10/17/2020

Trabajadoras domésticas latinoamericanas forzadas a la solidaridad en la pandemia

Desde el brote de covid, la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y Maquila ha coordinado esfuerzos para brindar ayuda a las mujeres más afectadas por el impacto social y económico de la pandemia en Guatemala. Foto: ATRAHDOM

PANAMÁ, 14 sep 2020 (IPS) - La emergencia de covid-19 entró en una fase crítica, superando recientemente los cinco millones de casos y 200 000 muertes en América Latina. En este contexto, las trabajadoras domésticas de la región están sonando la alarma acerca de la falta de apoyo económico, acceso a salud y otras protecciones sociales, y organizándose en solidaridad para ayudarse entre ellas.

Maritza Velásquez lidera la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y Maquila en Guatemala, una organización de sociedad civil que promueve los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras.

Desde el inicio de la emergencia por covid-19, ATRAHDOM, la sigla de la Asociación, ha coordinado esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a las trabajadoras domésticas que han sido más afectadas por el impacto económico y social de la pandemia, al mismo tiempo que brinda apoyo a otros grupos de mujeres organizadas que tienen menor acceso a recursos.

“Hemos salvaguardado nuestra salud llevando todas las medidas necesarias, pero hemos tenido que arriesgarnos para poder cumplir con las mujeres también”, dice Velásquez.

Con apoyo de ONU Mujeres y otros aliados estratégicos, ATRAHDOM ha entregado alimentos básicos, equipo de protección personal, así como kits de higiene y salud a redes de mujeres trabajadoras domésticas en distintos puntos de Guatemala.

“Cuando nosotras hemos llegado, las mujeres nos reciben con alegría y gratitud porque llevamos cosas sencillas, pero que no habían logrado comprar”, explica.

ATRAHDOM también ha coordinado la entrega de transferencias monetarias a través de servicios de pago digitales.

Además, la organización ha comprado equipo de protección adicional, como caretas, que pueden utilizar las mujeres con mayor edad y que se encuentran en mayor riesgo.

Dado que la mayoría de las trabajadoras domésticas carecen de protección social y de salud, la organización está actualmente buscando las formas de facilitar el acceso de sus afiliadas a tratamiento y servicios de salud básicos.

Un tercio de las trabajadoras domésticas del país han perdido sus empleos, y un número mayor han visto una reducción de sus salarios, en la medida en que los y las empleadoras también han perdido su nivel de ingresos como consecuencia de la emergencia.

Suleima Ojer, voluntaria de ATRAHDOM, indica que la pandemia ha afectado a la gran mayoría de mujeres en el sector de trabajo doméstico, y que muchas madres solteras y adultas mayores, especialmente, tienen mucha necesidad de apoyos económicos, alimenticios, y de salud.

Debido a las restricciones de transporte público, Ojer debió cambiarse de un empleo a tiempo completo en Ciudad de Guatemala a uno de medio tiempo en Parramos, un distrito en la región central del país, pero recibiendo menor paga.

A pesar de sus dificultades personales, continúa contribuyendo a ATRAHDOM como voluntaria, coordinando la entrega de bienes esenciales a otras trabajadoras en su área.

“Las mujeres han unido esfuerzos en solidaridad para enfrentar la emergencia, coordinando para apoyar a las que han sido más afectadas y en el tiempo en que sus acciones tienen el mayor impacto”, señala Adriana Quiñones, Representante de ONU Mujeres en Guatemala.

Las asociaciones y sindicatos de trabajadoras domésticas han recaudado fondos, organizado comedores comunitarios y han llevado comida a las mesas de sus afiliadas. Foto cortesía de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar

Liderando una respuesta solidaria

En América Latina y el Caribe, de las 11 a 18 millones de personas que están empleadas en el sector de trabajo doméstico, 93 por ciento son mujeres.

El trabajo doméstico también representa hasta 14,3 por ciento de los empleos para mujeres en la región, pero la gran mayoría (77,5 por ciento de ellas) opera en el sector informal, sin acceso a protección social y a condiciones de empleo digno.

“Ahí es donde las asociaciones y sindicatos han tenido un papel admirable”, observa Adriana Paz, coordinadora para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH).

“Han hecho recaudación de fondos, casa a casa, a nivel local y con partidos políticos. Han organizado ollas comunales y han comenzado a llevar alimento a sus afiliadas”, añade.

Por un lado, la emergencia del covid ha expuesto la falta de protecciones para el sector de trabajo doméstico, pero también ha demostrado una profunda y poderosa solidaridad que existe entre estas mujeres.

“Es una movilización de solidaridad en la práctica muy conmovedora. Son de las pocas que han llegado a los vecindarios pobres a traer esta ayuda humanitaria. Lo hacen con pocos recursos, pero lo hacen con gran cantidad de compasión y solidaridad en el corazón”, explica Paz.

En Guatemala, Velásquez narra la historia de una visita que hicieron a Chimaltenango, en la región central del país.

“Algunas de las trabajadoras despedidas de maquila empezaron a hacer mascarillas, que nos regalaron para repartir a los niños y niñas de las trabajadoras del puerto de San José, en Escuintla, en la región sur del país, a 100 kilómetros de distancia”, explica.

No se conocen, pero estas acciones demuestran la hermandad que ocurre entre mujeres de todo el país, dice Velásquez.

En Bolivia, la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas estableció como prioridad dar cobertura de salud a sus afiliadas. Leyda Alonzo, su secretaria ejecutiva, dice que “ninguna trabajadora del hogar en el país tiene seguro de salud y en tiempos de pandemia tener un seguro es vital”.

“Cuando nos enfermamos o tenemos un accidente nosotras mismas pagamos nuestras curaciones; el empleador se desentiende completamente”, detalla.

Como parte de la respuesta a la covid, la Federación y ONU Mujeres Bolivia unieron esfuerzos para incorporar a más de 500 trabajadoras domésticas, entre 18 y 64 años, en un seguro de vida inclusivo, desarrollado por la Cooperación Suiza en Bolivia y la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero.

¿Qué significa “reconstruir mejor” para las trabajadoras domésticas?

Los efectos de la pandemia van más allá de las presiones económicas y los riesgos elevados para la salud de las trabajadoras domésticas. Reconstruir mejor, para la gran mayoría de ellas, pasa por revalorar el trabajo doméstico.

“Mi mensaje es que se comience a ver el trabajo del hogar como una actividad esencial para el funcionamiento económico de toda la sociedad”, explica Adriana Paz.

Esa labor “hace posible los demás trabajos, garantiza el cuidado y el bienestar de lo más preciado que tenemos: nuestros seres queridos y familia. En este sentido, debemos valorizar este trabajo a través de legislación y protección, pero también dignidad y respeto a las mujeres que cumplen con esta función”, añade.

Sensibilizar a las propias trabajadoras sobre sus derechos, y proveerles información sobre los mecanismos para garantizarlos y buscar ayuda, también resulta esencial.

Patricia Castillo, una trabajadora doméstica de la costa en el Pacífico de Guatemala, ilustra este punto.

“La mayoría necesitamos es que alguien nos instruya, porque nosotros cuando llegamos a pedir un contrato, no firmamos nada, todo es verbal. En mi caso, yo acepté las condiciones [gana un salario mínimo, pero carece de prestaciones o vacaciones] por la necesidad que tenía”, dice.

La representante de ONU Mujeres, Adriana Quiñones, subraya: “La emergencia de covid-19 ha tenido un impacto en todos los niveles de la sociedad, pero las trabajadoras domésticas y sus familias llevan a cabo un trabajo esencial que debe ser adecuadamente valorado y remunerado”.

“Las trabajadoras domésticas nos han dado una lección sobre cómo se ve una respuesta verdaderamente solidaria, por lo que debemos aprender de ellas y respaldar sus esfuerzos”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.

“Las tres muertes de Marisela Escobedo”, retrato de impunidad

 

Ciudad de México. Incansable, Marisela Escobedo Ortiz, buscó justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, dos años más tarde, Marisela sería asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Hoy su historia y lucha, es retratada en las “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, un documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, que se estreno este 14 de octubre en la plataforma de Netflix. 

En entrevista en el noticiero Radar del periodista Mario Campos por Ibero 90.9 FM, Carlos Pérez explicó que su documental busca poner rostro a las estadísticas de asesinatos de mujeres, a quienes están detrás de ellos y buscan justicia como lo hizo Marisela por su hija Rubí.

“Creo que lo que ofrece el documental es una mirada íntima, que le pone rostro a las estadísticas. Hay muchas mujeres extraordinarias como Marisela, simplemente no conocemos la historia, no conocemos la intimidad de lo que pasa en una familia cuando hay un feminicidio, una desaparición forzada. Yo espero que este documental pueda hacer que gran parte de la sociedad, que no esta involucrada en el debate de estas cosas, en la lucha social, pueda empatizar y sumarnos a este problema que es de todas y todos”.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo, como lo había advertido días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra, fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí.

La vida de Marisela y su familia dio un vuelco cuando Rubí fue asesinada a manos de su pareja, Sergio Rafael Barraza. Pero como desde entonces se denunciaba en la frontera norte del país, las autoridades pusieron resistencias para investigar el feminicidio. Marisela localizó al asesino de su hija en Zacatecas, hizo sus propias investigaciones, y cuando las autoridades lo dejaron en libertad por la supuesta falta de pruebas, mantuvo y elevó su reclamo, hasta que terminaron con su vida.

Después de cuatro años trabajando en este documental, su director señaló que poco ha cambiado la violencia que enfrentan las mujeres, por el contrario, las historias como la de la familia Escobedo se repiten y mantienen en impunidad.

El filme rescata entrevistas con la familia, la propia voz de Marisela, las marchas y protestas que encabezaba, en medio de los asesinatos de mujeres que entonces comenzaban a documentarse en Ciudad Juárez, Chihuahua

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20/HZM/LGL

Violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres inmigrantes en Estados Unidos

 

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Durante la tercera semana de septiembre, diversas organizaciones de Derechos Humanos interpusieron una denuncia a nombre de mujeres migrantes detenidas en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia (Estados Unidos). Las denuncias atañían a violaciones diversas a los derechos reproductivos, incluidas operaciones de esterilización e histerectomías llevadas a cabo por un médico, sin el conocimiento ni el consentimiento de las mujeres.

Más allá de los resultados a los que conduzca la investigación correspondiente a estos hechos, los testimonios de las detenidas revelan actos múltiples de violencia obstétrica; estos testimonios resultan verosímiles si tenemos en cuenta el patrón de continuas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres inmigrantes en ese país. Como otras políticas públicas xenófobas y racistas, estas formas de violencia se han intensificado durante el gobierno de Donald Trump.

En 2017, varias organizaciones estadounidenses demandaron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados – institución a cargo de niñas, niños y adolescentes no acompañados detenidos en ese país – por la negación al derecho a abortar para adolescentes migrantes no acompañadas, incluso en casos en que el embarazo era resultado de una violación.

En 2018, el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) revirtió una política que provenía del gobierno de Barack Obama, según la cual se evitaba recluir a mujeres embarazadas por carecer de documentos migratorios. Así mismo, en 2019, la organización American Civil Liberties Union (ACLU) interpuso una serie de demandas administrativas contra la agencia de protección de aduanas y fronteras (Customs and Border Protection) sobre la base de más de 100 testimonios de migrantes.

Decenas de mujeres denunciaron actos de acoso y violencia sexual por parte de agentes de migración. Los testimonios relataban graves violaciones a derechos sexuales y reproductivos de mujeres que habían sido detenidas por el simple hecho de haber inmigrado sin documentos.

Todos estos actos de violencia no constituyen excepciones atribuibles a funcionarios deshonestos o particularmente agresivos; reflejan la violencia institucional inherente a la militarización y a la ideología de seguridad nacional que están a la base del control migratorio y fronterizo en Estados Unidos.

La militarización de la frontera con México ha tenido lugar a lo largo del pasado medio siglo, con puntos culminantes después de los ataques del 11 de septiembre 2001 y durante el actual gobierno de Donald Trump. En función de nociones de seguridad nacional impulsadas desde Washington, la militarización contempla tres aspectos fundamentales: la creación de un “Estado de excepción” en una enorme franja del país que comprende 100 millas desde la frontera hacia el interior de Estados Unidos, el incremento de personal militar en ese territorio y la militarización de las propias agencias de control migratorio, particularmente de la Patrulla Fronteriza. Esta emplea actualmente a más de 20 mil agentes, desplegados en su enorme mayoría en la frontera con México. Cabe señalar que más de 95 por ciento de estos agentes son hombres; a lo largo de los años, han sido repetidas las denuncias por abuso y violencia sexual contra migrantes e incluso contra las pocas mujeres que integran esa agencia.

Como lo han mostrado algunas investigadoras, la estrategia de militarización se basa en nociones de masculinidad asociadas al uso de armas, de un lenguaje sexista y a la normalización de la violencia de género. Así, las múltiples violaciones a derechos sexuales y reproductivos en las agencias de control migratorio y en los centros de detención deben explicarse no sólo como resultado del fuerte racismo y sexismo institucional sino también como un efecto de género de la ideología militar. Son consecuencia de la extrema desigualdad de poder entre agentes y migrantes.

De esta manera, las políticas de control migratorio provocan procesos sistemáticos de desempoderamiento de las personas migrantes, ligados a la detención y a la deportación. Las condiciones en los centros de detención migratoria implican un fuerte estrés físico y emocional. Después de ser aprehendidas, las personas pueden permanecer semanas o meses en condiciones de hacinamiento. Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza son mantenidos a temperaturas muy bajas (se conocen como “hieleras”).

Como lo denotan diversos estudios, a las personas detenidas no se les proporciona comida ni bebida suficiente y se les niega frecuentemente servicios básicos de higiene y salud.

Es en este contexto de violencia institucional que deben explicarse otras agresiones cotidianas llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza. El uso de la violencia física, verbal y de género es sistemático pues es parte intrínseca de la estrategia de control social ejercida por las agencias migratorias en Estados Unidos.

Si bien esta historia de violencia institucional se ha ido gestando a lo largo de décadas, es importante señalar que el gobierno de Donald Trump ha impulsado prácticas punitivas que hubieran resultado inadmisibles hace pocos años. Uno de los focos de ensañamiento ha sido la migración de familias. En febrero 2018, el gobierno estadounidense anunció una política de “tolerancia cero” en la frontera, cuyo propósito fue separar a niños y niñas de sus padres cuando eran detenidos por ingresar sin documentos. Cabe señalar que esto sucedía incluso con familias que solicitaban asilo en la frontera, ingresando por un puerto de entrada oficial.

Algunos reportes de representantes políticos estadounidenses y de organizaciones sociales dieron cuenta de condiciones inhumanas en las que eran detenidos niños y niñas, en ocasiones durante semanas o meses, algunos de ellos menores de 5 años. Aunque un juez ordenó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) interrumpir esa política, las autoridades fueron incapaces durante meses o años de reunificar a las familias, ya fuera porque los padres habían sido deportados o por simple incompetencia administrativa.

Los derechos a la unidad familiar, a la interrupción legal del embarazo y a la procreación están profundamente vinculados entre sí; constituyen los pilares de la autonomía reproductiva de las personas y de la autonomía corporal de las mujeres. El gobierno estadounidense se ha empeñado en violar sistemáticamente estos derechos, particularmente contra las personas en detención migratoria.

*Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas, es investigadora en el Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte

El tiempo de las mujeres vale oro

  

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CIMACFoto: Maricruz Montesinos

¿En qué ocupan su tiempo las mujeres y los hombres? gran pregunta especialmente en tiempo de pandemia, pero aun cuando no la haya, identificar cuáles son las actividades que realizan unas y otros, permite desentrañar parte del núcleo de la desigualdad de género.

Por ello son tan importantes los resultados que recientemente se dieron a conocer de la Encuesta Nacional sobre el uso del Tiempo 2019, porque nos da la radiografía de las resistencias que hay que eliminar y nos muestra que el tiempo de las mujeres vale oro.

En México, desde 1996 se realiza esta medición del uso del tiempo en cumplimiento al acuerdo internacional de hace 25 años para evidenciar la sobrecarga de las mujeres por el trabajo doméstico y el aporte que éste genera a las naciones.

Hablar del uso del tiempo entre mujeres y hombres es hablar de la división sexual del trabajo, entre el remunerado y el no remunerado.  Donde los hombres se desarrollan plenamente en el primero y las mujeres padecen el segundo.

Por siglos esta división sexual del trabajo ha hecho ver que las tareas del hogar y del cuidado de las personas que integran las familias son actividades poco valiosas, por no producir riqueza, desde una lógica de mercado, pero además que estas tareas les pertenecen a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

Ambas son una mentira, pues el trabajo doméstico no remunerado en México aportó en 2018, 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto, en pesos y centavos se traduce en 5.5 billones de pesos.

Por otro lado, el trabajo doméstico no es el reino de las mujeres, sino que es una condición para su desigualdad y el de las niñas.

Los datos

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre el uso del tiempo 2019 cada semana las mujeres mayores de 12 años dedican 67 por ciento de su tiempo total de trabajo a las tareas domésticas no remuneradas y  31 por ciento al trabajo remunerado a diferencia de los hombres, quienes dedican 69 por ciento al trabajo remunerado, frente al 28 por ciento no remunerado.

Es decir, a mayor trabajo doméstico no remunerado menos posibilidades tienen las mujeres de participar en el trabajo que paga, y ello conlleva a generar condiciones de dependencia económica y desigualdad.

Si comparamos los resultados actuales con los que se obtuvieron en 2014, se observa que en 5 años prácticamente casi nada ha cambiado.

Es decir; las mujeres crecieron en trabajo remunerado un punto y los hombres incrementaron su participación en el trabajo doméstico 3 puntos porcentuales.

Al dividir las tareas entre las domésticas y las del cuidado, la encuesta revela que las mujeres dedican 19 horas más que los hombres a las tareas domésticas cada semana y 7 horas más a las tareas de cuidado que sus pares masculinos.

Esta sobrecarga de responsabilidades y tareas domésticas no remuneradas, siguen siendo la piedra angular para sostener las condiciones de desigualdad que enfrentamos las mujeres y que urge transformar rápidamente. 

Los cambios son de ellos

Para lograrlo es necesario que los hombres asuman que el trabajo doméstico no remunerado y del cuidado es parte de su responsabilidad familiar y social, si no lo asumen difícilmente las mujeres podremos darle la vuelta.

Al analizar las distintas actividades no remuneradas que se desarrollan en los hogares vemos que las mujeres participan con mayor equilibrio con los hombres en actividades como mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda, compras, pagos y trámites, gestión y administración.

El gran salto a la desigualdad está en la preparación y servicio de alimentos; limpieza de la vivienda; limpieza y cuidado de ropa y calzado, donde la carga mayor de estas actividades está sobre las vidas de las mujeres.

En cuanto a los cuidados, a menor edad de las personas a cuidar, mayor participación de las mujeres; a más enfermedad de las personas a cuidar, mayor participación de las mujeres.

Esta radiografía del uso del tiempo entre mujeres y hombres debe servir para las transformaciones personales y para el desarrollo de políticas que permitan dar los saltos necesarios para liberar a las niñas y mujeres de la sobrecarga que les impide contar con el tiempo para su desarrollo integral como seres humanas.

Una de las apuestas para liberar a las mujeres de estas condiciones de explotación es el sistema de cuidados que se ha propuesto en nuestro país y que esperamos se desarrolle muy pronto.

La recuperación de América Latina necesita a las mujeres rurales

  

Una mujer en la subregión andina cosecha quinua, un alimento tradicional. Las mujeres rurales han continuado la producción de alimentos bajo el peso de nuevas cargas derivadas de la pandemia covid-19. Foto: FAO

SANTIAGO, 15 oct 2020 (IPS) - El combate a la pobreza y el hambre que se incrementan en América Latina y el Caribe con la pandemia covid-19 requiere del empoderamiento económico de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, destacó este jueves 15 un llamado de la FAO y otras 27 instituciones vinculadas a la agricultura y la alimentación.

Ese empoderamiento debe concretarse en regulaciones, políticas y programas que permitan a las mujeres rurales acceder de manera equitativa a recursos productivos, a la protección social, a la capacitación y a la toma de decisiones, indicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El actual contexto requiere de una reacción que responda con urgencia a la covid y a la vez avance hacia el ejercicio igualitario de los derechos de hombres y mujeres, postuló la declaración de la FAO y 27 entidades públicas, privadas y multilaterales de la región con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La declaración recordó que, durante la pandemia, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes que trabajan en el mundo rural continuaron sus labores para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, en las comunidades rurales y en sus propias familias.

Sin embargo, “realizan sus actividades productivas enfrentando desigualdades como el trabajo  informal, la sobrecarga de labores domésticas no remuneradas, y la dificultad para acceder a recursos productivos como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros y capacitación”.

También enfrentan barreras para comercializar sus productos en los mercados, además del incremento de la violencia de género que se ha visto durante la pandemia, recordó el documento divulgado en esta capital.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la pobreza extrema en las zonas rurales podría alcanzar este año la cifra inédita de 42 por ciento, al quedar en esa situación 96 millones de personas en vez de los 68 millones que había en 2019.

De los 10 millones de habitantes rurales cuyos ingresos no alcanzarían siquiera para cubrir necesidades alimentarias básicas, seis millones serán mujeres, según la Cepal.

Ya hace dos años, 8,4 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe experimentaban inseguridad alimentaria severa, en comparación con 6,9 por ciento de los hombres.

En la región 37 países y territorios cerraron sus escuelas, por lo que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en sus casas, necesitados de 24 horas diarias de atención, y 85 millones dejaron de recibir alimentos en esos centros , entre ellos 10 millones que tenían esa comida como la principal de cada día.

Las tareas de cuidado de niños y niñas tradicionalmente recaen en las mujeres, quienes tienen a su cargo 76 por ciento de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, más de tres veces de las que son responsables los hombres, con fuerte incidencia en este caso en el desempeño económico de las mujeres rurales.

Por añadidura, las tensiones dentro del hogar asociadas a la obligación de quedarse en casa están aumentando el riesgo de violencia de género para mujeres y niñas, recordó el documento.

Las 28 organizaciones, que impulsan la campaña #Mujeres rurales, mujeres con derechos, plantearon a los Estados e instituciones propuestas de políticas y tareas, la primera de las cuales es incluir el enfoque de género en la respuesta a la pandemia.

Luego, garantizar diagnósticos desagregados por sexo, edad, grupo étnico, ubicación geográfica y modalidad de empleo, que permitan estimar en mayor medida la vulnerabilidad de las poblaciones rurales.

Pidieron potenciar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, para atender las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables, e impulsar la articulación de programas productivos, de protección social y de fortalecimiento de capacidades orientados a la agricultura de pequeña escala.

También, activar circuitos locales de abastecimiento y comercialización de alimentos y promover la inclusión de las mujeres productoras, promoviendo acciones conjuntas con el sector privado para garantizar acceso a empleo decente y protección social.

Finalmente, en la región se debe considerar como un pilar prioritario de la reactivación económica a la instalación de sistemas de cuidado, educación, alimentación escolar y reducción de la violencia de género, y se debe invertir en el liderazgo de las mujeres e involucrarlas en las estrategias de respuesta a las crisis.

A-E/HM

Persiste la exclusión en la educación de las niñas






















En algunos países hay una marcada disparidad entre los niños varones y hembras que pueden acceder a la enseñanza primaria, y la diferencia aumenta en la secundaria, con el riesgo de que la pandemia covid-19 acentúe esa brecha. Foto Unesco

PARÍS, 9 oct 2020 (IPS) - El acceso de las niñas a la educación mejoró en todo el mundo en los últimos 25 años, pero persiste la exclusión y puede incrementarse con la pandemia covid-19, advirtió este viernes la Unesco con motivo de celebrarse el domingo 11 de octubre el Día Internacional de la Niña. 

“En este momento crítico, en el que la covid-19 está exacerbando las desigualdades de género, debemos renovar nuestro compromiso con la educación de las niñas y las mujeres”, sostuvo la directora general de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Audrey Azoulay. 

Las niñas “representan tres cuartas partes de todos los niños en edad de asistir a la escuela primaria que tal vez nunca asistan a ella”, destacó la responsable. 

Desde 1995, la tasa mundial de matriculación de niñas aumentó de 73 a 89 por ciento, y los mayores avances se registraron en África subsahariana y Asia meridional, especialmente en India. En estos 25 años se han agregado 180 millones de niñas a la matrícula en la enseñanza primaria y secundaria.
“Las niñas representan tres cuartas partes de todos los niños en edad de asistir a la escuela primaria que tal vez nunca asistan a ella. En este momento crítico, en el que la covid-19 está exacerbando las desigualdades de género, debemos renovar nuestro compromiso con la educación de las niñas y las mujeres”: Audrey Azoulay.

En países como Bhután, Djibuti y Nepal, donde asistían a la escuela 80 niñas por cada 100 varones, ya se logró la paridad. Además, actualmente hay matriculadas en universidades el triple de mujeres que hace dos decenios, y se observan progresos particulares en África septentrional y Asia occidental. 

Pero el género sigue desempeñando un papel importante en la matriculación en muchos países. En Chad, Guinea-Bissau y Yemen, menos de 80 niñas por cada 100 niños terminaron la escuela primaria y es dos veces más probable que los niños terminen la escuela secundaria que las niñas. 

En por lo menos 20 países, principalmente en África al sur del Sahara pero también en Belice, Haití, Pakistán y Papúa Nueva Guinea, casi no hay mujeres jóvenes pobres de las zonas rurales que hayan terminado la enseñanza secundaria superior. 

La Unesco llamó a abordar en primer lugar la disparidad en el acceso a los estudios y a su finalización. En cuatro por ciento de los países hay menos de nueve mujeres matriculadas por cada 10 hombres en la enseñanza primaria, y la disparidad llega a entre nueve y 15 por ciento de naciones para los ciclos de educación secundaria. 

Todas las niñas embarazadas y los padres jóvenes deben recibir apoyo para asistir a la escuela. Las tasas de embarazos precoces siguen siendo altas en África subsahariana, y en países como Guinea Ecuatorial y Tanzania se prohíbe que las niñas embarazadas vayan a la escuela. 

La Unesco aboga por que todos los maestros y consejeros escolares y profesionales reciban formación para evitar que los estereotipos negativos de género se extiendan a la enseñanza y a la elección de asignaturas por parte de las estudiantes. 

Eso porque en el mundo el porcentaje de mujeres que estudian ingeniería o tecnologías de la información y la comunicación es inferior a 25 por ciento en más de dos tercios de los países, y la proporción de mujeres en la enseñanza técnica y profesional disminuyó de 45 por ciento en 1995 % a 42 por ciento en 2018. 

También busca que currículos y libros de texto representen a las mujeres de modo que no se perpetúen estereotipos de género. Al analizar los libros de muchos países se comprobó que el texto y las imágenes no representan a las mujeres en posiciones sociales y económicas activas, sino en las funciones tradicionales de los hogares. 

Todos los estudiantes deben tener acceso a una educación sexual integral que, según se ha demostrado, previene la violencia de género relacionada con la escuela, al promover la comprensión y el respeto de las identidades de género de los estudiantes, y también conduce a la reducción de la prevalencia de los embarazos precoces. 

Finalmente, la Unesco promueve que un mayor número de mujeres ocupen puestos de liderazgo, para ayudar a cambiar las normas sociales y de género, y actuar como modelos de conducta para las estudiantes. 

En el mundo las mujeres constituyen 94 por ciento de la docencia en la enseñanza preescolar, pero solo 43 por ciento en la educación terciaria o superior. Aún menos mujeres ocupan puestos de liderazgo en las universidades y en la administración de la educación. 

Con base en su informe, la Unesco ha lanzado una campaña. #Soyla1eraNiña, compartiendo el impacto positivo que tienen los millones de mujeres que son las primeras de su familia en graduarse de la escuela secundaria o la universidad, para mostrar lo que sucede cuando los gobiernos invierten en la educación de las niñas. 

A-E/HM

Lanzan colección de literatura femenina

 

Ciudad de México. “Orgullo y prejuicio”, “Mujercitas”, “La edad de la inocencia” son algunas de las obras que podemos encontrar en la colección de “Novelas Eternas”, grandes historias de mujeres, que hablan sobre la libertad de decidir o la importancia de ser una misma en una época donde el papel de las mujeres era considerado secundario, dijo en un comunicado, la editorial RBA.

Las protagonistas de los relatos son mujeres que están orgullosas de su género y que al reconocer su valor luchan por reivindicar sus derechos, cambiar su rol en la sociedad y romper con los convencionalismos de sus épocas que las aprisionan bajo la sombra de sus maridos, padres o hermanos.

Es por ello que estas 60 historias son aún vigentes pues cada una es camino de valentía adelantado a su tiempo con el que cualquier niña o mujer se puede inspirar para emprender su rumbo y además, cuestionar sobre el entorno que las rodea.

Esta es la primera colección por entrega que reúne los libros más importantes de la literatura femenina escritos por mujeres y hombres. Cuenta con una edición inspirada en la colección “Cranford” que se editó en la época victoriana, por lo que las pastas son duras y con tacto de tela, así como maravillosas cubiertas que reinterpretan las ilustraciones de Hugh Thomson y Charles Edmund Brock, dos de los mejores artistas de aquella época, quienes hicieron las cubiertas originales de algunos libros- con estampados de oro y una gama de colores un poco sombríos que se van repitiendo a lo largo de las 60 entregas.

“Novelas Eternas” de la editorial RBA rinde homenaje al oscuro romanticismo de las Brönte, a la rebeldía de Mujercitas y de Jane Austen, a la apasionada sed de libertad de Ana Karenina y demás escritoras que se quitaron sus miedos e hicieron escuchar su voz para publicar algunas de las historias más revolucionarias de la literatura.

Los libros ya están disponibles, pueden buscarse en la página oficial de “Novelas Eternas” o buscarlos con un distribuidor más confiable. Esta selección de novelas es ideal para leer, reeleer y guardar para la siguiente generación.

Marcha Mundial de Mujeres cierra Quinta Acción Internacional -

 rmr.fm


                     Todos los días de la semana las regiones donde se organiza la Marcha tienen actividades. ¡Únase a la semana de cierre!                     

Del 12 al 17 de octubre, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) cierra su 5ª Acción Internacional, realizada a lo largo de este año mientras conmemoran el 20º aniversario de este movimiento feminista.

Cada día de la semana, a través de las redes sociales de la Marcha Mundial de Mujeres se dará visibilidad a las actividades en las cinco regiones en las que se organiza la MMM: África, Europa, Asia/Pacífico Sur, Oriente Medio/África del Norte y las Américas.

Nos comunicamos con Mafalda Galdamés, integrante de la Marcha de las Mujeres de Chile, que detalló en Radio Mundo Real las actividades que habrá a lo largo de la semana con especial hincapié en el Foro que se desarrollará desde distintas latitudes de las Américas el viernes 16 de octubre. Puedes escucharla en el audio adjunto a esta nota.

En esta otra entrevista, realizada en marzo, antes de que se declarase la pandemia por COVID-19 -que afectaría la planificación de movilizaciones callejeras previstas por la MMM en todo el mundo-, Galdamés detallaba los objetivos y principales mensajes de la Quinta Acción Internacional, que se transmitieron de todas a formas a través de actividades virtuales en estos meses.

«El 17 de octubre celebraremos una vez más las 24 horas de Solidaridad Feminista -expresaron en un comunicado este lunes 12-. La acción será virtual y, donde sea posible, en las calles. Haremos hincapié en nuestro programa para la sostenibilidad de la vida, desde la economía feminista y en diálogo con otras economías contrahegemónicas (campesina, solidaria, ecológica)«.

«No queremos volver a lo que se llamaba «normal». Necesitamos una recuperación justa, basada en la solidaridad, que enfrente las causas sistémicas de la pandemia. Por lo tanto, priorizaremos en el cierre de la 5ª Acción Internacional el tema de las alternativas feministas, desde el punto de vista de la economía feminista, de las respuestas que estamos construyendo en movimiento desde hace años. También seguiremos criticando y denunciando a las empresas transnacionales y las causas y consecuencias de la migración.»

Como movimiento de mujeres anticapitalista y antirracista, la MMM no cesa de enfrentar a la violencia machista, racista y colonial y los avances del conservadurismo.

«Hoy más que nunca, ante la escalada autoritaria y reaccionaria del capital, traemos nuestras luchas y prácticas concretas que transforman, nuestras nuevas formas de acción política concebidas desde las experiencias colectivas y la puesta en marcha de alternativas contrahegemónicas, desde la solidaridad y el internacionalismo popular.»

Cada día de la semana, a través de las redes sociales de la Marcha Mundial de Mujeres, se dará visibilidad a las actividades en las cinco regiones en las que se organiza la MMM: África, Europa, Asia/Pacífico Sur, Oriente Medio/África del Norte y las Américas.

El sábado 17 de octubre, la Actividad de Cierre se podrá seguir a través de la transmisión en internet, donde compañeras de MMM en todo el mundo compartirán la Declaración de Cierre de la Quinta Acción y reafirmarán colectivamente: ¡Resistimos para vivir, marchamos para transformar!

La transmisión en vivo de la Declaración se podrá seguir el 17 de octubre en el sitio web y las redes de la Marcha en estos horarios:

7h América Central / 9h Cuba, Venezuela / 10h América del Sur / 13h Costa de Marfil / 14h Congo / 15h Ginebra, Mozambique / 16h Kenia, Palestina, Siria, Turquía / 17h Irán / 20h Pakistán / 21h Filipinas / 24h Nueva Caledonia

(CC) 2020 Radio Mundo Real

Fallece a los 87 años Ruth Bader, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos

 


Por Redacción AmecoPress


Icono feminista


Madrid. 21 sep. 20. AmecoPress.- Este sábado ha fallecido en su casa de Washington Ruth Bader, como consecuencia de un cáncer de páncreas con el que convivía desde hacía tiempo. La jueza, nombrada en 1993 por Bill Clinton, deja tras de sí una huella imborrable profesional y personalmente, habiéndose convertido en un icono para los derechos humanos en general y para los de las mujeres en particular.

Hija de padres inmigrantes judíos, Ruth fue la segunda mujer jueza de la Corte Suprema y llegó al alto tribunal tras su reconocimiento en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Distrito de Columbia, a donde llegó tras la nominación del entonces presidente Jimmy Carter en 1980.

Durante su carrera profesional, se ha destacado su pertenencia al sector progresista estadounidense, así como las diversas funciones que ha realizado a favor del desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos, velando por la libertad y la seguridad de los individuos.

“Nuestra nación ha perdido a una jurista de talla histórica”, ha afirmado John Roberts, presidente del Supremo; “nosotros en el Tribunal nos quedamos sin una querida amiga. Hoy lloramos, pero con la confianza de que futuras generaciones recordarán a Ruth Bader como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia.”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha hecho algunas declaraciones tras enterarse del fallecimiento de Bader: “¿Qué se puede decir? Estuvieses de acuerdo con ella o no, fue una mujer increíble que vivió una vida increíble.”

Además del vacío emocional que supone el fallecimiento de Ruth, su pérdida también tiene importantes consecuencias en el Tribunal, puesto que deja una vacante a menos de dos meses de las elecciones, ofreciendo de forma involuntaria la oportunidad de que se consolide en mayor medida la derecha conservadora que impera en Estados Unidos.

Ruth Baber no coincidía en absoluto con los valores y las ideologías de Trump, y así lo hizo saber públicamente unos días antes de su muerte: “Mi deseo más ferviente es no ser sustituida hasta que un nuevo presidente asuma el poder.”

Bader no solo ha participado en la vida política, sino que debido a las dificultades con las que se encontró para llegar a los estrados, se concentró en el mundo académico y dio clases en la Universidad de Columbia, hasta que en 1972 se convirtió en una de las fundadoras del Proyecto de Mujeres de la Unión para las Libertades Civiles en América, cuyo objetivo principal era lograr una nueva legislación que garantizara la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Además de su empeño por asentar y normalizar la igualdad de género, Bader ha utilizado su puesto político como herramienta para visibilizar y mejorar desigualdades sociales, raciales, ideológicas y sexuales, constituyendo una figura icónica para colectivos minoritarios y vulnerables que la consideran un referente mundial. Su legado dentro y fuera del estrado permanecerá siempre candente, permitiendo a las futuras generaciones seguir sus pasos como ejemplo.

Foto: cedida por Vogue, ilustración de Karen González 

Como si nada

 

CIMACFoto: Sonja Gerth

Las clases comenzaron. Casi como si no pasara nada. El problema es que sí pasa. De modo que el precio a pagar será muy alto.

Y no me refiero a lo que implica para millones de personas que carecen de Internet y de computadoras. Asunto que abrirá de manera muy grave la brecha educativa, económica, social. Me refiero a otro aspecto, acaso menos visible.

Hay chistes, memes. Pero hay quienes no se ríen en absoluto. El regreso a clases ha representado un desafío de enormes proporciones que supera con mucho la buena voluntad, la capacidad de planeación y organización de millones de familias.

Pero este caos, con apariencia de orden y nombrado “nueva normalidad” apenas si se nota, porque se lleva a cabo entre las paredes de los hogares de nuestro país. ¿Quiénes cargan este peso?

Sin duda sobre todo las mujeres, sobre cuyos hombros se han puesto, a lo largo de la historia, el peso de las tareas del hogar y de cuidados.

Pero, desde luego, también ya hay en estas filas muchos hombres, incluso algunos que, por diversas razones, son padres solos.

Entonces me pregunto, ¿cuántas mujeres ya deben regresar físicamente a su trabajo?, ¿cuántos hombres? Si son madres o padres solos, ¿quién se supone que se quedará con sus hijas e hijos mientras toman clases virtuales?

Si trabajan desde casa, ¿cómo deben ajustar sus horarios laborales a los escolares? ¿Siquiera pueden hacerlo?

Si son docentes, ¿cómo ajustan los horarios de las clases que deben impartir, con los variados horarios escolares de sus hijas e hijos?

En mi familia cercana y lejana hay varias maestras y madres que están despellejándose –casi literalmente- por hacer estos malabares.

Me pregunto si calcularon eso desde los escritorios del poder.

Me pregunto si calcularon que, además del aumento en los gastos familiares (luz, material de clases, capacitación para aprender a ser más eficiente en las nuevas tecnologías) pagarán el precio que el exceso de trabajo y estrés les cobre.

Y voy a ir más allá. Cuántas de esas madres y padres están en duelo, porque con esta pandemia perdieron a un ser amado. Acaso su familia se rompió y, aun así, deben trabajar porque ahora más que nunca requieren de su salario, y atender a las clases de sus hijas e hijos. ¿Alguien se ocupa de esta sobrecarga emocional?

¿Algún maestro o maestra recibió terapia para poder hablar de sus pérdidas antes de entrar a clases? ¿Alguna autoridad preguntó siquiera si alguien de su comunidad escolar necesitaba ayuda?

¿Y las niñas y niños en duelo? ¿Algún maestro o maestra fue capacitada para hablar con su alumnado de muerte, dolor, pérdidas en los primeros días de clase?

Yo tengo la impresión de que ninguna autoridad pensó en eso; o, en todo caso, desde el poder dijeron: “hay que seguir como siempre cueste lo que cueste”.

Y entonces, estamos ante la clase más gigantesca de simulación social que hayamos tenido nunca.

Mucho me temo que el precio será muy alto para millones de personas en lo individual, pero también socialmente. Porque no se pueden poner cargas extremas en millones de personas y pensar que no pasará nada. No se puede acallar, minimizar, ignorar el duelo y creer que no pasará nada.

Nada es como antes. El problema es que, en mi opinión, hacer como si no pasara nada, hace que el ahora sea peor que antes, y el después…

Llaman a Estado mexicano a impulsar leyes sobre igualdad de género en medios y TIC

 

periodicos03agente123blogspotcom

Ciudad de México. La Alianza Global de Medios y Género (GAMAG) llamó al Estado mexicano a impulsar leyes, reglamentos y políticas sobre igualdad de género en y a través de los medios y las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), eliminar estereotipos de género en los contenidos y la publicidad, y garantizar la seguridad de las mujeres periodistas.

En su más reciente informe sobre el cumplimiento del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing —instrumento firmado hace 25 años, donde 189 Estados se comprometieron a impulsar acciones para que los medios contribuyan al adelanto de las mujeres—, la GAMAG aseguró que los avances son insuficientes, por lo que es necesario reconocer la vigencia de este acuerdo.

El documento “México Informe Nacional Beijing*25 Seccion J” se puede consultar en https://gamag.net/news/

El informe, elaborado por la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Aimée Vega Montiel, la directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta y las investigadoras de la UNAM, Adina Barrera, Carolina Pacheco Luna, Mónica Amilpas, Itzel Uc y Mariana Chávez, propone que el gobierno tome acciones para avanzar en esta agenda.

Libertad de expresión y mujeres periodistas

El documento indica que en México las mujeres periodistas son atacadas continuamente por informar temas relacionados con corrupción, violaciones a Derechos Humanos, situaciones de inseguridad en los estados donde estructuras criminales controlan el territorio y por darle voz a víctimas de casos de feminicidio, desapariciones y movimientos sociales.

Como muestra, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó 134 casos de violencia contra mujeres periodistas en 24 de los 32 estados del país, casos que ocurrieron entre el 1 de enero y hasta el 1 de octubre del 2019. Las agresiones se concentraron en Ciudad de México (18 por ciento), Coahuila (16 por ciento) y Morelos (8 por ciento).

De estos casos, dos fueron feminicidio: el de Norma Sarabia Garduza, en Tabasco y el de Mara Elizabeth Mares de la O, en Aguascalientes. También se documentaron cinco casos de desplazamiento, dos de los cuales se convirtieron en exilio. Aunque las agresiones más frecuentes que enfrentan las periodistas son violencia psicológica (con 88 por ciento), se sigue haciendo uso de la violencia física (25.07 por ciento) y la violencia patrimonial (12 por ciento).

En el informe se agrega que uno de los recursos más recurrentes en el actual gobierno para violentar a las periodistas ha sido el despido masivo de trabajadores de los medios como parte de estrategias para la regulación de la publicidad oficial y como método de represión a medios disidentes.

A pesar de la situación de violencia, las dos principales instancias encargadas de la procuración de justicia y la protección: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no actúan conforme a esos objetivos, incluso en muchas ocasiones violentan los Derechos Humanos de las víctimas.

Políticas de Género y Comunicación

La GAMAG indica que en México existe un marco legal sobre Derechos Humanos de las mujeres, radiodifusión y telecomunicaciones, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, en 2016 la Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) firmaron el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, el cual no se cumplió.

El acuerdo incluía tres acciones fundamentales: estrategia de información y sensibilización en los medios de comunicación sobre la igualdad de género y el combate a la violencia contra las mujeres, desarrollo de manuales y guías para la producción de contenidos no sexistas e incluyentes y la incorporación plena de la perspectiva de género en los códigos de ética de estos sectores, además de la sensibilización de la planta laboral en esta perspectiva.

Por otro lado, en diciembre de 2019 GAMAG junto con la UNAM y la UNESCO convocaron a más de 100 medios de comunicación, incluyendo radio, prensa y televisión, así como las plataformas digitales que operan en México, y que incluyen empresas como Google, Twitter y Facebook, para firmar el Pacto para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas en los Medios de Comunicación y las Plataformas Digitales. El cumplimiento sobre contenidos y estructura laboral aún es monitoreado.

En cuanto a los contenidos, el informe indica que en todos los contenidos, incluida la publicidad, se reproducen estereotipos sexistas que promueven la violencia de género contra las mujeres. Sólo en una semana, son representados alrededor de 10 mil tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en los contenidos de radio y televisión, así como de la prensa escrita y las revistas de mayor cobertura y consumo a nivel nacional.

La publicidad es el género que más representa la violencia de género, seguido de las telenovelas. En el caso de la industria musical, géneros como el reggaeton, grupero, ranchero y pop aluden a las mujeres como objetos sexuales. Por otro lado, las mujeres son objeto de discriminación en las noticias: ellas son apenas 24 por ciento de las fuentes informativas en los diarios y programas televisivos y radiofónicos de noticias, según datos de 2015.

El discurso de los medios informativos tiende a revictimizar a las mujeres, a través de titulares que discriminan a las víctimas, del tratamiento estereotipado de la información que las responsabiliza de la violencia que viven y que tiende a justificar a los agresores, así como la publicación de información de investigaciones judiciales, filtrada por la propia autoridad.

Violencia en línea y brecha digital

En 2015, 24.5 por ciento de la población de 12 años o más que usa internet o celular, experimentó ciberacoso; de este porcentaje 48 por ciento fueron mujeres y 52 por ciento hombres y en 2016, 16 por ciento de la población declaró experimentar ciberacoso; de este porcentaje, 52.9 por ciento fueron mujeres y 47.1 por ciento, hombres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sumado a la violencia en línea, en el país no existe una política que impulse el acceso y participación laboral paritaria de las mujeres en los medios de comunicación y las TIC, ni en el nivel de toma de decisión. La propiedad de empresas privadas de televisión y radio, está concentrada en hombres: menos de 5 por ciento de propietarias en televisión son mujeres, y en radio 10 por ciento y los consejos de administración de los medios privados y las empresas de telecomunicaciones, marginan la participación de las mujeres.

En medio de este contexto, GAMAG llamó a la ONU a incluir en toda política futura de igualdad de género que involucre la comunicación y la información, no sólo a los medios digitales, sino también a medios tradicionales como los audiovisuales y a la prensa escrita; y al gobierno federal, a garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos a los recursos económicos, el acceso y el control sobre la propiedad de los medios y la propiedad de las TIC.

También recomendó hacer referencias específicas al papel de los medios y las TIC dentro de las estrategias nacionales generales de igualdad de género; así como también un compromiso específico con la igualdad de género en las políticas de medios nacionales y las estrategias digitales.

Otra recomendación fue promover programas de alfabetización mediática y digital con perspectiva de género que se centre en mujeres y niñas marginadas, fomentando los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en el uso de medios digitales y espacios en línea para amplificar sus historias y producir datos regulares basados en indicadores de género, para informar sobre las diferentes dimensiones de la agenda de género, medios y TIC.

Presentan publicación “Vigencia de la Convención Belém Do Pará a 25 años. Avances y desafíos en su implementación”

 

Ciudad de México. A 25 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres ( Belém Do Pará), investigadoras en género declararon que ésta ha impulsado progresos relevantes en toda la región, sin embargo es necesario que sea revisada con el fin de añadir las nuevas violencias que se han desarrollado en este tiempo, como las agresiones de mujeres en el ámbito político o en el internet, y se continúe trabajando por garantizar sus Derechos Humanos.

Las investigadoras presentaron estos hallazgos en el libro “Vigencia de la Convención Belém Do Pará a 25 años. Avances y desafíos en su implementación” que tiene como propósito  contribuir con la discusión y el mejoramiento de las políticas públicas contra la violencia de género a la luz de las nuevas exigencias de las mujeres.

En conferencia virtual, las investigadoras explicaron que esta Convención es resultado de la lucha feminista, en la que se reconoció que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos y se evidenció que la violencia contra ellas está basada en las relaciones históricamente desiguales de poder entre sexos, cuestiones que los gobiernos no trataron debido a que las consideraban imposibles de nombrar.

Así lo contrastó la investigadora y coordinadora del libro, Margarita Guillé Tamayo, quien dijo que gracias a la Convención México pudo desarrollar 13 años después una Ley que describiera que los diversos tipos de violencia afectan a las mujeres dependiendo su edad, su situación económica y el lugar donde habitan.

Ella junto a las otras investigadoras recalcaron que algunos avances luego de 25 años de la Convención son: el desarrollo de los temas de trata de personas, violencia familiar, los asesinatos violentos de mujeres, poner en evidencia las obligaciones de los Estados, entre otros, pero sobre todo la armonización legislativa que se ha concentrado en aprobar normas para la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Sin embargo, en la práctica estas normas promueven la protección del bien jurídico de la “familia”, sugieren la conciliación entre el agresor y la víctima, y las autoridades no cumplen con su obligación de sensibilizarse en perspectiva de género.

En ese sentido, dijeron, uno de los grandes desafíos es eliminar los estereotipos de género, ya que estos impactan en que las mujeres y niñas no puedan acceder a la justicia y conlleva a que sus necesidades sean consideradas como secundarias. Esto se refleja en que los presupuestos estatales para este rubro son insuficientes y no existen mecanismos de supervisión.

De acuerdo con el libro, ninguno de los Estados que firmaron esta Convención invierte ni uno por ciento para erradicar las agresiones contra las mujeres. Ante esta realidad, explicaron, aún existe una limitada comprensión sobre el concepto de violencia, pues no se reconoce que ésta no sólo ocurre en el ámbito familiar, sino también en otros como la salud, la educación, trabajo o frente a las agresiones que ejercen agentes del Estado.

De esta manera, añadieron, la mirada a futuro se fija en vigilar que en efecto los avances legislativos sancionen las acciones del agresor, de sus cómplices y de quienes obstaculizan el acceso de justicia para estos casos, anular las normas que regulan conductas discriminatorias contra las mujeres y adherir las nuevas violencias que se han identificado a la hora de poner en práctica ciertos mecanismos.

Datos del libro revelan que los marcos jurídicos no son suficientes, por lo que describe otros desafíos en los que debe trabajar el gobierno como: garantizar la recopilación de estadísticas desagregadas que nombren todos los tipos de violencia, que las penas sean proporcionales al daño físico y emocional de las víctimas, y hacer más accesibles los servicios para las mujeres indígenas, refugiadas, migrantes o con alguna discapacidad.

También, enfatiza el documento, es importante un plan para reformar la autonomía económica de las mujeres, cambiar las narrativas usadas en la publicidad, medios de comunicación y redes sociales que limitan el papel de las mujeres a un objeto y además, generar contenido que alerte que el grooming y el sexting sirven para enganchar a las mujeres y niñas para la trata de personas y la prostitución forzada.

Las investigadoras concluyeron que la Convención es vigente, pero es tarea urgente que estas nuevas realidades se sumen porque ponen en riesgo los avances en los derechos ya ganados. “Las mujeres no estamos moviendo de lugar y las violencias también”, añadió Margarita Guillé.

Por su parte, la directora de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Dominguez, Martha Patricia Patiño Fierro, invitó a que se sigan produciendo otros materiales que produzcan y compartan conocimiento “sobre la agenda que les preocupa a las organizaciones de mujeres para hacer llegar a las y los legisladores insumos que les sirvan”, finalizó.

Una cuarta parte de la población mundial son mujeres rurales en situación de desventaja

Organización de Naciones Unidas
15 de octubre de 2020.


La ONU denuncia la vulnerabilidad y la falta de derechos de la mujer en la agricultura y reclama una acción global

Madrid. 15. Oct. 20. AmecoPress.- Hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, la Organización de Naciones Unidas publica un comunicado sobre la contribución que hace este colectivo al desarrollo de las sociedades y denuncia su situación “de desventaja”, más concretamente frente a la actual crisis sanitaria y la supervivencia de las naciones.


Las mujeres rurales, siendo una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Es por ello que este colectivo sea de vital importancia para el desarrollo de las sociedades. En cambio, a lo largo de la historia estas mujeres han sufrido sistemáticamente una situación de desventaja. Además de las múltiples formas de pobreza que giran en torno al mundo rural, el instalado esquema de géneros les despoja de derechos como el acceso a educación, tierras, mercados o si quiera agua. Las discriminaciones sociales limitan su poder y su crecimiento.
Resiliencia frente al COVID-19

Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas que muestran las carencias sociales, les es menos probable tener acceso a servicios de calidad, medicamentos esenciales y vacunas entre otros.

Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud. Además, muchas de ellas sufren de aislamiento, las consecuencias de la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías para mejorar su vida laboral y personal. No obstante, durante la pandemia han estado al pie del cañón, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento.
Ideas clave

En las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, Naciones Unidas defiende la necesidad de medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis.

La pandemia también ha aumentado la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres rurales a la tierra y los recursos. Las normas y prácticas discriminatorias de género impiden que las mujeres ejerzan los derechos sobre la tierra y la propiedad en la mayoría de los países y las viudas de COVID-19 corren el riesgo de ser desheredadas. La seguridad de la tenencia de la tierra de las mujeres también se ve amenazada a medida que los migrantes desempleados regresan a las comunidades rurales, lo que aumenta la presión sobre la tierra y los recursos y agrava las diferencias de género en la agricultura y la seguridad alimentaria.

Por estas y otras razones es importante la búsqueda de la resiliencia de las mujeres rurales frente al COVID-19, así crear conciencia sobre el papel fundamental que realiza este colectivo en la sociedad y la constante lucha por sus derechos en la que se encuentra.

Foto: Archivo AmecoPress. Cedido por la Organización de Naciones Unidas.

En Turquía, las mujeres se alzan para evitar el retiro de la Convención de Estambul, diseñada para evitar la violencia hacia la mujer

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Por Redacción


El número “276” es la cifra que representa el número de mujeres que han sido asesinadas en ataques de violencia doméstica en Turquía solamente en 2020. El contador se actualiza cada día.

Madrid, 15 oct. 20. AmecoPress.- Hacia fines de septiembre, en la página de inicio del sitio web llamado Anit Sayak (traducido del turco como “rastreador de monumentos”) aparece el número “276”. La cifra representa el número de mujeres que han sido asesinadas en ataques de violencia doméstica en Turquía solamente en 2020. El contador se actualiza cada día pero, son los nombres de las víctimas, escritos justo debajo, lo que impactan a los visitantes de la web.

Entre ellos está Pinal Gultekin, de 27 años, cuyo asesinato a manos de su pareja en julio desató ira y protestas entre la población. El mismo día que la Policía encontró el cuerpo de Pinar, el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) anunció su retiro de la Convención de Estambul, tratado firmado por los Estados miembros del Consejo Europeo para evitar la violencia y el abuso doméstico hacia las mujeres. En 2012, Turquía fue el primer país que ratificó el tratado, con el apoyo del ahora gobernante AKP. Dicho tratado entró en vigor en Turquía en 2014.

Actualmente, el partido dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan percibe la Convención como antiética para los “valores de la familia turca”. Numan Kurtulmus, viceprimer ministro del AKP, comentó el 2 de julio en una entrevista en televisión que era un “error” de Turquía haber ratificado la Convención. “Hay dos cuestiones en la Convención que no aprobamos”, dijo. “En primer lugar, el asunto del género, y en segundo lugar el de la orientación sexual. Hay otras cuestiones además de estas, pero estos dos conceptos han sido importantes y han creado un espacio para las personas LGBT y otros grupos marginales”.

La posición del partido se ve reforzada por los conservadores de Turquía. Abdurrahman Dilipak, conocido columnista islamista, describió la Convención en 2019 como “un demonio con cara de ángel” y “una trampa” tendida con el propósito de destruir la familia tradicional.

Mientras tanto, las organizaciones locales de derechos de la mujer que ofrecen ayuda a las sobrevivientes de violencia doméstica temen que el retiro de Turquía de la Convención sea devastadora para su trabajo y para las familias que buscan justicia para sus seres queridos víctimas de un feminicidio.

Mor Cati, importante ONG de Turquía que trabaja para evitar y documentar la violencia doméstica, sostiene que cualquier intento del Gobierno de retirarse del tratado podría enfrentar acciones legales. “De acuerdo con la Constitución de Turquía, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos están por encima de las leyes internas”, declaró Meline Cilingir, abogada de Mor Cati, en una entrevista para Middle East Eye.

“Si el Parlamento intenta anular la Convención, las organizaciones de derechos humanos de la mujer llevarán el asunto a los tribunales constitucionales para solicitar su cancelación”, añadió.

No todos en el partido gobernante están a favor del retiro. La Plataforma Mujeres y Democracia (Kadem), organización cofundada en 2013 por Sumeyye Erdogan Bayraktar, hija de Erdogan, ha defendido públicamente la permanencia de Turquía en el tratado. En una declaración oficial un 10 de julio, Kadem enunció que “en una relación en la que no hay ni amor ni respeto y una de las dos partes sufre violencia, no podemos seguir hablando de ‘familia’.”

Convención de Estambul salva vidas

El asesinato de Pinar Gultekin ha servido para avivar el movimiento de apoyo a la Convención y la gente se ha pronunciado en redes sociales con la etiqueta #IstanbulConventionSavesLives (Convención de Estambul salva vidas).

“Su muerte ha sido emblemática dentro de las diversas formas de violencia estructural que son posibles por los actos de omisión y comisión del Estado y sus políticas”, comentó Asli Bali, directora del Instituto de las Promesas por los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UCLA.

Parece que esta protesta pública tan sobrecogedora ha causado impresión en el AKP, pues la decisión, que iba a ser anunciada a principios de agosto, ha sido pospuesta.

Una vez más, intentamos decir de qué se trata la Convención. Etiqueta a tres personas para decir que la Convención de Estambul salva vidas.

Se está publicando la etiqueta Convención de Estambul salva vidas y selfies en blanco y negro en protesta por las amenazas del Gobierno turco de retirarse del tratado europeo para proteger a las mujeres, y en solidaridad con las víctimas de asesinato de los que se informa habitualmente en los periódicos turcos.

Ningún Estado se ha retirado hasta el momento de la Convención de Estambul pero, como Turquía, otros están comenzando a considerarlo. Por ejemplo Polonia, donde los políticos conservadores han descrito la Convención como “peligrosa” para la familia tradicional. En mayo de 2020, la asamblea legislativa de Hungría rechazó ratificar la Convención, se opuso a su definición del género como “constructo social”. Como Hungría, Bulgaria y Eslovaquia han firmado la Convención, pero no la han ratificado.

En 2019, se colocaron 440 pares de zapatos de tacón en la fachada de un edificio en Estambul. La obra del artista turco Vahit Tuna se hizo en memoria de las 440 mujeres asesinadas por sus parejas o familiares solo durante ese año. Mientras Turquía sopesa su pertenencia a la Convención, las mujeres se preguntan ¿cuántos pares de zapatos más hacen falta para convencer al Gobierno de que estas vidas humanas están en juego?

Fotos: Archivo AmecoPress.