Las tres mujeres detrás del movimiento #BlackLivesMatter

Por Silvia Ocaña

Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi llevan años denunciando la brutalidad policial hacia la población negra

Madrid, 08 jun. 20. AmecoPress/SemMéxico/Mujeres a seguir.- Alicia Garza lloró cuando el 14 de julio de 2013 escuchó el veredicto por el que un jurado absolvía a George Zimmermam, ex vigilante voluntario de una urbanización de Florida que el año anterior había matado de un disparo al adolescente negro desarmado Trayvon Martin.

Pero Garza, activista de profesión y por vocación, tardó poco en secarse las lágrimas y sentarse a escribir una carta en la que volcó todo su dolor e ira. El texto, que colgó en Facebook, denunciaba lo barato que a estas alturas sigue saliendo matar a afroamericanos en Estados Unidos. “Gente negra. Os quiero. Nos quiero. Nuestras vidas importan. Las vidas negras importan”, decía. Otra activista llamada Patrisse Cullors, a la que Alicia Garza conocía desde hacía una década del movimiento antirracista, compartió la carta con el hashtag #BlackLivesMatter. Cuando vio el hashtag, Opal Tometi contactó con ellas.

Movimiento Black Lives Matter

Nacía así Black Lives Matter, el movimiento que en los últimos años ha liderado las protestas contra la brutalidad policial y la violencia hacia las personas negras en Estados Unidos. Black Lives Matter es el grito de guerra que desde hace seis días vuelve a oírse en las calles en las protestas que se han extendido por el país a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minnesota.

Aunque se define como un movimiento sin organización jerárquica, su rol de cofundadoras ha convertido a Garza, Cullors y Tometi en el rostro visible de Black Lives Matter. Las tres se conocieron a través de la Black Organizing for Leadership and Dignity, una organización que prepara a los organizadores de la comunidad, pero cuando llegaron allí todas tenían ya amplia experiencia como activistas.

Lo que nació como una campaña online pronto dio el salto a las calles. En agosto de 2014, después de la muerte de Michael Brown, Black Lives Matter organizó su primera protesta a nivel nacional, una caravana por la libertad en Ferguson, Missouri, que reunió a más de quinientas personas para protestar de forma pacífica. En sus intervenciones Black Lives Matter se inspira en el movimiento por los derechos civiles, el black power, el feminismo negro, la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, el movimiento LGTBI y las protestas Occupy Wall Street.

Funciona como una red descentralizada y sin jerarquía formal. Sus capítulos en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se organizan de forma autónoma. En los últimos seis años han organizado más de un millar de manifestaciones y protestas a raíz de las muertes de personas negras en acciones policiales: Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferrell, Sandra Bland, Samuel DuBose, Freddie Gray y, más recientemente, George Floyd, fallecido mientras era arrestado por la policía después de que uno de los agentes le colocara la pierna en el cuello para inmovilizarlo.

Las tres mujeres

Alicia Garza (Oakland, 1981) había trabajado en temas de salud y derechos estudiantiles (ya en el instituto defendió el acceso a anticonceptivos y a la educación sexual de sus compañeros), el racismo sistémico y la homofobia. Garza se graduó en Antropología y Sociología por la Universidad de California en San Diego y después fue directora de la organización People Organized to Win Employment Rights (POWER) en el área de la Bahía de San Francisco. Desde allí trabajó por causas como el derecho de los jóvenes a usar el transporte público de forma gratuita, la lucha contra la gentrificación y la denuncia de la brutalidad policial. Desde 2013 es directora de proyectos especiales de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Se autodefine como queer y en 2008 se casó con el activista transgénero Malachi Garza.

A Patrisse Cullors (Los Ángeles, 1984) sus padres la echaron de casa a los 16 años cuando les reveló su identidad queer. Tres años antes Patrisse había visto cómo esposaban y detenían a su hermano de 19 años, una experiencia que les marcó profundamente a ambos. Criada en un barrio pobre del valle de San Fernando dentro en un hogar guiado por las creencias de los Testigos de Jehová (dogma del que luego se distancia), Cullors nunca perdió el interés en la fe y se licenció en Religión y Filosofía en UCLA. Después ejerció como profesora y cofundó una organización de activismo penitenciario, Dignity and Power Now, que aboga por una supervisión civil del trabajo policial para intentar frenar los casos de abusos por parte de los oficiales. También es miembro de la junta del Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, bautizado en honor de una de las mujeres más influyentes en la historia de la lucha por los derechos civiles.

Opal Tometi (1984) es hija de inmigrantes nigerianos y creció en un suburbio de Phoenix. Estudió Historia y Comunicación en la Universidad de Arizona y dirigía la Alianza Negra para la Inmigración Justa en Nueva York cuando leyó la carta de Garza, contactó con ella y se ofreció como voluntaria para construir una plataforma digital para el movimiento.

Foto: SemMéxico. 

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Internacional – Política y género – Liderazgo – Xenofobia – Empoderamiento –Manifestaciones. 08 jun. 20. AmecoPress.

“Mujeres enfrentan no sólo a crisis de desempleo, sino de alimentación”

Escrito por Sonia Gerth 

Ciudad de México. La pandemia del nuevo coronavirus no solamente pone en peligro la estabilidad económica en los hogares mexicanos, sino que lleva el país al borde de una crisis humanitaria, que afecta con mayor impacto a las mujeres. Eso fue uno de los principales hallazgos de Análisis Feminista esta semana, charla a la que la directora de Comunicación e Información de la Mujer Ac (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, invitó a la economista y columnista de Cimacnoticias, Carmen Ponce Meléndez, y la doctora en economía de la Universidad Iberoamericana, Graciela Teruel Belismelis.

Las tres expertas lamentaron la falta de datos desagregados para analizar el impacto de la crisis. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó la semana pasada su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), un esfuerzo para seguir publicando datos, y comparar con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), a pesar de no poder leventar los datos de forma presencial. La encuesta encontró que en el mes de abril, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa, sin ingresos, y sin tener certeza de poder mantener el vínculo con el trabajo anterior.

Pero la ETOE carece de datos desagregados. En respuesta a una solicitud de Cimacnoticias, el Inegi respondió que “por cuestiones de calidad estadística, sólo desagregan la información para algunos indicadores.” Sin embargo, Ponce Meléndez indicó que los datos señalan que las mujeres son las más afectadas por la crisis sanitaria y económica, ya que muestran que las personas que perdieron su trabajo fueron las que antes trabajaban en el sector de servicios, para el salario mínimo o en la informalidad.

“Una trabajadora informal no tiene ningún mecanismo de defensa, ni siquiera un contrato escrito, y son la mayoría mujeres”, constató. Lagunes Huerta puntualizó que estas desigualdades ancestrales vienen a agudizar la crisis actual. Teruel Belismelis compartió que la Universidad Iberoamericana acabó un proyecto de investigación, en el cual levantaron una encuesta telefónica al nivel nacional, para medir el impacto de la crisis en cuatro indicadores: el empleo, el ingreso, acceso a la alimentación y salud mental.

Las mujeres, ya no pueden comprar alimentos

Narró que la Ibero sí dividió los datos levantados por sexo, y que las tasas de desocupación, con corte en mayo, eran 9.7 para las mujeres en el sector formal, y 22.1 en el sector informal. La tasa de desocupación para hombres era 10.6 en el sector formal, y 15.4 en el sector informal. “Entonces, efectivamente, están perdiendo más el empleo las mujeres, y están perdiendo más las mujeres en el sector informal”, concluyó la economista.

Ponce Meléndez opinó que estos factores podrían llevar a los empresarios a defenderse con otra un nuevo aumento del salario mínimo en la fijación a finales del 2020, bajo el argumento que ya están sufriendo una recesión económica. “Estamos ante una emergencia de pobreza”, advirtió. A este problema se agregaría la deserción escolar y la falta de acceso a educación de jóvenes durante la contingencia.

Teruel Belismelis hizo hincapié en que los otros indicadores, levantados en su encuesta, fueron todavía más preocupantes: seis de cada diez hogares reportaron que tuvieron un ingreso mucho menor, y uno de cada tres hogares reportó una pérdida de más del 50 por ciento de sus ingresos en la tercera fase de la pandemia. “Esto es importante, porque los hogares, no sólo se están quedando sin trabajo, están teniendo shocks de ingreso brutales, y esto es una carga triple para las mujeres: además del desempleo y el tener que cuidar a los hijos, tienen problemas de acceso a la alimentación.”

Explicó que la inseguridad alimentaria es un indicador que usa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir las seis carencias que componen el índice de pobreza. La inseguridad alimentaria leve, moderada y severa, aumentó. “Esto está correlacionado con las pérdidas de trabajo, y por el otro lado, aumentan los precios de los alimentos”, advirtió la experta. La falta de acceso a una alimentación sana, tendría efectos a largo plazo, sobre todo para niñas, niños y adolescentes.

Ponce Meléndez agregó que la falta de ingresos obliga a las personas a buscar trabajo, lo que las pone en riesgo de contagio con COVID-19. Por el otro lado, 4 de cada 10 empresas no aplican los protocolos de seguridad ante la pandemia, según datos de la Secretaría de Trabajo. Y “¿Qué pasa en el norte de país con trabajadoras de maquilas?”, preguntó. “¡Se mueren como moscas, del coronavirus!”

Ingreso mínimo podría ser una solución

Teruel Belismelis recalcó que falta un reconocimiento del gobierno de la pérdida masiva del empleo. “Y dado que no lo reconoce, no ha estado abogando a poner políticas publicas en marcha para preservar el empleo. Porque los que se pierden, no se recuperan de la noche a la mañana.” El gobierno mexicano, en comparación con otros gobiernos del mundo, ya estaría tarde para paquetes económicos. Pero seria necesario “una gran reacción” ahora, y también post-pandemia.

“Ya se agotó la política de austeridad.”, coincidió Ponce Meléndez: “No es posible seguir esta política de austeridad, paraliza más la economía.” La economista se mostró optimista que el grupo parlamentario de Morena, con su reforma fiscal progresiva, estaría cuestionando la política presidencial. Mientras que Teruel Belismelis opinó que los recursos del Estado no alcanzan para dotar toda la población de un ingreso mínimo de bienestar, Ponce Meléndez apostó a la sugerencia de la profesora Rosa Albina Garravito Elías de la UAM, sobre el ingreso mínimo universal.

Éste beneficiaría a todas las personas, incluyendo las que tienen empleos informales o están fuera de trabajo, de esa manera resolviendo el problema alimenticio, dijo Ponce Meléndez. Teruel Belismelis apoyó la idea de transferencias, por lo menos para grupos vulnerables, y luego diseñar otras políticas post-pandemia. Sin embargo, advirtió: “La recuperación va ser difícil, lenta, y dolorosa.”

Sin supervisión, maquiladoras son el gran foco de infecciones por COVID

Escrito por Priscila Hernández Flores, Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Camelia Muñoz, Samantha Páez Guzmán y Josefina Martínez

CIMACFoto: César Martínez López

Ni la pandemia del COVID-19 detuvo por completo la producción de las maquiladoras en México. Codo a codo continuaron trabajando las mujeres que forman fundamentalmente esta industria, otras fueron despedidas o recortaron su salario y donde gradualmente han reanudado labores, temen un brote por no seguirse las directrices de distanciamiento. 

De esto dan cuenta las corresponsales de la Red Nacional de Periodistas (RNP), quienes a través de testimonios recopilados en las plantas de la frontera norte con Estados Unidos, al centro del país, revelan que a las condiciones laborales ya precarias de las trabajadoras como bajos salarios, largas jornadas e inseguridad social; ahora arriesgan su salud e incluso la vida para continuar la producción en esta industria que emplea alrededor de 3 millones de personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Con la pandemia, afirmó la directora de la organización Ollin Calli, en Tijuana, Baja California, Margarita Ávalos Salas, se profundizaron las malas condiciones de trabajo que históricamente ha tenido este sector. En entrevista, la defensora aseguró que aunque la orden federal fue que las empresas esenciales cerraran actividades sin suspender pagos, la mayoría de las empresas mandaron a su personal a casa con una proporción del 30 al 60 por ciento de sus salarios; muchas otras fueron despedidas.

Si bien la Secretaría del Trabajo observó que al corte del 10 de abril unas 12 mil personas fueron dadas de baja injustificadamente, Ávalos aseveró que en el norte de México la cifra es mucho mayor, toda vez que la gran mayoría no estaba inscrita en la seguridad social y otras maquilas operan de manera clandestina, muchas incluso operan en sótanos.

Hay líneas de producción trasladadas a los hogares para manufactura, por ejemplo, para el ensamble de ropa. En esos casos, cuando las empresas ya no mandan materias primas a los hogares de las y los trabajadores, puede entenderse como una forma de despido. 

Ollin Calli, que tiene 20 años de trayectoria en la defensa de derechos labores, ha documentado en plena crisis sanitaria en las maquiladoras se han reducido los permisos para ir al baño y tomar agua, lo que contradice la recomendación de salubridad de lavarse continuamente las manos. Todo esto con el fin de que la industria maquiladora no baje su cantidad ni su calidad de producción.

El norte, dar la vida en la línea de producción

Desde el 15 abril de 2020 el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, advirtió que los estados de la zona norte iban a ser los más afectados por la pandemia si las maquiladoras seguían operando sin garantizar las disposiciones del Consejo de Salubridad General.

Pero la industria ha desarrollado formas para burlar las inspecciones sanitarias. De acuerdo con Ávalos Salas, en un caso, las y los trabajadores avisaron a la autoridad laboral regional que su empresa seguía operando sin realizar actividades esenciales; cuando llegó la autoridad, la empresa encerró en las bodegas o trailers al personal que estaba operando. En otros casos, los camiones de maquilas de ropa Hyundai, televisiones, de unicel y de persianas, ninguna esencial, ahora pasan por las colonias con cortinas negras y azules para ocultar a las trabajadoras y trabajadores que van a la maquila.

En Coahuila, por ejemplo, el Comité Fronterizo de Obreras recibió varias quejas porque al interior de las maquilas no se respetaban las medidas sanitarias. Existe hacinamiento y jamás las autoridades, ni federales ni estatales, llevaron a cabo supervisiones. La coordinadora del Comité, Julia Quiñones, ilustró en entrevista que en la empresa “Transformadores” de esa entidad, las operarias fueron obligadas a seguir trabajando sin las medidas de sana distancia y algunas presentaron problemas de dolor de cabeza, que no fueron grandes pero tampoco hubo respuesta de los ejecutivos para revisar su condición de salud o aplicar pruebas de COVID-19.

La defensora de los derechos laborales recordó que en Coahuila laboran 35 mil personas en la industria maquiladora y 55 por ciento son mujeres, ellas se encuentran en una situación de especial desventaja, ya que para evitar los contagios, las empresas decidieron primero adelantar vacaciones y después, al ampliarse la contingencia, se les redujo su salario en un 50 por ciento pero les seguían retirando las prestaciones laborales. Hubo casos donde percibían menos de cien pesos. 

Mientras las corporaciones continuaban la fabricación de productos, algunos esenciales, otros no, el virus avanzaba. En Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando llegó el coronavirus, el primer caso se reportó la segunda semana de abril en la planta “Lear Corporation Río Bravo”, que fabrica asientos para la empresa automotriz Mercedes Benz, ahí murieron 18 trabajadores, reportaron las autoridades sanitarias locales. 

A medida que se registraban contagios en diferentes plantas, iniciaron las protestas, mujeres y hombres salieron a la calle para reclamar a los empleadores un trato digno con la crisis sanitaria; pero al final, debían elegir entre trabajar con el temor de contagiarse o permanecer en cuarentena sin dinero.

“Desde que se informó que se suspenderían actividades, cerrarían negocios y escuelas, nos preocupamos mucho, no sabíamos qué pasaría, como ambos dependemos de la maquiladora realmente nos pusimos muy nerviosos”, relató Gabriela, quien junto a su esposo trabajan desde hace 4 años en la maquiladora “Cordis de México”, que manufactura catéteres para el corazón.

“Nos dijeron que realizábamos una actividad esencial porque fabricamos equipo médico y que seguiríamos trabajando con las medidas de precaución”, a Gabriela le dieron un cubrebrocas, frascos de gel, pusieron espacios entre las líneas de producción, mandaron a mujeres embarazadas y adultas mayores a sus casas. Continuó laborando por 300 pesos al día. Con tres hijos, Gabriela teme por la crisis económica perder el empleo. “A veces no dormíamos de estar pensando”.

Ciudad Juárez desde hace años es un polo maquilador en el que se han instalado corporaciones en su mayoría estadounidenses y algunas europeas para obtener obra de mano barata. En abril Index, organismo que integra a las empresas maquiladoras, aseguraba que el 70 por ciento de las maquilas estaban cerradas y que solo estaban funcionando las que se consideraban esenciales. Para el 8 de junio el sector salud reportaba en la región 25 empleadas y empleados de maquiladoras muertos por COVID-19; organizaciones de la sociedad civil como el colectivo “Stop Makillas”, aseguró que son más, 104 decesos por este motivo.

Migran a la producción de cubrebocas 

Las trabajadoras de las maquiladoras en Tehuacán, Puebla, se pueden distinguir fácil: llevan un mandil de mezclilla con la marca para la cual trabajan, un cubrebocas quirúrgico y las manos azules por los guantes que portan. Siempre se les ve por las calles antes de las 11 de la mañana y después de las 6 de la tarde, aún ahora en plena pandemia. 

Y es que en Tehuacán la mayoría de las maquiladoras siguen operando, incluso, las costureras tienen más trabajo, porque las pusieron a hacer cubrebocas después de su turno.

El abogado de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, explicó que esta industria sacó provecho de la demanda que hay de cubrebocas. Pagan a las costureras de 50 a 65 centavos cada mascarilla que elaboran fuera de su horario de trabajo, es decir, no les pagan las horas extras sino que es por la producción que tengan.

El propio gobierno poblano ha promovido la compra de estos productos, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, dio a conocer que se impulsa la compra a empresas locales el pasado 4 junio. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en la región Puebla-Tlaxcala, al menos 50 talleres migraron de la producción de ropa a la de cubrebocas. 

“Las maquilas son un lugar muy peligroso para un brote”, enfatizó Barrios Hernández, sobre todo por que son pocas las maquiladoras de Tehuacán que cerraron en la pandemia, esto supone el riesgo a 40 mil trabajadoras y trabajadores de la industria textil en el estado de acuerdo Cámara de la Industria Textil (Citex), delegación Puebla-Tlaxcala.

¿Quién vigila “la nueva normalidad”?

Varias maquiladoras están reabriendo justo cuando el país cruza la alerta máxima de contagios del COVID-19, las 32 entidades están en “semáforo rojo”. Por ello varias trabajadoras ven con preocupación el riesgo a contagiarse en sus espacios de trabajo, indicó la dirigente del Sindicato de Trabajadoras de la Industria Maquiladora Aptiv, María Dolores Zuñiga Vazquez.

Dolores Zuñiga reportó que en el reinicio de lo que el gobierno llamó “la nueva normalidad” un 30 por ciento de la planta de la maquiladora Aptiv, ubicada en Tamaulipas, empezó a trabajar pero sin cumplir al interior las medidas de distanciamiento social y sanidad, A través de fotografías lograron constatar que no se tiene la estrategia para cuidar la salud de las y los trabajadores.

Otro problema se suma para las trabajadoras y es que las guarderías no están funcionando, lo que representa un problema para el cuidado de quienes tienen hijas e hijos. Ahora deben dejarlos al cuidado de otro familiar pero además el transporte que proporciona la maquiladora a las trabajadoras prohíbe que suban niñas y niños.

Ni siquiera puede denunciar este u otros incumplimientos laborales porque están cerradas las oficinas de las Junta de Conciliación y Arbitraje, dijo.

Lo mismo reportan en Jalisco, la representante  de la Coalición de Extrabajadoras y trabajadoras de la Industria Electrónica CETIEN en Jalisco, Amapola  López, quien recalcó en entrevista el miedo que atraviesan obreras y obreros, así como la indiferencia de las autoridades y empleadores. Señaló que la pandemia pone en evidencia cómo es que las empresas no ven el papel que desempeñan las trabajadoras, con tal de obtener sus producciones millonarias. 

“Les ha preocupado sus clientes, sus productos, el peso de sus ganancias. Las autoridades se hicieron invisibles y las empresas se respaldaron en instituciones o en el mismo gobierno para hacer lo que quisieron . Los contagios nunca les preocupan, solo vieron la forma de maximizar sus ganancias a costa de la vida de los y las trabajadores”.

20/HZM/PHF/AJSE/SPG/JM/CM

Víctimas de violencia, no denuncian por temor a que no les crean

Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Carmen víctima de feminicidio en 2012, es una ilustración de Nirvana Jiménez, cortesía del "No estamos todas".

Ciudad de México. Araceli (nombre ficticio por motivos de seguridad) llegó a su casa y la encontró sola. Su esposo, quien la controlaba y violentaba desde hace una década, no estaba ahí. Era su oportunidad de escapar, en plena pandemia, del lugar en el que corría más peligro: su propia casa. Ella era víctima de violencia familiar, pero no pidió ayuda de la policía ni llamó al 911 por miedo a que no le creyeran.

La familia de Araceli era muy distinta a la que describió el Presidente de México el pasado 6 de mayo, cuando dijo que en México las familias mexicanas son fraternas, lo que –según él– evita la violencia al interior de los hogares. Araceli –quien relató su historia en entrevista con Cimacnoticias– vivía con un hombre que le impedía salir, controlaba sus comunicaciones y la agredía físicamente al grado de provocarle lesiones graves, como rotura de huesos, cicatrices e incluso le hizo amenazas de muerte o mutilación, con arma en mano. 

“Era realmente una cárcel la casa donde vivía con este hombre, porque era la puerta, la reja de la entrada, todas las puertas tenían candado. Si yo no le contestaba el teléfono era causa de una golpiza”

Araceli, víctima de violencia familiar durante la pandemia.

Ella intentó pedir ayuda a las autoridades varias veces, pero estas no hicieron más que revictimizarla. Los ministeriales le decían con groserías “está viniendo según a demandar y al rato ya la van a tener ahí, ella bien agusto haciéndonos perder tiempo”. En el pasado, Araceli fue a presentar una denuncia y luego a pedir que la retiraran porque su agresor la obligó violentamente a regresar con él y, cuando supo que tenía una denuncia por violencia familiar en su contra, agredió a Araceli con más saña. La llevó al MP y la espero afuera hasta que ella pudiera retirar su denuncia. Aún con golpes visibles, nadie quiso ayudarla. Otro día Araceli salió de su casa ensangrentada a pedir ayuda a un grupo de policías municipales que estaban en la esquina. Éstos le dijeron: “no podemos hacer nada, aquí no venga. Vaya al Ministerio Público y ahí a ver qué hacen”. No fueron ni para trasladarla. 

Mientras la violencia escalaba, el agresor impidió a Araceli volver a ver amistades y familiares, su red de apoyo; aunque seguían juntos, también la obligó a concederle legalmente la guarda y custodia de sus hijas, pues gozaba del respaldo de parientes abogados e influencias. 

El confinamiento por COVID-19 agravó la situación

Un día de marzo de 2020, primer mes de confinamiento, el esposo de Araceli le partió la boca de un golpe y la amenazó. Al día siguiente ella logró escapar: fue a trabajar desde temprano con su cuñada, pero él la llamó enfurecido para que regresara a su casa para que estuviera con él. Al regresar, ella notó que él no estaba. Lo llamó y no respondió. Ella se quedó unos minutos paralizada. Tomó una maleta con documentos personales que tenía preparada para una oportunidad como ésta y, con las piernas hechas hilos, salió corriendo a la escuela de sus hijas. Las recogió en la escuela, tomó varios camiones con miedo de que la siguiera y se fue a sentar a un parque.

“¿Ahora qué pasó, mamá?”, le preguntó la mayor de sus hijas, de 10 años. Araceli le explicó que ya no aguantaba los maltratos y que se irían. “¿Y dónde vamos a ir, mamá?”, le dijo la niña. Araceli no tenía respuesta, pensó que no habría lugar para ella y sus hijas. Su familia ya no podía ayudarla. En ocasiones anteriores, su agresor fue a buscarla y amenazó a todos. Su miedo de ser encontrada era tan grande que pensó incluso en refugiarse fuera de su estado o el país.

Llamar al 911 o acudir a una autoridad ya no fue opción para Araceli. “No tuve yo confianza de que me creyeran”. En ese mismo mes, en una conferencia de prensa, el Presidente de México dijo –sin fundamento aún conocido– que 90 por ciento de las llamadas que se recibieron al 911 por violencia familiar eran falsas.

Araceli decidió pedirle ayuda a una amiga, quien la recibió y le recomendó ir a un Centro de Atención Externa, un espacio perteneciente a la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) que recibe a mujeres víctimas de violencia antes de ingresarlas temporalmente en los refugios. 

Así lo hizo. Tras analizar su caso, ella y sus hijas fueron recibidas en uno de los 42 refugios que dirige la Red y que están en todo el país. El dinero para que estos refugios pudieran operar durante la pandemia se obtuvo gracias a la presión social de las organizaciones de la sociedad civil, quienes hicieron comunicados, conferencias de prensa y protestas virtuales para exigirlos.

Al 26 de mayo, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) había revisado 65 proyectos de Refugio y 38 proyectos de CAE, pero sólo se otorgó la primera ministración a 21 proyectos de Refugio y 21 proyectos de atención externa, esto es menos del 50 por ciento. Todavía hay 28 proyectos de refugio y 7 de CAE en proceso de recibir la primera ministración, y hay pendiente de evaluar 17 proyectos de Refugio y 11 de Atención Externo. 

En el refugio, Araceli ha tenido tiempo para pensar su situación, ha recibido apoyo psicológico y empieza a delinear un plan de vida. Identificó que lo que le estaba haciendo falta para terminar con esa relación era atención psicológica para entender por lo que ella estaba pasando.

“Te das cuenta que tu persona se empieza a descuidar, no importa si la falda combina o no. Nada te importa (cuando vives violencia). Era levantarme, llevar a mis hijas a la escuela, regresar, hacer la comida y ver qué más tenía que hacer para que este hombre no se enojara”, relató Araceli. 

Durante abril de 2020, segundo mes de la pandemia, se iniciaron 15 mil 986 carpetas de investigación por delitos contra la familia, que incluye violencia de género en este ámbito; de enero a abril de 2020, el 911 recibió 403 mil llamadas, todas procedentes, por violencia contra las mujeres.   

La RNR informó que la demanda de Refugio en abril aumentó 77 por ciento con respecto a otros meses y que, como Araceli, 19 por ciento de las mujeres que han sido atendidas durante la pandemia refirieron que inicialmente buscaron ayuda a una dependencia de gobierno pero no hubo respuesta. 

En contraste, el gobierno federal señaló que en el primer cuatrimestre de 2019 y 2020 hubo una disminución en el número de mujeres atendidas de 2.6 por ciento por dependencias gubernamentales, ya que en 2019 los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a 61 mil 787 niñas y mujeres, y en 2020 hubo 60 mil 140 atenciones. 

“Realmente lo que se requiere por parte del gobierno es que se apoye este tipo de lugares (refugios) y llevarle a la mujer el mensaje de que hay alguien que la apoya, que hay instituciones que realmente la pueden apoyar, que ella puede ir y que la van a entender y nos van a tomar en cuenta. Que sí nos van a creer, es lo que necesitamos saber”, expresó Araceli, quien quiere dar seguimiento a sus denuncias anteriores pero no ha habido avances por la pandemia. 

20/AJSE/LGL

Detienen a abogada que denunció condiciones en maquilas durante COVID

Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. La defensora de los derechos laborales de personas obreras y asesora legal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), Susana  Terrazas, fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, acusada de “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”. 

La detención ocurrió en el contexto de abusos laborales que se han registrado contra las y los trabajadores de las maquilas durante la pandemia en el norte del país, mismos que la litigante ha denunciado públicamente y acompañada legalmente. 

Este lunes, 8 de junio, el gobierno de esa entidad giró una orden de aprehensión en contra de Prieto Terrazas por presuntos “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de Tamaulipas.

“Un Juez de Control emitió el mandato judicial ejecutado por los agentes investigadores después de que se presentaran los elementos de prueba suficientes que implican a la detenida en los citados delitos registrados en la Avenida Álvaro Obregón de la colonia Jardín de este municipio. Susana “P” será puesta a disposición del Poder Judicial, que en breve determinará su situación jurídica”, dice el comunicado. Al cierre de esta edición se desconoce la situación jurídica de la defensora y los detalles de los delitos por los que se le acusa. 

Criminalizan a defensora, aseguran 

La propia  Terrazas transmitió en sus redes sociales un video en vivo de su detención. Ahí expresó: “El gobernador del estado, yo sabía que tarde que temprano iba a hacer esto. Estoy siendo aprehendida”.

Prieto es asesora legal y acompañante de personas obreras que desde 2019,  integradas en el Movimiento 20/30, han defendido sus derechos laborales. De acuerdo con un comunicado firmado por decenas de colectivos y asociaciones gremiales que respaldan a Prieto, el Movimiento 20/30 denunció en el pasado la manera en que las empresas en el norte de México explotan a las y los trabajadores y violan sistemáticamente sus derechos. Desde entonces, dijeron, la abogada es hostigada y amenazada por diversas autoridades locales y federales, empresas maquiladoras y de servicios, así como de líderes de sindicatos charros, además de sufrir un hostigamiento constante en sus redes sociales.

Las organizaciones firmantes, entre las que está Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C.

y Agrupación de Lucha Socialista, dijeron que su detención es una acción más de represión de la lucha social y la defensa de la clase obrera. “Esta es una afrenta directa a todas las y los trabajadores que históricamente han visto machacados sus derechos y dignidad, por lo que exigimos la inmediata liberación de Susana  y responsabilizamos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; ; al Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y al gobierno federal, de lo que pueda ocurrir con la integridad física y psicológica de la compañera”, expresaron.

Las organizaciones también responsabilizaron de la criminalización contra Prieto a directivos de Fisher, Kongsberg, BCS Electrónica, Nexos Magnéticus, Lexmark, DURA, Electrolux, TPI, Tridonex, MERIT, Kongsberg, BVI Visitec entre otras, así como a líderes sindicales como Juan Villafuerte, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) y Agapito González, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI). 

Desde que inició la pandemia, la abogada ha denunciado en distintos medios de comunicación y en sus redes sociales los despidos injustificados, bajas salariales, ausencia de protección para el trabajo y otros abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras en el norte del país contra las y los obreros.  

El pasado 17 de abril, Prieto concedió una entrevista a Cimacnoticias en la que dijo que ha recibido denuncias por parte de trabajadoras y trabajadores de maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, por violar el decreto nacional del 30 de marzo al aglomerar a miles de personas en cada turno laboral. De acuerdo con la abogada, en el caso de mujeres embarazadas, adultas mayores y con otros factores de riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de descanso como parte de la cuarentena; en otro caso, se les orilló a firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos. 

La abogada aseguró que también acompañó el caso de una trabajadora en periodo de lactancia, a quien inicialmente se le impidió ir a su casa a pesar de presentar síntomas de contagio. Luego de insistir mucho y de que su hijo enfermara, la mujer consiguió que el IMSS le concediera una licencia de incapacidad de 11 días pero con un sueldo disminuido. Entre las empresas que más han denunciado violaciones laborales por despidos masivos o por no frenar laborales, de acuerdo con la abogada, está Electrocomponentes de México y Electroluz, que fabrican bandas de electrodomésticos, considerados no esenciales durante esta emergencia. 

La abogada explicó que en el norte del país la mano de obra femenina sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Otra característica de ese sector, es que miles de obreras son migrantes, quienes llegan a trabajar a Chihuahua sin una familia o solas con sus hijos. Aunque se ordenó a nivel federal que las estancias infantiles permanecieran abiertas, de acuerdo con la defensora de los derechos laborales, todas las guarderías en esa entidad permanecen cerradas. 

El pasado 7 de junio, Prieto publicó en sus redes sociales que se logró que la empresa Fisher pagara a las y los obreros, miembros de SNITIS, la diferencia del 40 por ciento entre el salario que recibieron durante la pandemia y el que debieron pagarles. Días después, la empresa desconoció al sindicato. Prieto también informó sobre la muerte de un trabajador, de otra empresa, presuntamente por COVID, y convocó a distintas movilizaciones para exigir el reconocimiento de los derechos laborales.

Tras conocer sobre la detención, varias personas se manifestaron este 9 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Ciudad de México por la liberación de la abogada. 

20/AJSE/LGL

Vinculan a proceso a defensora tamaulipeca que denunció condiciones de maquilas

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Foto: Redes sociales

Ciudad de México. La detención en Tamaulipas de la defensora de los derechos laborales, Susana Prieto Terrazas, no es por delitos que requieran prisión preventiva oficiosa, por lo que debería enfrentar su proceso en libertad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). 

Susana Prieto Terrazas fue detenida el pasado 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas, acusada de “delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”. Quien acusó a la abogada fue la la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, tras relacionarla con una movilización de obreras y obreros de la empresa Tridonex (dedicada a la remanufactura de empresas automotrices) ocurrida el pasado 10 de marzo afuera de esa dependencia para que se les permitiera renunciar al pago de cuotas para el Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su Municipio. 

Tras una audiencia, este 10 de junio Prieto Terraza ya fue vinculada a proceso “ante la solidez de los elementos de prueba presentados por el Representante Social” de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la entidad, quien tiene un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria y prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.

Al respecto, la ANAD –conformada por litigantes y personas defensoras de los Derechos Humanos laborales– emitió un comunicado en el que externó su preocupación por la posible violación a los DH de la defensora de las y los trabajadores.

La organización de abogadas y abogados señaló que los delitos por los que se le pretende formular imputación no son de prisión preventiva oficiosa, por tanto, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la litigante debería enfrentar su proceso en libertad. Asimismo, señaló que incluso la orden de aprehensión era innecesaria, ya que existían otros medios de conducción, como una orden de comparecencia que –de acuerdo con lo que expresó Prieto el día de su detención, la cual transmitió en vivo– nunca se le hizo llegar.

El abogado penalista Roberto Julio Chávez, integrante de la ANAD, explicó en entrevista con esta agencia que las únicas justificaciones para la prisión preventiva justificada sería en caso de que la abogada no tenga arraigo (domicilio comprobable), que no esté localizable o que sea un peligro para las víctimas. “En este caso la víctima es el Estado, para quien la abogada no podría representar un riesgo”, expresó.

Chávez también puntualizó que la detención de Prieto por razones vinculadas a una movilización social afuera de la Junta de Conciliación ya configura por sí misma una violación a los DH de la defensora, ya que el mal actuar de las autoridades para garantizar los derechos de las y los trabajadores es lo que propicia los actos de protesta. La libre manifestación y la defensa de los derechos laborales es un derecho, confirmó el litigante

“Aún así, cuando haya una imputación de la abogada de haber hecho una manifestación no es suficiente para que esté en prisión preventiva, porque se está violando la presunción de inocencia porque se le está tratando como culpable y eso es una pena adelantada”, explicó el litigante.

La ANAD señaló que estará atenta al proceso judicial y que no permitirá bajo ninguna circunstancia la violación a los DH, y exigió al gobierno de la entidad respetar la dignidad, los derechos y la libertad de la abogada. 

La detención de Prieto Terrazas ocurrió en el contexto de sus denuncias públicas en redes sociales y medios de comunicación por los diversos abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras contra las y los obreros durante la pandemia.

Crece durante pandemia número de trabajadoras del hogar afiliadas

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Pese a la crisis económica que atraviesa el país por COVID-19, el número de personas afiliadas al Programa Piloto para Trabajadoras del Hogar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció durante el primer trimestre de la pandemia al pasar de 21 mil 528 filiadas en marzo (primer mes del confinamiento) a 22 mil 235 en mayo, último del que se tiene registro. 

El gobierno de México se puso como meta aumentar a 36 mil el número de trabajadoras del hogar registradas a la seguridad social en 2020. En marzo hubo 21 mil 528 personas registradas en el Programa Piloto, esta cifra disminuyó a 21 mil 133 en abril, pero en mayo se recuperó al alcanzar las 22 mil 235 afiliadas.

El salario promedio con el que estaban afiliadas las trabajadoras también disminuyó durante el primer mes de la pandemia al pasar de 5 mil 82 pesos mensuales en marzo a 4 mil 975 en abril, pero en mayo se elevó a 5 mil 89 pesos, según los datos oficiales ofrecidos al corte del 12 de junio de 2020. 

Por número de trabajadora afiliada, hasta marzo de 2020 (a un año de haberse lanzado el programa) se logró registrar a 19 mil 648 trabajadoras, que sumaron un total de 21 mil 592 personas aseguradas tomando en cuenta a sus hijas e hijos. Luego de ese mes, el IMSS dejó de presentar los datos desagregados de trabajadoras afiliadas y de trabajadoras y dependientes, por lo que no se sabe cuántas de las 22 mil 235 afiliaciones que se consiguieron en esa fecha corresponden a nuevas trabajadoras inscritas.

Desde que inició la pandemia, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, con organizaciones y colectivos que apoyan a este sector en las entidades, han desempeñado campañas de diversa índole (en redes sociales, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias con despensas) para informar a las trabajadoras y las y los empleadores sobre la urgencia de garantizar durante esta epidemia el derecho a la salud de las trabajadoras del hogar.

Por ejemplo, CACEH presentó la campaña “Cuida a quien te cuida” para informar sobre buenas prácticas para que las y los empleadores respeten los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Puedes encontrar más información en este sitió web.

“Apoyo solidario a la palabra” traerá más endeudamientos 

El gobierno federal ha dispuesto un único programa de apoyo económico para las trabajadoras del hogar, el cual consiste en un crédito de 25 mil pesos mensuales, a pagar en tres años, con una tasa de interés del 6 por ciento.

Cuando se anunció, el titular del IMSS, Zoe Robledo, dijo que se esperaba beneficiar a las 21 mil trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS, que representan menos del 1 por ciento de las mujeres que trabajan en este sector en México. No obstante, hasta el corte del 12 de junio, se habían aprobado sólo 3 mil 172 créditos para trabajadoras del hogar. Aunque las mujeres representan 9 de cada 10 personas dedicadas a esta labor, 53 por ciento del total de créditos solicitados han sido para hombres y 47 por ciento para mujeres, de acuerdo con las cifras oficiales.

Este crédito será un apoyo inmediato para las trabajadoras, pero significará salir de la pandemia con más deudas, no es una alternativa de mucho apoyo sino que traería consecuencias después, explicó la coordinadora del Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica A.C. en Cuernavaca, Martha Patricia Vélez Tapia. 

Desde que inició la pandemia, las trabajadoras han experimentado la suspensión de sus actividades sin ningún pago, sólo recibieron el salario del último día que trabajaron y no volvieron a ser contratadas bajo el argumento de proteger a la familia y a ellas; en el caso de las trabajadoras despedidas, no recibieron ningún finiquito. “Esto desató una crisis muy fuerte en el sector”, dijo la también integrante de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar.

De acuerdo con Vélez Tapia, este impacto económico se extiende a las familias de las trabajadoras, ya que la mayoría son jefas de familia y su ingreso es el único, por lo que han recurrido como alternativa de vida a la venta de alimentos con servicio a domicilio, préstamos de familiares, empeños de artículos domésticos y los pequeños ahorros que lograron algunas.  

La coordinadora del Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica A.C. detalló que un salario solidario con aportaciones de los empleadores y el gobierno, como han planteado grupos empresariales, podría ser una alternativa inmediata para apoyar a este sector; no obstante, observó, el gobierno federal aún tiene pendiente desde antes de la pandemia pero que ahora son urgentes, como es fijar un salario mínimo digno para las trabajadoras que les permita estar incluidas en el tabulador de salarios para oficios y profesiones. 

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Con respecto a las bajas en la afiliación a la seguridad social, Vélez Tapia dijo que el IMSS requiere impulsar una campaña más fuerte, con más sensibilización y con una política de difusión más incluyente, ya que la estrategia de comunicación no está llegando a todos las trabajadoras. Se requiere algo más popular o más socializado, expresó. 

Por su parte. una de las tres secretarias colegiadas del Sinactraho, María Isidro Llanos, coincidió en que la mayoría de las trabajadoras fueron mandadas a descansar a su casa sin ningún sueldo; en el caso de las que trabajan “de planta”, no se les permite salir de su centro de trabajo para evitar contagios y sus jornadas son más extensas porque las familias pasan más tiempo en los hogares.

Una de las afiliadas al Sinactraho — entre quienes ya suman mil 700– presentó síntomas de COVID-19, aunque no desarrolló la enfermedad. Sus empleadores la sometieron a una cuarentena sin poder ver a sus hijos dependientes de ella, la trabajadora pagó todo su tratamiento médico y sus empleadores (que se fueron a su casa de campo) la mandaron a descansar sin salario y ya no le responden el teléfono, relató Llanos.

En el caso del crédito que ofrece el IMSS, la sindicalista observó que el principal reto es que son muy pocas las trabajadoras afiliadas y a muchas de ellas ya no les pagan el seguro; sólo las que tienen empleadores conscientes pueden acceder a este crédito, dijo, pero lo preocupante es cómo van a pagar después el crédito las trabajadoras que queden desempleadas. El Sinactraho lleva a cabo conversatorios en línea para explicar a las trabajadoras del hogar sus derechos y conseguir más afiliadas.

La situación es peor para el caso de las trabajadoras del hogar indígenas o que laboran en zonas rurales, ya que perciben un salario de 70, 60 y hasta 50 pesos; a esto se suma que el acceso a un crédito significaría mayor temor económico para aquellas que no tienen trabajo o un sueldo fijo que les asegure pagarlo, de acuerdo con la directora general del Tzome Ixuk Mujeres Organizadas A.C, Juana Cruz Jiménez.

“Aquí (en la frontera) ya hay muchas empresas que prestan dinero, pero no queremos ir porque no tenemos trabajo o dinero con qué pagarlo. Los apoyos deben ser adecuados a la realidad de la población, no lo que yo (funcionario) pienso”, expresó.

Cruz Jiménez, cuya organización está ubicada en el municipio indígena Las Margaritas, en Chiapas, dijo que han conseguido apoyos para repartir despensas a las trabajadoras más afectadas, ya que en abril hubo muchos despidos y poco trabajo para las que se emplean “de entrada por salida”. A esto se suma que las que laboran lo hacen sin ninguna medida de salud. 

En el caso del Programa Piloto, Cruz Jiménez dijo que muchas trabajadoras del hogar no se han inscrito porque no tienen claridad sobre cómo funciona, lo que revela que las instituciones no han llevado adecuadamente esta información a las comunidades; y señaló que lo que se requiere es el reconocimiento del trabajo de las empleadas del hogar, como cualquier empleo, un salario fijo para los municipios, revisiones de las condiciones laborales para las trabajadoras del hogar que se empleaban en empresas y un diagnóstico serio de cuántas mujeres de verdad reciben un salario mínimo y de cuántas conocen sus DH, además de que el gobierno trabaje más de cerca con las organizaciones civiles que están en contacto directo con las trabajadoras. 

La covid-19 afecta más a las mujeres en América Latina

Por Corresponsal de IPS © Reproducir este artículo|  

Las mujeres en América Latina y el Caribe ya comen menos y reservan más alimentos para sus hijos, en medio de la pandemia que afecta la salud y los ingresos de millones de familias, empujándolas hacia la pobreza. Un informe de la coalición CARE pide atención preferente para los grupos más vulnerables, como las mujeres indígenas. Foto: FAO

ATLANTA, Estados Unidos, 2 jun 2020 (IPS) - El impacto de la covid-19 sobre la economía y la vida en América Latina y el Caribe afecta más a las mujeres, sobre todo por su exposición a mayor pobreza y violencia doméstica, señaló este martes 2 un informe de la coalición estadounidense contra la pobreza CARE.

Las mujeres “tienen más probabilidades de vivir en pobreza extrema y sus ingresos son más precarios”, señaló el informe, que recuerda que 126 millones de las que laboran en la región son trabajadoras informales, de las más expuestas a la crisis.

Destaca la situación de los 16,7 millones de trabajadoras domésticas, que enfrentan las opciones de quedar en cuarentena con sus empleadores o perder sus trabajos para quedarse en su casa y cuidar su familia, sin acceso a prestaciones por desempleo.

Las mujeres “ya comen menos, y menos comidas nutritivas para dejar más alimentos a sus hijos”, pues 85 millones de niños están aislados de los programas de alimentación escolar, y ya en el bienio 2016-2018 se reportó que 69 millones de mujeres y 55 millones de hombres experimentaban inseguridad alimentaria.

El trabajo de cuidado no remunerado “aumenta desproporcionadamente para las mujeres y el efecto es mayor en familias más pobres con hogares de mayor tamaño”.

La situación empeora cuando hay personas enfermas: en México, las mujeres pasan 29 horas a la semana cuidando a familiares enfermos, en comparación con 13 horas que dedican los hombres. En Perú, 40 horas las mujeres y 16 los hombres.

La participación en la fuerza laboral de las mujeres entre 25 y 54 años es de 67 por ciento, frente a 93 por ciento de los hombres, y ocupan más empleos informales o en los escalones bajos del empleo formal, lo que se traduce en menores ingresos y ausencia de beneficios previsionales y poder de decisión.

En 2018, recordó el informe, 26,9 por ciento de las mujeres vivía en la pobreza en comparación con 23,8 por ciento de los hombres, y 11,4 por ciento de mujeres en pobreza extrema en comparación con 9,7 por ciento de hombres.

El panorama apunta a que las mujeres pueden ser las más afectadas por el previsible aumento de la pobreza tras la crisis del covid-19, que empuja a 28,7 millones de personas a caer en la pobreza –para llegar a 214 millones en la región- y a casi 16 millones de personas hacia la pobreza crítica.

Entre los grupos más vulnerables están las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, con menores oportunidades de acceso a empleos y servicios, así como la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, diferentes), que soportan situaciones de discriminación o estigma.

El informe registra que “la violencia de género está aumentando y la capacidad de las mujeres para acceder a los servicios está disminuyendo”.

Desde los países de la región se informa que las llamadas a líneas directas para atender casos de violencia doméstica aumentan entre 18 y 100 por ciento, mientras que muchas clínicas y servicios móviles que atienden violencia de género se han suspendido durante los meses de pandemia.

Por añadidura, como hay menos espectadores en las calles y negocios cerrados, las mujeres enfrentan condiciones cada vez más inseguras, porque hay menos lugares a donde ir por ayuda o refugio cuando la violencia de género ocurre en público.

Más allá del tema de violencia de género, disminuyen los servicios de salud estándar, a los que antes de la pandemia no accedía 30 por ciento de la población por razones de costo y 21 por ciento por limitaciones geográficas.

En sus recomendaciones para enfrentar la crisis, CARE pide recopilar datos desagregados por sexo y edad en relación con la pandemia y los requerimientos de la sociedad, y tejer redes que atiendan las necesidades de las mujeres.

Luego propone centrarse en las necesidades de los grupos más vulnerables y reconocer y abordar el trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, incluidas las actividades del hogar, así como de las trabajadoras del sector remunerado.

Se deben fortalecer los servicios de salud y facilitar el acceso de mujeres, niñas y los grupos de mayor riesgo, y eliminar los costos de prevención, tratamiento y atención de la covid-19.

Finalmente, junto con las medidas de atención en lo inmediato se deben tomar otras para mejorar los ingresos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, y que apunten a su empoderamiento económico en el mediano y largo plazo.

A-E/HM

Ganancias

Cecilia Lavalle

Sé bien que la pandemia trajo muchas pérdidas. La de las certezas, para empezar. Acaso la de salud, el empleo; algunas personas están en duelo. Sé, asimismo, que hay quienes acumulan varias pérdidas.

Sé también que muchas mujeres tienen una sobrecarga de trabajo, porque están solas, o en su casa la palabra corresponsabilidad se ignora. Sé que muchísimas otras están encerradas con un hombre que las violenta. Y sabiendo todo eso quiero invitarle a hacer un recuento de las ganancias. Porque nunca una realidad tiene sólo una cara. Tampoco dos. Tiene muchas.

A lo largo de las últimas semanas he platicado con varias personas que, pese a todo, se sienten a gusto en el confinamiento. Y que conste que algunas de ellas no tienen ingresos económicos asegurados. Extrañan varias actividades, pero, en general, me han contado de sus ganancias.

Por ejemplo, una amiga que tiene un cargo directivo demandante, me cuenta que si no es por el confinamiento no hubiera presenciado el momento en que su pequeño bebé comenzó a hablar. “Desayuno, como y ceno con mi hija y mi hijo -me cuenta- y, sin embargo, soy más productiva que antes; realmente no quiero regresar a los horarios que tenía”.

Otra amiga me dice que incluso ya bajó de peso, porque puede cuidar su alimentación, hacer ejercicio y “mi rendimiento laboral es altísimo, quizás más que antes”.

Un amigo está encantado porque ve a sus pequeños hijos más que nunca. “¡Los estoy viendo crecer!”, me decía contento.

Otro más, ha podido cuidar de su madre que está muy enferma. “Antes de la pandemia, decía, me hubiera sido casi imposible porque estoy en la oficina todo el día”.

Todas estas personas en general coinciden en que están contentas en casa y que su rendimiento es mejor que cuando iban a oficinas. Y esto, claro, abre oportunidad de cuestionarnos los horarios sinsentido que casi en todo el país se han considerado sinónimo de productividad.

Yo también he tenido ganancias. Una de ellas, por ejemplo, es una mayor cercanía con mi hija y mi yerno.

Antes de la pandemia, mi hija pasaba todos los días a vernos unos momentos antes o después de ir a su trabajo. Pero por lo general eran visitas cortas. Y a mi yerno lo veíamos quizás una vez al mes. Durante el confinamiento, gracias a las nuevas tecnologías, nos vemos cada domingo, y nos damos el tiempo de platicarnos todos los pormenores de la semana. Eso ha sido más que una ganancia, un regalo.

Otra ganancia es que me he reunido virtualmente con amigas que quiero mucho pero que veo poquísimo, porque vivimos en ciudades o países diferentes y cada una solía tener su agenda llena de actividades.

De igual manera, hay a quienes esta pausa nos ha permitido poner orden ahí donde no lo había porque “no tengo tiempo”, estudiar, leer, o concretar ideas que rondaban, pero que no se podían hacer un espacio entre la vorágine de actividades. Yo, por ejemplo, pude escribir un libro que difícilmente estaría a punto de ver la luz si no fuera por el confinamiento.

Concluyo que, por increíble que parezca, en tiempos de lejanía, hay muchos casos de mayor cercanía. Y concluyo también que en las pérdidas suele haber ganancias.

Si es su caso, conviene apreciarlas y disfrutarlas. He aprendido que a la larga pueden representar regalos de la vida de incalculable valor.

20/CLT/LGL

Mujeres de AL, las más afectadas en la pandemia

Aunque la pandemia de Covid-19 ha dañado a todos los países y sectores sociales, las mujeres de América Latina han sido particularmente afectadas debido a que son ellas quienes por lo general ocupan los empleos más precarios o riesgosos, y además de ello terminan asumiendo una cantidad desmesurada de trabajo doméstico.

Así lo advirtieron las participantes en un seminario virtual organizado ayer por la Universidad de Estocolmo, Suecia, quienes llamaron a las autoridades de todos los países a asumir una política de apoyo con perspectiva de género, mediante la cual se consideren y atiendan las vulnerabilidades especiales de la población femenina ante la emergencia sanitaria.

La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que el coronavirus no discrimina, pero los impactos son distintos y nos muestran las inequidades y la discriminación ya existentes contra sectores como mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes y grupos de diversidad sexual.

La funcionaria advirtió que fenómenos como la violencia de género van al alza durante el tiempo de la cuarentena, por lo que llamó a las autoridades a asignar recursos para auxiliar a las víctimas, así como para garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas a la educación y el empleo formal, para lograr sociedades más pacíficas y resilientes.

Nadine Gassman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, dejó ver que este sector es uno de los eslabones que han asumido un rol de liderazgo cada vez mayor en las familias, pero al mismo tiempo están mucho más expuestas al trabajo precario y empleos de riesgo, incluidos los del sector salud que hoy enfrentan a la pandemia.

Indicó que el gobierno de México ha puesto en el centro de sus políticas a las mujeres y otros grupos especialmente vulnerables, al tiempo que advirtió que la actual crisis sanitaria puede ser usada por grupos conservadores para atacar los derechos sexuales y reproductivos ya ganados.

Margot Wallström, del Partido Socialdemócrata sueco, alertó que además de trabajos peor remunerados, las mujeres han asumido durante la pandemia una cantidad excesiva de labores domésticas, por lo que subrayó la necesidad de asegurar su acceso a las opciones educativas y laborales y que se reconozca su aporte a la economía y la sociedad.

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada

Piden a Secretaría de Salud dejar atrás estereotipos de género

Escrito por Silvia Núñez Esquer 

Hermosillo, Son. Ciudadanía y colectivos sonorenses exigieron al secretario de salud del estado de Sonora, aplicar la perspectiva de género a los planes y programas de salud, y dejar de reforzar la desigualdad durante la pandemia.

En un comunicado dirigido también a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, se refirieron al llamado que hizo el funcionario para que las mujeres le ayuden a prevenir el COVID-19.

Quienes firman el comunicado, solicitaron que se aplique la perspectiva de género a los planes y programas de salud, sobre todo a la campaña de combate a la pandemia provocada por COVID-19.

Agregaron que no es la primera vez que se evidencia la necesidad de prevenir, atender, y reforzar los programas dirigidos a mujeres y niñas en situación de violencia de género y familiar, ya que el aislamiento que se adoptó como medida para prevenir contagios, la incrementó.

El pasado 5 de junio el secretario de Salud, Enrique Clausen, pidió a las mujeres ayuda y colaboración para combatir el COVID-19, pasando la responsabilidad del cuidado y prevención a las mujeres, lo cual recarga la doble o triple jornada que muchas mujeres y niñas cumplen por ser roles asignados a su género.

Consideraron que la petición refuerza la desigualdad entre mujeres y hombres y refleja la falta de visión por parte del Estado sobre las necesidades, bienestar y salud de las mujeres y las niñas, pues también ellas deben cuidarse a sí mismas.

Recordaron que, de acuerdo con ONUMujeres, las mujeres realizan 59 horas de trabajo de cuidados no remunerados. Además, en México los hombres dedican en promedio cuatro horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de cuidados.

Las firmantes señalaron que un reporte de la Comisión Interamericana de Mujeres señaló que el confinamiento agudizó la crisis del cuidado, aumentando la carga global de trabajo de las mujeres. La OIT aseveró que las mujeres tienen a su cargo 76.2 por ciento de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, y son ellas quienes tienen doble o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento.

Esta mayor carga de trabajo impacta negativamente el trabajo remunerado y la salud de las mujeres, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados.

Las ciudadanas sonorenses le pidieron en el comunicado que se apegue a las recomendaciones de dicho organismo, ya que ahí establecen que se tienen que adoptar medidas para los cuidados de los grupos vulnerables entre el Estado, el mercado y las familias.

Durante la vigencia de las medidas de confinamiento, los gobiernos pueden abordar el tema a través de campañas dirigidas tanto a mujeres como a hombres para promover sobre todo la corresponsabilidad, insistieron.

Las empresas que tienen la opción de facilitar el teletrabajo a su personal, deben promocionar la flexibilidad que permita a todo su personal de manera igualitaria conciliar las responsabilidades del hogar y del cuidado con las actividades laborales, desde el reconocimiento a la mayor carga de trabajo en las familias que están asumiendo principalmente las mujeres.

Y agregaron que es importante garantizar las licencias y permisos para el cuidado, para mujeres y para hombres. Con un balance igualitario en las responsabilidades productivas y reproductivas, pueden continuar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, sin ser las mujeres quienes se vean afectadas en mayor grado por recortes o despidos por su desigual distribución del trabajo del hogar.

Sustentaron su petición en los postulados de los organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Comité de Expertas de la Convención Belém Do Pará.

Esos organismos han alertado por las medidas de confinamiento en los hogares por el COVID-19, pues traería a las mujeres mayor carga de cuidados y limpieza, así como mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso por sus condiciones precarias, informales y desiguales de trabajo, además del incremento de la violencia de género.

Preocupadas por el alargamiento sin fecha de término del confinamiento, las 47 mujeres y ocho colectivas, aseguraron que la pandemia continuará y el Estado tiene que asumir la responsabilidad de incluir todos estos aspectos para garantizar los derechos a la salud, económicos y a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.

Finalmente hicieron un llamado al titular de Salud para que rectifique el discurso del viernes pasado y en lo sucesivo evite responsabilizar a las mujeres de lo que la Secretaría a su cargo debe realizar.

El día de ayer, el funcionario, quien recibió el comunicado a través de redes sociales, sin ofrecer una disculpa, ni compromiso de incluir la perspectiva de género, señaló en sus mensajes:

“La ayuda solicitada el viernes pasado a todas las mujeres, no fue para cargarles más trabajo de lo que ya tienen. Fue una petición de auxilio, una petición de apoyo, así como se la he realizado a todas las familias, a la juventud, a diversos profesionistas, entre otros, a muchos grupos. Fue un llamado a la solidaridad por todo lo que estamos viviendo ante esta pandemia”.

“Me queda claro que la responsabilidad de la salud de todas y todos los sonorenses es mía. Nunca fue la intención de hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos cargarle la mano a nadie. Es por ello que hago un llamado a mujeres y hombres, para que, con la misma corresponsabilidad, en la medida de sus posibilidades, me apoyen en esta lucha”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el secretario de Salud en sus mensajes utiliza estereotipos de género, así como mensajes religiosos ajenos al ámbito científico, y recurre a frases y peticiones de oración para quienes se encuentran enfermos o han muerto por la infección de COVID-19.

Las gafas violetas

Escrito por Teresa Mollá Castells

CIMACFoto: César Martínez López

Si no tuviera bien colocadas las gafas violetas, a estas horas quizás andaría muy perdida con lo que está ocurriendo socialmente. Y no me refiero solo al permanente intento de criminalización de las manifestaciones del 8 de marzo por parte de la derecha y de la ultraderecha. No, no se trata solo de eso. Como tampoco se trata de ver cómo estas fuerzas políticas pretenden, a voz en grito, embarrarlo todo.

Esta semana ha salido la sentencia de los agresores sexuales de Pozoblanco. De nuevo se ha puesto en evidencia el sesgo masculino de algunas leyes con respecto a las agresiones contra la libertad sexual de las mujeres. No soy jurista y por tanto no voy a analizar la sentencia que seguro que ya ha sido analizada por feministas que entienden mucho más que yo.

Abusar y violar mujeres sigue saliendo muy a cuenta en el Estado Español. Y se va dando a conocer gracias a sentencias “benévolas”, tal y como la califica la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Siempre me queda el “consuelo” de pensar que al menos esta mujer ha podido denunciar su agresión, porque son decenas de miles las que son violadas por dinero cada día y que no pueden denunciar a sus agresores, los mismos que pagan por violarlas.

Llevar bien colocadas las gafas violetas me ayuda a poder entender el grado de injusticia social que se ejerce sobre las mujeres y las niñas y a posicionarme claramente en la defensa de nuestros derechos y contra las injusticias y desigualdades que seguimos padeciendo diariamente.

Y, por si faltaba poco, ahora hay quien quiere hacer desaparecer el concepto de mujer como sujeto político en aras a una teoría un tanto pseudocientífica que consagra el género por encima del sexo. Que la inclusión y la diversidad están muy bien, pero esconden un patriarcado y una misoginia feroz hacia las mujeres. Y hay un problema cuando esto no se tiene claro. Y esto también se ve mucho más claro con unas gafas moradas puestas.

Y a veces me pregunto: si todavía nos cuesta identificar el machismo cotidianamente, ¿cómo no nos va a costar su identificación cuando se camufla y justifica detrás de tradiciones, pseudo teorías, micromachismos asentados y camuflados que sufrimos cotidianamente, un sistema prostitucional basado en el beneficio de proxenetas que utilizan el cuerpo de las mujeres como materia prima, u otro nicho de negocio encubierto sobre los llamados asistentes sexuales, o el gran negocio que ha saltado por los aires con la pandemia y que son los vientres de alquiler?

Queda mucho trabajo por hacer, muchas denuncias públicas que realizar, mucha pedagogía pendiente para cambiar las cosas y a veces el desaliento nos inunda, porque comprobamos cómo el patriarcado se cuela por rendijas que creíamos cerradas y hay que volver a luchar por esos espacios ya conquistados.

Algunas de las propuestas de ley que se están haciendo desde el Ministerio de Igualdad, me dan mucho miedo, porque significan involución de derechos de las mujeres. Y es descorazonador para las que ya llevamos unos años en esto ver cómo y de nuevo, el patriarcado y sus lobbies de todo tipo se han encumbrado y están a punto de desmontar el concepto tradicional de mujer para cambiarlo por algo que claramente les interesa: mantener sus privilegios, aunque para eso hayan de borrar del mapa el concepto MUJER.

Y eso me da miedo, a la par que me crea mucha desazón. Porque no todo vale en nombre del consenso. Hay que legislar para abolir la prostitución que nos envilece socialmente a todo el mundo, mientras se destroza la vida de decenas de miles de mujeres, para que los proxenetas sigan ganando dinero a su costa. Podemos perder una ocasión histórica en ese sentido, pero mucho me temo que unos de los lobbies del patriarcado, el de los proxenetas, se están infiltrando entre quienes han de tomar decisiones y está ganando la partida.

Me pasa igual cuando leo lo de la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género, que me saltan todas las alarmas y me preocupa mucho el tema, porque en el fondo subyace simplemente un “borrado” de las mujeres. Y las mujeres somos y estamos aquí, no se nos puede borrar porque otro lobby patriarcal así lo desee. Estamos y estaremos aquí.

Es posible que después de dos meses y medio de confinamiento total, mi estado de ánimo no sea el óptimo. Pero también este tiempo de silencio me ha permitido reflexionar sobre algunos temas y confirmar que, afortunadamente llevo bien puestas las gafas violetas, de las cuáles ya no creo queme pueda desprender en lo que me queda de vida.

Otorgan 400 órdenes de protección a mujeres durante pandemia

Escrito por Anayeli García Martínez 

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, informó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 el Tribunal ha otorgado 400 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género y agregó que las controversias familiares se podrán resolver por medio de procesos de mediación electrónica.

Las órdenes de protección, por ley, son un mecanismo de protección que tienen como fin principal salvaguardar la seguridad de las víctimas, prevenir la violencia en su contra, restituirlas en sus derechos y protegerlas de cualquier tipo de violencia y pueden ser de emergencia, preventivas y civiles.

En una reunión virtual de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso local, el presidente del Tribunal expuso que en tres ocasiones se suspendieron las actividades debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento en casa para evitar contagios de la enfermedad, sin embargo aseguró que hubo guardias para atender los asuntos jurisdiccionales.

En su informe ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el magistrado Guerra Álvarez mencionó que también se creó un sistema de videoconferencias para garantizar la convivencia de padres con sus hijas e hijos. Hasta ahora, dijo, se han otorgado 125 convivencias virtuales, con lo vigilancia de profesionales en materia de derechos de la niñez.

En la reunión también se informó que el Congreso de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal elaborarán una agenda para fortalecer el marco jurídico para combatir la violencia familiar y la violencia hacia mujeres, niñas y niños.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso local, el diputado Eduardo Santillán Pérez, informó que próximamente se conformará un grupo de trabajo para realizar un diagnóstico institucional sobre el marco jurídico en materia de violencia hacia las mujeres y promover un ajuste en las políticas públicas.

La semana pasada las y los diputados de la Comisión se reunieron con la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, quien informó que a través de la Agencia de Denuncia Digital, instalada en diciembre, se amplió el catálogo de delitos que se pueden denunciar a través de internet, entre ellos la violencia familiar y sustracción de menores.

La fiscal aseguró que en los casos de violencia contra las mujeres se estaba promoviendo la asesoría a distancia en materia psicológica y legal; se implementaban medidas de protección, e informó que se abrió una Sala de Situación, para analizar la información referente a riesgos feminicidas.

En esa reunión con la titular de la Fiscalía, el diputado Santillán explicó que se organizaría una mesa de trabajo en materia de violencia de género, en la que participarán la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, el Instituto local de las Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México.

Pandemia por COVID muestra desigualdades

 Anayeli García Martínez

CIMACFoto: César Martínez López

Ciudad de México. La pandemia del COVID 19 dejó al descubierto las desigualdades de género y los impactos sociales y económicos para las mujeres, y esta crisis nos debe llevar a un cambio profundo del modelo de desarrollo.  

Así lo dijeron la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, durante el conversatorio virtual “Derechos Humanos de las mujeres: retos ante el COVID19″, organizado este viernes por el Senado de la República.

En el foro, en el que también participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, las diplomáticas coincidieron en que la salida de esta pandemia debe ser con medidas de igualdad de género.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la pandemia es un problema global que requiere una respuesta global y destacó que esas acciones sólo serán efectivas si los Derechos Humanos son su eje rector.  

La ex presidenta de Chile aseguró que ante esta emergencia sanitaria tenemos dos deberes esenciales: superar la pandemia y reconstruirnos mejor, porque, dijo, no podemos volver al día cero.

Si recordamos las protestas del año pasado, expuso, la gente no está contenta con el actual sistema económico porque siente que la democracia no ha mejorado su vida. “Al reconstruirnos mejor tenemos que pensar en las mujeres, pero también en una nueva economía inclusiva y sostenible”.

Bachelet aseguró que el virus no discrimina pero sus impactos diferenciados ha dejado al descubierto las desigualdades sociales y económicas de las que se alimenta. “El COVID ha desnudado la realidad pero además la ha exacerbado, ha exacerbado las desigualdades”.

Para la exdirectora de ONUMujeres las consecuencias de la pandemia han sido catastróficas, por ejemplo, mujeres y niñas corren riesgos, pero no debido a vulnerabilidades inherentes sino a las consecuencias de la discriminación y desigualdad preexistentes.

Un dato que llamó la atención a la política, es que mujeres y hombres pueden contraer el virus por igual, pero mueren más hombres y aunque las teorías no están confirmadas, hay algunas que indican que las mujeres tiene dos cromosomas X y por tanto más capacidad de respuesta inmunológica.

Además de este tema, dijo, se debe entender que no todas las mujeres son iguales y que unas viven condiciones de desigualdad más profundas como pobreza, trabajar en la informalidad, ser parte de un grupo discriminado, ser indígena o tener una discapacidad. “La respuesta no puede ser neutra ni igual para todas”, advirtió.

Uno de los problemas de la respuesta a la pandemia es que los países no tienen datos desagregados por sexo y género para cada una de estas características. “Un consejo es mirar el tema sin dejar a nadie atrás, o esas personas seguirán atrás”, dijo Michelle Bachelet al dirigirse al Senado y a las autoridades mexicanas presentes.

Agregó que la pandemia está afectando a las mujeres de manera distinta, en particular las víctimas de violencia, quienes están en confinamiento y sin recursos para buscar apoyo. El UNFPA estima que si las medidas de confinamiento continúan, en 6 meses se tendrán 31 millones de casos adicionales de violencia de género, y en 3 meses se sumarán 15 millones más.

Si antes del COVID, una de cada tres mujeres era víctima de violencia de género en América Latina, Bachelet advirtió que hay señales del aumento de la violencia doméstica, como ha sucedido en Brasil, Argentina, Chile y México, donde también aumentaron las llamadas de emergencia al 911 por casos de violencia en el hogar.

La diplomática chilena consideró que en esta pandemia son esenciales los servicios para víctimas. Expuso que en otros países se han tomado medidas como sistemas de llamadas de emergencia, sistema de claves para pedir ayuda en lugares públicos como farmacias, rentar hoteles para usarlos de albergues o contactar a quienes habían denunciado violencia para asegurar que están seguras durante el confinamiento.

En el caso de México, la alta comisionada dijo que se debe seguir capacitando al personal que atiende las llamadas del 911 y fortalecer otros servicios, por ejemplo, para asegurar interpretación para mujeres y niñas sordas, o bien, promover campañas mediáticas para sensibilizar sobre este problema social, pero que integren mensajes claros, que sean representativas de mujeres y niñas, que se realicen con expertas y que sean ampliamente difundidas.

Por otro lado, Bachelet dijo el rol preponderante de las mujeres y niñas en el cuidado de la salud, aumenta el riesgo de infección. En la región, más de la mitad del personal médico y 80 por ciento del de enfermería son mujeres, por lo que consideró que el equipo de salud debe contar con equipo protección y condiciones para trabajar sin temor a agresiones físicas por su labor o a que se les nieguen servicios como guarderías.

Un tema más que puso sobre la mesa fue el presupuesto público. Los países tienen recursos limitados y al desviar recursos para atender la pandemia han dejado de lado el acceso a servicios de salud materna, anticoncepción y aborto. Mencionó que se ha documentado que las mujeres no son atendidas por falta de ambulancias o de hospitales, los cuales han sido reconvertidos para atender a pacientes con el nuevo virus.

A pesar de que se pueden notar los efectos de la pandemia, la alta comisionada aseguró que el impacto real aún no lo hemos visto. Explicó que las predicciones indican que el índice de Desarrollo Humano tendrá un deceso histórico, un retroceso de al menos siete años en lo ganado, además de que se espera la más grande contracción de la economía.

Al respecto, la la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, expuso que durante las últimas tres décadas los países han tenido un modelo de concentración de riqueza y desigualdades. Esta cultura de privilegios que normaliza la desigualdad, dijo, debe cambiar.

En su participación, la diplomática mexicana mencionó que el impacto social del COVID tiene rostro de mujer porque alrededor de 110 millones de mujeres en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de pobreza y la caída económica por la pandemia sumaría 12 millones de personas desempleadas y 15.9 millones de personas en pobreza extrema.

En su presentación mencionó que son necesarias políticas para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en especial de las mujeres jóvenes. Entre estas políticas se encuentran ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios; reforzar el financiamiento de servicios integrales contra la violencia de género. En este contexto, la Cepal apoya la propuesta de otorgar un ingreso básico de emergencia, equivalente a una línea de pobreza, durante seis meses. Esta iniciativa promovida por el organismo ha sido retomada en la Cámara de Diputados, donde actualmente se discute como un llamado al Ejecutivo federal y como reforma en materia económica a futuro.

Bárcena coincidió con la alta comisionada de la ONU al señalar que las medias de confinamiento están profundizando la crisis de cuidados, especialmente para las mujeres con menores ingresos y además han provocado situaciones de violencia.

En el tema de la salud, expuso que la cobertura presenta una segregación según el nivel de ingresos de los hogares en la región. En el primer décil de ingreso, sólo 33.7 por ciento de las mujeres ocupadas cotiza o esta afiliada a un sistema de salud. A esto se agrega que una cobertura limitad de servicios de cuidado, hace que esta carga se traspase a las los hogares, reforzando el trabajo no remunerado de las mujeres.

También mencionó que 72.8 por ciento de las personas profesionales de la salud son mujeres y enfrentan una brecha salarial.

En tanto, en el terreno laboral, 54.3 por ciento de las mujeres se encuentra ocupada en sectores que presentan precariedad, desde el punto de vista de los salarios, sin formalidad en el empleo ni seguridad en el punto de trabajo y mucho menos protección social.

Entre las propuestas que propuso de la secretaria ejecutiva de la Cepal están renovar los acuerdos del multilateralismo, generar datos desagregados por sexo, transformar los privilegios de derechos y promover un futuro feminista, con igualdad y sostenibilidad.