La prevención de la violencia machista implica otorgar a la gente
un salario mínimo, acceso a la educación, atención sanitaria y
condiciones de vida seguras
Manifestación del 8-M en Valencia
No hace mucho Santiago López Petit dijo
que “cada sociedad tiene sus propias enfermedades y dichas enfermedades dicen
la verdad acerca de esa sociedad”. Y parece que
nuestra verdad es que la actual pandemia mundial y la consiguiente crisis
social y económica han visibilizado y amplificado las situaciones de
precariedad y malestar que ya asolaban la existencia de una gran parte de la
población. Ahora bien, como dice Zizek, esta situación, a su vez, nos ofrece la
oportunidad de arriesgarnos a repensar las
características básicas de la sociedad en la que nos encontramos para construir
alternativas a lo que sin duda ya se ha desvelado, no solo como inoperante,
sino incluso como contrario a la vida. Pero sería mezquino alegrarnos por una
situación que está segando vidas, generando pérdidas masivas de empleo,
aumentando los malestares de las personas que conviven con problemáticas de
salud mental, aislando a quien más necesita comunidad y apoyo y agravando un
sinfín de sufrimientos solo porque esta desgracia parece servir a nuestros
objetivos. Y es por ello que no se trata de aplicar nuestras teorías previas a
la actual coyuntura para regocijarnos en esa fantasía narcisista del “te lo
dije”, porque por muy buenas que fueran esas teorías no alcanzan para
comprender la situación actual.
Los actuales discursos sobre el posible
aumento de la violencia de género durante el confinamiento están cayendo en ese
mismo error, el de aplicar el marco analítico de siempre en un contexto en el
que se hace evidente su más que cuestionable utilidad. Por ello, es
imprescindible analizar la situación desde nuevas perspectivas y eso implica
abordar dos cuestiones fundamentales: la crítica a una mirada
desresponsabilizadora hacia las víctimas de violencia de género y el análisis
estructural de esta violencia para superar la perspectiva que la entiende como
un litigio interpersonal, en lugar de analizarla como una experiencia que se
produce en los marcos estructurales que jerarquizan nuestras vidas.
Una de las cuestiones principales que han
centrado las actuaciones y los análisis respecto a la violencia de género en la
actual crisis derivada del virus SARS-CoV-2 ha sido el aumento del riesgo al
que, debido al confinamiento, se enfrentan las mujeres que conviven con las
personas que las agreden. Es cierto que la acumulación de tensión debido a la
pandemia, a los temores a la enfermedad y la muerte, a la pérdida del puesto de
trabajo o las condiciones precarias de la vivienda, pueden producir una
escalada de violencia, un aumento de las situaciones que sirven como caldo de
cultivo para quienes someten a los demás a situaciones de verdadera tortura por
su incapacidad de gestionar sus propios malestares de otra forma.
Apuntar que las mujeres están encerradas con sus
agresores da una idea errónea respecto a los motivos por los cuales mantienen
la convivencia
Ahora bien, las mujeres no han sido
encerradas con sus agresores debido al confinamiento, como parece apuntarse,
sino que las mujeres ya convivían con ellos antes de esta situación y, de
hecho, es completamente inadmisible negar que estaban decidiendo hacerlo.
Vamos a empezar por el principio. Apuntar
que las mujeres están encerradas con sus agresores da una idea errónea respecto
a los motivos por los cuales mantienen la convivencia con quienes las agreden.
Pareciera que las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja están
privadas total y absolutamente de la capacidad para tomar la más mínima
decisión sobre su destino, han desaparecido como parte y solo obedecen los
designios de otro u otros. Esta supuesta incapacidad de acción limita en las
víctimas la posibilidad de entenderse como agentes de cambio de su propia
situación, alimentando la desresponsabilización que justifica la necesidad de
protección por parte de un agente externo. Todo ello contribuye a reafirmar la
impotencia de las víctimas, impotencia que ya forma parte de la construcción
patriarcal de la identidad femenina, sirviendo como sustitutivo de la acción y
la autoafirmación que queda reservada a los hombres que agreden. La indefensión
ha sido esencializada en la identidad de víctima de violencia de género y serán
aquellas que encajen en esa identidad las que merezcan atención y compasión
social. Por otra parte, aquellas que la desafíen defendiendo su derecho a tomar
sus propias decisiones, aun cuando estas impliquen permanecer en una relación
de violencia, serán juzgadas con desconfianza y desaprobación social. Además, a
la naturalización de la indefensión femenina y la omnipotencia masculina se
suma la tendencia autoritaria generalizada que prioriza la solución penal de
los conflictos. Así como los intereses particularistas de un feminismo que
entiende que acompañar los procesos de cambio de quien agrede va en detrimento
de la inversión pública destinada a proteger a las mujeres sirve como
justificación para los excesos punitivistas presentados como únicas medidas
posibles ante los perpetradores de violencias.
Negar la capacidad de decisión de las
mujeres que permanecen en una relación de violencia las despoja del atributo
básico para su liberación, la responsabilidad. Ello no implica eludir todos
aquellos condicionantes que pueden limitar la libertad de acción, porque de
hecho hacernos responsables implica entender que las decisiones, en este caso
la decisión de mantener la convivencia con la pareja agresora, están siempre
mediadas por nuestra capacidad de agencia y que, por tanto, no son
completamente libres. Evaluar nuestra capacidad de agencia implica hacernos
conscientes de que existe una realidad exterior que va a condicionar nuestro
marco de decisiones. Esto es así para todo el mundo, pero es innegable que ese
marco de decisión es más amplio para unas personas que para otras y que,
precisamente aquellas que acumulen más situaciones desfavorables, que
pertenezcan a colectivos estigmatizados y/o precarizados social o
económicamente, verán mucho más limitadas sus opciones y, por tanto, su
capacidad de decidir. Pero un marco de decisión limitado o reducido no debe
suponer la anulación de la soberanía personal y la potestad para ejercerla,
porque, de ese modo, siempre serán las personas en situaciones más precarias
las que carecerán de la dignidad social que se deriva de la capacidad de
prestar consentimiento, de poder establecer pactos y ser capaz de influir en
los cambios personales, sociales y políticos.
La afirmación de la agencia no puede
aislarse de la necesidad de articular políticas que tengan como objetivo
amplificar los marcos de decisión de todos y todas. Especialmente de aquellas
personas cuyas situaciones de precariedad económica y de reconocimiento social
reducen sus posibilidades a mínimos inaceptables. La crisis social y económica
agudizada por la emergencia de la pandemia de la covid-19 ha visibilizado la
precariedad en la que se encontraban las trabajadoras domésticas, las
cuidadoras de personas mayores, las trabajadoras sexuales y muchos otros
sectores feminizados, empobrecidos y desregulados en los que se ocupan mujeres
migradas, en situación administrativa irregular, víctimas de violencias de
género en el ámbito familiar, laboral e institucional y a las que se les han
negado derechos básicos de forma sistemática. Los marcos de decisión para
muchas de estas mujeres están limitados por cuestiones que van más allá de la
violencia de una pareja o familiar que las agrede y limita su capacidad de
movimiento y, por ello, la insistencia en que la solución es llamar al 016 o
abandonar el domicilio es sumamente inefectiva.
Habría que empezar a hablar de la posibilidad de
otorgar rentas básicas universales y no condicionadas y garantizar derechos
laborales a las trabajadoras del sexo
Resulta mucho más tranquilizador presentar
esta violencia como un litigio interpersonal eludiendo la necesidad de incidir
en un marco estructural que constituye a los sujetos y favorece las condiciones
de la permanencia de esta violencia. El abandono de un abordaje estructural ha
supuesto una tendencia creciente a centrar los objetivos de intervención sobre
las víctimas en la recuperación del impacto emocional y psicológico de la
violencia de género como elemento principal para la desvinculación de las
parejas agresoras. Es indudable que es necesario intervenir para atender ese
impacto, pero el análisis de las demandas de las mujeres que actualmente
saturan los circuitos de atención a la violencia de género y sus problemáticas,
muestran también que la acuciante necesidad de alojamiento, protección y
acompañamiento son resultado de algunas cuestiones estructurales. Algunas de
estas cuestiones son el impacto de la ley de extranjería que niega derechos
básicos a las mujeres en situación administrativa irregular, la imposibilidad
de acceso a la vivienda y la precariedad económica a causa de un feroz
capitalismo especulativo, la explotación laboral agravada por una reforma
laboral que prioriza los intereses patronales y una violencia institucional que
se ceba contra colectivos estigmatizados. Cuando se combinan perspectivas
desresponsabilizadoras con formas de abordaje psicologicista de la violencia de
género y se aplican sobre mujeres con una necesidad de reconocimiento de
derechos básicos se produce un efecto tremendamente perverso, el de su
regulación y modelaje institucional. Ante la posibilidad de obtener una
cobertura precaria y circunstancial de sus necesidades básicas muchas mujeres
optan por plegarse a las exigencias regulatorias que implican la sumisión a una
forma preestablecida y burocratizada de entender la recuperación y
desvinculación de la violencia. De esta forma, pueden acabar accediendo a
reconocer como violencia hechos que para ellas no son significativos al no
cuadrar con sus valores, o asumir un proceso terapéutico que no necesitan o no
les resulta prioritario ya que así pueden acceder a alojamiento, protección y
cobertura de necesidades básicas para ellas y sus hijos, hijas o personas
dependientes.
Todos estos elementos dibujan un escenario
en el que poco espacio queda para la ampliación de los marcos de decisión de
las mujeres. Dice Mithu M.Sanyal respecto a la violencia sexual que “ la
prevención del abuso de poder sexual también significa otorgar a la gente un
salario mínimo, acceso a la educación, atención sanitaria y condiciones de vida
seguras”.
Para plantearnos nuevas perspectivas
respecto al abordaje de la violencia de género habría que empezar a hablar de
la posibilidad de otorgar rentas básicas universales y no condicionadas;
incorporar en las políticas públicas el reconocimiento del trabajo sexual y
garantizar derechos laborales a las trabajadoras del sexo y a las mujeres que
se ocupan en la economía de los cuidados, invertir en la mejora de la
ocupabilidad, promover el empoderamiento económico de las mujeres e intervenir
en el mercado laboral mediante leyes que den mayor protección a los
trabajadores y trabajadoras. Así como sería esencial negar la visión liberal de
la mujer cuidadora en el hogar como un sujeto altruista y reconocerlo como
imprescindible y parte de la sociedad civil a la vez que cuestionamos el marco
patriarcal de la división sexual del trabajo. Sin olvidarnos de la derogación
de la ley de extranjería, de regular el mercado especulativo de la vivienda y
promover la vivienda social, incorporar la transversalidad de género en
servicios básicos generalistas y transformar la mirada desresponsabilizadora
hacia las víctimas.
Como ha dicho Clara Serra recientemente
“para que la normalidad que venga sea, además de nueva, una normalidad
mejor, tiene que ser decidida por nosotros y nosotras mismas”. Las personas que
trabajamos atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género hemos
demostrado en estos días nuestra capacidad de organizarnos y sostener los
servicios a pleno rendimiento, a veces en condiciones de riesgo y precariedad.
Esto no debería ser aceptable, pero lo hemos hecho. Qué duda cabe que es
imprescindible defender nuestros derechos incluso más allá de aquellos
establecidos. Pero estos derechos nunca pueden ir en detrimento ni en
contraposición de los intereses de las personas a las que atendemos. Demandar
más y más recursos para los servicios específicos de violencia, especialmente
en la actual tesitura, no hace más que alimentar un monstruo insaciable y nos
convierte en elementos de contención ante el impacto generado en las mujeres
por políticas y economías asesinas, mientras sus necesidades más básicas quedan
desatendidas. Pero además, esta especificidad contribuye a establecer
jerarquías entre personas pobres usuarias de servicios sociales. Tenemos la responsabilidad
y la indudable capacidad de ser un elemento indispensable para la
transformación social, no la desaprovechemos. A mi entender, ese mínimo
imprescindible que amplía la capacidad de decisión de todos y todas nos ofrece
un escenario en el que empezar a pensar juntas no en una nueva normalidad, sino
en un mundo nuevo.
Cómo será el día después del anuncio oficial del regreso a la nueva
normalidad. Hasta ahora todo se ha concentrado en las medidas
sanitarias, en los metros de distancia que tendremos que guardar en los
centros laborales, los horarios escalonados, el uso de cubrebocas como
un accesorio más, etcétera. Sin duda, todas medidas importantes.
De lo que no se ha hablado es lo que dejó al desnudo esta pandemia,
como es la desigualdad y la violencia, a esa “normalidad” tendríamos que
darle la vuelta, transformarla, como si de verdad hubiéramos aprendido.
En días pasados leía a la escritora inglesa Premio Nobel de
literatura 2007, Doris Lessing, sobre lo mucho que sabemos sobre la
humanidad y lo poco que utilizamos ese conocimiento para vivir mejor.
Pensando en ello, me parece que el día después del regreso a la nueva
normalidad, debe incluir la transformación profunda de esta humanidad
que ha crecido en la desigualdad, en las posiciones individualistas y en
el uso de la violencia para el sometimiento.
De todas ellas tenemos información a manos llenas que no se ha utilizado para transformar esta situación.
Sabemos que la desigualdad creció en las últimas 2 décadas gracias a
las malas decisiones gubernamentales que prefirieron beneficiar a unos
cuantos por encima de las inmensas mayorías, tenemos cantidad de
investigaciones sobre el tema y sólo para hacer referencia a una, se
puede consultar el informe de Naciones Unidas sobre la desigualdad que
presentó a principios de este año.
Sabemos que una de las desigualdades más añejas y menos atendida ha
sido la de las mujeres, desigualdad en la valoración social, económica,
cultural, política, desigualdad en el acceso y goce pleno de todos los
Derechos Humanos y mientras ésta no se modifique ningún cambio será
completo, y lo ganado a lo largo de los años está en riesgo de perderse
por falta de prioridad gubernamental.
Sabemos que existe la violencia contra las mujeres como una expresión
brutal de esas desigualdades, y que esa misma violencia es utilizada
para conservar el privilegio del poder y de la sobre representación para
una minoría masculina.
Si nos apreciamos como humanidad y realmente queremos salir de esta
pandemia con lecciones aprendidas, esto debe de ser transformado ya en
la nueva normalidad.
Desdeñarlo, dejarlo a un lado e incluso tratar de ocultarlo en los
planes para el retorno a la movilidad social, nos confirmará que por más
conocimiento que hemos acumulado como humanidad no hemos sido capaces
de ponerlo en práctica para dar un salto evolutivo, el más importante de
este nuevo siglo.
La desigualdad ha sido el gran lastre en la historia humana, es
tiempo ya que la información acumulada por milenios sobre los estragos
de estas desigualdades queden en el pasado, para que el legado que
dejemos a las próximas generaciones sea más de lecciones aprendidas que
nos llevaron a la transformación, que de fracasos soberbios que nos
regresaron al mismo camino pantanoso de los privilegios para unos
cuantos.
Ciudad de México. Un grupo de 16 diputadas y
diputados alemanes pidió en una carta abierta a los gobiernos estatales,
que no levanten las medidas que prohiben la prostitución durante la
emergencia sanitaria.
Las medidas sanitarias no deberían de relajarse: “Es obvio que la
prostitución tendría el mismo impacto como un Superspreader‘ (persona
que contagia a grandes grupos, en inglés), ya que actos sexuales no son
compatibles con el distanciamiento social“, escribieron. A la hora de
rastrear las cadenas de infección, lo más probable sería que las
personas entrevistadas oculten contactos con mujeres explotadas
sexualmente, argumentaron.
La carta fue firmada por 16 diputadas y diputados de los partidos del
gobierno, los cristiano-demócratas y socialdemócratas. Sin embargo,
representan una fracción mínima del parlamento alemán, con actualmente
709 escaños. Las y los políticos insistieron que abogan por la
prohibición de la prostitución en general. Se trataría en la mayoría de
los casos de una actividad misógina, degradante y destructora, a la que
las mujeres son forzadas.
El actual cierre de los lugares donde se explota sexualmente a las
mujeres, confirmaría que éstas no tienen acceso a un registro formal, a
vivienda y servicios de salud, y que son dependientes de sus proxenetas.
“A estas mujeres, no les ayuda la reapertura de burdeles, sino una
formación o actividad en una profesión con un salario digno”, afirmaron
las y los diputados.
El grupo aconsejó introducir medidas de asistencia para que las
mujeres- en su mayoría provenientes de países del este de Europa- puedan
hacer cursos de idiomas y terapias, así como acceder a vivienda y
servicios de salud, como lo preve el “modelo nórdico”. De acuerdo con
las y los autores de la carta, “hay 33 mil mujeres registradas como
prostitutas en Alemania”, pero en realidad serían más de 400 mil.
Alemania, un destino del turismo sexual
En Alemania, la prostitución es legal, y la mayoría de corrientes
políticos, sobre todo liberales y de izquierda, argumentan que regular
la industria del sexo significa mejorar las condiciones para
“trabajadoras sexuales”. Con muchos países vecinos, como Escandinavia y
Francia, siguiendo una política abolicionista, el país se ha convertido
en un destino para turistas sexuales desde la legalización en 2001. De
acuerdo a la “Ley de Protección de Prostitutas”, aprobada en 2016, las
mujeres y hombres pueden registrarse y con eso acceder a servicios de
salud y ser más protegidas del crimen organizado.
Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha demostrado que muchas de ellas
siguen viviendo condiciones de vulnerabilidad. Como una de las medidas
que se implementaron a mediados de marzo 2020 para contrarrestar la
pandemia, se prohibió la prostitución en varias entidades. De inmediato,
hubo reportes de mujeres que perdieron sus viviendas. Ellas vivían en
los mismos lugares donde se les explota sexualmente- práctica prohibida
por ley pero de hecho tolerada por las autoridades. Con el anuncio de
las medidas, sus proxenetas las echaron de las casas, porque no podían
“trabajar”.
Asímismo, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no
tenía ahorros para sobrevivir meses. No podían acceder a las ayudas
financieras que el Estado alemán repartió a trabajadoras y trabajadores
independientes, porque no se habían “registrado como prostitutas” y no
tenían facturas fiscales, hecho que contradice los argumentos de la
política reguladora que persigue el Estado.
La carta de las y los diputados fue criticada por otras
parlamentarias y parlamentarios. La iniciativa sería “completamente
inútil”, dijo el portavoz de política familiar de los
cristiano-demócratas, Marcus Weinberg, al periódico “Bild”. Una
prohibición “obligaría a las mujeres a entrar en sótanos oscuros y en la
ilegalidad”, continuó. La Secretaría Federal de las Mujeres respondió
que prohibir la prostitución no era “propicio para alcanzar el
objetivo”. Esto “llevaría a las prostitutas más a la ilegalidad”,
advirtió Dirk Peglow, vicepresidente de la Federación de Investigadores
Criminales.
Asegurar que los servicios de atención sean
considerados esenciales y facilitar el acceso a través de mecanismos
alternativos son algunas recomendaciones
Nueva York, 21 may. 20. AmecoPress.- El
distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena se presentan como
las medidas más eficaces para hacerle frente a la pandemia por el
coronavirus, pero han traído como contrapartida graves consecuencias
económicas, sociales e incluso políticas en países de todos los
continentes. En ese mapa de la crisis, y como ha sucedido
históricamente, las mujeres son las más afectadas.
La emergencia sanitaria profundizó las brechas de género económicas,
un impacto que afectó más a las trabajadoras informales y precarizadas,
así como a quienes integran los primeros sectores perjudicados por la
pandemia, como los servicios o el turismo, en su mayoría feminizados.
También dejó en evidencia, por si acaso había alguna duda, que las
tareas de cuidados tienen cara de mujer. En ese sentido, el cierre de
los centros educativos planteó para muchas mujeres el desafío de tener
que compatibilizar en simultáneo el trabajo remunerado con el cuidado de las hijas e hijos.
Los datos de la realidad ya lo demuestran: en Uruguay, el número de
llamadas a la línea de atención del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento
voluntario; en Argentina, el aumento de las llamadas para pedir ayuda a
la línea 144 fue de 40% en los primeros 40 días de cuarentena
obligatoria. En ese país hubo 49 femicidios desde que se declaró la
emergencia sanitaria hasta el 10 de mayo, según el relevamiento del
Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Para muchas mujeres, quedarse en casa
es la opción menos segura.
Los datos de la violencia
La semana pasada se cumplieron dos meses desde que la Organización
Mundial de la Salud declaró la pandemia de covid-19. ¿Qué sabemos hasta
ahora de su impacto en la violencia hacia las mujeres? En un intento por
responder a la pregunta, ONU Mujeres recopiló algunos datos
preliminares en el informe Prevención de la violencia contra las mujeres
frente a covid-19 en América Latina y el Caribe, que buscar servir de
guía para gobiernos, instituciones públicas y privadas, y organizaciones
de la sociedad civil en el manejo de esta problemática.
El informe asegura que las medidas de prevención de la propagación de
la covid-19 “exacerbarán” la violencia contra las mujeres en los
hogares “porque las víctimas se encuentran encerradas con sus
perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o
de buscar ayuda”.
La experiencia de los últimos meses demostró que en algunos países
las denuncias de violencia de género han bajado, pero esto no significa
que haya menos violencia, sino que hay más dificultades para denunciar.
“Es una consecuencia de que las mujeres no pueden salir de sus hogares o
hacer llamadas porque están en contacto constante con el agresor y sus
redes de apoyo son más limitadas por las medidas de cuarentena. A este
aislamiento de hecho, se suma el miedo al contagio del virus al salir a
buscar ayuda fuera del entorno familiar, que sería en este sentido un
freno para pedir ayuda”, detalla el documento. Esto está pasando en
Uruguay, donde las denuncias en el Ministerio del Interior descendieron
desde que se decretó la emergencia sanitaria, pero las llamadas al
servicio del Inmujeres aumentaron.
ONU Mujeres denuncia las “barreras adicionales” que la crisis ha
generado para que las mujeres accedan a servicios esenciales,
relacionadas con la restricción de movilidad y el aislamiento social,
pero también porque las instituciones de salud, la Policía y la Justicia
“están sobrecargadas y están enfocando sus operaciones en la respuesta a
la pandemia”.
Otra “barrera adicional” es la económica, en el caso de que las
mujeres en situación de violencia pierdan sus trabajos. “La evidencia
sugiere que la pérdida de autonomía económica tiende a demorar las
estrategias de salida de las situaciones de violencia de género. La
incertidumbre sobre la economía en el mediano y largo plazo estaría de
forma indirecta aumentando el poder de opresión de los perpetradores”,
plantea en ese sentido el informe.
Los obstáculos para acceder a servicios esenciales o huir de las
situaciones de violencia son todavía más grandes para las mujeres en
situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de
discriminación, como mujeres con discapacidad, trans, que tienen VIH,
migrantes, desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado,
indígenas, afrodescendientes y rurales o que viven en asentamientos. En
el caso de las personas trans y la comunidad LGBTI en general, dice el
informe, se reportó un aumento de las tensiones en hogares donde sus
identidades de género u orientaciones sexuales no son respetadas ni
reconocidas, así como mayor exposición a la violencia de género, en
particular la doméstica.
La organización internacional alerta sobre otros riesgos que pueden
surgir en momentos de crisis, como por ejemplo el incremento de la
explotación sexual y los matrimonios forzados –debido a la falta de
recursos para cubrir las necesidades básicas de las familias– y de los
casos de ciberviolencia, en la medida en que “el tiempo conectadas y la
exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes en general
aumenta por el teletrabajo, la teleeducación o el teleactivismo, además
de los espacios de ocio”.
El documento también alerta sobre la situación de niñas, niños y
adolescentes que viven en hogares donde se reproducen episodios de
violencia de género: “El aumento en la violencia contra las mujeres
tendrá impactos negativos también en ellas y ellos en términos de
violencia, estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos de largo
plazo en su desarrollo”.
Estrategias y buenas prácticas
¿Qué deberían hacer gobiernos, sociedad civil e instituciones para
prevenir y dar respuesta a la violencia de género en el contexto de la
pandemia? En base a los datos preliminares recabados en América Latina y
el Caribe, ONU Mujeres propone 15 estrategias:
1. Garantizar que las regulaciones de cuarentena o de restricciones
de movilidad contengan excepciones para que las mujeres en situación de
violencia y sus hijas e hijos puedan salir a buscar apoyo, reportar o
denunciar sin correr el riesgo de ser arrestadas. Un ejemplo de práctica
prometedora en este sentido es el de Argentina, que decretó en abril la
excepción de la cuarentena obligatoria para mujeres y personas LGBTI en situación de violencia.
2. Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia
hacia las mujeres se consideren servicios esenciales durante la
pandemia. Esto incluye servicios de salud, centros de justicia,
refugios, albergues, servicios de asesoría legal, servicios de salud
sexual y reproductiva, servicios psicosociales y otros servicios
sociales.
3. Fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia para facilitar
los reportes en casos de urgencia. Esto implica reforzar los servicios
virtuales y de ayuda en internet (líneas telefónicas, mensajes de texto,
web chats, aplicaciones móviles, botones de pánico), y establecer
mecanismos alternativos de comunicación para facilitar los reportes de
violencia para mujeres que no tienen acceso a internet, como puede ser
alertas de emergencia en farmacias, hospitales, centros de salud o
supermercados.
4. Fortalecer la identificación y la atención a la violencia de
género por parte del personal de la salud. Para eso es necesario
capacitar a las y los profesionales de la salud y a quienes atienden las
líneas telefónicas de atención a la covid-19. En Uruguay, por ejemplo,
el Inmujeres anunció a fines de marzo la elaboración, junto con el
Ministerio de Salud Pública, de un protocolo específico para que los
equipos de salud que visitan los hogares y están en las emergencias de
los centros de salud puedan detectar posibles situaciones de violencia
de género.
5. Garantizar que los servicios policiales y judiciales prioricen la
respuesta a la violencia hacia las mujeres durante y después de la
crisis y que sigan investigando, procesando y sancionando a los
agresores y faciliten el acceso a la Justicia a través de mecanismos
virtuales y alternativos. Una de las posibilidades puede ser prorrogar
automáticamente las medidas cautelares para mujeres en situación de
violencia durante la pandemia, como hizo Uruguay a pocos días de declarada la emergencia sanitaria.
6. Priorizar y reforzar el financiamiento de refugios, albergues y
casas de acogida para mujeres que enfrentan alto riesgo de violencia.
Una recomendación de ONU Mujeres es trabajar en colaboración con las
redes comunitarias para poner en marcha alternativas para cuando se
llenen los refugios, como alianzas con el sector hotelero,
universidades, centros deportivos o escuelas para crear refugios o
albergues temporales.
7. Garantizar acceso a servicios sociales, terapia, servicios
psicosociales y asesoría legal gratuita mediante líneas telefónicas y
canales virtuales gratuitos.
8. Aumentar la inversión en las organizaciones de mujeres de la
sociedad civil, así como las defensoras de derechos humanos, para que
puedan desarrollar redes de apoyos locales, comunitarias y
territoriales.
9. Implementar campañas de comunicación y difusión para mujeres que
atraviesan situaciones de violencia con información sobre sus derechos,
qué hacer en casos de urgencia, cómo desarrollar planes de seguridad,
los servicios disponibles e información práctica sobre el proceso penal
si deciden denunciar. Las estrategias y canales de difusión tienen que
ser “inteligentes”, dice el informe, para que lleguen directamente a las
mujeres sin alertar a los agresores (por ejemplo, vía Whatsapp, SMS o
en espacios que suelen usar sólo las mujeres).
10. Elaborar campañas, guías y recursos dirigidos a familiares,
amistades, vecinas y vecinos de las mujeres y otros testigos, para
generar una “cultura de tolerancia cero”. La medida tiene que apuntar a
asesorar a las comunidades sobre cómo identificar las señales tempranas
de la violencia, qué hacer y qué no hacer para apoyar a las víctimas y
cómo intervenir o reportar si ven o escuchan golpes, gritos u otras
señales de violencia o abuso.
11. Elaborar campañas, mensajes e intervenciones dirigidos a varones
para que no crean “que pueden actuar con impunidad durante la crisis”.
La idea es “movilizar e involucrar a hombres no violentos en la
prevención de la violencia para intervenir y no quedarse callados si
conocen hombres que son perpetradores y promover masculinidades
positivas e igualitarias”.
12. Integrar la prevención de la violencia contra las mujeres en los
lugares de trabajo y la educación virtual. Es necesario elaborar
políticas y protocolos de prevención y atención de violencia hacia las
mujeres para asegurar que los procedimientos institucionales apoyen a
las víctimas. También se debe ofrecer información a todo el personal
sobre la violencia de género, los servicios disponibles y los derechos
de las mujeres, y mantener contacto con el personal durante los períodos
de teletrabajo para fomentar redes de apoyo y garantizar espacios de
escucha para construir y estrechar vínculos que facilitan la
identificación de casos de violencia.
13. Elaborar estrategias de prevención y de respuesta a la ciberviolencia y el ciberacoso
14. Recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia
hacia las mujeres y niñas durante la crisis para orientar las
soluciones, políticas, medidas de prevención y atención durante y
después de la crisis. Ese trabajo, dice el informe, tiene que tener un
enfoque interseccional “para fortalecer el conocimiento de las
necesidades de las mujeres diversas durante la crisis”.
15. Poner en marcha medidas especiales que tomen en cuenta las
diferentes necesidades de las mujeres en la fase de recuperación de la
crisis, con especial atención en las mujeres en situaciones de mayor
vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación. Eso se logra con la
promoción de medidas específicas de empoderamiento y recuperación
económica de las mujeres que incluyan prevención de la violencia de
género.
“La cuestión de la violencia de
género y las metas del feminismo son metas de la sociedad, para el
conjunto de la sociedad. Son metas de las mujeres, pero de beneficio
social general. Es muy importante salir de la idea que los temas de las
mujeres son temas del interés particular, de las mujeres”.
Rita Segato
Bajo esta premisa atender y solucionar el efecto de la pandemia en
las mujeres es fundamental. Les implica mayor carga de trabajo
doméstico; precarización laboral y un incremento sustantivo de la
violencia contra ellas, sobre todo la que se ejerce como producto, o
como resultado del confinamiento, se da al interior de los hogares y
proviene de la pareja.
En este último punto las declaraciones del presidente negando que
exista violencia en las familias, provocó una reacción fuerte en las
organizaciones de mujeres, en las feministas y de organismos
internacionales. Y con justa razón, negarla equivale a “normalizarla”,
si no existe el problema, tampoco las soluciones.
Además ellas se han quedado sin refugios, sin albergues que les
brinden algo de protección. Incluso en el Congreso de la Unión, las
integrantes de la Comisión de Igualdad y Género del partido Morena
hicieron un pronunciamiento a favor de la defensa de las mujeres,
reconociendo la violencia de que son objeto, su gravedad y la imperiosa
necesidad de aplicar soluciones de apoyo, con políticas públicas.
Las cifras terribles de violencia se pueden consultar en
Cimacnoticias “Violencia contra mujeres, una realidad más allá de
estereotipos”. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, 15 mayo, 2020
¿Qué sucede en el mercado laboral y en la economía?
Un efecto muy negativo de la pandemia y de la suspensión de
actividades es la pérdida de empleos. Cifras del presidente de la
Comisión Nacional de los Salarios Minimos (Conasami), estima que para
2020 ésta puede alcanzar 800 mil personas desempleadas, una cifra
verdaderamente escandalosa, de ahí que una prioridad para la
recuperación económica de las personas y del país es la defensa del
empleo, eso pasa a tener prioridad número uno. Se está hablando de
empleos formales, con cifras del IMSS.
Los empleos formales que se pierden se convierten en empleos
informales, esto incrementa la pobreza y el hambre ¿cuáles serían las
principales personas afectadas? desde luego que las mujeres. Hasta
ahorita (marzo/ abril) 1.7 por ciento del desempleo se ubica en las
mujeres y 2.3 en hombres, de acuerdo con datos de Conasami. Pero sólo es
desempleo formal, falta todo el informal donde predominan ellas.
El empleo formal incluye a las y los trabajadores que tienen una
relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales
(tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación o
finiquito al término de la relación de trabajo, pensiones, guardería,
préstamos, etc).
Las mujeres que están en la informalidad laboral carecen de lo que se
denomina el “salario social” y son más pobres, 6 de cada 10. No pueden
guardar un confinamiento que las proteja del virus y están obligadas a
salir a la calle, expuestas a un contagio o a diseminar el virus.
Adicionalmente debe considerarse a todas las trabajadoras que sus
empleadores enviaron a cuarentena con la mitad de su salario o sin
ningún salario, también con inestabilidad laboral, porque no saben si
recuperarán sus empleos. De la noche a la mañana sin ingresos, con nueva
pobreza. Y si no fueron ellas, lo son algunos integrantes de su
familia, empezando por la pareja. Así se entiende el crecimiento de la
pobreza femenina. Todo esto es ilegal ¿qué hace o puede hacer la
Secretaría del Trabajo?
Hay una nueva flexibilidad laboral que también empobrece. El llamado
“home-office”, llegó para quedarse. La trabajadora aporta todos los
insumos, no tendrá derechos laborales, la jornada es indefinida, se
pierde el salario social y para el capital todo es ganancia. Más
explotación para las mujeres porque se les exige ser multifuncionales
-hijos, limpieza, preparación de alimentos, cuidados y, la chamba para
la empresa-, obvio tienen fatiga, estres y una salud al borde del
colapso. Además vigila que todos los integrantes de la familia cumplan
con los protocolos para la protección del virus.
Se enfrenta una crisis sanitaria que también es humanitaria. Las
cifras de pobreza que publicó Coneval son más que un dato y aunque
fueron cuestionadas por el presidente, también declaró que la idea es
evitar a toda costa que eso suceda.
“Se deben proteger los ingresos de los informales por razones de
justicia, de equidad y para facilitar el confinamiento, y se deben
proteger los empleos formales porque lo que hemos aprendido de crisis
pasadas es que la destrucción de empleos es lo que más retrasa la
recuperación económica”, expuso quien fue subsecretario de Egresos en
Hacienda.
México será el país con mayor incremento de pobreza en la región,
según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El
organismo propuso a las naciones de la zona establecer un ingreso básico
universal de emergencia. (ver gráfica). Así, para el cierre de 2020 se
considera que 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9 de cada 100
se encontrarán en pobreza extrema.
Ingreso básico o pensión universal y seguro de desempleo para las
trabajadoras formales. Estas son las líneas de acción contra la pobreza
que amenaza, para la protección del ingreso y del empleo.
Administrando la muerte. No somos heróes, somos trabajadoras y no necesitamos aplausos, necesitamos derechos.
Con este panorama el gobierno plantea una “nueva normalidad”, abrir
gradualmente el confinamiento y reanudar actividades en: minería,
construcción, industria de la transformación (maquiladoras) e industria
automotriz, que son prioridad; son las cadenas de producción vinculadas a
Estados Unidos, básicamente. Tenerlas paradas aquí repercute en varias
partes del mundo.
Todas son de alto impacto en el empleo y en la economía pero también
de un gran descuido en la salud y protección del personal obrero, en
condiciones normales. El reto es que de verdad apliquen los protocolos
de salud que establecieron la Secretaría del Trabajo y la de Salud. Se
dijo que se cerrarían las empresas que no lo hagan.
La pregunta obligada es ¿por qué las maquiladoras que nunca cerraron,
siguen operando y a pesar de que no han aplicado estas medidas de
protección no fueron clausuradas? Esto ha causado muertes por COVID en
obreras, Baja California tiene picos importantes en esta pandemia y
provienen de los centros de trabajo. Lo mismo sucede en los otros
estados donde opera la maquila.
Igual se puede abrir la opción de que por primera vez en este país se
proteja la salud de la clase trabajadora, porque ella misma sea quien
lo exija y lo consiga. Tiene razón el presidente cuando afirma que es un
derrumbe mundial de la globalización y del neoliberalismo, pero sin
luchar por los cambios nuevamente se puede reforzar “la normalidad”.
Es indispensable repensar la estructura del mercado laboral y del
sistema de protección universal, incluyendo a las mujeres, por primera
vez. Muchas cosas se han desnudado y una fundamental es el sistema
nacional de salud y todas sus carencias.
La situación de las Pymes y miniPymes es deplorable, pero no de
ahorita. Esos créditos a la palabra que ofrece el IMSS tuvieron muchos
rechazos, uno de los requisitos es que no hubieran hecho despidos, esa
puede ser una causa. Otra es que la normatividad se diseñó sin
considerar las condiciones tan precarias de estas empresas.
Definitivamente ahí sí se requieren más recursos, y mejor administrados.
Ahora el planteamiento es la construcción de un nuevo estado de
bienestar, con democracia, porque grandes estratos de la población son
vulnerables a la pérdida de ingresos laborales, prácticamente su único
ingreso. Recuperar el salario social universal.
Como iban o pueden ir las cosas, la estabilidad tiende a desaparecer y
conlleva varias aristas, citando a Segato: “yo creo que el destino es
desconocido. Y eso es lo que no podemos soportar. Creo que hay una
política del aquí y del ahora, aquí y ahora es lo que tenemos que
empezar a comprender y es una politicidad en clave femenina. Es
absolutamente liberador.
El resultado de la falta de estabilidad absoluta es esa movilidad de
las personas. El consumo está profundamente relacionado con el deseo.
Cuando adquieres algo que considerabas que te satisfaría, en ese mismo
momento tu deseo parte para otro lugar. Porque si no fuera así, no
permanecerías vivo. ¿Qué es el consumo? Un orgasmo corto y una
insatisfacción permanente.”
Se observa un sistema económico que se construye
sobre las desigualdades de género en sus múltiples aspectos
socioeconómicos, el trabajo de las mujeres es infravalorado en tiempo,
valor monetario y en estadísticas laborales, sin embargo, la
globalización y la feminización de la fuerza laboral, marcan nuevas
tendencias favorables para las mujeres
Madrid, 11 may. 20. AmecoPress/E-Consulta.com.- El
1 de mayo, es el día del trabajador y de la trabajadora, por lo que hay
que reconocer a las mujeres en esta conmemoración, sobre todo el
derecho humano de la mujer en el trabajo, reconocido con el
empoderamiento económico de las mujeres -cuando el número de las mujeres
trabajadoras a nivel global crece, la economía feminista crece-, para
comprenderlo hay que conocer la teoría de la economía feminista,
expresión utilizada a principios de los 90, para realizar análisis
económicos de desigualdades de género, economía de mercado paritario,
estudios de brechas salariales, debates sobre trabajo doméstico,
participación de las mujeres en la economía social, capital humano
femenino, explotación laboral de las mujeres, crisis económica de
género, entre otros tópicos.
La Economía feminista observa un sistema económico que se construye
sobre las desigualdades de género en sus múltiples aspectos
socioeconómicos, el trabajo de las mujeres es infravalorado en tiempo,
valor monetario y en estadísticas laborales, sin embargo, la
globalización y la feminización de la fuerza laboral, marcan nuevas
tendencias favorables para las mujeres. “El género está en todas
partes” sostiene la escritora Joan Wallach Scott en su libro Género e
historia, del mismo modo que la categoría clase está en todas partes, en
la economía también existe la categoría de género, que visibiliza el
trabajo de la mujer y denuncia la discriminación laboral.
We Can Do It! ¡Podemos hacerlo! es un cartel de propaganda femenino,
creado por J. Howard Miller en 1943, como una imagen inspiradora para
levantar la moral de las mujeres trabajadoras, el cartel es una
fotografía de una trabajadora de una fábrica de Michigan "Rosie the Riveter", esta imagen "We Can Do It!", ha sido utilizada para promover el feminismo
y el empoderamiento de la mujer en el trabajo, a partir de la década
de los 80 hasta nuestros días. Es decir, la economía femenina nos
muestra la camisa de trabajo de las mujeres, para reivindicar el
posicionamiento de la lucha de género en la esfera laboral.
El feminismo, en la obra El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir,
nos hace deducir el sentido de la condición femenina de que somos el
“segundo sexo” en orden de importancia, es decir, que no existe la
absoluta igualdad, desde los puntos de vista: laboral, económico,
político, jurídico, educativo, estructural, científico, histórico,
psicológico, sociológico, metodológico y cultural. Para el sistema
patriarcal, las mujeres tenemos menor importancia, porque el “primer
sexo” estuvo considerado exclusivamente para los hombres, denuncia
Beauvoir, sobre la igualdad de derechos laborales, y expone que solo es
un ideal democrático, que no es llevado a la práctica, erradicar la
desigualdad tendría que ser un derecho positivo plasmado en las
legislaciones. La mujer fue definida como propiedad privada y entro al
mundo del sistema productivo esclavista, por lo que incorporar a la
mujer en los procesos laborales es todo un fenómeno democrático social,
el compromiso laboral de las mujeres en la esfera pública debe de
reconocerse en una Teoría Feminista Laboral.
Los derechos humanos de las mujeres en el trabajo, fueron reconocidos
por la ONU en 1975, en la declaración del 8 de marzo como día
internacional de la mujer, con la finalidad de ponderar a la mujer
trabajadora, ya que en el mundo de los negocios la mujer estaba
invisibilizada por una visión machista y patriarcal.
En la rama del derecho laboral, la discriminación de género está
latente, por lo que es preciso blindar con leyes y políticas públicas
objetivas que protejan en la misma categoría a las mujeres. El Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, celebro su debate anual en Ginebra 2019,
sobre los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral, con los
temas de integración de derechos humanos de las mujeres en la agenda de
negocios, violencia y acoso sexual en el ámbito laboral, estas ponencias
fueron expuestas por Michelle Bachelet Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Katrín Jakobsdóttir Primera
Ministra de Islandia.
Mujeres en el mundo del trabajo, es un reto pendiente en la Agenda de
género y de derechos humanos, la importancia de incorporar medidas de
género en los mercados laborales y la protección de los derechos
humanos de las mujer para eliminar la violencia y el acoso es
primordial, sin duda hay progresos femeninos en el ámbito laboral, se
estima que a nivel global las mujeres podrían aumentar sus ingresos
hasta un 76 % si se superara la brecha en la participación en el empleo,
se estima que las mujeres dedican 3 veces más de tiempo al trabajo que
los hombres.
La mujer y el trabajo están pactados en la Organización Internacional del Trabajo OIT a través de su Plan de acción de sobre igualdad de género,
destinado a promover y vigilar los derechos de género y la
participación de las mujeres en el mercado laboral, para lograr la
igualdad de oportunidades y la igualdad salarial, ya que mientras más
mujeres han entrado al mercado laboral, persiste la segregación en el
trabajo basada en ideologías de sexo y diferencias salarial entre
hombres y mujeres, "mujer trabajadora" somos todas las mujeres, porque
las labores domésticas y administrar el hogar también es un trabajo, así
como las mujeres que se dedican a la economía informal, en lo que
refiere a la economía formal, existe también una gran discriminación
laboral, el liderazgo de las mujeres en direcciones y altos mandos sigue
siendo desproporcional, aun no alcanzamos la paridad de género en las
cúpulas ejecutivas y en el sector empresarial.
El conseguir la igualdad salarial y cerrar la persistente brecha de
género laboral, es un objetivo para la OIT, pero también es un reto para
los derechos humanos de las mujeres, la política a nivel de todo el
sistema de las Naciones Unidas sobre Igualdad de Género y Empoderamiento
de la Mujer, es desarrollado por ONU Mujeres, y se debe armonizar con
las políticas públicas de género de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos en México. El derecho humano al trabajo, está expuesto en el
artículo 1 de la Constitución Política Mexicana, y determina que las
autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, en donde existe un apartado que prohíbe la discriminación de
género correspondiente a las mujeres.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, realiza lo propio
sobre temas de género y paridad, a través del Dr. José Félix Cerezo
Vélez Ombudsperson en el Estado, ha realizado diversos acuerdos y
pronunciamientos, uno de ellos el Pronunciamiento de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla en favor de la igualdad, la
inclusión y la no discriminación de todas las personas, en el marco de
la emergencia sanitaria, y ha programado Conferencias digitales sobre
Derechos humanos, mujeres y detención ante la pandemia COVID-19 y la
Videoconferencia sobre Nuevas masculinidades para la sana convivencia y
redistribución de las cargas de trabajo en el hogar, así como, ha
programado jornadas de salud en favor de las mujeres, e impartido
talleres sobre Órdenes de Protección para Víctimas de Violencia de
Género, y programas enfocados a la mujer, atención educativa contra la
violencia escolar Bullying y el programa de prevención de la trata de
personas.
Las publicaciones firmadas por mujeres se han desplomado desde el
inicio de la pandemia, según varios editores de revistas especializadas.
Ellas son menos citadas en los medios de comunicación y tienen que
hacer frente a su trabajo, compatibilizándolo con otra triple
responsabilidad, casi siempre no compartida: cuidados, maestra y tareas
del hogar.
Científica trabajando en un laboratorio / EFE
Las mujeres científicas se han vuelto más invisibles que nunca desde
el inicio de la pandemia y desde la imposición de medidas de
confinamiento para controlar su propagación en el mundo. Si ya partían
de una situación de desventaja antes de que estallara la alerta
sanitaria, ahora su aparición en los medios de comunicación es casi residual y su productividad, en forma de investigación y de publicaciones en revistas especializadas, parece haberse desplomado.
Así lo afirman, al menos, varios editores de revistas científicas en una
reciente publicación el portal The Lily del Washington Post, que afirma que si bien el número de
publicaciones ha crecido un 50% en algunas ramas de la ciencia, éstas están firmadas por hombres y que la aportación de las mujeres
científicas se podría haber reducido a la mitad en comparación
a los datos del año pasado.
La explicación hay que buscarla en la cuádruple tarea que desde el inicio
de la pandemia tienen mayoritariamente las mujeres sobre sus espalda: el cuidado de los hijos o de las personas mayores, las
tareas del hogar, el ser profesoras de sus propios hijos y el teletrabajo.
No es posible trabajar a tiempo completo y
cuidar
Desde que comenzó la cuarentena María de la Fuente está
agotada, apenas duerme y afirma convivir con el caos. Madre de dos
hijos (un niño de cuatro y una niña de seis) esta gallega dirige un equipo de
diez personas que hacen investigación en al ámbito de la nanotecnología
biomédica buscando sistemas más eficientes de terapia y diagnóstico en
oncología.
«Es muy complicado porque, al final, la jornada tiene las horas que
tiene y hay que trabajar, dar de comer, encargarte de la cosas de casas y
todo se hace difícil. Tengo suerte que en mi caso repartimos
bastante bien lo que son los cuidados, pero los niños pequeños son muy
demandantes de las madres y siempre tienes la sensación de no llegar y el nivel
de estrés es muy alto», explica De la Fuente.
Para esta experta es imposible dedicarle 8 horas al día al trabajo y
cuidar. No salen las cuentas y el teletrabajo sólo añade la
posibilidad de trabajar a cualquier hora«. Normalmente su
laboral comienza hacia las 10 de la mañana, tras el desayuno de los niños y se
extiende bien pasadas las 12 de la noche. No duermo mucho porque no hay más
horas para avanzar», explica
«Es más que probable que en este contexto las investigaciones y las
publicaciones de las mujeres científicas se estén resintiendo de forma
importante y que esto vaya a tener como consecuencia la
ampliación de la brecha de género en la ciencia. La brecha de
desigualdad ya existía, pero cada vez que hay una crisis esta desigualdad se
marca más. Y la ciencia no es una excepción. Esto es más de lo mismo y tiene
que ver fundamentalmente con la brecha de los cuidados. Es imposible dedicar 8
horas al trabajo y cuidad. no salen las cuentas».
De la Fuente explica que en ciencia se vive una época de hiperactividad y
que la profesión en España está «tremendamente precarizada», con un
montón trabajadores científicos con contratos temporales y que las formas de
medir al productividad se suele restringir a los artículos publicados,
«porque no se contempla la trayectoria profesional. Tal como están establecidas la convocatorias actuales suelen tener
en cuenta los dos o tres últimos años de méritos curriculares y
ahí es donde se produce la diferencia y las mujeres vamos perdiendo competitividad.
Es los mismo que ocurre con los permisos de maternidad. Y si no tienes la
capacidad de producir al mismo ritmo, vamos perdiendo ventaja y hay menos
probabilidades de continuar, de promocionar…», explica esta científica.
«Esta puede ser la consecuencia de todos estos artículos que no se están
publicando», recalca.
Para Marta Macho Standler, matemática y divulgadora científica española y
una de las fundadoras de Mujeres conciencia, es pronto aún para saber el verdadero alcance de la crisis del
coronavirus en el rendimiento en publicaciones de las mujeres científicas.
Según esta matemática, los datos que ofrece la publicación del Washington Post tienen que ver con un repositorios
de trabajos científicos que no han sido revisados por pares, un requisito
indispensable para que la investigación aparezca en las grandes revistas
científicas. «Como los procesos de revisión y publicación son tan largos
(pueden ser de un año) muchos científicos los adelantan en a algunas espacios
donde los publican en pre-print, es decir, una forma de dar a conocer la
investigacion y que, además, sirve como una especia de patente, pero aún no
tienen validez científica y pueden ser rechazados por las revistas serias.
Macho cree que la brecha es real y que sus efectos se dejarán notar en el
medio y largo plazo sobre las mujeres científicas. «Pero tres meses es
poco tiempo para ver una tendencia en las publicaciones. Esto lo veremos
probablemente en un año o dos». Otro tema preocupante para esta científica
es el temor a que se abandonen otras líneas de investigación porque todos los
fondos y el interés estén relacionadas con el coronavirus. «Hay líneas de investigación que se están abandonando por no estar
relacionadas con la covid-19 y esto es malo. Y las investigaciones
sobre este virus están saliendo muy rápido y muchas son malas y sin mucha
revisión», explica y añade que «Para muchas mujeres un parón en la
investigación perjudicará su proyección académica.
Las científicas dicen basta
«Las mujeres asesoran a los cargos políticos, diseñan ensayos
clínicos, coordinan estudios de campo y lideran la recopilación y el análisis
de datos, pero nunca lo sabrán por la cobertura mediática de la pandemia. Más
que nunca antes en la historia epidemiólogos, virólogos y médicos están
hablando públicamente y saliendo en los medios de comunicación hablando de
ciencia. Pero los artículos más visibles, como el publicado hace poco en The New York Times y
otros medios de comunicación que resaltan el papel de los científicos en la
respuesta del coronavirus, sólo hablan de hombres. Y esto a pesar de que hay
muchas mujeres cualificadas en la primer línea de la respuesta a la
covid-19″. Así se lamentan un grupo de 35 científicas de Estados Unidos y
Europa en un comunicado publicado en The World University
Rankins en el que afirman que las mujeres científicas están luchando contra dos frentes: la
covid-19 y el patriarcado.
En su escrito afirman que si bien el peor impacto del coronavirus será
indudablemente la pérdida de vidas, el colapso de las economías, la perdida de
la ayuda humanitaria y la decadencia de las democracias, el efecto colateral será el progreso que las mujeres en la ciencia
ganaron con tanto esfuerzo.
Estas científicas resaltan que ni la epidemiología ni la medicina
son campos que estén dominados por hombres, y sin embargo las
mujeres apenas aparecen citadas ni tienen visibilidad pública. También echan en
falta la presencia de mujeres racionalizadas, porque «priva a las minorías
científicas de representacíon, especialmente a las personas negras, que son las
más afectadas pro la epidemia», escriben.
Las científicas se quejan del hecho que incluso dentro de sus propias
instituciones las voces de hombres no calificados se amplifican sobre las de
las mujeres expertas porque han sido identificadas a través de redes masculinas
informales, o han entrado en las redes sociales y entrevistas de televisión y,
por lo tanto, son percibidas como «de alto perfil».
«No incluir las voces de las mujeres en la discusión pública de la
pandemia de la covid-19 es una distorsión de la realidad. No solo
perpetúa la invisibilidad de las mujeres en puestos de ciencia y liderazgo,
socavando nuestra capacidad de ser tomadas en serio como expertas y no
brindando modelos a seguir para las mujeres más jóvenes, sino que también
impacta en nuestras carreras mientras nos esforzamos por demostrar el impacto
de nuestro trabajo para financiar agencias, colegas y comités de contratación o
promoción».
Como conclusión, estas científicas afirman haber comprendido que las mujeres son más propensas a realizar trabajos que resuelvan
problemas o «saquen las castañas del fuego» , es
decir, cargarse con el trabajo operativo y de apoyo a los encargados de tomar
las decisiones, en lugar de escribir artículos científicos o buscar
subvenciones.
«Tememos que estas experiencias conduzcan a una hemorragia de mujeres
de la academia después de la pandemia, en particular las mujeres jóvenes. La
desilusión y el cinismo que escuchamos en las voces de nuestros colegas y
amigos nos llenan de tristeza: ‘Después de que esto termine, se acabó para mí’
es un estribillo que hemos escuchado muchas veces en los últimos meses, casi
exclusivamente de mujeres», afirman las científicas en su escrito.
Existen soluciones, añaden, pero es necesaria la voluntad política para
implementarlas y hasta ahora no la ha habido. «Al final hay que cambiar la
mentalidad, afirma María de la Fuente. «pero también tienen que haber políticas efectivas que garanticen la igualdad de
oportunidades. Y esto es urgente».
