La más justa, la más desesperada, la más valiente de las furias.
Las jóvenes feministas que protestan son acorraladas en la calle.
También por quienes tendrían que protegerlas.
Las rocían con una nube de gas pimienta.
No se puede escribir de corridito.
Sino en cortes. A empujones. En tajos.
Ingrid torturada, asesinada, expuesta.
Fátima y sus doce años. La interminable tortura a la que la sometieron tres hombres adultos.
Tasajearon
su piel y seguía viva. La violaron, le arrancaron su ojito y seguía
viva. Le estrellaron una piedra en la cabeza, y seguía viva.
Su madre la encontró a mitad enterrada.
Muerta.
No sólo la asesinaron. No sólo las asesinan. No sólo nos asesinarían.
11 niñas, adolescentes y mujeres cada día.
¿De verdad creen que van a mandar a estas jóvenes feministas a encerrarse en sus casas, arrinconadas por una nube de gas y frases edificantes?
"No se combate la violencia con violencia".
¡La histórica puerta del Palacio Nacional!
¡El camión repartidor de La Prensa!
El de la prensa más infame que compra imágenes del horror, y encuentra quien abra un expediente y se las venda.
Ellas. Esas jóvenes de la generación de las/los hijas/os de las feministas de mi generación, están luchando por todas, porque la violencia feminicida no nos impida atravesar el umbral hacia afuera... no nos impida vivir del umbral hacia adentro.
Sólo
quieren, exigen, el más elemental de los derechos humanos: el derecho a
la integridad de las personas y a vivir en una cierta paz.
Conciliadoras. Suavecitas. Razonables. Como documento de la ONU.
Tan "femeninas".
Colgarnos del ideal de los mundos.
¿Quién quiere vivir en la violencia?
Las jóvenes feministas no inventaron, no generaron la violencia, sólo están respondiendo a una triple violencia: la de los asesinos,
la de no ser escuchadas en esta cultura del "no pasa nada, hasta que me
roban -a mí- el celular", la de ser ignoradas por quienes detentan el
poder con todas las responsabilidades que el poder implica.
La violencia de las calles oscuras, la de las leyes como letra muerta.
Una
zanja. Un cuerpo al que le arrancaron la piel. Asesinar femineidades ya
no es suficiente. Aniquilar una vida, ya no es suficiente.
Escriben con navaja un mensaje en el cuerpo de cada mujer asesinada.
Un mensaje que nos está dirigido a todas.
"No vivas. No salgas. No trabajes. No estudies. No hables. No te enamores. No creas que tienes derecho. No eres libre.
No te atrevas.
Material de deshecho tú y todas las que se parecen a ti".
En mi generación, las herramientas para cercarnos fueron los golpes, los encierros y las palabras discriminatorias.
"Las putas". "Las fáciles". "Las pirujas".
"No te atrevas a moverte de ese lugar que te asignamos".
El mandato de silencio.
"No te acosó, no te violó, te lo imaginaste. Y si hablas, eres tú quien se hunde".
Era doloroso, alienante, brutal. Imperdonable. Sí.
Pero en las últimas dos décadas en México, estamos viviendo el infierno jamás imaginado.
El sadismo imparable.
Vivir amenazada cada día.
Ya no sólo en el cuerpo metafórico, sino en el cuerpo-estar-viva.
Un ser humano acorralado - cuando tiene el coraje y la fuerza- se defiende a como puede.
Son valientes. Se están defendiendo.
No les han dejado ninguna otra posibilidad.
No les han cumplido con ninguna alternativa real.
La marcha pacífica de "La primavera violeta" fue la masiva toma simbólica de la Ciudad.
Una jornada inolvidable.
La suma de los feminismos. Una marcha intergeneracional, rotunda.
No sucedió nada después. Nada.
Años de marchas pacíficas sin que suceda nada.
Organizaciones
civiles, Propuestas, conferencias, coloquios, desplegados, textos,
obras de teatro, performances, cine, talleres, marchas, intervenciones,
mítines, investigaciones...
Nada.
Y si existe una mujer en este país capaz de decir: "no están torturando y matando mujeres, son unas exageradas" o "a mí no me va a pasar nunca porque yo vivo del lado luminoso de la acera".
Caray.
Quizá viva cegada por el humo de algún terrible y metafórico gas pimienta.
Ante la negación.
Nos queda la sororidad.
Cada una a su manera. A como puede.
La sororidad que no se da por hecho, sino que se construye.
La convocatoria a la suma intergeneracional de los feminismos.
Hasta ser escuchadas y atendidas.
Hasta que la justicia llegue.
Ahora circulan esas frases: "no me representan", "sí me representan".
No es que "me representen".
Dado que no toman las calles en misión diplomática.
Ni están sentaditas en la cámara de diputados.
Es bastante más fuerte, creo.
Más cercano.
Más intenso.
Hay algo profundísimo que a una se le juega en el corazón, en la piel, en la admiración, en lo que es justo e indispensable.
En la historia de vida.
Estar con ellas.
Y lo que ellas anhelan y exigen, no es "representarnos", sino que nos sumemos a la urgencia de sus reivindicaciones.
Que son/sean las nuestras.
No es que "me representen".
Es que las admiro. Las abrazo. Les agradezco.
Abrazo su fuerza que me da fuerza.
Su valor que me da valor.
Su dignidad que me sacude y me cuestiona.
Abrazo esa infinita desesperanza que es la suya/la nuestra y que ellas transforman en una forma feroz de la esperanza.
Porque están aterradas y de pie.
Llenas de dolor y de pie.
Porque no renuncian.
Porque hay un México que les debemos y nos debemos.
Porque intentan -a patadas, ¿qué opción les dejan?- abrir las puertas de un México, otro.
-Lastre, la desatención, desdén, y falta de políticas públicas comprometidas
-La política de seguridad pública dio un pasito adelante, pero es insuficiente
La
indiferencia. Esa es la principal actitud desde el gobierno, a la falta
de sensibilidad por el problema de los crímenes de lesa humanidad que
representa el asesinato de mujeres en México. No es nuevo, pero sigue.
Qué
decir de los abusos, a los más deplorables niveles, cometidos en contra
de niñas —sobre todo— al igual que niños. La pederastia en su máxima
—pésima— expresión. Los curas de las iglesias ni se diga el cinismo con
el que enfrentan su problema, que lo magnifican con sus declaraciones
denigrantes como: es peor el aborto que la violación (¡recontrasic!).
Pura
justificación, si la institución (sic) que representa la difusión de
principios religiosos y morales (super sic), la iglesia católica ha
perdido el piso; códigos de conducta y políticas de atención para la
protección de las familias en cero, asunto que mina tanto sus cimientos
como su propia existencia. Pero ese es un problema que tarde o temprano
cosechará. Son los pederastas religiosos.
Pero otra es la función,
la que debe adoptar —o debería tener— del gobierno federal, en este
caso de Andrés Manuel López Obrador en México. Tema delicado, complejo y
complicado, ciertamente. Eso no es novedad. Tampoco el machismo y
Octavio Paz lo describió muy bien en El Laberinto de la Soledad.
Pero
este no es espacio para hablar de literatura, sino de realidades. Los
crímenes cometidos contra mujeres, jóvenes y pequeñas, no tienen
calificativo. Son de lesa humanidad, llámeseles feminicidios, violencia
extrema de género o violencia contra las mujeres. Es inaceptable en
todas sus expresiones.
Duele, como cuando le han desaparecido a
uno un integrante de la familia. No hay manera de expresar el
sufrimiento. El dolor se lleva dentro. Cuantimás un hijo. Eso es para no
encontrar paz interna el resto de la vida. Para cualquier madre o padre
es como morir en vida. Si la muerte de un hijo es dura, tanco como la
pareja, van de la mano.
De esa violencia se ha levantado la ola, por los crímenes —feminicidios— en México en estos días. El caso de Fátima,
pequeña de 7 años, ha pegado hondo. Como de otras jóvenes igual. Más
las niñas, las jóvenes cruelmente asesinadas, desolladas, violadas,
denigradas.
Ante eso, algo que ha levantado fuertes críticas al
gobierno de Obrador es que se victimiza en lugar de ponerse en los
zapatos de las familias afectadas. Y de las mujeres, y la sociedad en
general. Es el mismo trato, en la atención de los feminicidios, como el
que se da para impedir los asesinatos de los periodistas.
Dos son las justificaciones del gobierno, de Obrador:
1)
Que se está atendiendo el problema de la violencia, con las reuniones
diarias del Consejo Nacional de Seguridad y el despliegue de la policía
—la Guardia Nacional—; que se está arrancando a los jóvenes de los
criminales con los programas sociales, salvo que eso está resultando, a
ojos vistas, claramente insuficiente en tanto continúan la impunidad y
la corrupción del sistema de procuración de justicia en el país;
2)
La indiferencia desde el gobierno para atender asuntos específicos, los
que se presentan el día a día, posición que deja el sentir molestia en
los afectados, y en la sociedad por el desinterés.
En ambos casos
resalta el desdén, lo que al mismo tiempo no es más que incapacidad —o
falta de visión— para resolver este asunto de alto impacto social. En
esto, los feminicidios están al punto del desborde, con el enojo de por
medio, de las mujeres que se manifiestan y las que no pero apoyan desde
redes sociales.
Es decir, si la movilización social ya es una
preocupación para cualquier gobierno, más lo es con actores molestos y
altamente ofendidos. Como las feministas que están saliendo a las
calles, en protesta por dichos asesinatos como por la insuficiencia en
las acciones de gobierno y las políticas públicas.
Obrador está
ante un problema nada fácil. Es verdad que se presta a que la protesta
sufra la infiltración de actores violentos, y que la derecha intervenga
para denostar al gobierno. Cierto. Pero el desinterés o incapacidad —más
la indiferencia— saltan a la vista. Grave.
De pena ajena es el
“decálogo del presidente de México vs la violencia hacia las mujeres”.
Nada comprometido o comprometedor. Nada para resolver, menos apaciguar a
las conciencias. Nada para resolver el feminicidio. Tampoco para no dar
elementos a la derecha para encaramarse en la cuestión. Nada para
atender un problema social de fondo como —insisto—, los asesinatos de
los periodistas.
Que es un asunto del neoliberalismo, sí. Que es
fruto de un pasado reciente, también. Que es tema para que la derecha se
le vaya a cuello a Obrador, igual. Que se presta a la manipulación de
quienes se manifiestan en contra, desde luego. Pero que es clara muestra
de la ineficiencia, también. Que la violencia no para, qué decir.
El
decálogo es muestra de lo anterior: “Estoy en contra de la violencia”,
bien, pero lo estamos todos y eso no resuelve. “Se debe proteger la vida
de hombres y de mujeres”, bien, pero el “se debe”, ¿quién debe?, el
gobierno no puede eludir. “Es una cobardía agredir a la mujer”, lo es,
pero qué se hace por ello; qué por la integridad de las familias, lo que
sea es poco, menos cuando no se reconoce un problema está lejos de
resolverse.
“El machismo es un anacronismo”, lo es, pero una
declaración no basta; lo mejor sería erradicarlo de raíz, incluso de la
cultura familiar, como evitar la preferencia por el hombre en
atenciones, en cuidados, etcétera, y eso es un tema también de cultura
familiar.
“Se tiene que respetar a las mujeres”, desde luego que
se les debe respetar, pero la violencia está en todos los medios de
comunicación, y no hay legislación en contra de eso, como balaceras y
traiciones en comedias y películas gringas, mexicanas y colombianas, que
solo propagan balaceras y asesinatos.
“No a las agresiones a
mujeres”. “No a los crímenes de odio contra mujeres”. “Castigo a
responsables”. “…Garantizar la seguridad de las mujeres”. “Nuestro
compromiso…con la paz y la tranquilidad”.
Si no pasamos de las
declaraciones a los hechos, el problema seguirá. Si no hay políticas
públicas comprometidas no habrá acciones de gobierno efectivas. Sin
legislación menos. El tema de la violencia en general no sube de la mera
cuestión de policías y ladrones, y eso será la piedra en el zapato para
el gobierno.
Lástima. Tan lamentable y deplorable como
denigrante. Por último, cabe aclarar, que con el dolor no se juega. La
sociedad no lo perdona ahora ni nunca, más allá que la derecha
oportunista se monte en el tema. En lastre, eso sí, se convertirán los
feminicidios para el gobierno si sigue el desinterés o la
descalificación.
Como la carencia de legislación y de políticas públicas condicentes.
A 19 años del asesinato de
la abogada y defensora Digna Ochoa y Plácido, asesinada el 19 de octubre
de 2001 en la Ciudad de México, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoIDH) revisará la responsabilidad del Estado mexicano en este
crimen que las autoridades locales calificaron de suicidio.
En
un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó
que el 2 de octubre de 2019 presentó el expediente 12.229 ante la
CoIDH, el máximo tribunal regional que revisa graves violaciones a
Derechos Humanos.
Cabe
recordar que en agosto del 2013, la CIDH notificó la admisibilidad del caso, el
cual fue presentado en 2011. El 14 de marzo de 2013, se realizó una audiencia
en la sede del organismo en Washington, donde se informó a los comisionados que
desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al
debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido.
En
esa audiencia también se expusieron los motivos por los cuales se acudió ante
la CIDH, entre los que se encontraban el agotamiento de recursos judiciales en
México sin que hubiera justicia ni esclarecimiento de los hechos, toda vez que
en julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) al mando entonces del actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
cerró el caso.
Ahora,
se analizará la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de debida
diligencia en la investigación de la muerte de la defensora. Es de recordar que
en todo momento la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, hoy Fiscalía General, sostuvo que se trató de un suicidio.
Sin
embargo, en la época de los hechos la CIDH estableció la existencia de un
contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras y estimó
que esta situación en el estado de Guerrero, donde la abogada representaba a
víctimas, como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a
militares, eran parte del contexto de su asesinato.
Al
revisar el caso, la CIDH consideró que desde el día de la muerte de Digna
Ochoa, el 19 de octubre de 2001, el Estado comenzó una investigación que duró
alrededor de 10 años, en la que se practicaron un gran número de diligencias
forenses, químicas, balísticas, informes psicológicos; se tomaron pruebas
testimoniales, documentales, fotográficas, entre otras.
En
su informe, la Comisión analizó la debida diligencia en la investigación por la
muerte de Ochoa en relación con el registro de la información médico forense,
los peritajes psicológicos aplicados, la cadena de custodia de la prueba, la
conformación de la prueba testimonial, las líneas lógicas de investigación, la
conducción de la investigación, el plazo razonable, entre otros aspectos clave
en la investigación en perjuicio de los familiares de Digna Ochoa.
En
su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de
irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad del
órgano investigador en la primera etapa de la investigación que determinó que
la causa de la muerte fue suicidio; omisiones en el registro de los fenómenos
cadavéricos que no fueron subsanadas; y lesiones no advertidas en los diversos
exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística; y evidencia de
un mal manejo de la cadena de custodia de la prueba.
Por
otro lado, la Comisión también observó obstáculos en la participación de los
familiares de la defensora en la investigación; que no se protegió a los
testigos, incluso uno fue asesinado y que no se consideró el hostigamiento
hacia Digna Ochoa por parte de militares, tampoco las amenazas de muerte y el
atentado que sobrevivió. Aunado a esto, la autoridad investigadora le realizó
peritajes psicológicos después de su muerte.
Tomando
estos elementos, la CIDH remitió el caso a la CoIDH, que
próximamente lo revisará, y de ser necesario, ordenará medidas de
reparación o reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y
dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos.
Qué vamos a hacer el día que nos enteremos que el acosador es nuestro
hermano, padre, abuelo, esposo, compañero, novio, amigo. Puede pasar en
cualquier momento puesto que estamos inmersos en sociedades
patriarcales, ¿los vamos a evidenciar como hacemos con los acosadores
con los que no tenemos ningún lazo sanguíneo ni afectivo? ¿O vamos a
acusar a la víctima re victimizándola, colocándonos del lado del
acosador y del sistema patriarcal? ¿Vamos a santificar a ese hijo,
hermano, abuelo, padre, esposo, compañero, novio y amigo? Porque creemos
inocentemente que los malos son los otros, no los nuestros; con los que
hemos compartido toda una vida, o a quienes hemos parido y hemos
criado. Y la crudeza de esta realidad es que son también los nuestros,
los que pertenecen a nuestro núcleo afectivo y sanguíneo, los clientes
fijos en bares y casas de citas.
Las mujeres de mi pueblo siempre han dicho que los hombres son de uno
de la casa para adentro, pero de la casa para afuera uno los desconoce
porque ellos se manejan bajo su propia ley. Por supuesto, ese “de uno”
de pertenencia es un decir. Y es complejo todo esto de la violencia de
género y el acoso, porque todo a nuestro alrededor está hecho para que
esa violencia sea normalizada porque vivimos en un mundo hecho por
hombres para beneficio de ellos mismos y mucho tenemos que ver las
mujeres en que esos patrones de crianza no cambien y tampoco las normas
ni las leyes.
Y mucho más complejo aún es cuando en una familia las mujeres se han
liberado de patrones patriarcales y están luchando del lado del
feminismo, apoyando a otras en sus denuncias, evidenciando actitudes
machistas y misóginas de hombres que las han acosado, que las han tocado
o violentado física o emocionalmente y; llega el balde de agua fría
cuando se enteran de que por ahí entre esa gama bien galana de
acosadores se encuentran los hombres de su familia. El hombre con el que
comparten la cama y los sueños, los hijos que han amamantado, los
hermanos que ayudaron a crecer, el abuelo cariñoso con las nietas, el
cuñado amable y solidario en asuntos de familia. ¿Qué harán esas
mujeres, se les derrumba la teoría y la práctica de hermandad de género
o, aunque la vida se les parta por la mitad tendrán la capacidad de
evidenciar al acosador y sus actitudes machistas y misóginas? Peor aún,
si no se quedó en palabras y fue más allá y tocó, golpeó o violó.
Y eso nos puede suceder a cualquiera, porque este sistema patriarcal
lo alimentamos todos en cualquier nivel de la sociedad. Que los hombres
vayan a bares y casas de citas es sabido por las mujeres, o lo intuyen,
porque está normalizado, porque “como son hombres” necesitan un desahogo
extra fuera de casa. En gran parte los hombres a través de la historia
se han salvado de ir a la cárcel por violentar mujeres, pero los tiempos
están cambiando, lentamente, pero se avanza. Hoy las mujeres cada vez
más se atreven a denunciar. Y así como nos enfurecemos y exigimos
justicia cuando la víctima de violencia de género es nuestra amiga,
abuela, hija, hermana, madre, esposa, y el victimario es un desconocido.
¿Qué vamos va a hacer cuando nos enteremos que los hombres de nuestra
familia son también verdugos de otras mujeres?
Y como miembros de la sociedad, de la comunidad, ejerciendo un papel
de editoras en medios de comunicación, en revistas de género, ¿qué
haremos si llegan a nosotras un grupo de mujeres jóvenes buscando apoyo,
porque quieren denunciar a un acosador muy conocido en la comunidad y
en el medio, que además se jacta de ser defensor de derechos humanos y
reconocido internacionalmente por su lucha en defensa de los pueblos?
¿Las vamos a dejar solas, porque hasta ahí no llega nuestro feminismo?
¿Vamos a voltear la cara porque son aguas muy profundas? ¿Vamos a
hacernos a un lado porque el peso político del acosador es aplastante?
¿Y si esas mujeres jóvenes son indígenas o negras? Pasamos la hoja
porque a quién le importa lo que le pase a una indígena o una negra,
pues solo son utilizadas para la explotación del folklore. Es en
situaciones como esta en que el cuento del feminismo se cae, de los
derechos de género, de la solidaridad (o sororidad que tanto gusta a las
feministas esa palabra) y entra la diferencia de clases y el racismo;
el feminismo blanco urbano haciéndose a un lado y volteando hacia otro
lado cuando la víctima es indígena o negra. Ahí no hay humanismo válido,
no hay ética profesional, no hay solidaridad que valga y no hay
búsqueda de justicia. No hay directores de medios de comunicación que
se atrevan a ir en contra de su propio género.
En Guatemala un defensor de derechos de los pueblos indígenas ha
acosado a por lo menos 15 mujeres jóvenes, indígenas, pero los medios de
comunicación donde han buscado apoyo se han negado a publicar sus
testimonios, porque el peso del verdugo políticamente es grande, ha sido
reconocido internacionalmente, ellas tan solo son 15 jóvenes indígenas
acosadas, como millones a través de la historia de la humanidad. Se les
ha sugerido que denuncien el acoso en columnas de opinión sin mencionar
el nombre del acosador, y que toquen el tema como punto general, para
abrir un debate en torno al acoso que viven las mujeres indígenas por
parte de miembros de la comunidad. Se les ofrece un espacio de denuncia a
medias, barnizado, de doble moral, doblándoles las manos a las
víctimas, re victimizándolas porque se les limita en la denuncia, se les
obliga a rodear, a hablar a medias. O es eso o no hay espacios para que
denuncien, porque son mujeres indígenas. Es así de grande el peso del
patriarcado, del racismo, clasismo y de la doble moral
Es por esa razón que las mujeres indígenas y negras tienen que crear
sus propios espacios de denuncia, con sus propias voces, con sus propias
palabras, sin la línea editorial, racismo y clasismo de ningún medio de
comunicación que las desvalorice por su etnia.
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La infancia de una niña está cargada de amenazas disfrazadas de buenas intenciones.
Eran los mejores tiempos, cuando en casa se organizaban fiestas en
donde acudía lo más selecto del periodismo y la política. Era cuando
nos vestían con las mejores galas para no desentonar entre los elegantes
invitados antes de enviarnos a dormir. Quizá tendría apenas 4 o 5 años
pero recuerdo con absoluta claridad la experiencia de la atención de
algunos invitados que me levantaban en sus brazos y con tono medio
jocoso reclamaban a mi padre: “Me la vas a reservar para cuando sea más
grandecita”, aprovechando para estamparme un beso húmedo en la mejilla.
Así también con los tíos y el abuelo, quienes no dudaban en hacer uso de
su autoridad familiar para sentarnos en sus rodillas y hacer ese mismo
tipo de comentarios, aun contra nuestra voluntad.
Revolviendo recuerdos, aparecen otros de años después en las clases
de religión en el colegio de niñas en donde estudiábamos mi hermana
mayor y yo. Las clases eran impartidas por un sacerdote católico muy
respetado en la comunidad, quien se solazaba mirando las piernas de sus
alumnas; estas, conocedoras de las costumbres del profesor, solían
burlarse abiertamente de sus debilidades. Al reclamar este
comportamiento ante la dirección del colegio, desaparecieron como por
encanto tanto el profesor como las clases de religión. Esto demuestra
que existe una pedofilia de baja intensidad como parte del
comportamiento social, la cual es considerada algo natural e inofensivo.
Sin embargo, el hecho de que yo recuerde con prístina claridad esos
episodios indica cuánto impacto producen en una niña las actitudes
sexuales de los adultos.
Más de alguien podría creer que estas son experiencias poco comunes
para la mayoría. Sin embargo, en la vida de las niñas abunda esta clase
de acercamientos físicos como una manifestación temprana de una
sexualidad que no se corresponde con la etapa de desarrollo infantil. En
ellos se pone en evidencia el desequilibrio de poderes, dado que una
niña en sus primeros años es incapaz de hacer valer su voluntad y, por
ende, el respeto por su espacio personal. Esta última consideración pasa
inadvertida aun para los padres más atentos al cuidado de sus hijas,
debido a la visión patriarcal predominante en nuestras sociedades.
En la mente de muchos adultos existe la idea de que una niña es un
fruto en etapa de desarrollo y algún día, no muy lejano, vendrá el
tiempo de cosecharlo. Es decir, es un ser supuesto a ser aprovechado por
otros para su disfrute personal. No se la aprecia como un ser completo,
sujeta de derechos inalienables, ni como objeto de respeto por su
integridad física y psicológica. En otras palabras, desde la infancia se
produce un proceso de alienación capaz de privarlas de uno de los
aspectos más importantes para el desarrollo de un ser humano: la
libertad personal. Comprender este fenómeno puede abrir la puerta hacia
una comprensión más racional de cómo los estereotipos de género golpean
de manera brutal el desarrollo de uno de los segmentos más sensibles de
la población.
El nacimiento de una niña se suele considerar un acontecimiento de
menor importancia que el de un varón. Desde ahí se va imponiendo un
marco lleno de restricciones y valores diseñados para colocarla en un
peldaño inferior de la escala social. La revisión profunda de este
sistema es una condición esencial para alcanzar un equilibrio justo en
la reestructuración de nuestras comunidades, eliminando de manera
radical los comportamientos que causan daños profundos y duraderos en la
psiquis de este sector de vital importancia para la cultura y el
desarrollo de la Humanidad.
Es preciso reflexionar sobre el daño provocado por costumbres atávicas.
La Reforma al Poder Judicial está pensada desde la
perspectiva de género, asegura un ambiente libre de violencia para las
mujeres y garantiza la paridad en magistraturas, en los juzgados y en la
Carrera Judicial tomando en cuenta que apenas el 23 por ciento de
quienes juzgan son mujeres.
Se anunció como una Reforma que busca acabar con las redes de
corrupción, nepotismo e impunidad entre los juzgadores y entre
magistrados y magistradas, es «autocrítica» porque reconoce la
desesperanza en la sociedad mexicana que sabe no accede a la justicia y
vive la impericia y la desesperanza. Será gradual, dijo el presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dijeron
el presidente de la SCJN, Arturo Záldivar Lelo de Larrea; la presidenta
del Senado, Mónica Fernández Balboa, y el jefe de la junta de
Coordinación Política de esa cámara, Ricardo Monreal Ávila, durante la
reunión en la que se explicó y se entregó el texto de la iniciativa,
enviado ya a la cámara alta.
Según esos funcionarios, se trata de
realizar cambios funcionales, de operación en todo el aparato de
justicia que ha caído en el descrédito y la desconfianza por la
creciente impunidad, corrupción e inoperancia.
La iniciativa firmada
por el Presidente de la República y el presidente de la SCJN, reforma
siete artículos de la Constitución, la expedición de dos leyes
federales y reformas a cinco ordenamientos legales, para crear la
carrera judicial, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y hace cambios a la ley de amparo, la de procedimientos
penales y la de Defensoría Pública, señalada esta como esencial para que
quienes viven con desesperanza por no obtener justicia, como las y los
pobres, las y los indígenas, logren tener una verdadera defensa ante
tanta estulticia, se dijo.
Al explicar los puntos fundamentales de la
Reforma, Saldívar Lelo de Larrea dijo que se establece que el Poder
Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y
progresiva a todas sus decisiones, y se adiciona a la paridad de género
como principio de la Carrera Judicial, como criterio de desempate en
los concursos y como política para el otorgamiento de nombramientos.
Además,
afirmó que la Reforma está comprometida con un ambiente laboral libre
de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan
seguras, «dejamos claro en la ley que el acoso, el hostigamiento y toda
conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer,
constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía».
Luego
relató que en el último año en la SCJN se inició una seria
transformación del Poder Judicial de la Federación, en el combate a la
corrupción, el nepotismo y la impunidad, en la formación de un nuevo
perfil de juzgador y la juzgadora federal, en la consolidación de un
Instituto Federal de Defensoría Pública más eficiente y cercano a la
gente, que sirva a los más pobres y necesitados.
También, afirmó, se
avanza en la paridad de género para que esta sea una realidad y
«tengamos más y mejores mujeres en más y mejores puestos, así como en
el uso más eficiente de recursos públicos entre muchos otros avances».
Indicó
que una de las grandes deudas del Poder Judicial es con las mujeres.
«Estamos muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un
entorno laboral igualitario. Para ello, una de las mayores apuestas de
esta reforma, es alcanzar la paridad en todas las categorías».
Principales propuestas
La iniciativa tiende a profundizar y consolidar un Poder Judicial
más fuerte, más independiente, más cercano a la gente, pero, sobre
todo, que imparta justicia para todas las personas, con estándares de
excelencia y de honestidad.
La reforma plantea cambios profundos,
que toquen el meollo del Poder Judicial, que ataca los problemas de
raíz. No de forma, no está orientada a los reflectores, sino a los
resultados.
Se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La
Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional,
para reforzar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, con la
finalidad de generar una doctrina constitucional y de derechos humanos,
que guíe la actuación de todo el Estado Mexicano hacia el pleno respeto
de todas y de todos.
Busca revolucionar el sistema de
Jurisprudencia en México, para dotar de mayor coherencia, uniformidad y
fuerza, a la doctrina de la Suprema Corte.
Un avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Se
propone que las razones que justifiquen las decisiones de las
sentencias aprobadas por una mayoría calificada sean obligatorias para
todos los órganos jurisdiccionales del país, sin necesidad de
reiteración.
Todas las sentencias de la Suprema Corte serán
relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por
todos los tribunales. Un sistema de precedentes implica también explicar
de mejor manera el contenido de las decisiones.
La Ley de Amparo se
transforma el concepto de tesis para que en ella se expongan los
hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que
justificaron la decisión, para que los operadores jurídicos y la
ciudadanía puedan conocer cómo, a través de las decisiones judiciales,
se va construyendo el derecho.
Reforma las reglas de procedencia de
la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para
permitir que la Corte se enfoque a resolver sólo aquellos casos que
entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan
un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
Ello para que la Corte resuelva los asuntos más complejos y los que
tengan el potencial de transformar vidas.
Se crean plenos regionales,
como órganos permanentes del Poder Judicial, encargados de unificar
los criterios de los tribunales colegiados de su región, con la
finalidad de dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a
nivel federal y descargar el trabajo del Tribunal Constitucional.
Se
propone expedir ley de carrera judicial en el Poder Judicial de la
Federación que reglamenta un servicio profesional de carrera que
garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los
derechos, impartan justicia. Así el Instituto de la Judicatura Federal
se convierte en Escuela Federal de Formación Judicial, como agente
fundamental en el desarrollo de la carrera judicial, encargado de llevar
a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función
jurisdiccional.
La Escuela Judicial será una institución académica
seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia
jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y
con herramientas argumentativas sofisticadas, que les permitan dar
soluciones sencillas, claras y justas.
Asimismo, mediante convenios
de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá
capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que
el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.
Se
reestructura el trabajo de la defensoría pública, donde están los
abogados de los pobres y para que los pobres puedan tener justicia,
necesitan una defensa técnica, sensible y de calidad. La escuela
judicial capacitará a los defensores públicos y realizará los concursos
para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.
Esta
defensoría pública, además debe brindar representación y asesoría en
materia de amparo familiar, y en cualquier otra materia de amparo que
determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de las materias
penal y laboral.
Considera también la expedición de una nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dote de herramientas
para combatir la corrupción y el nepotismo.
Deja en claro como causa
de responsabilidad, el influir en el nombramiento de algún familiar en
el Poder Judicial Federal, y se prevé que queden sin efectos los
nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.
Se
eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido
desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales.
En
materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de
responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de
investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos
de corrupción.
Se le otorgan al Consejo de la Judicatura facultades
para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción
causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones
correspondientes.
Se propone reformar los artículos 94, 97, 99, 100,
103, 105 y 107 de la Constitución; expedición de dos nuevas leyes
federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de
Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Reformas a
cinco ordenamientos: Ley de Amparo, Reglamentaria del artículo 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federal de
Defensoría Pública; el Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de
apartado B) del artículo 123 constitucional.
“Digámoslo ya. Nuestro país da
vergüenza. Da vergüenza el maltrato a las niñas, a las mujeres jóvenes,
adolescentes casadas obligadas a maternidades forzadas (…) Nos dedicamos
cada día a erradicar esa plaga nefasta y terrible y, pese a todo, cada
día nos levantamos con nuevos nombres de niñas y de mujeres que han sido
cruelmente asesinadas”
Así lo dijo la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, —
a quien se le acuña la creación del término feminicidio— durante su
conferencia magistral este 19 de febrero de 2020 en las instalaciones
del Instituto Nacional Electoral (INE), donde además afirmó que la
teoría comprueba que es posible un mundo en el que no exista la
violencia contra las mujeres.
Esta conferencia se llevó a cabo en un contexto en México de más de
dos meses de paros y movilizaciones en distintos planteles de las
universidades más importantes del país por la falta de atención a la
violencia contra las alumnas, así como cinco días seguidos de protesta,
dos afuera de Palacio Nacional, por el feminicidio con saña de una joven
de 26 años, Ingrid Escamilla, una niña de siete, de nombre Fátima en la
Ciudad de México, y los otros casi mil casos de feminicidio registrados
por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, tan sólo
durante el primer año de gobierno de López Obrador .
La académica e investigadora se refirió varias veces a los recientes
declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus
conferencias respecto a que el feminicidio es consecuencia de la pérdida
de “valores morales” y del neoliberalismo, y que no hay necesidad de
que las feministas pinten el Palacio Nacional como parte de sus
protestas.
Lagarde enfatizó que la desigualdad de género que vive el país es
estructural, no moral, como ha querido defenderse el mandatario federal.
La diferencia está, explicó, en que los primeros cambios deben hacerse
en la cultura y en la estructura social para alcanzar la igualdad
social, económica, jurídica, normativa y otras entre mujeres y hombres.
Después vendrán los cambios en la moral, que incluso podría
convertirse en una ética del respeto de las mentes, de los cuerpos y de
los afectos de las mujeres, una ética –dijo– conforme a la vida libre,
la igualdad y al desarrollo de cada quien.
Lagarde reviró al Presidente al decir que “las feministas de todos
los tiempos han construido una filosofía fundamental sin la cual no se
entendería la historia (…) El feminismo es la transformación cultural
más importante que hemos conseguido las mujeres como género en la
historia y por tanto no debemos enajenarnos, necesitamos conocerlo,
olerlo, marcharlo y hacer pintas como están haciendo las jóvenes en esta
ciudad”.
También aplaudió a las jóvenes que protagonizaron durante cinco días
consecutivos, y todo el año pasado, las protestas por la exigencia del
reconocimiento de los Derechos Humanos para las mujeres.
La también ex diputada, impulsora de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), explicó que el mandato
de quienes crearon esa normativa en 2007 no era disminuir sino
erradicar, poner fin, a la violencia contra las mujeres.
Al respecto, la antropóloga dijo: “queremos erradicarlo (feminicidio y
violencia feminicida) completo porque se puede. Se puede. La teoría
feminista, la teoría política, la historia, la antropología, la ciencia
política plantea con claridad que si se erradica la desigualdad se
erradica la violencia”.
Y relató que a lo largo de los años se han construido instrumentos en
México para prever dónde habrá feminicidio, ya que se puede
georreferenciar los lugares que concentran los diferentes elementos que
configuran un caldo de cultivo para el feminicidio.
Marcela Lagarde explicó que al definir el término feminicidio señaló
que el Estado mexicano es parte del problema, parte de la violencia
feminicida, del feminicidio, ya que no se refiere sólo al acto de matar,
sino al acto misógino de matar a una mujer con una enorme tolerancia
social y del Estado.
“La sociedad tolera la violencia contra las mujeres con una gran
tortura todo el tiempo, en todos los espacios, persona a persona, en
espacios privados, públicos, instituciones e incluso, como vemos ahora,
educativos. El feminicidio entonces incluye al Estado como parte de los
componentes de esta violencia feminicida”, detalló la también directora
de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
Lagarde detalló que desde hace 20 años ella, diferentes gobernadores
se comprometieron a incluir la perspectiva de género, formar a
funcionarios, e instruir a políticos de que las instituciones tengan y
propicien una visión de género, lo que hasta ahora no se ha cumplido.
“Qué maravilla sería que este país de la tragedia feminicida logremos
convertirlo en el país que logre erradicar la violencia feminicida
contra las mujeres y niñas.
Por su parte, la abogada feminista Andrea Medina Rosas y litigante
del caso Campo Algodonero –que participó en la conferencia como
comentarista– calificó como “irrespetuosos y fuera de la ley” los
comentarios del presidente y de otros funcionarios que se han expresado
en contra de las recientes protestas feministas.
“Nos están pidiendo creatividad, nos están pidiendo paciencia, nos
están pidiendo silencio, pero no, vamos a gritar que cumplan la ley, que
la conozcan. El hecho de que políticos en este país digan que la causa
del feminicidio es el neoliberalismo, hablar de la ignorancia total de
la ley”, dijo la también defensora de los derechos de las mujeres.
Las protestas de mujeres en la Ciudad de México han marcado
la pauta del debate público en este inicio de 2020. Lo que piden es
simple: vivir sin miedo. Que el Estado mexicano cumpla su
responsabilidad de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia. ¿A quién o a quiénes les toca hacerlo?
Texto: Daniela Pastrana
Fotos: María Ruiz y Galo Cañas/Cuartoscuro
Las mujeres que protestaron el viernes frente pasado al
Palacio Nacional por la muerte de Ingrid Escamilla presentaron un pliego
petitorio –de 14 puntos– que contrasta con el decálogo presidencial que ese
mismo día dio Andrés Manuel López Obrador.
“El Estado mexicano es un Estado feminicida y omiso ante todas y cada
una de las exigencias que tenemos”, concluyeron las manifestantes.
Por su parte, el presidente aseguró que no tiene ningún problema de conciencia, porque todos los
días está atendiendo el problema de los feminicidios.
Lo cierto es que no todas las peticiones –ni siquiera la mayoría- son
competencia del ejecutivo federal. ¿Quiénes integran el Estado
feminicida al que reclaman? Aquí, un recuento de varios de los aludidos:
Revisión de todas las carpetas integradas por muerte
dolosa, homicidio y homicidio calificado de mujeres con base en el
protocolo de atención a víctimas de feminicidio y que todas sean
reclasificadas
Esta, en realidad,
es una exigencia para los ministerios públicos, que son los que categorizan los
delitos e integran las carpetas de investigación, y a los jueces, que son
quienes tienen facultades para reclasificar los delitos responder los jueces.
El poder Judicial es independiente del Ejecutivo y durante años, la sociedad
civil pugnó por la autonomía de las fiscalías, precisamente para que dejaran de
ser procuradurías dependientes del presidente (y de los gobernadores en los
estados). Ciudad
de México. 12 de agosto de 2019. Mujeres se manifestaron frente a la
Secretaría de Seguridad Pública. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.Pero la demanda llega en medio de una tormenta. Días antes del
asesinato de Ingrid Escamilla, el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero se reunió con legisladoras en la Cámara de
Diputados para discutir una propuesta de reforma judicial que incluiría
la creación de un Código Penal Único. Entre los planteamientos esta la
intención de redefinir el tipo penal de feminicidio como agravante del
homicidio. La difusión de la propuesta, que no ha sido planteada de
manera oficial, provocó revuelo.
Gertz Manero aclaró que no pretende desaparecer el tipo sino
clarificarlo, porque el feminicidio ha tenido un aumento de 137 por
ciento en los últimos cinco años y, tras hacer un análisis, detectaron
que “en la tipicidad de ese delito había una serie de obstáculos que
consideramos que debían de superarse”.
Desde su perspectiva, el feminicidio, como está ahora, “no está lo
suficientemente claro. Con un tipo penal sumamente complicado no
ayudamos a las víctimas, tiene que ser tan claro y preciso que cuando
llegamos con los jueces no se nos vengan abajo los asuntos”.
¿Qué es lo que dice actualmente el Código Penal Federal?
Artículo 325: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida
a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La
víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la
víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en
contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima
una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que
establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La
víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o
exhibido en un lugar público”.
2) Disculpa pública, en las primeras planas, de cada uno
de los medios, impresos o digitales que publicaron las fotografías de
Ingrid Escamilla
Este reclamo es para los medios de comunicación, que no tuvieron
respuestas positivas frente al reclamo de la violencia de género ni con
el movimiento MeTooMX.
Sin embargo, la dirección del diario La Prensa -uno de los que
publicó las imágenes del crimen de Ingrid- asumió el compromiso de
“hacer una revisión profunda” para modificar su lenguaje y métodos de
cobertura. En un mensaje a la opinión pública y a las mujeres ofendidas,
en su primera plana del viernes 14, el rotativo expuso: “Entendemos hoy
que no ha sido suficiente y hemos entrado a un proceso de revisión más
profunda. En eso estamos”.
La Organización Editorial Mexicana (OEM), Grupo al que pertenece La
Prensa, es uno de los 100 medios y plataformas digitales que en
noviembre pasado firmaron con la Unesco el Pacto por la Eliminación de la VIolencia contra las mujeres y las Niñas.
Ese mismo viernes 14, las mujeres llegaron a las puertas de la prensa
y quemaron un vehículo; la policía las roció con un gas verde.
Finalmente, con la mediación de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, una comisión de cuatro personas fue atendida por los
representantes del medio.
3) Que se hagan cargo de la naturalización de la
violencia y toda la violencia que ejercieron contra Ingrid y contra
todas y cada una de las familias que hoy están buscando justicia para
sus asesinadas.
En este caso, la respuesta corresponde también a los
directivos de los medios que cada día definen la agenda informativa. Pero no
hay respuesta.
En
2011, 715 medios mexicanos firmaron el Acuerdo
para la Cobertura Informativa de la Violencia. Entre otras cosas, el
acuerdo buscaba proponer criterios editoriales comunes y definir criterios “para la protección de la
identidad de las víctimas de la violencia”
“Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con
profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene
el manejo de la información”, dice el Acuerdo firmado en el Museo de
Antropología.
Pero el acuerdo fue un intento fallido de autorregulación, concluye en un estudio
el investigador Carlos Lozano Rendón, debido a la incapacidad de
identificar a los medios que violaban el acuerdo y de aplicar sanciones o
canalizar quejas y denuncias de incumplimiento.
4) Que Andrés Manuel López Obrador dé una disculpa pública con perspectiva de género, victimológica y de derechos humanos.
“Que (el presidente) no nos meta en el mismo cajón que a todos los
hombres porque la violencia que vivimos las mujeres, y eso es algo que
le tenemos que decir al señor, es diferente. No sabe por qué se creó el
Conavim”, dijeron al leer su pliego petitorio.
Se refieren a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, una institución que se creó por decreto,
en junio de 2009, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, y que sustituyó a otra comisión que sólo tenía competencia
en Ciudad Juárez.
Entre sus funciones están emitir alertas de género, elaborar
programas y formular las bases para la coordinación de autoridades,
diseñar “política integral con perspectiva de género para promover la
cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres”
Pero aunque tiene poco tiempo de vida, es un elefante que se mueve
lento. En octubre de 2019, más de 350 organizaciones de la sociedad
civil y defensoras de derechos humanos pidieron a la titular de
Gobernación y al presidente Andrés Manuel López Obrador que destituyeran
de su cargo a María Candelaria Ochoa Ávalos, a quien acusaron de
obstaculizar desde su puesto la garantía de los derechos de las mujeres
en el país.
5) Sanción a los medios de comunicación que filtraron
imágenes de Ingrid Escamilla violentando el protocolo de actuación que
establece la Ley de Atención a Víctimas.
En la víspera de una jornada de protestas por el
feminicidio de Ingrid Escamilla, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció “una
valoración exhaustiva respecto a responsabilidades y consecuencias jurídicas” de los medios que publicaron las imágenes del
crimen En un comunicado, sin precisar medios ni fechas,
las dependencia se comprometió a que el atentado contra la dignidad de la joven
no quedará impune.
“La libertad de expresión y de acceso a la información tiene
límites, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las
víctimas, especialmente de violencia de género”, agregó Segob. “El caso
de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe
ocurrir”.
La dependencia exhortó a las autoridades federales, estatales y
municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo la
seguridad pública y la procuración de justicia, “para que tomen las
medidas de protección a la cadena de custodia que ordena el Código
Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que nunca más se vuelvan a
filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos,
especialmente en los casos de feminicidio, y que se apliquen las debidas
sanciones a los servidores públicos que resulten responsables”.
Esta es la segunda vez durante el 2020 que la Secretaría que dirige Olga Sánchez Cordero emite un comunicado de este tipo. La primera fue
en enero, cuando pidió a medios y autoridades la protección de los
datos personales de los niños involucrados en el tiroteo en un colegio
de Torreón.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido sanciones para los medios que no cumplieron el exhorto.
6) Derogación del artículo 97, 98 y 99 y su
modificación de la legislación de la UNAM para dar condiciones a las
compañeras universitarias que están denunciando violencia sistémica,
institucional, física y personal que están viviendo en los espacios
universitarios
El miércoles 12, el Consejo Universitario modificó los
artículos 95 y 96 de la legislación universitaria. Con esta reforma se incluye
“la violencia de género como causa grave de responsabilidad aplicable a todos
los miembros de la Universidad”.
La reforma, que la máxima casa de estudios anunció como histórica, se
dio a casi cuatro meses de paros y protestas intermitentes y fijas, de
al menos 16 escuelas, facultades y preparatorias contra el acoso y
violencia sexual. También consideró que exista paridad de género en la
integración del Tribunal Universitario.
Para las paristas, sin embargo, las reformas son respuestas a medias que no resuelven la violencia estructural que hay dentro de la UNAM. Primero, porque no se ha modificado el artículo que hablaba de las sanciones y además, porque legislación no es retroactiva.
7) Atención integral, con perspectiva de género, a la
violencia de género que se está viviendo en la UNAM, en la UAM, en CCH,
UAEM, Bachilleres, Cetis, Cebetis, Chapingo y todas las demás
universidades y preparatorias, secundarias y primarias, contra niñas,
mujeres y adolescentes
Esta es, quizá la exigencia más amplia, porque implica no sólo a las
autoridades universitarias, de distintas instituciones públicas, sino a
todo el sistema educativo nacional. Facultad de Filosofía y Letras en paro / Foto: María Ruiz
8. Atención y revisión de las Fiscalías Especializadas
para la atención integral de violencia y víctimas de violencias graves y
feminicidios, que sean funcionales, que se dediquen a la integración
adecuada de los análisis de contexto caso por caso
Este reclamo corresponde a fiscalías estatales y federal. En el caso
específico de Ingrid, la responsabilidad es de la fiscalía de la ciudad
de México.
La subprocuradora de Atención a Víctimas, Nelly Montealegre, anunció
que hay seis agentes investigados por las filtraciones. Son los primeros
que actuaron en el lugar de los hechos y están adscritos a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, en el área de servicios
periciales.
9. Acciones integrales para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia feminicida y todo tipo de violencia contra las
mujeres, como lo establece la Ley de acceso a una vida libre de
violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia simbólica y la
institucional que estamos viviendo.
Todo esto está establecido en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
que fue publicada en febrero de 2007 y tiene por objetivo establecer la
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
La ley define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual se tipifica el feminicidio.
La legislación ha recibido
modificaciones para mejorarse. Pero 13 años después de publicada, no parece
haber resuelto mucho el problema.
10. La no criminalización de la protesta.
“Lo que hacemos no es venir a vandalizar, es exigir vida digna para
cada una de nosotras, nuestras hijas, nuestras madres, amigas y
vecinas”.
Esta exigencia tendría que dirigirse a los medios de comunicación y políticos.
11. Funcionalidad de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.
Este es un reclamo para la Secretaría de Gobernación y a la Comisión
de Búsquedas: “Que se enteren que los análisis de contexto de la
desaparición forzada de una mujer y un hombre son diferentes, y así se
deben de establecer; que las comunicaciones sean con base en la
perspectiva victimológica”.
12. Derechos plenos para cada una de las mujeres y el
derecho a la vida. Nuestros derechos y nuestra certificación de
ciudadanas de tercera, cuarta o quinta, cambia dependiendo del estado o
municipo donde nos encontremos
En este caso, la competencia de homologar las leyes estatales con la federal es de los gobiernos y legisladores locales. Protesta en Palacio Nacional. /Foto: María Ruiz
13. Análisis de contexto en todos y cada uno de los casos de violencia de género.
“Para que deje de ocurrir tiene que dejar de naturalizarse y verse como un hecho aislado”.
La responsabilidad, de nuevo, recae en las fiscalías y gobiernos locales.
14. Cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencias graves y
feminicidas.
Las salidas no son simples. Entre las múltiples recomendaciones de
organismos internacionales en materia de derechos humanos a México en la
última década, más de 200 tratan sobre la violencia contra las mujeres;
de éstas, las recomendaciones referidas a la tipificación del
feminicidio han sido particularmente debatidas a nivel jurídico y
político y se han desarrollado incluso, algunos protocolos.
La tendencia continental de tipificación de esta nueva
figura en Latinoamérica, unida a diversos factores políticos y jurídicos en
México, han llevado a “una generalizada introducción de este nuevo tipo penal
en algunas entidades federativas mexicanas en los últimos años”.
La tipificación del feminicidio en México, como en el
resto del continente, presenta una diversidad de formulaciones en cuanto a su
contenido y extensión que, en algunos casos, “resulta problemática”, concluye
en su ensayo
sobre los límites y dificultades del Estado mexicano para cumplir las
recomendacione de organismos internacionals la investigadora de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Patsiri Toledo Vázquez.
“En efecto, algunos tipos penales más que facilitar el
reconocimiento y sanción de esta forma extrema de violencia contra las mujeres,
dificultan, restringen o incluso impiden la sanción penal de tales crímenes. La
aplicación práctica de esta figura en algunas entidades federativas, asimismo,
muestra que la tipificación apenas constituye una forma de cumplimiento formal
de las recomendaciones y pone de manifiesto las dificultades que supone la
implementación de las mismas”.
Hoy la mirada de mujer es sinónimo de desigualdad, sigue siéndolo,
pese a todos los esfuerzos que desde hace 25 años se realizan
-prácticamente a nivel mundial-, desde que se llevó a cabo la reunión de
Beijing y se acuñó esta frase: “los derechos de las mujeres son
Derechos Humanos”.
Es el
momento de hacer un balance, en especial frente a lo que puede identificarse
como puntos álgidos: como la fuerte oleada de violencia contra las mujeres que
se vive en todo el país, todo tipo de violencia en cualquier esfera, agravada
por la desigualdad económica y política, entre el espacio urbano y rural o como
mujer índigena o afrodescendiente.
Hoy y
aquí las mujeres enfrentan diferentes expresiones de la desigualdad según la
etapa del ciclo vital que atraviesen: desde la infancia, hasta la vejez.
Con
este entorno, Organismos Internacionales como la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal); Banco Internacional de Desarrollo (BID) o
el Foro Económico Mundial (Wef por sus siglas en inglés), se han dado a la
tarea de revisar avances y formular prioridades para el futuro mediato e
inmediato.
BID se
pregunta ¿qué están haciendo los países de ALC para cerrar las brechas
económicas de género? una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Es posible
hablar de participación económica igualitaria en la región?
Participación igualitaria
“A
pesar de los avances, el crecimiento de la participación laboral femenina y la
reducción de las brechas salariales de género en ALC se han estancado, los
empleos femeninos siguen concentrados en sectores de baja productividad, y el
liderazgo de las mujeres en los más altos eslabones del sector privado es
escaso. De hecho, la participación de las mujeres en la fuerza laboral
permanece por debajo de la de los hombres (58.3 por ciento versus 82.3 por
ciento) y ganan en promedio sólo 87.2 por ciento del salario de los hombres”. En
términos de participación económica, la brecha de género tardará 257 años en
cerrarse (en comparación con 202 años en el informe de 2019). Datos del Informe
del Foro Mundial.
Este breve
diagnóstico se aplica para el caso de México, corregido y aumentado. La brecha
salarial alcanza 30 por ciento y la participación de las mujeres versus hombres
en la vida laboral es muy baja. 75.1 y 49.1 por ciento, respectivamente (2do.
Trimestre 2019, Inegi).
Las consecuencias
o implicaciones de esta desigualdad. Se dice que la paridad de género tiene una
influencia fundamental en si las economías y las sociedades prosperan o no. El
desarrollo y despliegue de la mitad del talento disponible en el mundo tiene
una gran influencia en el crecimiento, la competitividad y la preparación
futura de las economías y empresas de todo el mundo.
Si
aquí se lograra reducir la brecha de género en la fuerza de trabajo, se
añadirían potencialmente 0.16 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento
anual del PIB per cápita, para llegar a 2.4 por ciento anual. A nivel mundial
hay una estimación del PIB de un aumento potencial del 26 por ciento, mientras
que para América Latina el potencial sería del 34 por ciento.
¿Qué se
propone? Los líderes de la región han desarrollado planes de acción concretos
para cerrar las brechas económicas de género a través de la construcción de
Iniciativas de Paridad de Género (IPG) con el apoyo del Grupo BID y el WEF, las
cuales se centran en tres objetivos principales:
Aumentar
la participación laboral de las mujeres
Reducir
de la brecha salarial de género
Reforzar
el liderazgo de las mujeres tanto en el sector público como en el privado
No es
posible que se pueda avanzar cuando más de la mitad de la población del país no
está representada ni en el liderazgo político (un espacio con muy poco avance),
o bien en el económico. Para el Sector Público únicamente uno de cada diez
directores es mujer y en forma global es 7.5 por ciento, según datos del Foro
Económico Mundial (ver gráfica).
Es
evidente que la mejora del empoderamiento político de las mujeres, como regla
general, ha correspondido con un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad
en el mercado laboral. Su trascendencia es generacional, ya sea en lo cultural
como en la dimensión económica de los ingresos que perciben.
Para
Cepal la dimensión de igualdad es más amplia, no sólo es igualdad de medios
desde el punto de vista económico y distributivo, sino también como igualdad
en el ejercicio de los derechos, en el desarrollo de las capacidades y en el
reconocimiento recíproco de los actores sociales.
La
autonomía económica de las mujeres se vincula con su posibilidad de controlar
activos y recursos y ha sido parte de las políticas de igualdad de género de
América Latina y el Caribe. Los avances encaminados al logro de la autonomía
económica de las mujeres se relacionan con los marcos normativos vinculados al
trabajo remunerado y no remunerado; institucionalidad reflejada en el
desarrollo de políticas y planes específicos sobre cuidados,
corresponsabilidad y derechos laborales o empleo; sistemas de información
sobre trabajo remunerado y no remunerado y uso del tiempo, e iniciativas en el
ámbito de las comunicaciones, incluidas campañas de sensibilización y
promoción de la corresponsabilidad social en los cuidados.
En
materia de la autonomía económica, se reconoce que persiste como un reto la
desigual distribución del trabajo no remunerado y de cuidados, lo que refuerza
la necesidad de incrementar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y
entre los hogares, la sociedad y el Estado. También se identifica como desafío
la necesidad de promover una educación integral que supere los estereotipos
sexistas y promueva una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, para
derribar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos.
Respecto de la autonomía física, la violencia sigue siendo uno de los
desafíos, pues pese a los avances, el problema persiste. Junto con
ello, se requiere ampliar o profundizar los marcos normativos sobre
violencia para hacer frente a las nuevas manifestaciones de este
fenómeno: el acoso político hacia las mujeres, el acoso callejero y en
espacios públicos, y el acoso por medios digitales”.
El 14 de febrero, estalló de nuevo
la rabia de mujeres, en su mayoría jóvenes, sobre la incapacidad de los
gobiernos federal y estatal de encontrar una estrategia efectiva para
combatir el feminicidio. No solamente por la brutal manera en que se
asesinó a Ingrid Escamilla, sino también porque de nuevo, como en varios
casos anteriores, servidores públicos filtraron las imágenes de su
cuerpo, revictimizándola y quitando su dignidad.
Cimacnoticias habló sobre las obligaciones del Estado para garantizar
seguridad a las mujeres, con la magistrada de la Quinta Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Celia Marín
Sasaki, quien ha conocido de diversos casos de feminicidio, entre ellos
el de Lesvy Berlín Rivera, al resolver que debería clasificarse como
feminicidio agravado.
– Sonia Gerth (SG): ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la violencia de género?
-Celia Marín Sasaki (SMS): En primer término, en el tema de la
violencia de género nuestro país ha sido declarado responsable de violar
los Derechos Humanos de las mujeres, en la resolución de Campo
Algodonero, que tiene que ver con el tema que todas y todos conocemos
tristemente, de las mujeres asesinadas de Juárez. Ahí la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hace un estudio muy profundo y
declara responsable a nuestro país, por haber violado diversos Derechos
Humanos de las mujeres. En el caso concreto, había violaciones a las
garantías judiciales, a la debida diligencia, a las tutelas jurídicas
efectivas, a la protección de estas niñas, porque dos de ellas eran
menores de edad, violaron su derecho a la vida, su derecho a la
integridad corporal. En todos estos derechos, el Estado fue responsable
de esa violación, porque en principio, no les dio la protección que
ellas requerían para desarrollarse en una vida libre de violencia. Y en
segundo lugar, cuando ya se cometieron los delitos, no actuaron con la
debida diligencia. ¿Qué hacían las autoridades cuando las familiares
iban a denunciar las desapariciones? Les decían, basándose en todos
estos estereotipos de género, “no, no vamos a iniciar las
investigaciones, sino que hasta después de 48 horas, 72 horas, porque
estas niñas han ido a bailar con sus novios!” Cuando el tiempo en esos
delitos, esas investigaciones, ¡el tiempo es oro! Entonces, no actuaron
con la debida diligencia. Y una vez que se comete todo este delito,
empezamos a tener el problema de las investigaciones, de judicializar
todo esto. A 10 años de la resolución de Campo Algodonero, no hemos
cumplido, y seguimos teniendo víctimas y víctimas, y el feminicidio
sigue en aumento. Y a diario se mata a diez mujeres, nada más por el
hecho de ser mujeres!
-SG: ¿En manos de quién debería de estar la responsabilidad de cumplir? ¿Olga Sánchez Cordero?
-CMS: No, no. Las responsabilidades están en diversos órdenes. En
principio, el Ejecutivo, como todas las autoridades del país, así lo
declararon en la resolución de Campo Algodonero, todas las autoridades
del país somos responsables, y somos garantes del respeto de los
Derechos Humanos de las mujeres. Uno, el Ejecutivo, a través de sus
políticas públicas efectivas. El legislativo, a través de una
legislación acorde, correspondiente, y que realmente sea aplicable. Y
en tercer lugar, el Poder Judicial a través de las resoluciones que
emite cuando hay necesidad ya de meternos al problema de toda la
violencia de género. Desde las violencias más leves, cuando están
judicializadas, hasta el feminicidio, que es la violencia extrema. Todos
los órganos del poder están involucrados. Somos responsables Ejecutivo,
Legislativo, y Judicial.
-SG: Pero ¿se ha visto un cambio estructural a diez años que existe la sentencia?
– CMS: Sí, claro, las políticas públicas han cambiado, la legislación
también. Hemos cumplido, porque están las recomendaciones, ¿no? Se
tipificó el feminicidio. Se aplica la perspectiva de género porque en
esa resolución de Campo Algodonero, nos ordena: tu tienes que aplicar
esta política pública, tu legislación y tus resoluciones ¡con
perspectiva de género! La perspectiva de género ahí surge como una
obligación convencional. Ya vinieron reformas constitucionales, entonces
ya tenemos muchas herramientas, y muchos instrumentos de carácter
formal. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana? México, tú ya tienes
tratados internacionales, tienes reforma constitucional, tienes reformas
a leyes secundarias, tienes protocolos… lo único que te falta, es que
toda esa normatividad formal la apliques en la vida real, en la realidad
de todas y cada una de estas víctimas.
-SG: Correcto, porque el año pasado Cimacnoticias publicó una
investigación sobre varios casos de Justicia Patriarcal donde
constatamos eso: tienen las herramientas, ¡pero no las aplican!
-CMS: Exactamente. Mira, todas esas leyes es una parte formal del
derecho, pero ese derecho para que funcione y se aplique en la vida de
los justiciables, hay que aplicarlo al caso concreto. Hay que hacerlo
una realidad y en eso todavía estamos muy cortos porque la perspectiva
de género no la entienden. La perspectiva de género, tanto en el
Ejecutivo, el Legislativo y lo Judicial, es una metodología, es una
herramienta que trata de poner en un plano de igualdad a las partes
cuando existen asimetrías de poder y en un plano de igualdad. Te pongo
el ejemplo de un proceso: Generalmente la situación de los hombres está
arriba y la situación de las mujeres está abajo. Y tú no empleas la
perspectiva de género como una metodología para partir de planos de
igualdad, entonces claro que lo que tú resuelvas va a seguir manteniendo
esa asimetría del poder, en donde a las mujeres siempre les va muy mal.
También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una
jurisprudencia cuyo título es “Acceso a la Justicia en Condiciones de
Igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género.” Y te da toda
una serie de pasos, en donde te señala qué es lo que tienes que
observar tú como juzgador para eliminar esas asimetrías de poder, que
impiden impartir esta justicia de manera completa e igualitaria. En
principio, dice: “Para ello el juzgador debe tomar en cuenta lo
siguiente: identificar primeramente si existen situaciones de poder que
por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes
de la controversia.”
-SG: Sí, conozco la jurisprudencia. Mi pregunta iba más bien: ¿Cómo
hacer que los servidores públicos realmente implementen la perspectiva
de género? No solamente jueces y juezas, también policías, peritos por
ejemplo… hay quienes dicen que hay que implementar sanciones a estas
personas, que no solamente no lo hacen, sino también que violan los
Derechos Humanos de las mujeres. Entonces, ¿En la Ciudad de México, son
muy frecuentes los juicios contra servidores públicos?
-CSM: No, no no. En mi vida de juzgadora, nunca he visto algo así.
Que se tipifique algún delito o que se lleve al ámbito penal por omitir,
o sea, un delito de obstrucción de justicia o de servidores públicos
por no aplicar la perspectiva de género, nunca lo he visto. Hasta el día
de ahora nunca lo he visto.
-SG: Sólo como un ejemplo. El juzgador que dejó libre al ex CEO de
Amazon que mató a su ex esposa, Abril Pérez, o la filtración de datos
que revictimizan , y otras violaciones a Derechos Humanos. ¿Nunca ha
visto usted?
-CSM: Nunca he visto una imputación, una investigación, una carpeta, o
una investigación previa antes, en relación con ese tipo de conductas.
Nunca las he visto. En mi vida de juzgadora. Ahora, creo que aquí hay un
grave problema que tiene que ver con la especialización de esos
órganos. El feminicidio es un delito complejo, que protege dos bienes
jurídicamente tutelados: uno es la vida de las mujeres, y la otra, es el
tema del género. Y lo desarrolla perfectamente el legislador cuando
crea el tipo penal. Pero hay un gran desconocimiento en relación con
esto. Y el gran desconocimiento aunado a la resistencia para poder
comprender cuál es el alcance de este tipo penal, porque ahí está la
influencia androcéntrica y patriarcal que no lo permite. Entonces, tú
analiza, cuáles son los órganos especializados en esto ¡No existen!
Sencillamente no existen. Porque para que tú especialices un órgano en
esto, número uno, tienen que conocer la teoría de género. ¡Y no la
conocen, ni en sus niveles más elementales! Entonces, no hay
especialización, no hay capacitación precisa, clara. Hay instituciones
que tienen protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de
género. La gente de sus instituciones, ¡no lo conocen!
-SG: Ah si? ¿De la Fiscalía Especializada?
-CSM: Pues, bueno. Para que te digo. Son diversas instituciones que
tienen que ver con el tema. Y a ver ¿dónde está la currícula? ¿Quién se
encarga de esto? Y esa especialización debe estar desde la cabeza hasta
los pies. Y además, la gente ¡que esté convencida del tema! Porque si
pones a puros machistas ahí, ¡pues nunca va cambiar el tema!
-SG: Entonces, por lo que dice, supongo que usted opina que debe prevalecer el tipo penal del feminicidio
-CSM: ¡Claro que tiene que prevalecer! Porque eliminarlo o hacerlo a
un lado, implica un desconocimiento de la gravedad de la violación de
Derechos Humanos que representa esta figura típica. ¡No puede
desaparecer! ¡Ni se puede modificar! Ni se le puede cambiar de nombre,
esto es así. Naciones Unidas nos lo ha recomendado. La Corte
Interamericana nos lo ha recomendado. No, ¿qué más falta? Estaríamos muy
mal. Sería un retroceso en estos temas. Creo que tenemos que avanzar.
Ya tenemos legislación, hay política pública. Vamos avanzando en
especializar, en formar las y los servidores públicos.
-SG: ¿Hay algún aspecto que olvidé?
-CSM: Creo que nunca hay que perder de vista que la violencia contra
las mujeres, Naciones Unidas la considera una pandemia. Imagínate el
tamaño del problema. Cuando nos dicen que el tema de la violencia, “es
un tema cultural”, hazte cuenta que me están mandando un mensaje de “no
tiene remedio”. Y eso no es cierto, ¡yo me niego rotundamente a aceptar
esa conclusión tan nefasta! ¿Qué tenemos que hacer? Prevención. ¡Tenemos
que educar! Tenemos que ir a las escuela. Tenemos que empezar en etapas
muy tempranas a formar, a ir creando, educando en la teoría de género. Y
siempre estar presente en la primaria, la secundaria, en la
preparatoria, en las facultades, en los posgrados: siempre estar
presente ¡y como una asignatura obligatoria! Porque sino, no va haber
ningún factor de cambio. ¡Jamás! ¿Qué queremos? Que ya no maten más
mujeres. Claro que si ya las matan tiene que operar el mecanismo
represivo, la sanción penal y todo lo que quieras, pero es mejor que no
las maten, ¿no?
