanto al cuidado
de los padres. Sí, efectivamente queremos cambiar los roles sociales que
nos han asignado como cuidadoras eternas de padres, hijos, abuelos,
esposos; queremos también ser sujetas de cuidado. Queremos que los
hombres no sean más “desprendidos” sino más comprometidos. Pero no solo
queremos cambiar los roles sociales, queremos un cambio social
sustantivo, desde las raíces.
El problema de México no es sólo la desigualdad económica, es la
desigualdad social que existe entre mujeres y hombres. Para cambiar esta
desigualdad, debe ser cuestionado el dominio que ejercen los
gobernantes, las instituciones, los individuos que se empeñan en
presentar esta desigualdad como normal cuando no se reconoce
que es una construcción social para mantener la subordinación de las
mujeres en lugar de impulsar una sociedad de mujeres y hombres
socialmente iguales.
Para lograr la equidad se necesita cambiar a las instituciones,
porque según los pensadores sociales como Anthony Giddens, las
estructuras son patrones sociales cambiantes, es decir, no son eternos,
estos son construidos y reconstruidos por mujeres y hombres en su vida
diaria, de acuerdo a su tiempo y a su espacio.
En ese sentido, instituciones como el Estado deben reflejar no solo
en sus leyes, sino en sus prácticas y en sus decisiones, una igualdad
entre mujeres y hombres. Esta equidad no es una concesión, es la
respuesta a una demanda de miles de mujeres que han luchado en todos los
ámbitos, desde principios de siglo XX y hasta la actualidad.
A pesar de la lucha de más de un siglo, el Estado mexicano no ha
respondido a las demandas de las mujeres. En julio de 2019, el Comité
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresó que en México había una
ausencia de estrategias para el empoderamiento económico, laboral y
educativo de mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y con
discapacidad, es decir, nacer mujer nos pone ya en desventaja.
Como han mostrado diferentes estudios, en México a las mujeres nos
cuesta el doble, o triple de esfuerzo cada una de las conquistas que
hacemos en lo individual y como grupo, por las diferencias estructurales
que existen en cuanto al acceso a oportunidades para mujeres y hombres.
Pero lo que más queremos es incidir para que el Estado se convierta realmente en un garante de la seguridad para las mujeres.
En las recomendaciones del 2019, la CEDAW señaló entre sus
preocupaciones centrales hacia México la persistencia de la violencia de
género y del machismo. A un año de las recomendaciones, la situación ha
empeorado, de acuerdo a cifras oficiales, el primer trimestre del 2020
fue el más violento para las mujeres. En este período, 964 mujeres
fueron asesinadas en el país: 720 de los casos fueron clasificados como
homicidios dolosos y 244 como feminicidio, según cifras de las fiscalías
estatales, compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la epidemia de COVID-19, la violencia no ha parado, por el
contrario, se ha acentuado de manera preocupante, las mujeres están
siendo asesinadas en sus hogares mientras cumplen la cuarentena. Las
mexicanas estamos cansadas de ser violentadas en la casa, en el trabajo,
en el espacio público o en el transporte público, sin que el Estado, ni
las autoridades competentes, hagan algo para sancionar a los violadores
y hostigadores, por eso queremos cambiar la forma de impartición de
justicia.
Queremos que la exigencia de justicia no se convierta en un calvario
para las mujeres violentadas por las conductas machistas de los
impartidores de justicia, que minimizan o no atienden debidamente las
denuncias. La impunidad de que gozan los infractores, homicidas,
hostigadores, ha conducido al incremento de actos criminales, cada vez
con más saña, contra las mujeres, sabedores de que no se castigan; pero
también ha conducido a la preocupación internacional por la violencia
contra las mujeres que persiste en México. En el año 2019, México fue
considerado como el país más violento de la Cepal, lo que debería
preocupar a nuestros gobernantes.
Sin embargo, dado que el gobierno y las autoridades no han respondido
a las demandas para erradicar la violencia, las mexicanas no nos hemos
dado por vencidas, nos seguimos manifestando a pesar de recibir
amenazas, burlas, críticas. Salimos a la calle a gritar, a demandar, a
exigir espacios públicos y privados libres de violencia, así lo
manifestamos el pasado 8 de marzo cuando México se tiño de color violeta
a lo largo y ancho del territorio nacional. En la lucha nos hemos
encontrado mujeres de distintas generaciones, que seguimos estrategias
distintas pero con un mismo propósito: el cese de violencia contra las
mujeres. Las de mi generación, hacíamos marchas, nos uníamos en grupos
de autoayuda, usábamos nuestros escritos para exigir nuestros derechos.
Las jóvenes de ahora usan estrategias más directas, la confrontación, el
pintado de paredes, porque están hartas, porque nacieron en una época
en que los medios de comunicación, y ahora las redes sociales, difunden
el asesinato diario de decenas de mujeres en todo el país, sin que se
haga algo. Están cansadas de salir a la calles sin ser molestadas, de
ser hostigadas en las escuela, en su trabajo, en el transporte público.
Ellas representan el enojo, la rebeldía, la memoria de sus madres,
abuelas y otras mujeres que han visto ser violentadas y que no han
denunciado. Ellas ya no están dispuestas a seguir soportando todo y
quieren terminar con la violencia de género y si es necesario destruir
monumentos, edificios, lo harán, no por ser violentas sino por el
hartazgo social que tienen.
Acciones como cerrar las puertas, apagar la luz, como sucedió en el
tribunal judicial de Sonora al pedir cese a la violencia, o decir que 90
por ciento de las llamadas de denuncia de violencia son falsas, no
hacen más que acrecentar el descontento y el enojo que tanto cuestionan y
critican las autoridades, en lugar de escuchar e implementar las
medidas necesarias para frenar esta violencia.
Queremos también cambiar la perspectiva de las y los legisladores de
este país, queremos un Congreso de la Unión que no sólo se precie de ser
la “Legislatura de la paridad de Género” sino que lo demuestre con
legislaciones que impulsen el cambio estructural a una sociedad más
igualitaria, que realmente proponga, discuta, emita leyes que provoquen
cambios sustanciales en cuanto a la equidad de género, por ejemplo
castigos más severos a los violadores, a los feminicidas; leyes que
disminuyan la brecha salarial entre mujeres y hombres, o bien, leyes que
impulsen la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.
Reconocemos que hemos avanzado en cuanto a equidad numérica pero nos
falta avanzar en que las mujeres que llegan al poder, sean diputadas,
senadoras, gobernadoras o secretarias de Estado, tengan una perspectiva
de género, y no se conviertan en legitimadoras del poder masculino o del
presidente o del jefe de bancada, o peor aún que se masculinicen en sus
actividades encomendadas. Queremos que se den cuenta de la enorme
oportunidad que tienen de cambiar la desigualdad genérica que existe.
Finalmente, queremos cambiar las instituciones socializadoras, como
la familia y la escuela, mediante la enseñanza de una educación sin
roles sociales establecidos. En su lugar queremos impulsar a los
hogares como un espacio de convivencia con corresponsabilidades, en
igualdad de oportunidades y respeto mutuo. Aferrarnos a un ideal de
familia tradicional, de madres abnegadas, hijas cuidadoras de padres,
abuelas cuidadoras de nietos, hombres proveedores o desprendidos, es
negarse a ver los cambios que existen en la actualidad, en donde las
mujeres se han incorporado al mercado laboral pero siguen cargando con
la responsabilidad del cuidado de los hijos.
Es negarse al avance social, a la corresponsabilidad del Estado y de
los varones en el cuidado de los hijos, es negarse realmente al cambio
social. En la escuela queremos una educación de iguales, no segregación
educativa, es decir, abandonar la educación que impulsa actividades,
habilidades o aptitudes diferenciadas para niñas y niños que conduce a
que las niñas elijan actividades de cuidado o de apoyo, y los niños
carreras creativas o de dirección; en su lugar, buscamos impulsar una
educación de conocimientos y valores generales en donde la creatividad y
las no limitaciones resultan los valores fundamentales. En otras
palabras, las feministas no sólo queremos cambiar los roles sociales,
queremos transformar a México.
* Doctora en Sociología por El Colegio de México, Profesora-
Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros.
Publica sobre temas de sindicatos, maquiladoras, género y migración en
el norte de México
20/CQR/LGL
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