La cuarentena no ha sido favorable a los derechos de las mujeres: el
potencial del movimiento feminista tan visible el 8 y 9 de marzo parece
velado tras los efectos, devastadores o desgastantes, de la convivencia
familiar en el espacio privado, con una movilidad restringida. El
aumento de las violencias machistas, por un lado, y la negligencia o
incapacidad gubernamental ante una situación de riesgo previsible,
preocupan e irritan. La acumulación de agravios de todo tipo que hemos
presenciado, aun a distancia, en estos meses, nos obliga a cuestionar de
nuevo no sólo el vacío institucional ya conocido sino también la
indiferencia social que favorece la impunidad sistémica,
institucionalizada, de crímenes atroces o de “violencias comunes. Nos
obliga también, como en otras coyunturas, a contener la desesperanza y a
buscar otras salidas, otras formas de resistencia.
Mucho se ha discutido en estos días la llamada campaña “Cuenta hasta
10” con la que la Secretaría de Gobernación pretendía disminuir o
detener, suponemos, la violencia familiar. Más allá del reciclaje de una
mala campaña de hace décadas, de la revictimización que implica
responsabilizar a quienes son violentadas del maltrato que las azota,
sorprende el desconocimiento de la dinámica de la violencia, de pareja o
familiar, y la incapacidad de recurrir a los múltiples estudios sobre
prevención que se han hecho aquí y en otros países.
Hacer una crítica de lo más evidente no basta, sin embargo, lo más grave es que, en pleno ascenso de las pandemias – del
COVID y de la violencia – se quiera validar un concepto de la familia y
de la sociedad, derivado de un imaginario oficial plagado de falsos
ideales familiares de los años 50, ya entonces cuestionables.
Quienes así contribuyen, por acción o por omisión, al intento de
suplantar realidades dolorosas con melodrama o moralina, olvidan que la
negligencia no elimina su responsabilidad.
Al mismo tiempo que las autoridades siguen frustrando las
expectativas ciudadanas de transitar hacia una vida sin ( tanta)
violencia, las redes sociales y los medios nos han confrontado con
casos y escenas que nos recuerdan cómo la indiferencia social también
contribuye a perpetuar y agravar la violencia contra las mujeres. El
caso más sonado es el del notario 102 del Estado de México sorprendido
en la calle maltratando a una mujer, cuyo nombre ha quedado protegido
pero a quien, pese a sus súplicas de auxilio ante la evidente brutalidad
del agresor, nadie protegió y de la que ya no sabemos nada. Podemos
aplaudir a quien grabó y difundió el hecho pero ¿por qué los demás
testigos no intervinieron? ¿Por qué les bastó oír que ella era “su
esposa” para “no meterse”? ¿Acaso eso implica que mujer es propiedad del
hombre? ¿Y que por tanto la puede arrastrar o matar? ¿Y qué sucederá
con otro que en realidad parece cómplice?
Estas preguntas pueden parecer retóricas porque sabemos que en el
derecho mexicano la mujer fue tutelada (y maltratada con justificación
legal y social) largo tiempo. No lo son porque ese guión obsoleto ya no
vale, porque las feministas lograron importantes cambios legales como el
reconocimiento de la igualdad, y la incorporación de México a convenios
internacionales como Belém Do Pará, que obligan al Estado a
instrumentar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia machista y a eliminar los estereotipos, es decir, a cambiar de
tajo la educación formal e informal.
Tampoco son preguntas vanas porque cuando Diana Raigoza denunció, en
agosto de 2019, que había sido acosada delante de testigos que no
intervinieron, ella misma escribió en su página de FB: “¿Tenemos que
esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar,
gente?”. Ante su feminicidio a puñaladas el 24 de mayo no basta con
pedir justicia. Urge actuar contra la crueldad y la indiferencia.
La violencia extrema que vivimos favorece la tolerancia hacia ésta,
pero ser testigos mudos nos hace cómplices. ¿Podemos y queremos vivir
en este tipo de sociedad?
De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, aplicada
por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) en el mes de abril y
publicada el pasado lunes 1 junio, los efectos mas graves de la
Pandemía de marzo a abril de 2020 son:
12.5 millones de personas desocupadas
Las y los trabajadores suspendidos temporalmente sin pago crece en 11.3 millones (pobreza)
La tasa de participación laboral disminuyó 12.3 puntos porcentuales
Las personas de micronegocios disminuyeron en 8.1 millones (personas sin salario social, si no trabajan, no tienen ingreso)
Se perdieron 2.1 millones de empleos formales frente a 10.4 millones de empleos informales
La población subocupada (con necesidad de más de un ingreso), aumentó en 5.9 millones
La población ocupada con un salario mínimo aumentó en 19.3 millones (más pobreza)
Las y los ausentes temporales se incrementaron en 20.2 millones, al pasar de 1.7 a 21.9 millones (ver gráfica)
Es un efecto desastrozo, que también se refleja en los escenarios
futuros del PIB, tanto del Banco central como de los organismos
internacionales, lo que la filósofa Jodie Bottler llamó: “un capitalismo
de pandemia”.
Precisamente debido a la contingencia sanitaria, el Inegi suspendió
esta encuesta en forma presencial, sin embargo no presenta información
desagregada por sexo. No se conocen los datos sobre la situación laboral
de las mujeres ¿cómo fueron afectadas por esta crisis sin precedentes?,
seguramente con graves efectos en la pobreza femenina, que ya se habían
advertido por la Organización Internacional del Trabajo.
Se consultó directamente con el Inegi para saber sobre esta desagregación y ésta fue la respuesta que dio por escrito: “Por este medio le informamos que en esta ocasión el Inegi no cuenta con tabulados desagregados por sexo”. A
la fecha no se ha determinado por cuánto tiempo se cancelan las
encuestas presenciales y si todas las telefónicas no proporcionarán
información por sexo.
Pero ¿a quién le importan las eternas invisibles?, otro retroceso en
el avance de la humanidad, vamos hacia la Edad Media, en materia de
género y para empezar.
Como la crisis también es internacional, el desempleo de Estados
Unidos (y su racismo) es otro tema que afecta al país. El desempleo
latino es del 18.2, y el general 14 puntos porcentuales, implicó menos
remesas en abril y durante otros meses más.
Salud no sólo es atender una enfermedad, implica todo aquello que
conlleva el bienestar de las personas y en bienestar están incluidos:
tipo de empleo, ingreso, educación alimentación y vivienda, entre otros
aspectos. Entonces cuando se consideran los efectos del COVID o de la
pandemia en este país se debe partir del análisis de esas condiciones:
bienestar de la población.
Los especialistas del Sector Salud tienen muy claro sus
“enfermedades”. Segmentación; un gasto público respecto al PIB del 3 por
ciento desde hace más de 20 años (1966-2020), reducidos recursos; 40
por ciento es gasto de bolsillo; un enfoque curativo y de
especialización y que amplios sectores de la población prácticamente no
tienen acceso a las instituciones de salud, solamente 2 por ciento de la
población tiene acceso a la medicina privada. En estas condiciones se
trata de atender lo mejor posible una crisis humanitaria.
Los prónosticos para el crecimiento económico no pueden ser
positivos, Banxico estima un PIB bajo durante 2020 –(-7.6) por ciento en
el 3er trimestre de 2020-, con recuperación en el segundo trimestre
de 2021 (5.9) . La caída es fuerte y la pobreza de las mujeres también,
además la recuperación de los ingresos está sujeta a varias condiciones.
La meta es y debe ser bienestar y combatir desigualdad. En esa línea
hay una propuesta que va cobrando fuerza, recientementemente se autorizó
en España: el Ingreso Mínimo Vital.
De acuerdo con la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Rosa Albina Garavito en su libro “El Ingreso Mínimo vital
a debate”, coordinado por Elisa Gómez y Luis F. Fernández, de la
Fundación Friedrich Ebert, “un ingreso mínimo vital (IMV), renta básica o
ingreso básico, como también se le denomina, es una dotación periódica y
permanente de recursos monetarios por parte del gobierno a todos los
ciudadanos.
Se trata entonces de un ingreso universal garantizado por el Estado.
Su virtud es que hace abstracción de la derrota mundial de los
asalariados en su lucha por mejorar sus condiciones de vida y se centra
no en el sujeto social asalariado, sino en el sujeto social ciudadano.
Así, la ciudadanía, sin distinción alguna por sus características
sociales, económicas, demográficas, de lugar de residencia, étnicas o
cualesquier otra, recibirían ese ingreso vital, es decir un ingreso que
garantice condiciones mínimas y dignas de existencia”.
Restringir la población elegible a trabajadores informales,
desempleados y grupos vulnerables significa una política de asistencia
social como las pensiones a adultos mayores o las becas Benito Juárez.
Las medidas para contener la crisis económica actuales no son
suficientes. Los créditos a empresas no garantizan que sus trabajadores
sigan empleados ni que sus productos sigan consumiéndose.
Otra propuesta igual de importante es una política fiscal progresiva,
y proviene de Morena. Pero ya existía y existe entre académicos como
Rolando Cordera. Hay un consenso entre los especialistas sobre la
necesidad de aplicar una reforma haciendaria, que ayude a fortalecer las
finanzas públicas y por ende los programas sociales; represente un
factor de redistribución del ingreso y por lo consiguiente disminuya la
desigualdad o fortalezca la capilaridad social, tan baja en las mujeres.
¿Cuál es la población más afectada, incluso sacrificada? Para Jodie
Buttler son las personas trabajadoras y adultas mayores. Aquí, y según
la OIT, además jóvenes y mujeres. Por ejemplo: el 15 de este mes regresa
VW a actividades escalonadas, pero con 65 por ciento de su sueldo y el
Sindicato (que es fuerte), tuvo que aceptar.
Zoé Robledo del IMSS, dijo que serán los propios trabajadores quienes
denuncien si no se están aplicando los protocolos de salud y corren
riesgos. ¿Ignoran que tienen encima la espada de Democles de su propio
desempleo si llegan a denunciar? Su opción real es morir en la raya, esa
es la cruel realidad, como en Italia.
Ciudad de México. Las mujeres merecemos ser
representadas en las campañas oficiales de comunicación sin estereotipos
y con información sobre nuestros derechos, por lo que es preocupante
que se gaste dinero público en campañas fallidas y revictimizantes sin
que nadie se responsabilice por ello, coincidieron expertas en derechos
de las mujeres y estudios culturales.
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAVLV) establece la obligación del Estado mexicano
de diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y
especializadas para disminuir el número de víctimas y agresores;
difundir campañas que informen sobre las áreas a las que deberán
recurrir las víctimas para presentar una denuncia; e impulsar campañas
permanentes de comunicación social que sensibilicen y prevengan la
violencia de género, roles, estereotipos y cualquier otra conducta que
genere discriminación en contra de las mujeres.
Cimacnoticias entrevistó a las expertas en género y estudios
culturales y de comunicación, Lucía Melgar Palacios y Adriana Sáenz
Valadez, al respecto de este tema y de cómo son representadas las
mujeres en las recientes campañas oficiales del gobierno mexicano para
prevenir la violencia familiar.
Una campaña de comunicación debe ser coherente y ésta no lo es,
explicó la doctora en Letras por la Universidad de Chicago y
especialista en los derechos de las mujeres, Lucía Melgar Palacios. El
problema va más allá del contenido de los spots, ya que por un lado las
autoridades les dicen a las mujeres que les creen; por el otro, el
presidente de México dice que la violencia familiar no ha aumentado y
las llamadas al 911 son falsas; y, por otro lado, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsabiliza a las mujeres de su
protección en sus declaraciones a la prensa.
“Si bien los cambios que se hicieron la semana reciente a la campaña
“Cuenta hasta 10” son mejores, la realidad es que la estrategía sigue
siendo equivocada porque el llamado de las comunicaciones oficiales es a
llamar al 911 cuando no se sabe qué seguimiento se da a las llamadas y
que hay muchas mujeres que, por sus circunstancias y el confinamiento,
no pueden llamar. Esto es algo muy común en las agresiones: los
agresores controlan las telecomunicaciones de sus víctimas, no las dejan
hacer llamadas y les quitan el teléfono”, criticó Melgar.
El otro punto de preocupación para la investigadora es que con estas
campañas fallidas, el gobierno federal tira el dinero público a la
basura sin que nadie se responsabilice, cuando lo que se ha documentado
durante esta pandemia es que no hay sufiscientes recursos para la
prevención de la violencia, los refugios y las Casas para las Mujeres
Indígenas.
Con las campañas de comunicación, dijo la experta, “las autoridades
no nos están haciendo un favor. Nosotras tenemos derecho a que no nos
estén cargando estereotipos, pero los spots (de las campañas federales)
que se hagan con publicistas permeadas por igualdad de género, con
buenos actores y actrices, que hablen bien y que nos dejen de poner a
mujeres golpeadas. La mujer tiene derecho a que la representen de manera
autónoma, sin ser agresiva, y hablarnos como iguales, ciudadanas y no
como personas tuteladas. También tienen que hablar de la obligación de
los gobiernos y los hombres de respetar los derechos de las mujeres”.
Melgar recordó que estos criterios están establecidos en la
Convención Belem Do Para y la CEDAW, instrumentos internacionales de
cumplimiento obligatorio para México y agregó: “El otro error es que,
como campaña de prevención, ésta debió salir antes de que iniciara el
confinamiento en México. No son las mujeres las que han normalizado la
violencia (como hace ver la campaña), son las autoridades y los
gobiernos que no se han atrevido a cambiar la educación ni a ponerle
límites a las grandes televisoras que normalizan la violencia todos los
días”.
No obstante, para la académica la responsabilidad del Estado para
prevenir la violencia va más allá de las campañas de comunicación y
tiene que ver con importantes rezagos de administraciones anteriores en
generar una política integral que incluya educación, servicios, dinero
para refugios un sistema de justicia funcional y búsqueda inmediata de
mujeres desaparecidas para garantizar el derecho a una vida libre de
violencia.
“No basta con llamar a denunciar, se tiene que garantizar que el
personal les va a atender, que sirvan las Fiscalías. Hay un montón del
trabajo que no se hizo en el pasado, ahorita es muy poco que pueden
hacer, pero lo que podrían hacer es no revictimizar con campañas
estigmatizantes”, expresó.
Por su parte, la académica de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la
UAM, Adriana Sáenz Valadez, coincidió en que la inconsistencia entre el
mensaje de la campaña y las declaraciones del Presidente y la Secretaria
de Gobernación desestimula la posibilidad de las llamadas, lo que
contradice el objetivo.
El otro error, de acuerdo con la también doctora en Humanidades y
experta en análisis de género, es que la expresión “Contar hasta 10” es
un recurso muy viejo, y las imágenes en color sepia hacen ver que la
violencia es cosa del pasado, pero la violencia contra las mujeres es
actual y el gobierno tiene responsabilidad.
Sáenz también criticó que la campaña se centra en atender la
consecuencia, no la causas, como la difusión de las acciones preventivas
para evitar que una persona se convierta en agresora; a esto se suma
que la campaña carece de variables interseccionales, como la
representación de personas indígenas, con discapacidad y de diferentes
edades y condiciones sociales, lo que haría a la población sentirse
identificadas.
Para la académica, los anuncios de comunicación –obligatorios para
México– pueden ser un gran mecanismo para capacitar a las personas para
proveerse de recursos que les brinden autonomía.
“Muchas personas viven violencia y aceptan vivirla porque tienen
mucho miedo de poderse hacer cargo de su sustento, los mensajes tienen
que ser más propositivos, abiertos y considerar la diversidad de las
personas de nuestro país”, expresó.
Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 no detuvo
la migración hacia Estados Unidos, y aunque la contingencia sanitaria
sí disminuyó el flujo de personas, también provocó que muchas mujeres
quedaran varadas en México con sus hijas e hijos.
De acuerdo
con la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi),
Gretchen Kuhner y de la directora de Formación y Capacitación (Foca),
Diana Damián Palencia, estas mujeres ni si quiera tienen derecho a la
salud ni a la seguridad alimentaria.
Ese fue en balance de las
especialistas durante su participación en el programa “Análisis
Feminista”, que se transmite los miércoles por Violeta Radio, 106.1 de
FM, donde las especialistas llamaron a las autoridades mexicanas a
proteger y no deportar a las personas migrantes durante su estadía en el
país.
Muchas de estas mujeres y niñas migrantes no tienen acceso
a alimentos porque durante la pandemia se quedaron sin trabajo y sin
recursos económicos. Incluso, dijeron las defensoras, en la frontera sur
se han documentado casos de personas que llegan a las estaciones
migratorias para ser detenidas con la única finalidad de tener comida.
Gretchen
Kuhner aseguró que la situación de las mujeres migrantes depende de la
zona del país en la que se encuentran. Ahora, explicó, hay más de 60 mil
personas que esperan respuesta a sus solicitudes de asilo; alrededor de
20 mil en el estado de Chiapas, y 20 mil personas en la frontera norte.
Muchas
mujeres que están en la frontera con Estados Unidos, dijo, están
acogidas en el programa “Quédate en México”, que empezó a funcionar en
enero de 2019, y algunas otras están esperando la respuesta a sus
solicitudes de asilo.
Sin embargo, Gretchen Kuhner aseguró que el
programa no permite que las personas tengan acceso a abogadas. Otra
situación, dijo, es con las que viven en lugares como el municipio de
Matamoros, en Tamaulipas, donde muchas viven en campamentos.
Con
el pretexto de la pandemia de COVID-19, agregó, el 20 de marzo Estados
Unidos empezó a expulsar personas que cruzan la frontera y a cerrar las
puertas a las solicitantes de asilo. En respuesta, el 21 de marzo,
México acordó recibir a personas de países de Centroamérica: Guatemala,
Honduras y El Salvador, y aunque las estadísticas no son buenas se sabe
que son más hombres.
Al principio de la cuarentena, en marzo,
hubo motines en estaciones migratorias, por ejemplo, en Tenosique, en el
estado de Tabasco, murió un hombre, padre de familia; desde entonces el
Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a vaciar las estaciones
migratorias, deportando a la gente o simplemente dejándola en libertad.
La
directora de Formación y Capacitación (Foca), Diana Damián Palencia,
dijo que ahora la migración es a menor escala, una disminución que se
debe al cierre de las fronteras y al miedo de la población de contraer
COVID-19, “quieren estar en su lugar de origen en caso de enfermarse”,
dijo.
Sobre lo que sucede en las estaciones migratorias, las
expertas aseguraron que no se sabe cuál es la situación. De acuerdo con
Imumi, entre el 21 de marzo y 26 de abril se sabía de tres mil 600
personas en las 66 estaciones que hay en todo el país, pero éstas se
fueron desalojando después de los motines.
Hay personas que al
dejar las estaciones migratorias donde estaban detenidas, fueron a
albergues; otras fueron llevadas por agentes de migración, de la
frontera norte a la sur, donde fueron abandonadas en las carreteras.
Diana
Damián Palencia explicó que no hay personas detenidas en el corredor
migratorio del centro de la frontera sur; pero la información sobre el
COVID-19 ha invisibilizado lo que sucede con las mujeres, por ejemplo,
que muchos de los albergues cerraron. En diciembre el albergue de Foca
cerró debido a la falta de solvencia económica.
Otro tema que se
ha dejado de lado, agregó, es que 5 por ciento de las mujeres migrantes
están embarazadas y requieren atención a su salud, pero no pueden acudir
a las instituciones por falta de documentos de identidad.
Gretchen
Kuhner agregó que en el Imumi, apoyan a alrededor de 200 mujeres
migrantes que están en diferentes procesos: son solicitantes de asilo,
de reunificación familiar o de renovación de documentos. Ellas viven en
la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y el Estado de México, en
situaciones precarias y trabajan en el sector informal.
Estas
mujeres, mencionó, sobrellevaron el primer mes de confinamiento, pero al
segundo mes se quedaron sin trabajo y sin poder pagar la renta o el
gas, por eso Imumi se dio a la tarea de recaudar fondos para apoyarlas, a
ellas y a los albergues, con despensas y tarjetas de despensas para
comprar comida.
Kuhner dijo que se puede seguir con los trámites
legales de estadía legal en México y presentando solicitudes ante las
instituciones, pero aclaró que si en estos momentos no se apoya la
sobrevivencia de la población migrante, de nada sirve el procedimiento
legal.
Mientras las mujeres migrantes viven esta situación, en
México la política migratoria está igual: se recibe a las personas
mexicanas provenientes de Estados Unidos y se detiene y deporta a las
personas centroamericanas. Es por esta razón que este lunes Imumi
presentó una lista de peticiones al secretario del Consejo de Salubridad
General, José Ignacio Santos Preciado, a fin de que el Insabi de un
mensaje a la población migrante, que pueden acercarse a los servicios
públicos de salud en esta pandemia.
Para las organizaciones es
importante que las más de 13 mil personas deportadas en México sepan que
cualquiera, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a
acceder a servicios de salud, por si tiene COVID-19 o requieren de otros
servicios como atención durante el embarazo o acceso a un aborto legal.
Otras
peticiones de las organizaciones civiles son que las instituciones
mexicanas dejen de deportar, pues los países centroamericanos no tienen
capacidad de recibir a esta población y las recomendaciones
internacionales son que los Estados cuiden a las personas dentro del
país, las protejan y no las deporten.
Asimismo, piden que en esta
contingencia se promueva la regularización migratoria para que las
personas que se quedaron atoradas en el país o que fueron liberadas de
estaciones migratorias, tengan un documento o tarjeta para tener
seguridad y derechos en esta situación, por lo menos durante 6 meses.
El
programa completo, que conduce la periodista feminista y directora de
Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), se puede escuchar por
Violeta Radio o por https://soundcloud.com/cimac-radio.
Ciudad de México. El desempleo por COVID-19 afectará
en mayor medida a mujeres jóvenes, quienes se emplean en el sector de
alimentos, hotelería, actividades administrativas y la confección,
advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el reporte más reciente de la Organización, la
juventud ya tenía que afrontar dificultades asociadas al mercado laboral
antes de la crisis sanitaria, en especial 31 por ciento de las mujeres
jóvenes que pertenecían al grupo de quienes no trabajan ni estudian.
Las mujeres también eran mayoría entre el grupo de jóvenes que se
“subutilizan” (que trabajan menos de lo que desean o necesitan) por
insuficiencia de horas, esto se vincula con las actividades no
remuneradas que realizan en los hogares.
No obstante, la nueva pandemia representó mayores índices de
desempleo y vulnerabilidad en el trabajo para las trabajadoras jóvenes.
De acuerdo con la OIT, la alteración de las cadenas de suministro tendrá
consecuencias laborales “devastadoras” en el sector productivo, lo que
afectará a la juventud, en particular a las mujeres, en sectores como el
de la confección en los países de ingresos bajos o medianos.
Entre las actividades con una participación de mujeres arriba del 40
por ciento y con un nivel de riesgo alto de padecer efectos económicos
inmediatos por la pandemia está la hotelería y alimentación, actividades
empresariales y administrativas, así como comercio al por mayor o al
por menor; y reparación de vehículos de motor y motocicletas.
Asimismo, las actividades en las que las mujeres están
sobrerrepresentadas (arriba del 50 por ciento) son arte, entretenimiento
y recreación, entre otros servicios, con un riesgo de impacto medio
alto; servicios financieros y aseguradoras, con un riesgo de impacto
medio; y actividades sanitarias y trabajo social y educación, con un
riesgo de impacto económico bajo.
Los datos recopilados por la OIT reflejaron el aumento del índice de
desempleo juvenil desde febrero de 2020, en particular en el caso de las
mujeres jóvenes. En Canadá, por ejemplo, el índice de desempleo aumentó
de febrero a abril de 2020 en poco más de 6 puntos porcentuales en el
caso de las personas adultas, pero con respecto a la juventud, aumentó
en 14.3 puntos porcentuales para los hombres y en 20.4 puntos
porcentuales para las mujeres.
Los primeros resultados obtenidos por la OIT indican que uno de cada
seis jóvenes encuestados (entre mujeres y hombres) dejó de trabajar
desde el comienzo de la crisis de COVID‑19. En el caso de quienes han
mantenido su empleo, la cantidad de horas que trabajan disminuyó (21 por
ciento en el caso de las mujeres) y su nivel de ingresos también se ha
visto afectado.
La OIT observó que 60 por ciento de las mujeres jóvenes vislumbran su
futuro profesional con incertidumbre o inquietud después de la
pandemia, por lo que llamó a los países a aplicar lo antes posible
medidas de respuesta a gran escala con objetivos específicos en materia
de política de empleo.
La OIT advirtió: “La crisis tendrá consecuencias a largo plazo, a
menos que se realicen las intervenciones pertinentes en el plano
normativo para mejorar la situación de los jóvenes de todo el mundo, en
particular la de los más vulnerables, a raíz de una recesión económica
tan grave. Todas las medidas políticas deberían abordar los retos
específicos que afrontan las mujeres jóvenes”.
México baja nivel de ocupación de mujeres durante primer trimestre de 2020
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), durante el primer trimestre de 2020 -último corte- se
registró una disminución en el número de mujeres ocupadas en
actividades económicas al pasar de 22 millones 32 mil 255 en el último
trimestre de 2019 a 21 millones 868 mil 95 en los primeros tres meses de
2020. La mayor disminución entre las mujeres fue en el grupo de edad de
20 a 29 años y de 40 a 49 años.
Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión social dio a conocer
que en México 12.5 millones de personas han perdido el empleo durante la
pandemia, no informó de manera pública cuántas de ellas son mujeres y a
qué sectores pertenecen.
Ciudad de México. Organizaciones de mujeres en Rusia
advirtieron que el confinamiento estricto de semanas pasadas, por el
nuevo coronavirus, ha exacerbado la violencia de género en el país.
Rusia, con sus casi 141 millones de habitantes, tiene un problema grave
con la violencia de género, pero carece de estadísticas serias sobre
indicadores como feminicidio y violencia familiar.
ONU Mujeres enlista las estadísticas nacionales sobre violencia
familiar y de pareja como “no disponibles“. Algunos medios citan
organizaciones de la sociedad civil, que hablaron de 14 mil homicidios
dolosos de mujeres en 2007. La Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Crimen (UNODC) publicó una tasa de homicidios dolosos de
mujeres de 7 por cada 100 mil
habitantes en 2009, lo que ascendería a 9 mil 940 mujeres en este año y
colocaría el país entre los más peligrosos para mujeres en el mundo.
México, en 2017, tenía una tasa de 5.3, y Honduras, en el mismo año, de 8.4. El problema, analizó la experta Irina Kosterina en un ensayo
para la Fundación Boell, es que las mujeres no denuncian, y las y los
policías raramente aceptan las denuncias de violencia de género. “Si te
pega, quiere decir que te ama“, sería una sabiduría rusa muy anciana,
pero aún muy popular entre las viejas generaciones, contó.
Una multa de 1500 pesos, por pegar a las mujeres
Ni la legislación, ni el marco normativo federal, ayudan a las
mujeres. En 2017, feministas y organizaciones de mujeres cabildearon por
una ley que preveía una protección integral para víctimas, por ejemplo,
con órdenes de protección. Pero bajo la presión de la Iglesia ortodoxa y
grupos a favor de “la familia tradicional“, el borrador fue atenuado y
convertido en lo contrario.
La entonces presidenta de la Comisión de la familia, la mujer y la
niñez, Yelena Misulina, promovió un cambio en la ley que decriminalizó
la violencia familiar contra mujeres. Ahora, un agresor que violenta a
su pareja por primera vez, comete una infracción, y la multa mínima para
eso vale alrededor de 1500 pesos mexicanos. Misulina argumentó que la
pena para violencia familiar antes vigente, hasta 2 años de prisión, era
“anti-familiar“. Misulina también declaró que los golpes eran un método
aceptable en la educación, y era la autora de la famosa “Ley de
Propaganda Gay”, que limitó los derechos de la comunidad LGBTQ en 2013.
El entonces vocero del parlamento, la Duma, argumentó que la
decriminalización de la violencia familiar, ayudaría a “fortalecer las
familias”. Aunque Irina Kosterina, la experta de la Fundación Boell,
observó que la violencia de género es menos aceptada entre la población
joven del país, constató que “el Estado deja solas a las mujeres.” El
efecto disuasivo de la antes pena ya no existe. No habría programas
estatales de prevención, y muy pocos refugios para las mujeres que huyen
de sus casas con sus hijas e hijos.
Y encima de eso, la pandemia. El periódico alemán Sueddeutsche Zeitung
citó a la jefa del centro de ayuda de la red Nasiliyu (No a la
Violencia) en Moscú, Ana Rivina, quien trabaja desde casa en estos
momentos. Ella narró que la mayoría de las veces, las mujeres “no están
listas para dejar a sus maridos. En primer lugar, porque no saben a
dónde pueden ir a largo plazo. Y segundo, porque tienen miedo de su
venganza. Pero durante el confinamiento, Rivina recibió más llamadas que
de costumbre.
La abogada y defensora Mari Davtyan describió el círculo vicioso que
muchas mujeres sufrieron durante la cuarentena: Primero, el hombre
pierde el trabajo, luego empieza a tomar alcohol, y después empieza a
pegar. Con la cuarentena, los agresores tienen otra herramienta para
mantener su pareja encerrada: la denuncia. Las mujeres en Moscú, sólo
podían salir de sus casas cuando estaban en peligro pero no en todos
los casos tienen las pruebas para comprobarlo. Davtyan conoció un caso
donde el agresor denunció a la mujer que huyó de su casa, por infringir
las reglas de la cuarentena.
Agresores pudieron denunciar a mujeres, por salir de la casa durante cuarentena
La capital del país estuvo bajo confinamiento estricto entre finales
de marzo y finales de mayo. Únicamente eran permitidas salidas cortas
para hacer compras. Para otros mandados, era necesario pedir un
documento a través de una App. Justo eso fue el problema, contó la
defensora Margarita Grachova en la cadena alemana de TV, ARD.
En muchos casos, los agresores controlaron el acceso de las mujeres a
un teléfono celular: “Huir es mucho más difícil en tiempos del
coronavirus. Cuando yo estaba en una relación violenta, mi esposo me
quitó tanto el celular, como las llaves de la casa. Hoy en día, ni
siquiera con llaves puedes salir.”
Contó que en St. Petersburgo, donde ella vive, los refugios estatales
están cerrados. Pero algunas pensiones privadas acomodaron habitaciones
para víctimas de violencia familiar. Otra defensora, la socióloga
Marina Piscalova-Parker, opinó que no se va a conocer la verdadera
magnitud del aumento de violencia, hasta que las medidas de
confinamiento sean relajadas. En todo caso, la Comisionada de Derechos
Humanos en la Federación Rusa, estimó que los casos de violencia
familiar han duplicado durante la contingencia.
Martha Gellhorn y Ernest Hemingway. La película que lleva sus nombres abre la oportunidad de acercarnos a la vida y a la escritura de una mujer excepcional
"He sido escritora por más de 40 años. Fui escritora antes de conocerlo y fui escritora después de dejarlo. ¿Por qué sería apenas una nota a pie de página en su vida?"
-Martha Gellhorn
Gellhorn prohibió que se pronunciara el nombre de Hemingway en su presencia. Quizá porque la suya fue una historia de amormarcada por los ideales compartidos, la pasión por la escritura, las corresponsalías en tiempo de guerra, la rivalidad profesional y los estallidos de violencia, quizá porque muy pronto se cansó de ser definida a partir de un vínculo amoroso que duró (con sus intermitencias) de 1936 a 1945, en una muy larga vida de casi 90 años. "La tercera de las cuatro esposas de Hemingway", "La única mujer que se atrevió a dejarlo", "La mujer con la cual Hemingway vivió la guerra civil española". Sin embargo, la película que lleva sus nombres dirigida por Philip Kaufman, abre la oportunidad de acercarnos a la vida y a la escritura de una mujer excepcional que tantas/os no conocíamos.
Escritora, periodista, reportera de guerra. Valiente y nómada. Imparable. "¿Eres una corresponsal o una esposa en mi cama?", le escribió su marido en una crisis de furia. Una corresponsal,
sin duda. Habría que haber sido muy ingenuo para plantear la pregunta.
Cuando el escritor -de muy mala manera- le "gana" la corresponsalía que
ella anhelaba y que le permitiría viajar a Francia poco tiempo antes del
desembarco de los aliados, Martha consigue subirse a un barco lleno de
enfermeras y llegar a Normandía. Su biógrafa Caroline Moorehead en "A
Twentieth-Century Life", cuenta que muchos años antes cruzó sin
documentos la frontera entre Estados Unidos y México.
Le pidieron la carta de autorización de sus padres para viajar sola,
alegó que era la prometida del hijo del Embajador de Estados Unidos y
que llegaba a casarse. La dejaron pasar.
Lo suyo fue siempre atravesar fronteras. Romper límites. El siguiente viaje, el siguiente texto, el siguiente libro. En México se subió a un andamio para entrevistar a Diego Rivera, fue al desierto para ver filmar a Eisenstein.
"Aun cuando Martha solo estuvo casada con Ernest por cinco años, por su
reputación y sus alcances mundiales, ella permaneció en la sombra, no
porque no fuera toda su vida una escritora
que produjo piezas extraordinarias. No tiene nada que ver con el
talento, tiene todo que ver con que fue su esposa en una época en la que
las mujeres eran ciudadanas de segunda", declaró Janet Somerville,
autora de "Tuya, probablemente para siempre: Martha Gellhorn cartas de amor y guerra". "Probablemente para siempre", toda ella.
En 1930 vivió en París como corresponsalextranjera, llegó con una máquina de escribir y unos cuantos dólares, fue despedida de United Press por denunciar a uno de sus compañeros de trabajo por acoso sexual.
La figura de "acoso", por supuesto, no existía. ¿Quién podría confundir
la galantería de semejante manera? Vivió cuatro años en Europa y
regresó a Estados Unidos donde fue contratada por la Federal Emergency
Relief Administration y viajó por su país documentando la Gran
Depresión; el desempleo, el hambre, las familias enteras sin cobijo. Su
libro "The trouble I've seen", fue un éxito. La denuncia era lo suyo.
Poco después conoció a Hemingway. Se reencontraron en España. La película
muestra escenas de su amistad con John Dos Passos y con el fotógrafo
Endre Friedmann, conocido como Robert Capa (nombre que adoptaron él y
Gerda Taro para su trabajo en común).
"Nada es mejor para la autoestima que sobrevivir", dijo Gellhorn. Sobrevivió a varias guerras y a dos amores de finales desafortunados: Bertrand y Ernest. Después de España viajó a Checoslovaquia y a Inglaterra. Se mudó a Cuba con Hemingway quien le dedicó: "Por quién doblan las campanas". La segunda guerra mundial, (y el golpe bajo de Hemingway
arrebatándole su corresponsalía), la posesividad del escritor y sus
arranques violentos, terminaron con la relación. Gellhorn viajó a
Francia. Reporteó el desembarco en Normandía. Recorrió una parte de la
Europa devastada y con los aliados, entró al campo de concentración de
Dachau el día de la rendición de Alemania:
"Detrás del alambrado
y de la cerca eléctrica los esqueletos se sentaban al sol a sacarse
piojos (...) Ellos no tenían rostro ni edad; ellos lucían todos iguales,
parecido a nada de lo que pueden ver en sus vidas, si tienen suerte.
(...) En su felicidad por la libertad, muchos prisioneros corrían hacia
las cercas y morían electrificados. Estaban aquellos que morían de
alegría, porque el esfuerzo de la felicidad era mayor a lo que sus
cuerpos podían soportar. Estaban también los que morían por comer,
porque ahora que tenían comida, comían hasta saciarse. No tengo palabras
para describir a los hombres que han sobrevivido a este horror por
años..."
Fue también corresponsal durante los
juicios de Núremberg. Después del descenso al horror de la segunda
guerra mundial, Martha decidió adoptar un hijo. Un niño italiano. Cuando le preguntaron ¿por qué italiano? explicó cómo había visto a los niños vagar por las calles en Italia. La miseria de Nápoles bombardeada. Su texto: "Little boy fund" es la narración de los orfanatosvisitados, la desolación de los niños, las manitas que se extendían hacia ella, hasta que encontró en una cunadebajo de un árbol en un jardín de Florencia,
justo al pequeño que la estaba esperando. Sandro tenía 19 meses. Su
amiga Eleanor Roosevelt la ayudó para que el bebé adquiriera la
nacionalidad estadounidense. Se mudó a Cuernavaca con su hijo. Se casó
con Tom Matthews, editor de Time Magazine de quien se divorció unos años
después. Más tarde fue corresponsal en Vietnam, en el conflicto Arabe-Israeí, en Centroamérica. Cubrió la invasión en Panamá. A los 87 años hizo un reportaje para denunciar
la pobreza en Brasil. Padecía cataratas que no pudieron sanarse. Casi
ciega y muy enferma, se suicidó a los casi 90 años en su casa en
Londres. Su libro autobiográfico "Cinco viajes al infierno: aventuras
conmigo y ese otro", fue publicado en 1978. "Ese otro", es Hemingway.
(La película se encuentra en este momento en Prime Video).
Mujeres mayas,
otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, son las que resisten los
ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia
del COVID-19. El gobierno ha cancelado los recursos públicos que les
permitían operar las llamadas Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana
(Cami), donde ofrecen atención especializada desde hace 17 años a las
indígenas que enfrentan violencia o buscan atender su salud sexual y
reproductiva.
Desde la frontera norte, al sur del país, las reporteras de la Red Nacional de Periodistas(RNP)
recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tijuana. Todas reportan
que sin ningún apoyo gubernamental, intentan atender en medio de la
emergencia sanitaria la creciente demanda de atención a la salud y casos
de violencia de género.
Las 35 Cami que existen a lo largo del territorio mexicano son
espacios dirigidos autónomamente por indígenas y afromexicanas, desde
sus propias culturas y lenguas originarias ofrecen servicios cercanos de
prevención y atención de la violencia de género, además de contribuir a
disminuir otras problemáticas como la mortalidad materna o el embarazo
adolescente.
Los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, las medidas de austeridad con las
que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar la
crisis de la pandemia quitó los apoyos a estas Casas que atienden a una
población históricamente invisibilizada: las mujeres y niñas indígenas.
Reunidas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y
Afromexicana, el 30 de abril en una misiva apelaron a la Secretaría de
Gobernación (Segob) a intervenir para no perder los recursos públicos.
Expresaban que ante la pandemia entendían la situación crítica y las
medidas que debía tomar el gobierno Federal, pero ellas eran “la única
opción de apoyo para las mujeres de nuestros pueblos”.
La construcción de la primera Cami se remonta a 2003 en el municipio
de Ometepec en Guerrero. Las mujeres de esta entidad son las que han
instaurado el mayor número de casas distribuidas en los municipios de
San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec, Acatepec, Ayutla de los Libres y
Metlatónoc. Está cerrada desde abril por la falta de recursos.
La presidenta de la Cami en San Luis Acatlán, Apolonia Plácido
Valerio, opinó que la cancelación de fondos es violencia institucional,
discriminación a las mujeres y un reflejo de que las autoridades no le
dan importancia a la erradicación de la violencia contra las indígenas,
mestizas y afromexicanas. En lo mismo concordó Francisca de la Cruz
Victoria, presidenta de la Cami de Ometepec, “Es el primer año que nos
hacen esto, este gobierno nos está cerrando las puertas, no cree en el
trabajo que las mujeres estamos realizando. Es preocupante”, denunció.
En entrevistas separadas, la dirigente de la casa pionera, Francisca
de la Cruz, lamentó que si no reciben el dinero no tendrán para la
compra de alimentos, traslados para las víctimas y el mantenimiento de
la casa, pues el servicio que otorgan, al igual que el resto, es
gratuito.
En Ometepec, la Cami logra abarcar territorios donde no llegan los
servicios de salud para las mujeres indígenas que viven en las montañas,
si este espacio desaparece no hay institución que sustituya su
quehacer.
Los fondos asignados a las Cami también servían para realizar
talleres en escuelas y comunidades sobre salud sexual y reproductiva
entre otros temas referentes a los Derechos Humanos de las mujeres. De
acuerdo a la fase en la que se encontraba la Cami, que va desde la
inicial, fortalecimiento y consolidación, recibían del INPI desde 500
mil hasta un millón de pesos al año.
La lideresa de la Cami de Chilapa, Brígida Chautla Ramos, refirió que
el recurso era ya poco para cubrir las necesidades. En los meses de
junio a diciembre se ejercía el apoyo económico total, de enero a
febrero se ingresaban las propuestas al INPI y en el mes de abril
recibían respuesta. Para complementar sus recursos gestionan apoyos a
través de becas en el Instituto de la Mujer local o en organizaciones
civiles como Fondo Semillas pues, pese a que el ayuntamiento conoce el
servicio que otorgan, no obtienen respaldo.
En Chilapa comenzaron a operar en mayo de 2011, ahí laboran 15
parteras tradicionales y promotoras indígenas que otorgan el
acompañamiento, traducción y la canalización a tlapanecas y mixtecas que
provienen de al menos ocho municipios cercanos.
En lo que va del año han atendido a 200 mujeres que estiman
incrementen a más de mil a finales del mismo. “No podemos cerrar, pero
también tenemos que tomar medidas, porque no tenemos las condiciones
para seguir atendiendo a las mujeres; una, por el recurso y la otra, por
la contingencia que estamos viviendo, no tenemos las condiciones,
entonces solamente estamos canalizando”, señaló Brígida Chautla.
La integrante de la Cami en Metlatónoc, Erika Jazmín Garrido Lara,
informó que antes de cerrar la Casa las cinco trabajadoras colocaron
cartulinas en el acceso principal con sus datos y números telefónicos
para que las indígenas que acudan en busca de ayuda puedan comunicarse y
les brinden atención o acompañamiento a alguna instancia. Hoy, están en
la búsqueda de fondos.
Fuente: Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana
Elaboración: Mariana Pelaéz Díaz
De Tijuana a Oaxaca, “no vamos a parar”
De acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, las Cami
entrarían dentro de los servicios esenciales que deben operar en la
pandemia del COVID-19, y es que todas las entrevistadas refirieron un
incremento de atenciones derivado de la reconversión de hospitales
enfocados a atender pacientes con coronavirus, así como el aumento de la
violencia porque las mujeres están confinadas con sus agresores en los
hogares.
No sólo es la demanda la que lleva a estas defensoras a seguir
otorgando servicios, también son sus convicciones por asegurar los
derechos de las indígenas y afrodescendientes. En Tijuana, Baja
California, Silvia Ramírez Cuevas, recordó en entrevista cuando en 2013
se reunía con otras mujeres en un parque e intercambiaban sus
experiencias de violencia laboral, la mayoría trabajaba en hogares,
coincidían que como mujeres indígenas debían conocer sus derechos.
Ese año decidieron probar suerte y lograron obtener el recurso por
parte del INPI, al año siguiente, concretaron su anhelo con la compra
del recinto que hoy es la Casa de la Mujer Indígena “Donaji”, pero como
ocurre en el resto de los centros, han tenido que limitar las atenciones
no sólo por el riesgo a contagiarse del COVID-19, no tienen capital
para sostenerse. En marzo atendieron a 20 mujeres en la Cami, para abril
se elevó a 70. Ellas ni siquiera fueron informadas oficialmente por el
INPI que cancelaron los fondos.
“Trabajamos desde nuestra propia voluntad y recurso”
Directora de la CAMI “Donaji”, Silvia Ramírez Cuevas.
La situación es similar en el extremo sur del país, en la región de
la costa de Oaxaca, en el municipio de Santa María Cortijo. Josefa
Calderón, integrante del colectivo Mujeres de la Llanada Unidas por la
Equidad de Género y la No Violencia, que operan la “Casa para el
Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas”, reportó que dos de las
usuarias enfrentan riesgo de feminicidio, no obstante, han tenido que
frenar la atención psicológica y el acompañamiento jurídico a las
víctimas.
“En la zona afro hay mucha violencia y si se está dejando de atender
parte de la población, no estamos cumpliendo con el objetivo para lo
cual fue construida la casa”, expusó Calderón. Esta casa atiende siete
municipios de la zona conocida como La Llanada, así como de Pinotepa
Nacional, Santiago Jamiltepec y Tututepec, los tres con Alerta de
Violencia de Género (AVG) por la prevalencia de violencia feminicida.
Había presupuestado ejercer en este año 699 mil 900 pesos para
solventar becas, actividades sustantivas, mantenimiento del inmueble,
pago de servicios, gastos de operación, papelería y consumibles de
cómputo, así como gastos médicos. Sin ningún peso, las 16 defensoras de
la organización tuvieron que cerrar el lugar y brindar atención en la
medida de sus posibilidades y con sus propios recursos. Tan sólo el año
pasado, el primero de su existencia, atendieron a mil 500 mujeres.
En el caso de la zona centro del país, la Cami del municipio de
Huejutla en Hidalgo, sólo abre dos veces por semana desde que comenzó la
contingencia sanitaria, el resto de la atención es vía telefónica. En
entrevista, Elvia Hernández Domínguez, administradora de la Casa,
recordó que también los empleos de las integrantes de las 35 Cami están
en riesgo, en su particular, ellas son ocho mujeres de periferia de
Huejutla, una psicóloga y una abogada.
Antes de dicha situación, daban atención a mujeres en situación de
violencia, mujeres embarazadas, brindaban talleres, acompañamientos,
entre otras actividades.
Buscan apoyo fuera del país
Desde 2019 hay ciertas Cami como la Casa de Tolimán, Querétaro “Mak
Uhjani” que no reciben recursos. Su coordinadora María Angelina Guerrero
Martínez, contó que han buscado desde entonces formas de sobrevivir;
imparten talleres de Derechos Humanos de las mujeres o contra la
violencia de género, así como alguna ayuda recibida de la Universidad
Autónoma de Querétaro o del Instituto Queretano de las Mujeres, pero
nada formal, ni periódico.
Una de las alternativas más recurrentes de financiamiento ha sido la
tiendita artesanal con el nombre “Sabores y Saberes”, en donde venden
artesanías locales de todas las mujeres que apoyan este proyecto así
como productos que ellas mismas hacen: jabón artesanal, lociones
naturales, dulces artesanales, frutos de la región, blusas bordadas,
trajes típicos, aretes, muñecas, manteles, pulseras, entre otras.
También realizan masajes tradicionales, todo esto con el propósito de
que la CAMI continúe.
Cuando se informó del golpe presupuestario que enfrentarían las
Casas, la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se
encontraban buscando financiamiento de la Unión Europea para mantenerlas
funcionales, pero mientras cualquier pacto se concreta, las propias
líderes de estos centros han emprendido otras alternativas para mantener
los espacios abiertos, señaló la de directora de la CAMI en Cuetzalan,
Puebla, Angélica Rodríguez.
Rodríguez dijo que las CAMI buscarán que el INPI respete la
asignación presupuestal que ya se había hecho para este programa, para
ello también escribirán una carta a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) para solicitar su intervención.
Otras instancias, como la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara
de Diputados se han pronunciado al respecto. Las legisladoras indicaron
que son conscientes de la reestructuración del gasto público que
implica la crisis sanitaria pero se tenían que considerar las
desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente complejas cuando se
habla de las mujeres indígenas y afromexicanas, ellas están en una
situación de vulnerabilidad múltiple.
Además, recordaron, los programas presupuestarios dirigidos a la
atención de la igualdad de género son irreductibles. El presupuesto para
las Cami forma parte del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, bajo el Ramo 47 de Entidades no Sectorizadas, con la
denominación “Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las
mujeres indígenas”, al cual se le asignó un monto total de 85 millones
528 mil 546 pesos.
Hasta el cierre de esta edición algunas lideresas de las Cami
reportaron que autoridades del INPI se comunicaron con ellas por la
probabilidad de que se les otorgue algo de recursos, pero nada concreto
aún, por lo que trabajan en cartas para exhortar a las autoridades a
apoyarlas.
Ciudad de México. El gobierno federal publicó con cambios la campaña “Cuenta hasta 10” (como se ha llamado en medios), con la que busca prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar durante el confinamiento por COVID-19 y cuya versión preliminar fue criticada por víctimas, feministas y académicas.
La Secretaría de Gobernación (Segob) escribió este 3 de junio en sus redes sociales: “Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor para difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos. Si vives violencia, #NoEstásSola, #LlamaAl911”. El mensaje estuvo acompañado de videos y postales.
Este año el @GobiernoMX ha fortalecido la labor para difundir mensajes contra la violencia familiar y las violencias contra las mujeres. Te escuchamos, te creemos y te apoyamos.
Todos los videos y postales son distintos a los que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó el pasado 26 de mayo en una conferencia de prensa, los cuales dijo que habían sido revisados por “sector privado, grupos de mujeres, asociaciones”. Estos primeros mensajes fueron criticados por feministas en las redes sociales, quienes expresaron su rechazo y relataron situaciones en las que acudieron a denunciar una agresión y fueron ignoradas.
Como documentó Cimacnoticias, víctimas de violencia familiar acompañadas por la Red Nacional de Refugios (RNR) también se pronunciaron en contra de la campaña, ya que, dijeron, promueve el silencio y no les hubiera sido de ayuda durante la agresión que vivieron; asimismo, el Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG), inició una propia campaña llamada “No vamos a contar hasta 10 porque”, con datos de distintas fuentes que reflejan el aumento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento.
No obstante las críticas, Comunicación Social de la Segob reiteró a Cimacnoticias que la campaña de “Cuenta Hasta 10” no sería bajada ni sustituida, sino que se ampliaría con “mensajes específicos sobre mujeres”, los cuales fueron presentados este 3 de junio. De la campaña original quedaron fragmentos compilados en los otros videos, pero persiste el mensaje de “Cuenta hasta 10 y saca la banderita blanca”
Autoridades deben reflejar realidad de mexicanas: CNDH
A la par del lanzamiento de la campaña “ampliada” de “Cuenta hasta 10” este 3 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por la tarde un extrañamiento en el que exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a difundir información sobre el contexto real de la violencia en contra de las mujeres.
El organismo nacional reprobó que los contenidos de la campaña “Cuenta hasta 10” invisibilicen la gravedad de la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento, ya que colocan a la institución familiar como un espacio seguro y cuyos conflictos se pueden resolver apelando a la calma, dijo.
“Esto desconoce las situaciones de violencia, vejación y maltrato que ocurren en la vida cotidiana de las mujeres y sus hogares, violencias que no son de carácter individual ni aislado, sino de carácter sistemático y cuyas principales víctimas son las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores”, expresó el organismo.
La CNDH agregó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer cuatrimestre de este año se asesinaron en promedio casi 11 mujeres al día. Asimismo, de enero al 26 de mayo de 2020, el organismo ha recibido 56 quejas por violencia de género, la mayoría por violencia sexual (26), acoso laboral (14) y violencia obstétrica, mientras que las instituciones probables responsables por ejercer esta violencia son el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 16 quejas, ISSSTE con siete y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con ocho.
El organismo reiteró que ante las diversas declaraciones de autoridades (sin precisar el nombre del Presidente, Andrés Manuel López Obrador) que apuntan al supuesto de una disminución en la violencia que viven las mujeres, “es indispensable realizar una comunicación responsable y basada en la información oficial disponible sobre este grave problema, de tal forma que se evite la minimización de la violencia contra las mujeres”.
También instó a que cualquier campaña dedicada a erradicar la violencia hacia las mujeres retome una mirada transversal e interseccional del problema como una pandemia que requiere acciones diversificadas, que no responsabilice a las mujeres de la violencia en el hogar, y reconozca que la familia actual presenta fuertes cambios y fisuras donde las situaciones de abuso y violencia están presentes y es necesario atenderlas con urgencia.
Cimacnoticias preguntó a la Segob y a la Oficina de la Presidencia qué actores participaron en la elaboración y revisión de la campaña “Cuenta hasta 10”, como aseguró el vocero de la Presidencia al presentar la campaña, así como los gastos de su elaboración, pero ambas instituciones se responsabilizan entre sí de esta información.
En Uganda, las mujeres periodistas que usan herramientas digitales para informar, difundir opiniones y acceder a información tienen que lidiar con ataques y acoso por investigar y publicar contenido político sensible.
El ciberacoso se ha convertido en la nueva forma de censura. Las periodistas enfrentan la carga doble del abuso en internet que sufren por ser mujeres y las potenciales amenazas relacionadas con la cobertura de temas políticos. Estas amenazas continuadas han hecho que las periodistas se retiren del discurso público, lo que deja el periodismo en manos únicamente de hombres.
En noviembre de 2016, la periodista ugandesa Joy Doreen Biira, que trabajaba en la televisora privada Kenya Television Network (KTN) en Kenia, volvió a Uganda para asistir a una ceremonia tradicional.
Mintras Biira se encontraba en casa, las fuerzas de seguridad ugandesas se enfrentaron con los miembros del reino tradicional Rwenzururu en la región de Rwenzori, en el oeste de Uganda; el palacio del reino quedó reducido a cenizas. El enfrentamiento dejó 62 muertos, incluidos 16 agentes de policía.
En reacción al ataque militar, Biira publicó su opinión en Facebook el 27 de noviembre:
“Es muy triste lo que presencié hoy –parte del palacio del reino del que vengo, el reino de Rwenzururu, se quema–. Ha sido como ver todo mi legado consumirse ante mis ojos”.
Ese mismo día, Biira fue arrestada y acusada de “hacer circular fotografías del desenlace de una batalla mortal entre las fuerzas de seguridad y la guardia real del rey de Rwenzururu […] en un grupo de WhatsApp con muchos participantes”, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). También publicó un “video en Instagram en el que se podía ver el palacio en llamas y escribió al respecto en Facebook”, informó el CPJ.
Presuntamente, los funcionarios de seguridad de Uganda obligaron a Biira a “eliminar las publicaciones de las redes sociales” y sus “herramientas digitales también fueron confiscadas”, según un informe de Freedom House de 2018.
Biira fue acusada de incitación al terrorismo por la grabación ilegal del ataque militar al palacio del rey de esa región: un acto que se castiga con la muerte por la Ley Antiterrorista en caso de una sentencia de culpabilidad. No obstante, un día después, quedó libre bajo fianza.
El calvario de Biira desató la indignación en las redes sociales con etiquetas como #FreeJoyDoreen (liberen a Joy Doreen) y #JournalismIsNotaCrime (el periodismo no es un delito).
Este internauta criticó la tendencia del presidente ugandés Yoweri Museveni a silenciar a los periodistas:
Opiyo informó a Global Voices que el caso de Biira fue desestimado y cerrado en marzo de 2017 después de que las autoridades investigaron y no encontraron evidencia para llevarla ante los tribunales.
“Como en muchos casos así, uno siente alivio cuando queda en libertad, pero queda una sensación de abuso, injusticia y dolor”, declaró Opiyo, que también es director ejecutivo de organización de derechos humanos Chapter Four Uganda. Opiyo dijo además que la experiencia de pasar unos días en el calabozo y soportar el dolor del encierro es algo que nunca te abandona.
Ataques dirigidos en Internet
Las periodistas que sufren el abuso en línea rara vez encuentran justicia y la mayoría de las veces les resulta muy difícil que sus denuncias sean tomadas en serio e investigadas debidamente.
En abril de 2017, Gertrude Tumusiime Uwitware, presentadora de NTV Uganda, expresó su apoyo a Stella Nyanzi, catedrática que que criticó abiertamente al régimen de Museveni por no cumplir la promesa electoral de distribuir toallas higiénicas a muchachas sin recursos.
Las autoridades obligaron a Uwitware a eliminar las publicaciones y comentarios en los que apoyaba a Nyanzi de sus cuentas de Twitter y Facebook. Uwitware recibió amenazas en Facebook y fue secuestrada por unos agresores sin identificar durante al menos ocho horas, según un informe sobre derechos humanos en Uganda de 2017. Presuntamente sus secuestradores la interrogaron sobre su relación con Nyzanzi, la agredieron violentamente y le cortaron el pelo.
A Uwitware le encontraron más tarde en una comisaría en Kampala. Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer ningún avance en la investigación de su secuestro.
Los comentaristas políticos, en especial quienes dan cobertura a la oposición, a menudo sufren muchas más amenazas que cualquier otro tipo de periodista. Pero el caso de las mujeres es aún peor, ya que el Gobierno cree que son más débiles y más fáciles de intimidar, según Mukose Arnod Anthony, secretario de Seguridad en los Medios y Derechos Humanos de la Asociación de Periodistas de Uganda (UJA), que estuvo en contacto con Global Voices a través de WhatsApp el 3 de abril.
En lo que se refiere al acoso sexual por internet, las “mujeres periodistas temen abrirse, aunque algunas lo hacen, la mayoría acaba muriendo en silencio”, declaró Anthony.
Las mujeres periodistas pueden llegar a lidiar con daños psicológicos adicionales, la violación de su privacidad, la pérdida de identidad, una limitación de su movilidad, la censura y la pérdida de propiedad como consecuencia de su trabajo, según un estudio de la UNESCO sobre la libertad de expresión en África publicado en 2018.
Además, según un estudio de 2018 de la Red de Derechos Humanos para Periodistas – Uganda (HRNJ – Uganda), 12 % de las mujeres periodistas han sufrido abusos y violaciones, incluyendo amenazas de muerte y arrestos. Tres cuartos de las mujeres periodistas han sufrido violaciones a manos de agentes del Estado como la Policía, comisarios de distrito y otros operativos de seguridad.
Ataques y acoso
Bahati Remmy, periodista ugandesa que ahora trabaja en Estados Unidos, confesó a Global Voices que abandonó el periodismo en Uganda porque se hartó tras todo lo que tuvo que soportar mientras cubría las elecciones de 2016.
La Policía ugandesa arrestó a Remmy cuando se encontraba realizando una emisión en directo en la que cubría el arresto domiciliario del líder de la oposición, el doctor Kizza Besigye, en la ciudad de Kasangat para la cadena privada NBS TV.
En conversación con Global Voices, Remmy dijo:
La Policía emprendió una batalla para impedir que ningún periodista cubriese la historia de Besigye.
Remmy cuenta que la Policía le tocó los pechos en la furgoneta, le quitó la ropa en la comisaría y la expuso desnuda frente a una cámara.
También la siguió y acosó un agente de Policía en Facebook porque el Gobierno ugandés creía que se había puesto de acuerdo con Besigye para dañar la imagen del país. Remmy le contó a Global Voices que dejaban notas anónimas en su puerta en las que le amenazaban con secuestrarla si se negaba a revelar por dónde salía Besigye de su casa.
Tras el arresto de Remmy, la Red de Derechos Humanos para Periodistas – Uganda realizó una encuesta para medir la opinión pública sobre los impactantes acontecimientos. Su pregunta fue: La Policía de Uganda declaró que Bahati Remmy, reportera de la cadena NBS TV, desobedeció órdenes claras y obstruyó la actuación policial, por lo que tuvieron que arrestarla. ¿Qué opina usted?
Magambo Emmanuel escribió:
Es una excusa pobre y una completa mentira porque hay grabaciones en las que se ve cómo arrestan a Bahati. La Policía debería dejar de cargarle sus problemas a periodistas inocentes.
Davide Lubuurwa escribió:
Cualquiera que intente mostrarle a la gente cómo funciona el estado es arrestado. Uganda va a tener que hacer frente a un problema enorme muy pronto. Lo que más me molesta es que quien sea que intente decir algo que vaya contra el régimen actual pasa a ser considerado un rebelde, así que el pueblo de Uganda tiene que despertar.
Muchas mujeres periodistas en Uganda han dejado de cubrir historias que critican al Gobierno porque temen los ataques y el acoso estatal. Los medios de comunicación han dicho que, en ocasiones, el Gobierno y agentes de seguridad se ponen en contacto con los editores y les dan instrucciones para que “no publiquen historias que puedan dar una mala imagen del Gobierno”.
Estos ataques muchas veces no son denunciados, sobre todo ataques a mujeres, lo que también ha hecho difícil entender el alcance completo de este problema.
Remmy llevó al Gobierno ugandés ante la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, pero hasta mediados de mayo no ha habido ningún avance en su caso. A la comisión le falta la independencia necesaria para fallar a favor de quienes hacen llegar quejas contra el Gobierno. Sus siete miembros, incluido su presidente, son elegidos por el presidente, con la aprobación del Parlamento. “Están influenciados”, dice Remmy, y añade: “Tienen un montón de casos acumulados, y la mayoría de casos que resuelven son los que presenta el Gobierno”.
Muchas de las amenazas en línea que enfrentan las mujeres periodistas están muy vinculadas al abuso fuera de línea.
Remmy cree que se deberíam defender los derechos, la lucha y la dignidad de las mujeres periodistas en todo momento, porque los ataques que sufren las mujeres silencian a los medios de comunicación en su totalidad.
Ahora que Uganda planea celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en 2021, es el momento de que se detengan los ataques y acoso que sufren las mujeres periodistas por parte del estado, pues se pone en riesgo el acceso a la información, la libertad de expresión y los derechos democráticos de los ciudadanos ugandeses.
“La libertad de prensa sigue siendo un niño sin voz en el sistema del país”, declaraó Remmy ante Global Voices.
* Este artículo forma parte de un proyecto llamado “Identity Matrix: Plataforma de regulación de amenazas en Iiternet a la expresión en África”. Estos artículos ponen en tela de juicio el discurso de odio motivado por la identidad o la discriminación en línea basada en el idioma u origen geográfico, así como la desinformación y el acoso frecuente que se da en los espacios digitales de siete países africanos: Argelia, Camerún, Etiopía, Nigeria, Sudán, Túnez y Uganda (sobre todo periodistas y activistas mujeres). El proyecto está financiado por la Fundación de Derechos Digitales de África (Africa Digital Rights Fund) de CIPESA (Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa), organización para la Colaboración en Política Internacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el este y sudeste de África.
